25.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 164/1

(1)

En interés de la Comunidad, procede suspender, total o parcialmente, los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre una serie de nuevos productos que no figuran en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 del Consejo (1).

(2)

Resulta oportuno eliminar de la lista los códigos NC y TARIC 5603121020 y 8504408420 correspondientes a dos productos que figuran en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96, puesto que ya no resulta beneficioso para la Comunidad mantener la suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero común.

(3)

Además, es preciso modificar la designación de ocho productos a fin de tener en cuenta la evolución técnica que han experimentado así como las tendencias económicas del mercado. Es conveniente suprimir dichos productos de la lista, y volverlos a incluir como productos nuevos.

(4)

La experiencia adquirida ha puesto de manifiesto la necesidad de prever una fecha de expiración de las suspensiones enumeradas en el Reglamento (CE) no 1255/96 a fin de garantizar que se tengan en cuenta los cambios tecnológicos y económicos. Ello no debe excluir la revocación anticipada de algunas medidas o su mantenimiento una vez finalizado ese período, si se alegan razones económicas, de acuerdo con los principios definidos en la Comunicación de la Comisión de 1998 relativa a las suspensiones y contingentes arancelarios autónomos (2).

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1255/96 en consecuencia.

(6)

Habida cuenta de la importancia económica del presente Reglamento, es necesario invocar la urgencia a que se refiere el punto 1.3 del Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea y a los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas.

(7)

Dado que las suspensiones establecidas por el presente Reglamento han de surtir efecto a partir del 1 de julio de 2008, este debe aplicarse a partir de esa misma fecha y entrar en vigor inmediatamente.

1)

Se insertan las líneas correspondientes a los productos enumerados en el anexo I del presente Reglamento.

2)

Se suprimen las líneas correspondientes a los productos cuyos códigos NC y TARIC se enumeran en el anexo II del presente Reglamento.

25.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 164/10

(1)

El Reglamento (CE) no 1580/2007 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

25.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 164/12

(1)

La Directiva 2007/19/CE de la Comisión, de 2 de abril de 2007, por la que se modifican la Directiva 2002/72/CE, relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios, y la Directiva 85/572/CEE del Consejo, por la que se determina la lista de los simulantes que se deben utilizar para controlar la migración de los componentes de los materiales y objetos de material plástico destinados a entrar en contacto con los productos alimenticios (2), aclara que las juntas de tapas entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2002/72/CE de la Comsisión (3). Dispone, asimismo, que los Estados miembros han de adoptar medidas, no más tarde del 1 de mayo de 2008, que permitan la libre circulación de las juntas de tapas que cumplan los límites de migración específicos (LME) establecidos en la Directiva 2002/72/CE modificada. El artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2007/19/CE establece que los Estados miembros deben prohibir, a partir del 1 de julio de 2008, la fabricación e importación de juntas de tapas que no cumplan la normativa.

(2)

El Reglamento (CE) no 372/2007 de la Comisión (4) regula la comercialización de las juntas de tapas a las que se refiere el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2007/19/CE durante un período transitorio, a la espera de que se aplique dicha Directiva. Establece LME transitorios para la suma de determinados plastificantes utilizados en las juntas de tapas, de manera que no se ponga en peligro la libre circulación de estos productos, se excluyan inmediatamente del mercado las tapas y los alimentos que presenten un riesgo importante y, al mismo tiempo, la industria tenga tiempo suficiente para terminar de desarrollar juntas que cumplan los LME establecidos en la Directiva 2002/72/CE, modificada por la Directiva 2007/19/CE. Se determinó que ese período transitorio finalizara el 30 de junio de 2008.

(3)

En diciembre de 2007, la industria alimentaria y el sector productor de tapas informaron a la Comisión de que, para julio de 2008, no habría en el mercado suficientes tapas que hubieran superado los ensayos relativos al cumplimiento de la Directiva 2002/72/CE, de modo que la industria alimentaria no tendría con qué embalar alimentos especialmente afectados como son los alimentos en aceite, salsas de tipo pesto y salsas grasas. Se han desarrollado algunas soluciones que no sirven para todos los productos. Otras no se producen en todos los tamaños de tapa. Y existen otras de las que no se conocen ni la hermeticidad a largo plazo ni el comportamiento en cuanto a migración.

(4)

Solo empezará a disponerse de tapas que cumplan la Directiva 2007/19/CE a partir de julio de 2008, y será a partir de esa fecha cuando la industria alimentaria comience a someter a ensayo los posibles diseños de tapas. Teniendo en cuenta que los productos alimenticios grasos embalados con esas tapas están sujetos a una producción estacional, y que los productores de alimentos necesitan algo de tiempo para elegir y someter a ensayo las soluciones adecuadas a sus productos, es necesario establecer otro período transitorio durante el cual las tapas que cumplan el Reglamento (CE) no 372/2007 puedan utilizarse para embalar alimentos, como excepción a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2007/19/CE. En consonancia con la letra d) del párrafo tercero citado, el período transitorio debe terminar el 30 de abril de 2009.

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 372/2007 en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

1)

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1

No obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2007/19/CE, las tapas que contengan capas o revestimientos de plástico a modo de juntas, quedando el conjunto compuesto de dos o más capas de distintos tipos de materiales, podrán comercializarse en la Comunidad si cumplen las restricciones y especificaciones que se indican en el anexo del presente Reglamento.».

2)

En el artículo 2, la fecha de «30 de junio de 2008» se sustituye por la de «30 de abril de 2009».

25.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 164/14

(1)

Tras la simplificación de las normas de comercialización de los huevos, los Estados miembros solo deben eximir del requisito de marcado a los operadores que así lo soliciten. No obstante, para permitir a las administraciones de los Estados miembros aplicar las nuevas normas, en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento (CE) no 557/2007 de la Comisión, de 23 de mayo de 2007, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1028/2006 del Consejo, sobre las normas de comercialización de los huevos (2), se estableció un período transitorio razonable de un año, del 1 de julio de 2007 al 30 de junio de 2008, con respecto al marcado de los huevos producidos en la Comunidad o en terceros países destinados a la transformación.

(2)

A partir del 1 de julio de 2008, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán eximir de las obligaciones de marcado a los huevos comunitarios destinados a la transformación. No se han previsto medidas similares para los productos importados de terceros países. De acuerdo con el principio de trato nacional, establecido en el artículo 2, apartado 1, del Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, esa posible exención de marcado también debe aplicarse sin discriminación a los productos importados de terceros países.

(3)

Cuando se conceda dicha exención de marcado, deben fijarse normas para controlar el verdadero destino final de esos huevos no marcados destinados a la industria alimentaria.

(4)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 589/2008 en consecuencia.

(5)

Para evitar un trato desigual entre los huevos producidos en la Comunidad y los huevos importados tras la expiración del período transitorio, el presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de julio de 2008.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

25.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 164/16

(1)

La cita del Reglamento (CE) no 382/2008 en el anexo II del Reglamento (CE) no 412/2008 de la Comisión (2) es consecuencia de un error.

(2)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 412/2008 en consecuencia.

25.6.2008   

ES

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L 164/19

(1)

Las aguas marinas bajo la soberanía y jurisdicción de los Estados miembros de la Unión Europea comprenden las aguas del Mar Mediterráneo, el Mar Báltico, el Mar Negro y el Noroeste del Océano Atlántico, incluidas las aguas alrededor de las Azores, Madeira y las Islas Canarias.

(2)

Es evidente que la presión ejercida sobre los recursos naturales marinos y la demanda de servicios ecológicos marinos a menudo resulta demasiado elevada y que la Comunidad debe reducir su impacto sobre las aguas marinas independientemente de donde se produzcan sus efectos.

(3)

El medio marino es un patrimonio muy valioso que ha de ser protegido, conservado y, cuando sea viable, rehabilitado, con el objetivo final de mantener la biodiversidad y preservar la diversidad y el dinamismo de unos océanos y mares que sean limpios, sanos y productivos. A ese respecto, la presente Directiva debe, entre otras cosas, promover la integración de las consideraciones medioambientales en todas las políticas pertinentes y proporcionar el pilar medioambiental para la futura política marítima de la Unión Europea.

(4)

Con arreglo a la Decisión no 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece el sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente (4), se adoptó una estrategia temática para la protección y la conservación del medio marino, con el objetivo general de promover la utilización sostenible de los mares y proteger los ecosistemas marinos.

(5)

El desarrollo y la aplicación de la estrategia temática deben orientarse a la conservación de los ecosistemas marinos. Este enfoque debe incluir las zonas protegidas y cubrir todas las actividades humanas que causan un impacto en el medio marino.

(6)

La creación de zonas marinas protegidas, incluidas las zonas ya designadas o por designar en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (5) (denominada en lo sucesivo «la Directiva sobre hábitats»), la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (6) (denominada en lo sucesivo «la Directiva sobre aves»), y en los acuerdos internacionales o regionales de los que son partes la Comunidad Europea o los Estados miembros afectados, constituye una importante contribución a la consecución de un buen estado medioambiental en el sentido de la presente Directiva.

(7)

La creación de estas zonas protegidas en virtud de la presente Directiva constituirá un paso importante para cumplir los compromisos adquiridos en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible y en el Convenio sobre la diversidad biológica, aprobado mediante la Decisión 93/626/CEE del Consejo (7), y contribuirá a la creación de redes coherentes y representativas de dichas zonas.

(8)

Mediante la aplicación de un enfoque ecosistémico a la gestión de las actividades humanas al tiempo que se hace posible un uso sostenible de los bienes y servicios marinos, debe concederse prioridad a alcanzar o mantener un buen estado medioambiental del medio marino comunitario, perseverar en su protección y conservación y evitar un nuevo deterioro.

(9)

La consecución de estos objetivos requiere la instauración de un marco legislativo transparente y coherente. Este marco debe contribuir a la coherencia entre las distintas políticas y fomentar la integración de las inquietudes medioambientales en otras políticas, tales como la política pesquera común, la política agrícola común y otras políticas comunitarias pertinentes. El marco legislativo debe proporcionar un marco para la acción general y garantizar su coordinación, coherencia y articulación adecuada con las medidas adoptadas en virtud de otros textos legislativos comunitarios y de acuerdos internacionales.

(10)

La diversidad de las condiciones, de los problemas y de las necesidades de las distintas regiones o subregiones marinas que componen el medio marino comunitario requiere soluciones diferentes y específicas. Es importante tener en cuenta esa diversidad en todas las fases de la preparación de las estrategias marinas, y de modo especial durante la elaboración, planificación y aplicación de las medidas para alcanzar un buen estado medioambiental a escala de las regiones y subregiones marinas de los mares comunitarios.

(11)

Cada Estado miembro debe, por tanto, elaborar para sus aguas marinas una estrategia marina que se refiera específicamente a sus aguas pero que refleje a su vez la perspectiva global de la región o subregión marina en que se inscriba. Las estrategias marinas deben conseguir la aplicación de programas de medidas destinados a alcanzar o mantener un buen estado medioambiental. No obstante, no se debe exigir a los Estados miembros que tomen medidas específicas cuando no exista un riesgo significativo para el medio marino, o cuando los costes sean desproporcionados, habida cuenta de los riesgos para el medio marino, siempre que cualquier decisión de no tomar medidas esté debidamente justificada.

(12)

Las aguas litorales, incluido su lecho marino y su subsuelo, son parte integral del medio marino, y como tales deben estar cubiertas por la presente Directiva, en la medida en que diversos aspectos del estado medioambiental del medio marino todavía no han sido abordados directamente por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (8), ni otra legislación comunitaria, para así asegurar la complementariedad sin que por ello se produzcan solapamientos innecesarios.

(13)

Por el carácter transfronterizo del medio marino, los Estados miembros deben cooperar para asegurar la elaboración coordinada de las estrategias marinas de cada una de las regiones o subregiones marinas. Estas pueden incluir varios Estados miembros y terceros países, por lo que los Estados miembros deben hacer todo lo posible por garantizar una estrecha coordinación con todos los Estados miembros y terceros países interesados. Siempre que resulte factible y oportuno, esa coordinación se debe garantizar por medio de las estructuras institucionales existentes en las regiones o subregiones marinas, en particular los convenios marinos regionales.

(14)

Los Estados miembros que tengan fronteras en una misma región o subregión marina regulada por la presente Directiva, en la cual el estado del mar sea crítico hasta el punto de que sea preciso adoptar medidas urgentes, deben esforzarse por acordar un plan de acción que disponga el adelantamiento de la ejecución de los programas de medidas. En dichos casos, debe invitarse a la Comisión a prestar su respaldo a los Estados miembros en la intensificación de sus esfuerzos de mejora del medio marino dando a la región de que se trate la consideración de proyecto piloto.

(15)

No todos los Estados miembros tienen aguas marinas tal y como se definen en la presente Directiva y, por consiguiente, el efecto de las disposiciones de esta Directiva que se dirigen exclusivamente a los Estados miembros que tienen aguas marinas debe limitarse a dichos Estados miembros.

(16)

Dado que es imprescindible una acción a escala internacional para conseguir la cooperación y coordinación, la presente Directiva debe servir para dar aún mayor coherencia a la contribución comunitaria y de los Estados miembros en virtud de los acuerdos internacionales.

(17)

La Comunidad y sus Estados miembros son Partes respectivamente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), aprobada mediante la Decisión 98/392/CE del Consejo, de 23 de marzo de 1998, relativa a la celebración por la Comunidad Europea de la CNUDM y del Acuerdo de 28 de julio de 1994 relativo a la aplicación de la parte XI de dicha Convención (9). Conviene, pues, tener plenamente en cuenta en la presente Directiva las obligaciones de la Comunidad y de sus Estados miembros derivadas de esos acuerdos. Además de las disposiciones aplicables a las aguas marinas de las Partes, la CNUDM incluye obligaciones generales, a fin de garantizar que las actividades que incidan en la jurisdicción o el control de alguna de las Partes no provoquen daños más allá de sus aguas marinas y evitar que los daños o riesgos se trasladen de una zona a otra o que un tipo de contaminación se transforme en otro.

(18)

La presente Directiva debe asimismo respaldar la posición firme adoptada por la Comunidad en el contexto del Convenio sobre la diversidad biológica, en lo que se refiere al mantenimiento de la biodiversidad, garantizando la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina y a la creación, de aquí al año 2012, de una red mundial de zonas marinas protegidas. Además, debe contribuir a la consecución de los objetivos de la Séptima Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que adoptó un programa detallado de acción sobre biodiversidad marina y costera, junto con una serie de objetivos, metas y actividades destinados a frenar la pérdida de diversidad biológica a escala nacional, regional y mundial y a garantizar la capacidad de los ecosistemas marinos para la prestación de bienes y servicios, así como un programa de trabajo sobre las zonas protegidas destinado a crear y administrar, de aquí al año 2012, redes de zonas marinas protegidas representativas desde el punto de vista ecológico. La obligación para los Estados miembros de designar lugares Natura 2000 en virtud de la Directiva sobre Aves y la Directiva sobre hábitats constituirá una contribución importante a este proceso.

(19)

La presente Directiva debe contribuir al cumplimiento de las obligaciones y los compromisos importantes de la Comunidad y de los Estados miembros derivados de varios acuerdos internacionales sobre protección del medio marino contra la contaminación: el Convenio sobre protección del medio marino de la zona del Mar Báltico, aprobado mediante la Decisión 94/157/CE del Consejo (10); el Convenio sobre protección del medio marino del Nordeste Atlántico, aprobado mediante la Decisión 98/249/CE del Consejo (11), con su nuevo anexo V relativo a la protección y conservación de los ecosistemas y la diversidad biológica de la zona marítima y el apéndice 3 correspondiente, aprobados mediante la Decisión 2000/340/CE del Consejo (12); el Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo, aprobado mediante Decisión 77/585/CEE del Consejo (13) y sus modificaciones de 1995, aprobadas mediante la Decisión 1999/802/CE del Consejo (14), así como su Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, aprobado mediante la Decisión 83/101/CEE del Consejo (15) y sus modificaciones de 1996, aprobadas mediante la Decisión 1999/801/CE del Consejo (16). Asimismo, la presente Directiva debe contribuir al cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros derivadas del Convenio sobre la protección del Mar Negro frente a la contaminación, en virtud del cual han contraído compromisos importantes sobre protección del medio marino contra la contaminación y en el que la Comunidad aún no es parte, si bien participa en calidad de observador.

(20)

Conviene invitar a los terceros países que tengan aguas en la misma región o subregión marina a participar en el proceso establecido en virtud de la presente Directiva, facilitando así la consecución de un buen estado medioambiental de la región o subregión marina de que se trate.

(21)

Para la consecución de los objetivos de la presente Directiva es fundamental garantizar la integración de objetivos de conservación, de las medidas de gestión y de las actividades de vigilancia y de evaluación definidas para las medidas de protección espacial tales como las zonas especiales de conservación, las zonas de protección especial o las zonas marinas protegidas.

(22)

También debe tenerse en cuenta la biodiversidad y el potencial de la investigación marina asociada a los entornos de aguas profundas.

(23)

Dado que los programas de medidas aplicados de conformidad con las estrategias marinas solo serán eficaces si se basan en un conocimiento profundo del estado del medio marino en una zona determinada y si se adaptan lo mejor posible a las necesidades de las aguas afectadas de cada Estado miembro, dentro de la perspectiva general de la región o subregión marina de que se trate, es necesario prever la preparación, a escala nacional, de un marco adecuado, incluidas operaciones de investigación y seguimiento marinos, para una elaboración bien documentada de las políticas. A nivel comunitario, el apoyo a la investigación asociada debe ser parte integrante de las políticas de investigación y desarrollo de forma permanente. El reconocimiento de las cuestiones marinas en el séptimo programa marco sobre investigación y desarrollo constituye un paso importante en esa dirección.

(24)

En la primera fase de elaboración de los programas de medidas, los Estados miembros de una misma región o subregión marina deben emprender un análisis de los rasgos o características de sus aguas marinas, de las presiones a que están sometidas y de los impactos para las mismas, determinando los impactos y presiones principales a que están sujetas dichas aguas, así como un análisis socioeconómico de sus usos y del coste que supone el deterioro del medio marino. Podrán aprovechar evaluaciones efectuadas anteriormente en el contexto de los convenios marinos regionales como base para sus análisis.

(25)

En función de esos análisis, los Estados miembros deben definir a continuación, para las aguas marinas, un conjunto de características que correspondan a un buen estado medioambiental. Para ello, conviene prever la elaboración de criterios y normas metodológicas, a fin de garantizar la coherencia y permitir comparar el grado en que se está consiguiendo el buen estado medioambiental en las distintas regiones o subregiones marinas. En la elaboración de estos criterios y normas deben intervenir todas las partes interesadas.

(26)

La etapa siguiente en la consecución de un buen estado medioambiental debe ser la definición de objetivos medioambientales y la instauración de programas de seguimiento a efectos de una evaluación continua, que permitan evaluar periódicamente el estado de las aguas marinas.

(27)

Los Estados miembros deben entonces introducir y aplicar programas de medidas destinados a alcanzar o mantener el buen estado medioambiental de esas aguas, cumpliendo a su vez los requisitos comunitarios e internacionales vigentes, así como las necesidades de la región o subregión marina de que se trate. Estas medidas deben diseñarse sobre la base del principio de cautela y de los principios de acción preventiva, de que los daños al medio ambiente deben corregirse preferentemente en la fuente misma y de que quien contamina paga.

(28)

Conviene que los Estados miembros avancen en la mencionada dirección, por la necesidad de precisión del objetivo. A fin de garantizar la cohesión de la acción en toda la Comunidad y habida cuenta de los compromisos adquiridos a escala mundial, resulta esencial que los Estados miembros notifiquen a la Comisión las medidas adoptadas, a fin de que la Comisión pueda evaluar la coherencia de la actuación llevada a cabo en la región o subregión marina de que se trate y facilitar orientación, cuando proceda, sobre modificaciones que puedan ser necesarias.

(29)

Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para alcanzar o mantener el buen estado medioambiental del medio marino. No obstante, debe reconocerse que puede que no sea posible alcanzar o mantener un buen estado medioambiental en todos los aspectos en todas las aguas marinas de aquí a 2020. Por consiguiente, en un afán de equidad y viabilidad, conviene prever casos en los que un Estado miembro no pueda lograr el nivel que se aspira alcanzar con los objetivos medioambientales fijados o alcanzar o mantener un buen estado medioambiental.

(30)

En dicho contexto, conviene prever dos casos particulares. El primero se refiere a las situaciones en las que el Estado miembro es incapaz de alcanzar sus objetivos medioambientales por acción u omisión de la que el Estado miembro interesado no es responsable, o por causas naturales o fuerza mayor, o como consecuencia de medidas adoptadas por ese Estado miembro por motivos de interés general primordial que prevalecen sobre el impacto perjudicial para el medio ambiente, o porque las condiciones naturales no permiten mejorar a su debido tiempo el estado de las aguas marinas. En estos casos, el Estado miembro debe justificar las causas que, a su juicio, han dado lugar a esa situación especial y definir la zona afectada, y tomar medidas especificas adecuadas con objeto de seguir tratando de alcanzar los objetivos medioambientales, evitar un mayor deterioro del estado de las aguas marinas afectadas y reducir el impacto negativo en la región o subregión marina de que se trate.

(31)

El segundo tipo de caso particular es aquel en que un Estado miembro observa un problema que incide en el estado medioambiental de sus aguas marinas, o incluso en toda la región o subregión marina afectada, pero que no puede resolver mediante medidas adoptadas a escala nacional o que está en relación con otra política comunitaria o acuerdo internacional. En ese caso, se ha de informar de ello a la Comisión en el marco de la notificación de los programas de medidas y, en caso de que sea precisa una actuación comunitaria, formular las oportunas recomendaciones a la Comisión y al Consejo.

(32)

No obstante, es necesario que la flexibilidad facilitada en los casos particulares sea objeto de un control a nivel comunitario. En el primer caso particular conviene por tanto que se tenga debidamente en cuenta la eficacia de las medidas ad hoc adoptadas. Además, si el Estado miembro hace referencia a medidas adoptadas por razones imperiosas de interés general, la Comisión debe evaluar si las modificaciones o alteraciones introducidas en el medio marino excluyen o comprometen de forma definitiva la consecución de un buen estado medioambiental en la región o subregión marina de que se trate o en las aguas marinas de otros Estados miembros. La Comisión debe facilitar orientación sobre modificaciones que puedan ser necesarias, cuando considere que las medidas previstas no bastan o no son adecuadas para garantizar la coherencia de la acción en dicha región o subregión marina.

(33)

En el segundo caso particular, la Comisión ha de examinar la cuestión y dar una respuesta en el plazo de seis meses. Cuando proceda, la Comisión debe recoger las recomendaciones del Estado miembro interesado en las propuestas correspondientes que presente al Parlamento Europeo y al Consejo.

(34)

Por el carácter dinámico de los ecosistemas marinos y su variabilidad natural, y dado que las presiones e impactos que se ejercen sobre ellos pueden variar en función de la evolución de las actividades humanas y el impacto del cambio climático, es fundamental reconocer que la determinación del buen estado medioambiental puede tener que adaptarse con el paso del tiempo. En consecuencia, conviene que los programas de medidas para la protección y gestión del medio marino sean flexibles y adaptables y tengan en cuenta la evolución científica y tecnológica. Conviene, por tanto, prever una actualización periódica de las estrategias marinas.

(35)

Por otro lado, es necesario prever la publicación de los programas de medidas y sus actualizaciones y la presentación a la Comisión de informes intermedios que describan los avances registrados en la aplicación de los programas.

(36)

Para que la opinión pública pueda participar de forma activa en la elaboración, realización y actualización de las estrategias marinas, es oportuno difundir información adecuada sobre sus distintos elementos o las actualizaciones correspondientes, así como, si así se solicita, la información pertinente utilizada para la elaboración de las estrategias marinas, de conformidad con la legislación comunitaria en materia de acceso público a la información sobre el medio ambiente.

(37)

La Comisión debe presentar un primer informe de evaluación sobre la aplicación de la Directiva en un plazo de dos años a partir de la recepción de todos los programas de medidas y, en cualquier caso, en el año 2019 a más tardar. A continuación, los informes de la Comisión deben publicarse cada seis años.

(38)

Para garantizar la compatibilidad con la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (17), es oportuno prever la adopción de las normas metodológicas empleadas para la evaluación del estado del medio marino, el seguimiento y los objetivos medioambientales, así como de los formatos técnicos empleados para la transmisión y el tratamiento de los datos.

(39)

Las medidas por las que se regula la gestión de la pesca pueden adoptarse en el contexto de la política pesquera común definida en el Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (18), en función de dictámenes científicos con miras a apoyar la consecución de los objetivos de la presente Directiva, incluida la clausura total de las pesquerías de determinadas zonas para permitir el mantenimiento o recuperación de la integridad, la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas y, cuando proceda, para proteger, entre otras cosas, las zonas de reproducción, cría y alimentación. Los vertidos y emisiones derivados de la utilización de materias radiactivas quedan regulados por los artículos 30 y 31 del Tratado Euratom y por tanto no deben incluirse en la presente Directiva.

(40)

La política pesquera común debe tener en cuenta, incluso en la futura reforma, el impacto medioambiental de la pesca y los objetivos de la presente Directiva.

(41)

Si los Estados miembros consideran conveniente actuar en los ámbitos mencionados o en otros ámbitos relacionados con otras políticas comunitarias o acuerdos internacionales, deben presentar las oportunas recomendaciones de acción comunitaria.

(42)

Las preocupaciones medioambientales graves, en particular, las debidas a las consecuencias del cambio climático sobre las aguas árticas —un medio marino vecino de especial importancia para la Comunidad—, deben ser valoradas por las instituciones comunitarias y pueden requerir medidas para garantizar la protección medioambiental del Ártico.

(43)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la protección y la conservación del medio marino, la prevención de su deterioro y, cuando sea factible, la restauración de dicho medio en las zonas donde este haya sufrido deterioro, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión o a los efectos de la Directiva pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(44)

Los programas de medidas y las posteriores actuaciones de los Estados miembros deben basarse en un enfoque ecosistémico respecto de la gestión de las actividades humanas y en los principios establecidos en el artículo 174 del Tratado y en especial en el principio de cautela.

(45)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y se ajusta a los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (19), en particular en su artículo 37, que trata de fomentar la integración en las políticas comunitarias de un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de la calidad del mismo de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible.

(46)

Procede aprobar las medidas necesarias para la aplicación de la presente Directiva con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (20).

(47)

Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que adapte los anexos III, IV y V de la presente Directiva al progreso técnico y científico. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(48)

Conviene, también, conferir competencias a la Comisión para que establezca los criterios y las normas metodológicas que deben utilizar los Estados miembros y para que adopte especificaciones y métodos normalizados de seguimiento y evaluación. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

a)

proteger y preservar el medio marino, evitar su deterioro o, en la medida de lo posible, recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados negativamente;

b)

prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación según se define en el artículo 3, apartado 8, para velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud humana o los usos legítimos del mar.

1)

«aguas marinas»:

2)

«región marina»: una región del mar que haya sido designada en virtud del artículo 4. Las regiones marinas y sus subregiones se definirán al efecto de facilitar la aplicación de la presente Directiva y se determinarán teniendo en cuenta sus características hidrológicas, oceanográficas y biogeográficas;

3)

«estrategia marina»: la estrategia que deba elaborarse y aplicarse con respecto a cada región o subregión marina afectada, conforme a lo dispuesto en el artículo 5;

4)

«estado medioambiental»: el estado general del medio ambiente en las aguas marinas, habida cuenta de la estructura, función y procesos de los ecosistemas que componen el medio marino, de factores fisiográficos, geográficos, biológicos, geológicos y climáticos naturales, así como de las condiciones físicas, acústicas y químicas derivadas, en particular, de las actividades humanas dentro o fuera de la zona de que se trate;

5)

«buen estado medioambiental»: el estado medioambiental de las aguas marinas en el que estas dan lugar a océanos y mares ecológicamente diversos y dinámicos, limpios, sanos y productivos en el contexto de sus condiciones intrínsecas, y en el que la utilización del medio marino se encuentra en un nivel sostenible, quedando así protegido su potencial de usos y actividades por parte de las generaciones actuales y futuras, es decir:

El buen estado medioambiental se determinará a escala de la región o subregión marina a las que se refiere el artículo 4, tomando como base los descriptores cualitativos indicados en el anexo I. Se aplicará una gestión adaptativa, con arreglo al enfoque ecosistémico, con el objetivo de lograr un buen estado medioambiental;

6)

«criterios»: las características técnicas que están estrechamente vinculadas a los descriptores cualitativos.

7)

«objetivo medioambiental»: la expresión cualitativa o cuantitativa del estado deseado de los diversos componentes de las aguas marinas con respecto a cada región o subregión marina, así como de las presiones y los impactos sobre dichas aguas. Los objetivos medioambientales se establecerán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10;

8)

«contaminación». la introducción directa o indirecta en el medio marino, como consecuencia de la actividad humana, de sustancias o energías, incluidas las fuentes sonoras submarinas de origen humano, que provoquen o puedan provocar efectos nocivos, como perjuicios a los recursos vivos y a los ecosistemas marinos —incluida la pérdida de biodiversidad—, riesgos para la salud humana, obstáculos a las actividades marítimas, especialmente a la pesca, al turismo, a las actividades de ocio y demás usos legítimos del mar, una alteración de la calidad de las aguas marinas que limite su utilización y una reducción de su valor recreativo, o, en términos generales, un menoscabo del uso sostenible de los bienes y servicios marinos;

9)

«cooperación regional»: la cooperación y la coordinación de las actividades entre los Estados miembros y, siempre que sea posible, de los terceros países que comparten la misma región o subregión marina, a los efectos de la elaboración y la aplicación de estrategias marinas;

10)

«convenio marino regional»: cualquiera de los convenios o acuerdos internacionales, junto con sus órganos de gobierno, establecidos con el fin de proteger el medio marino de las regiones marinas a que se refiere el artículo 4, como el Convenio sobre protección del medio marino de la zona del Mar Báltico, el Convenio sobre protección del medio marino del Nordeste Atlántico y el Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo.

a)

el Mar Báltico;

b)

el Océano Atlántico Nororiental;

c)

el Mar Mediterráneo;

d)

el Mar Negro.

a)

en el Atlántico Nororiental:

b)

en el Mediterráneo:

a)

elaboración:

b)

programas de medidas:

a)

los Estados miembros de que se trate informarán a la Comisión de su calendario revisado y actuarán en consecuencia;

b)

se invitará a la Comisión a que considere la posibilidad de prestar respaldo a los Estados miembros, en la intensificación de sus esfuerzos por mejorar el medio marino, dando a la región de que se trate la consideración de proyecto piloto.

a)

un análisis de los rasgos y características esenciales y del estado medioambiental actual de esas aguas, basado en la lista indicativa de elementos recogida en el cuadro 1 del anexo III y que se refiera a los indicadores fisicoquímicos, tipos de hábitats, indicadores biológicos e hidromorfología;

b)

un análisis de los principales impactos y presiones, incluidas las actividades humanas, que influyen sobre el estado medioambiental de esas aguas, que:

c)

un análisis económico y social de la utilización de estas aguas y del coste que supone el deterioro del medio marino.

a)

los métodos de evaluación sean los mismos en toda la región o subregión marina; y

b)

se tengan en cuenta los impactos transfronterizos y los rasgos característicos transfronterizos.

a)

los métodos de seguimiento sean los mismos en toda la región o subregión marina, para facilitar la comparabilidad de los resultados;

b)

se tengan en cuenta los impactos transfronterizos y los rasgos transfronterizos significativos.

a)

acción u omisión de la cual no es responsable el Estado miembro de que se trate;

b)

causas naturales;

c)

fuerza mayor;

d)

modificaciones o alteraciones en las características físicas de las aguas marinas como consecuencia de medidas adoptadas por razones de interés general prevalente que primen sobre el impacto negativo para el medio ambiente, incluidos los impactos transfronterizos;

e)

condiciones naturales que no permiten mejorar a su debido tiempo la situación de las aguas marinas de que se trate.

a)

la evaluación inicial y definición del buen estado medioambiental, previstas en el artículo 8, apartado 1, y el artículo 9, apartado 1, respectivamente;

b)

los objetivos medioambientales definidos con arreglo al artículo 10, apartado 1;

c)

los programas de seguimiento elaborados con arreglo al artículo 11, apartado 1;

d)

los programas de medidas elaborados con arreglo al artículo 13, apartado 2.

a)

la evaluación inicial y la definición del buen estado medioambiental, previstas en el artículo 8, apartado 1, y el artículo 9, apartado 1, respectivamente;

b)

los objetivos medioambientales definidos con arreglo al artículo 10, apartado 1;

c)

los programas de seguimiento establecidos con arreglo al artículo 11, apartado 1;

d)

los programas de medidas establecidos con arreglo al artículo 13, apartado 2.

a)

un análisis de los avances registrados en la aplicación de la presente Directiva;

b)

un análisis del estado del medio marino comunitario, efectuado en coordinación con la Agencia Europea del Medio Ambiente y con las organizaciones y convenios regionales sobre el medio marino y la pesca;

c)

un análisis de las estrategias marinas, junto con sugerencias para su mejora;

d)

un resumen de la información recibida de los Estados miembros con arreglo a los artículos 12 y 16, así como de las evaluaciones realizadas por la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, en lo que se refiere a la información comunicada por los Estados miembros con arreglo al artículo 15;

e)

un resumen de la respuesta a cada uno de los informes presentados a la Comisión por los Estados miembros con arreglo al artículo 18;

f)

un resumen de las respuestas a las observaciones formuladas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre las estrategias marinas anteriores;

g)

un resumen de la contribución que hayan realizado otras políticas comunitarias pertinentes a la consecución de los objetivos de la presente Directiva.

a)

podrán adoptarse normas metodológicas para la aplicación de los anexos I, III, IV y V;

b)

podrán adoptarse formatos técnicos para la transmisión y el tratamiento de los datos, incluidos los datos estadísticos y cartográficos.

25.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 164/41

(1)

En la Decisión 90/424/CEE se establecen las modalidades de participación financiera de la Comunidad en acciones veterinarias específicas, incluidas las medidas de emergencia. Para ayudar a erradicar la peste porcina clásica en el plazo más breve posible, la Comunidad debe contribuir a sufragar los gastos subvencionables que deben asumir los Estados miembros. En el artículo 3, apartado 5, primer inciso, de dicha Decisión se establecen las normas sobre el porcentaje subvencionable de los gastos de los Estados miembros.

(2)

El Reglamento (CE) no 349/2005 de la Comisión (2) establece las normas relativas a la financiación comunitaria de las intervenciones de urgencia y de lucha contra ciertas enfermedades animales contempladas en la Decisión 90/424/CEE del Consejo. El artículo 3 de dicho Reglamento establece las normas relativas a los gastos que pueden ser subvencionados por la Comunidad.

(3)

En virtud de la Decisión 2006/777/CE de la Comisión, de 14 de noviembre de 2006, relativa a una ayuda financiera de la Comunidad para la erradicación de la peste porcina clásica en Alemania en 2006 (3), se concedió a ese país una ayuda financiera de la Comunidad para contribuir a los gastos realizados en el contexto de las medidas de emergencia tomadas contra la fiebre porcina clásica en 2006. De conformidad con la mencionada Decisión, se abonó un primer tramo de 5 000 000 EUR.

(4)

El 6 de diciembre de 2006, Alemania presentó una solicitud oficial de reembolso, de conformidad con el artículo 7, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 349/2005.

(5)

Desde el 23 hasta el 27 de abril de 2007, la Comisión efectuó una inspección in situ, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) no 349/2005. Las observaciones de la Comisión, el método de cálculo de los gastos subvencionables y las conclusiones finales se notificaron a las autoridades de Alemania por carta de 6 de febrero de 2008.

(6)

El pago de la ayuda financiera de la Comunidad debe estar supeditado a la condición de que se hayan realizado efectivamente las acciones previstas y de que las autoridades hayan presentado toda la información necesaria en los plazos fijados.

(7)

Las autoridades alemanas han cumplido plenamente sus obligaciones técnicas y administrativas en virtud del artículo 3, apartado 2, de la Decisión 90/424/CEE y del artículo 7 del Reglamento (CE) no 349/2005.

(8)

Habida cuenta de los elementos mencionados, procede fijar ahora la cantidad total de la ayuda financiera de la Comunidad para los gastos subvencionables realizados con vistas a la erradicación de la peste porcina clásica en Alemania en 2006.

(9)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

25.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 164/43

(1)

El periodo de validez del Reglamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo (1), del Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (2) y del Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación (3), se ha prorrogado mediante el Reglamento (CE) no 1976/2006 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 y (CE) no 68/2001 por lo que respecta a la prórroga de sus períodos de aplicación (4) hasta el 30 de junio de 2008. La validez de las decisiones de la Comisión por las que se aprueban los regímenes de ayuda estatal sobre la base de los Reglamentos (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 o (CE) no 68/2001 se prorrogó hasta el 30 de junio de 2008 mediante la Decisión 2007/72/CE de 20 de diciembre de 2006 (5).

(2)

Habida cuenta de que el Reglamento general de exención por categorías (6) que sustituirá a estos reglamentos está previsto que se adopte y publique en el Diario Oficial en una fecha posterior al 30 de junio de 2008, es necesario prorrogar la validez de las Decisiones de la Comisión por las que se aprueban los regímenes de ayuda estatal sobre la base de los Reglamentos (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 o (CE) no 68/2001, por un plazo limitado con el fin de premitir un periodo de transición apropiado hasta la entrada en vigor del Reglamento general de exención por categorías,

25.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 164/44

(1)

El 12 de junio de 2007 el Consejo adoptó la Acción Común 2007/405/PESC (1) por un periodo inicial que termina el 30 de junio de 2008.

(2)

A raíz de las consultas con las autoridades congoleñas y otras partes implicadas, resulta necesario prorrogar la Misión por un año.

(3)

Las tareas de EUPOL RD Congo deberán incluir asimismo la prestación de asistencia a la Policía Nacional Congoleña en los ámbitos correspondientes a la Policía de Fronteras y al Servicio de Control de la Policía. Además, la Misión debe contribuir a los aspectos relacionados con la policía, el género, los derechos humanos y los niños y los conflictos armados del proceso de estabilización en el este de la República Democrática del Congo (RDC), y a facilitar la vinculación y armonización de estas tareas con el proceso nacional de reforma de la policía. Esto debe conseguirse principalmente brindando apoyo a dos programas concebidos con objeto de aplicar los acuerdos firmados en Goma el 23 de enero de 2008 por el Gobierno de la RDC y diferentes grupos armados que operan en las provincias de Kivu, a saber, el Programa Amani y el Plan de Estabilización del Este, ambos con un componente policial.

(4)

En este sentido, la EUPOL RD Congo debe desplegarse asimismo en la parte oriental de la RDC teniendo especialmente en cuenta las cuestiones relacionadas con la seguridad, la violencia basada en el género, los niños en los conflictos armados y la coordinación internacional.

(5)

Debe establecerse un nuevo importe de referencia financiera para cubrir los gastos relacionados con la Misión para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009.

(6)

El mandato de la Misión se está llevando a cabo en un contexto de seguridad que puede deteriorarse y socavar los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad Común definidos en el artículo 11 del Tratado.

1)

En el artículo 2, apartado 1, se añade el guión siguiente:

2)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 3

Estructura de la Misión y zonas de despliegue

1.   La Misión dispondrá de un Cuartel General (CG) en Kinshasa, con la composición siguiente:

2.   La Misión tendrá una presencia permanente en Goma y Bukavu, en la parte oriental de la RDC, de forma que pueda proporcionar asistencia y conocimientos especializados al proceso de estabilización en el este de la RDC.

3.   El reparto funcional de las tareas será como sigue:

4.   Las zonas de despliegue serán Kinshasa, Goma y Bukavu. Habida cuenta de las repercusiones geográficas de la Misión en el conjunto del territorio de la RDC derivadas del mandato, podrían resultar necesarios desplazamientos de expertos y la presencia temporal de éstos en otros lugares en las distintas provincias, por instrucción del Jefe de Misión o de cualesquiera personas facultadas para ello por el Jefe de Misión, en función de la situación de la seguridad.».

3)

El artículo 9, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:

«1.   El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos relacionados con la Misión para el período del 1 de julio de 2007 al 30 de junio de 2008 será de 5 500 000 EUR.

El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos relacionados con la Misión para el período del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009 será 6 920 000 EUR.».

4)

Se suprime el artículo 15.

5)

El artículo 16, párrafo segundo, se sustituye por el texto siguiente:

«Se aplicará hasta el 30 de junio de 2009.»

25.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 164/46

se elimina: la nota 3 a pie de página;

en la tercera columna, en la línea correspondiente al código NC 0304 19 99:

se añade la siguiente nota a pie de página:

en la tercera columna, en la línea correspondiente al código NC 0304 29 99:

«—

Del 1 de enero al 31 de marzo: 10,4 MIN 1,3 kg/br EUR 100.

—

Del 1 de abril al 30 de noviembre: 12 MIN 2 kg/br EUR 100.

—

Del 1 al 31 de diciembre: 10,4 MIN 1,3 kg/br EUR 100.»,

«—

Del 1 de enero al 31 de marzo: 10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br.

—

Del 1 de abril al 30 de noviembre: 12 MIN 2 EUR/100 kg/br.

—

Del 1 al 31 de diciembre: 10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br.».

en la línea correspondiente al código NC 1511 90 11:

en la línea correspondiente al código NC 1511 90 19: