15.9.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 242/1

(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 452/2007 (2) («el Reglamento impugnado»), el Consejo estableció un derecho antidumping definitivo comprendido entre el 9,9 % y el 38,1 % sobre las importaciones de tablas de planchar, sean o no de sujeción independiente, con o sin absorción de vapor, plano calefactor y función de soplado, incluidas las tablas para mangas, y las partes esenciales de estas, es decir, las patas, el plano superior y el apoyo para la plancha, originarias de la República Popular China («RPC») y de Ucrania.

(2)

El 12 de junio de 2007, un productor exportador chino que cooperó, a saber, Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd. («Foshan Shunde»), interpuso un recurso ante el Tribunal General («Tribunal de Primera Instancia» antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa) en el que solicitaba la anulación del Reglamento (CE) no 452/2007 en la medida en que afecta al recurrente (3).

(3)

El 29 de enero de 2008, el Tribunal General desestimó el recurso de Foshan Shunde.

(4)

El 3 de abril de 2008, Foshan Shunde interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaba a este que dejara sin efecto la sentencia del Tribunal General y pedía la anulación del Reglamento (CE) no 452/2007 en la medida en que afecta al recurrente.

(5)

El 1 de octubre de 2009, el Tribunal de Justicia, en su sentencia en el asunto C-141/08 P («la sentencia del Tribunal de Justicia»), dejó sin efecto la sentencia anterior del Tribunal General de 29 de enero de 2008. En su sentencia, el Tribunal de Justicia concluyó que el derecho de defensa de Foshan Shunde se vio afectado negativamente por el incumplimiento del artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base. En consecuencia, el Tribunal de Justicia anuló el Reglamento impugnado en la medida en que impone un derecho antidumping sobre las importaciones de tablas de planchar fabricadas por Foshan Shunde.

(6)

En el asunto T-2/95 (4) («el asunto IPS»), el Tribunal General reconoció que, en los casos en que un procedimiento se componga de varias etapas administrativas, la anulación de una de estas etapas no anula el procedimiento completo. El procedimiento antidumping es un ejemplo de este tipo de procedimiento en varias etapas. Por lo tanto, la anulación del Reglamento impugnado en relación con una parte no supone la anulación de todo el procedimiento previo a la adopción del Reglamento en cuestión. Por otra parte, de conformidad con el artículo 266 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las instituciones de la Unión están obligadas a cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de octubre de 2009. Esto implica también la posibilidad de corregir los aspectos del Reglamento impugnado que provocaron su anulación, sin cambiar las partes no impugnadas a las que no afecta la sentencia del Tribunal de Justicia –como se sostuvo en el asunto C-458/98 P (5) («el asunto en casación IPS»)–. Hay que señalar que, aparte de la conclusión de que se ha infringido el artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base, todas las demás conclusiones expuestas en el Reglamento impugnado siguen siendo automáticamente válidas en la medida en que el Tribunal de Justicia rechazó todas las solicitudes realizadas a este respecto.

(7)

A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de octubre de 2009, se publicó un anuncio (6) relativo a la reapertura parcial de la investigación antidumping relativa a las importaciones de tablas de planchar originarias, entre otros países, de la RPC. El alcance de la reapertura se limitó a la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia en la medida en que afecta a Foshan Shunde.

(8)

La Comisión informó oficialmente de la reapertura parcial de la investigación a los productores exportadores, los importadores y los usuarios notoriamente afectados, a los representantes del país exportador y a la industria de la Unión. Se brindó a las partes interesadas la oportunidad de dar a conocer sus opiniones por escrito y de solicitar una audiencia en el plazo fijado en el anuncio.

(9)

Se dio la oportunidad de ser oídas a todas las partes que así lo solicitaron en el plazo mencionado anteriormente y que demostraron que existían razones particulares por las que debía concedérseles una audiencia.

(10)

Se recibieron observaciones de dos productores exportadores de la RPC (uno de ellos la parte directamente afectada, es decir, Foshan Shunde), la industria de la Unión y dos importadores no vinculados.

(11)

Se informó a todas las partes afectadas acerca de los hechos y las consideraciones esenciales sobre cuya base se pretendía recomendar el establecimiento de derechos antidumping definitivos para Foshan Shunde. Se les concedió un plazo para presentar observaciones tras la comunicación. Se examinaron las observaciones de las partes y, en su caso, se modificaron las conclusiones en consecuencia.

(12)

Se recuerda que el motivo de la anulación del Reglamento impugnado era que la Comisión había enviado su propuesta de establecimiento de un derecho antidumping definitivo al Consejo antes de finalizar el plazo obligatorio de diez días establecido en el artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base para recibir observaciones después de haber enviado a las partes interesadas la comunicación definitiva.

(13)

Foshan Shunde alegó que la sentencia del Tribunal de Justicia no requería medidas de aplicación. Según esta empresa, la reapertura es ilegal porque el Reglamento de base no prevé tal posibilidad y porque estaría en contradicción con el plazo obligatorio de 15 meses establecido en el artículo 6, apartado 9, del Reglamento de base para la finalización de una investigación y el plazo de 18 meses establecido en artículo 5.10 del Acuerdo Antidumping de la OMC. Foshan Shunde sostuvo que el asunto IPS no podía servir como precedente por basarse en el Reglamento (CEE) no 2423/88 del Consejo, de 11 de julio de 1988, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (7) («el antiguo Reglamento de base»), que no preveía aún plazos obligatorios. Foshan Shunde afirmó también que si la Comisión decidía aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia, debería hacerlo tomando como base la comunicación definitiva de la Comisión de 20 de febrero de 2007 –en la que se otorgaba a esta parte el trato de economía de mercado y no se concluía que esta empresa practicara dumping– y no la comunicación definitiva revisada de 23 de marzo de 2007 –en la que la Comisión confirmaba sus conclusiones provisionales para Foshan Shunde de no concederle el trato de economía de mercado y establecer un margen de dumping del 18,1 %–.

(14)

El otro productor exportador chino, Zheijiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd. («Zheijiang Harmonic»), expuso una serie de argumentos que eran esencialmente idénticos a los presentados por Foshan Shunde, es decir, que no hay base jurídica para reabrir el procedimiento y que no es legalmente posible restablecer derechos antidumping fuera de los plazos previstos en el Reglamento de base y en el Acuerdo Antidumping de la OMC. Sostuvo también que el hecho de publicar un documento de información revisado y conceder un plazo para responder, de conformidad con el artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base, no puede reparar la violación del derecho de defensa de Zheijiang Harmonic ni el establecimiento ilegal de derechos. Por último, señaló que la Comisión no podía restablecer medidas antidumping a partir de la información relativa a 2005, de un período de cuatro años anterior al inicio de la reapertura parcial de la investigación, ya que ello no sería conforme al artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base. Además, Zheijiang Harmonic indicó que la Comisión no podía reabrir el asunto porque había perdido su objetividad e imparcialidad, debido a que el Tribunal de Justicia había anulado parcialmente el Reglamento impugnado propuesto por la Comisión.

(15)

Los dos importadores/productores no vinculados de la Unión no presentaron información o datos sobre el fondo jurídico de la nueva investigación, sino que pusieron de relieve más bien su papel como agentes en el mercado de la Unión de tablas de planchar. Uno de ellos señaló también las repercusiones de la anulación del Tribunal de Justicia y de la reapertura parcial ulterior de la investigación en sus actividades.

(16)

La industria de la Unión alegó que los productores de la Unión pagan el precio de la irregularidad señalada por el Tribunal de Justicia, ya que se quedan sin protección contra las importaciones que, según se constató, son objeto de dumping y causan perjuicio. La industria de la Unión propuso que el procedimiento se reanudara en la fase en que se produjo la irregularidad de la Comisión, es decir, en el momento en que la empresa china tenía que presentar sus observaciones sobre la comunicación definitiva revisada de la Comisión, de 23 de marzo de 2007, había que tomar una decisión sobre las observaciones de esta parte y debía enviarse al Consejo una nueva propuesta limitada a la situación de Foshan Shunde, con objeto restablecer el derecho antidumping sobre las importaciones de tablas de planchar fabricadas por Foshan Shunde. La industria de la Unión adujo también que en el pasado se había adoptado un enfoque similar [a saber, en las sentencias del asunto IPS, el asunto en casación IPS y el Reglamento (CE) no 235/2004 del Consejo (8), adoptado a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-76/00 P Petrotub SA y Republica SA contra Consejo de la Unión Europea]. Por otro lado, según esa parte, el plazo de 15 meses del Reglamento de base no se aplica a la modificación de un Reglamento por el que se establecen derechos antidumping para aplicar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(17)

Se recuerda que el Tribunal de Justicia ha rechazado todos los argumentos sustanciales de Foshan Shunde relativos al fondo del asunto. Por tanto, la obligación de las instituciones de la Unión se centra en corregir la parte del procedimiento administrativo en la que se produjo la irregularidad durante la investigación inicial.

(18)

Se consideró injustificada la alegación de que la introducción de plazos, de 15 y 18 meses respectivamente, para concluir las investigaciones antidumping impide a la Comisión adoptar el enfoque en que se basa el asunto IPS. Se estimó que este plazo no es pertinente para la aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, dicho plazo solo rige la realización de la investigación original desde la fecha de inicio hasta la fecha de la acción definitiva y no afecta a ninguna acción ulterior que pueda haberse adoptado, por ejemplo como resultado de una reconsideración judicial. Además, hay que señalar que cualquier otra interpretación significaría que una acción legal eficaz interpuesta por la industria de la Unión no tendría efectos prácticos para esa parte si se acepta que la expiración del plazo para concluir la investigación original no permitiría aplicar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto sería contrario al principio de que todas las partes deben tener la posibilidad de una reconsideración judicial efectiva.

(19)

Se recuerda también que el Tribunal General, en su sentencia de los asuntos acumulados T-163/94 y T-165/94 (9), sostuvo que, incluso el plazo flexible aplicable con arreglo al antiguo Reglamento de base, no podía ampliarse más allá de unos límites razonables y consideró que una investigación que dura más de tres años es demasiado larga. Esto contrasta con el asunto IPS, en el que la sentencia del Tribunal de Justicia se aplicó siete años después del inicio de la investigación original y en dicha sentencia no se indicaba que los plazos fueran un problema.

(20)

Por tanto, se concluye que el artículo 6, apartado 9, del Reglamento de base se aplica solamente al inicio de los procedimientos y la conclusión de la investigación iniciada con arreglo al artículo 5, apartado 9, del Reglamento de base, y no a la reapertura parcial una investigación con vistas a la aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(21)

Esta conclusión es conforme al enfoque adoptado para la aplicación de los informes de los grupos especiales y el órgano de apelación de la OMC, que acepta que las instituciones pueden enmendar las deficiencias de un reglamento por el que se establecen derechos antidumping para ajustarse a los informes del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, también en asuntos relativos a la Unión (10). En dichos asuntos, se consideró necesario adoptar procedimientos especiales para aplicar los informes de los grupos especiales y los órganos de apelación de la OMC debido a la falta de aplicabilidad directa de dichos informes en el ordenamiento jurídico de la Unión, a diferencia de las sentencias adoptadas por el Tribunal de Justicia, que son directamente aplicables.

(22)

Con respecto a los argumentos presentados sobre la aplicación del artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base, hay que señalar que no pudo determinarse que se hubiera infringido lo dispuesto en ese apartado, ya que la Comisión no ha abierto un nuevo procedimiento, sino reabierto la investigación original para aplicar una sentencia del Tribunal de Justicia.

(23)

En cuanto al argumento de que Foshan Shunde debería recibir la comunicación de 20 de febrero de 2007 y no la comunicación revisada de 23 de marzo, hay que indicar que, de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia, la Comisión debe corregir la irregularidad procedimental. Esta irregularidad administrativa solo se produjo cuando se dio a Foshan Shunde un plazo de menos de diez días para presentar sus observaciones sobre la comunicación revisada. Por consiguiente, la validez de las fases anteriores de la investigación original no se vieron afectadas por la sentencia del Tribunal de Justicia y no es preciso, por tanto, reconsiderarlas en el contexto de la reapertura parcial actual.

(24)

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por las partes y el análisis de dichas observaciones, se concluyó que la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia debería adoptar la forma de una nueva transmisión a Foshan Shunde y todas las demás partes interesadas de la comunicación definitiva revisada de 23 de marzo de 2007, con arreglo a la cual se propuso el restablecimiento, por el Reglamento impugnado, de un derecho antidumping sobre las importaciones de tablas de planchar fabricadas por Foshan Shunde.

(25)

Habida cuenta de lo precedente, se concluyó también que la Comisión debería conceder a Foshan Shunde y a las demás partes interesadas tiempo suficiente para presentar sus observaciones sobre la comunicación definitiva revisada de 23 de marzo de 2007 y, después, evaluar dichas observaciones para determinar si debía presentarse una propuesta del Consejo para restablecer el derecho sobre las importaciones de tablas de planchar fabricadas por Foshan Shunde, sobre la base de los hechos relacionados con la investigación original.

(26)

Se informó a todas las partes interesadas de los hechos y consideraciones esenciales con arreglo a los cuales se pensaba aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia.

(27)

Se dio a todas las partes interesadas la posibilidad de presentar sus observaciones, respetando el plazo de diez días prescrito en el artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base. Las observaciones se tomaron en consideración y se tuvieron en cuenta, pero por su naturaleza no modificaron las conclusiones anteriores.

(28)

Foshan Shunde y todas las demás partes interesadas recibieron la comunicación definitiva revisada de 23 de marzo de 2007 con arreglo a la cual se propuso restablecer el derecho antidumping sobre las importaciones de planchas de planchar procedentes de Foshan Shunde, sobre la base de los hechos relacionados con el período de investigación original.

(29)

Se dio a Foshan Shunde y a todas las demás partes interesadas la posibilidad de presentar sus observaciones sobre dicha comunicación revisada. Se consideraron y, en su caso, se tuvieron en cuenta las alegaciones orales y escritas presentadas. En relación con las observaciones presentadas, puede observarse lo siguiente. La línea de actuación adoptada en el presente Reglamento se basa en el hecho de que, en su sentencia, el Tribunal de Justicia puso de relieve que el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base no puede interpretarse de manera que obligue a la Comisión a proponer al Consejo medidas definitivas que perpetuarían un error cometido en la apreciación inicial de los criterios sustantivos establecidos en dicha disposición (11). Aunque el Tribunal de Justicia formuló esta observación en relación con un error en perjuicio del solicitante de este asunto, está claro que esa interpretación debería aplicarse de forma imparcial, lo que significa que un perjuicio en detrimento de la industria de la Unión tampoco puede perpetuarse. Como se indicó en la comunicación final revisada de 23 de marzo de 2007 y en la comunicación específica revisada de la misma fecha, así como en cartas anteriores de la Comisión al solicitante en las que se basan dichas comunicaciones, debe denegarse a Foshan Shunde el trato de economía de mercado porque sus prácticas contables presentaban varias faltas graves y no eran, por tanto, conformes a las Normas Internacionales de Contabilidad. Este incumplimiento del segundo criterio del artículo 2, apartado 7, no puede solucionarse con las estadísticas mencionadas en la última frase del apartado 12 de la sentencia del Tribunal de Justicia. El enfoque que se tuvo en cuenta en un principio en la comunicación final de 20 de febrero de 2007 debe considerarse, por tanto, un error que hay que corregir. A fin de proteger a la industria de la Unión contra el dumping, debe restablecerse lo antes posible el derecho antidumping resultante en relación con el solicitante.

(30)

Tras la comunicación de los hechos y consideraciones esenciales en función de los cuales se tenía intención de recomendar el restablecimiento de las medidas antidumping definitivas, un productor exportador chino ofreció un compromiso relativo a los precios, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de base. Sin embargo, esta oferta de compromiso no solucionaba los problemas indicados en el considerando 68 del Reglamento impugnado, en particular la necesidad de establecer, para cada uno de los numerosos tipos de producto, precios mínimos de importación significativos que la Comisión pueda controlar correctamente sin riesgo grave de elusión. Por otra parte, esa oferta de compromiso proponía bien un precio mínimo medio que cubriera un solo tipo de producto exportado a la Unión o varios precios de importación mínimos basados de nuevo en precios medios ponderados para combinaciones de algunos productos. Además, todas las combinaciones propuestas de precios mínimos de importación eran muy inferiores a los precios de exportación más altos que se habían establecido. En vista de lo anterior, se concluyó que dicho compromiso no era factible y, por tanto, no puede aceptarse. Esta parte fue informada al respecto y se le ofreció la posibilidad de presentar sus observaciones, las cuales, sin embargo, no han modificado la conclusión anterior.

(31)

El presente procedimiento no afecta a la fecha de expiración de las medidas impuestas mediante el Reglamento impugnado, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.

15.9.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 242/6

(1)

El Consejo, en virtud de los Reglamentos (CE) no 1676/2001 (3) y (CE) no 2597/1999 (4), impuso medidas antidumping y compensatorias, respectivamente, sobre la película de PET originaria, entre otros países, de la India («las medidas iniciales»). Mediante los Reglamentos (CE) no 1975/2004 (5) y (CE) no 1976/2004 (6), el Consejo amplió estas medidas a la película de PET procedente de Israel y de Brasil («las medidas ampliadas»), con la excepción de las importaciones producidas por una empresa brasileña, Terphane Ltd, y otra israelí, Jolybar Ltd, específicamente mencionadas en cada uno de dichos Reglamentos.

(2)

Mediante el Reglamento (CE) no 101/2006 (7), el Consejo modificó los Reglamentos (CE) no 1975/2004 y (CE) no 1976/2004 para eximir a otra empresa israelí, Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, de las medidas ampliadas.

(3)

Como consecuencia de una reconsideración por expiración de las medidas antidumping, el Consejo, mediante el Reglamento (CE) no 1292/2007 (8), impuso un derecho antidumping a las importaciones de película de politereftalato de etileno (PET) originaria de la India y mantuvo la ampliación de este derecho a las importaciones de este mismo producto procedentes de Brasil y de Israel, se declaren o no originarias de Brasil o de Israel, con la excepción de determinados procedimientos especificados en el artículo 2, apartado 4, de dicho Reglamento («las medidas antidumping en vigor»).

(4)

Como consecuencia de una reconsideración por expiración de las medidas compensatorias, el Consejo, mediante el Reglamento (CE) no 367/2006 (9), impuso un derecho compensatorio sobre las importaciones de película de politereftalato de etileno (PET) originaria de la India y mantuvo la ampliación de este derecho a las importaciones de este mismo producto procedentes de Brasil y de Israel, se declaren o no originarias de Brasil o de Israel, con la excepción de determinados productores especificados en el artículo 1, apartado 3, de dicho Reglamento («las medidas compensatorias en vigor»). En lo sucesivo, las medidas antidumping en vigor y las medidas compensatorias en vigor se denominarán conjuntamente «las medidas antidumping y compensatorias en vigor».

(5)

El Consejo modificó por última vez los Reglamentos (CE) no 1292/2007 y (CE) no 367/2006 mediante el Reglamento (CE) no 15/2009 (10).

(6)

La Comisión recibió posteriormente una solicitud de exención de las medidas ampliadas de conformidad con el artículo 11, apartado 4, y el artículo 13, apartado 4, del Reglamento antidumping de base, y el artículo 20 y el artículo 23, apartados 5 y 6, del Reglamento antisubvenciones de base. La solicitud fue presentada por S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd («SZP»), un productor de Israel («el país afectado»).

(7)

La Comisión examinó las pruebas presentadas por SZP y las consideró suficientes para justificar el inicio de una investigación de conformidad con el artículo 11, apartado 4, y el artículo 13, apartado 4, del Reglamento antidumping de base, y el artículo 20 y el artículo 23, apartados 5 y 6, del Reglamento antisubvenciones de base, a efectos de determinar la posibilidad de conceder a SZP una exención de las medidas ampliadas. Previa consulta con el Comité consultivo, y tras haber dado a la industria de la Unión afectada la oportunidad de formular sus comentarios, la Comisión inició, mediante el Reglamento (CE) no 6/2010 (11) («el Reglamento de apertura»), una reconsideración de los Reglamentos (CE) no 1292/2007 y (CE) no 367/2006 por lo que respecta a SZP.

(8)

El Reglamento por el que se inicia la reconsideración derogó el derecho antidumping establecido por el Reglamento (CE) no 1292/2007 en relación con las importaciones del producto investigado enviado desde Israel por SZP. Al mismo tiempo, de conformidad con el artículo 14, apartado 5, del Reglamento antidumping de base, se dio orden a las autoridades aduaneras de tomar las medidas pertinentes para registrar esas importaciones.

(9)

El producto afectado es el mismo que el definido en los reglamentos por los que se imponen las medidas iniciales, es decir, la película de politereftalato de etileno (PET) originaria de la India, actualmente clasificado en los códigos NC ex 3920 62 19 y ex 3920 62 90 («el producto afectado»).

(10)

Se considera que la película de PET procedente de Israel y destinada a la Unión bajo los códigos NC ex 3920 62 19 y ex 3920 62 90 («el producto objeto de reconsideración») tiene las mismas características físicas, químicas y técnicas esenciales y los mismos usos que el producto afectado. Por consiguiente, se considera que es un producto similar a efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 4, del Reglamento antidumping de base y en el artículo 2, letra c), del Reglamento antisubvenciones de base.

(11)

La Comisión comunicó oficialmente a SZP y a los representantes del país afectado el inicio de la reconsideración. Se invitó a las partes interesadas a que dieran a conocer sus puntos de vista y se les informó de la posibilidad de solicitar ser oídas. Sin embargo, no se recibió ninguna solicitud al efecto.

(12)

Asimismo, la Comisión envió un cuestionario a SZP y recibió una respuesta dentro del plazo correspondiente. La Comisión buscó y verificó toda la información que se consideró necesaria para la reconsideración. Se llevó a cabo una inspección in situ en los locales de SZP.

(13)

La investigación abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009 («el período de investigación»). Se recogieron datos desde 2006 hasta el final del período de investigación a fin de investigar si se había producido algún cambio en las características del comercio.

(14)

La investigación confirmó que SZP no había exportado el producto objeto de la reconsideración a la Unión Europea durante el período de la investigación que condujo a la ampliación de las medidas, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003. Las primeras exportaciones de SZP del producto objeto de la reconsideración se produjeron después de la ampliación de las medidas a, entre otros países, Israel.

(15)

Además, de acuerdo con las pruebas documentales presentadas, SZP pudo demostrar satisfactoriamente que no tenía ninguna vinculación directa ni indirecta con ninguno de los productores exportadores de la India ni con ninguna de las empresas israelíes sometidos a las medidas antidumping y compensatorias vigentes.

(16)

Tal como ya se ha mencionado en el considerando 14, SZP no exportó el producto afectado a la Unión hasta después del período de investigación que condujo a las medidas ampliadas. SZP fabrica película de PET y, o bien la vende, o la utiliza para producir una serie de productos de embalaje.

(17)

SZP utiliza materia prima originaria de la India, entre otras, para fabricar la película de PET que exporta a la Unión, pero no se consideró que se tratara de un proceso que implicara elusión. La materia prima procedente de la India solamente constituía un pequeño porcentaje de la materia prima adquirida a precios de mercado por SZP y se combinaba con otras materias primas que se adquirían principalmente en el mercado interior. El productor indio de la materia prima es desde hace tiempo proveedor de SZP.

(18)

Además, no se ha encontrado ninguna prueba de que SZP estuviera adquiriendo película acabada de PET procedente de la India para revenderla o expedirla a la Unión Europea.

(19)

De conformidad con las anteriores conclusiones, en el sentido de que SZP no está implicada en prácticas de elusión, debe eximirse a esta empresa de las medidas antidumping y compensatorias en vigor.

(20)

Debe ponerse fin al registro de las importaciones de película de PET enviadas desde Israel por SZP que se impone en el Reglamento de apertura. De conformidad con el artículo 14, apartado 5, del Reglamento antidumping de base, que establece que las medidas contra las importaciones registradas se aplicarán a partir de la fecha de registro, y teniendo en cuenta que esta empresa ha sido eximida de estas medidas, no debe percibirse ningún derecho antidumping sobre las importaciones de película de PET enviadas desde Israel por SZP que hayan entrado en la Unión con el requisito de su registro tal como se imponía en el Reglamento de apertura.

(21)

En lo que respecta a las medidas compensatorias, dado que se ha demostrado que la empresa no está eludiendo las medidas en vigor, la exención debe surtir efecto a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (UE) no 6/2010, de conformidad con el artículo 23, apartado 6, del Reglamento antisubvenciones de base. Las solicitudes de devolución o condonación deben presentarse a las autoridades aduaneras nacionales con arreglo a la legislación aduanera aplicable.

(22)

De conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento antidumping de base, y con el artículo 23, apartado 6, del Reglamento antisubvenciones de base, la vigencia de la exención de las medidas ampliadas concedida a la película de PET producida por SZP estará supeditada a la condición de que los hechos finalmente comprobados justifiquen la exención y a que, por ejemplo, no se establezca que la exención se ha concedido con arreglo a información falsa o engañosa presentada por la empresa afectada. En caso de que hubiera indicios razonables de lo contrario, la Comisión podría iniciar una investigación para determinar si estaría justificada la retirada de la exención.

(23)

La exención de las medidas ampliadas a las importaciones de película de PET enviadas por SZP se ha establecido con arreglo a las conclusiones de la presente reconsideración. Por lo tanto, esta exención únicamente es aplicable a las importaciones de película de PET procedentes de Israel y producida por esa entidad jurídica concreta. La película de PET importada que ha sido producida o enviada por cualquier empresa que no esté específicamente mencionada en el artículo 2, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1292/2007 y en el artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) no 367/2006 con su nombre y dirección, incluidas las entidades vinculadas a las específicamente mencionadas, no puede beneficiarse de la exención y debe estar sujeta al tipo de derecho residual establecido por dichos Reglamentos.

(24)

Se informó a SZP y a todas las demás partes interesadas de los hechos y las consideraciones con arreglo a los cuales se tenía intención de conceder una exención de las medidas ampliadas a SZP. No se recibieron observaciones.

15.9.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 242/9

(1)

El Reglamento (CEE) no 3149/92 de la Comisión, de 29 de octubre de 1992, por el que se establecen las disposiciones de aplicación para el suministro de alimentos procedentes de las existencias de intervención en beneficio de las personas más necesitadas de la Comunidad (2), ha sido modificado en diversas ocasiones (3) y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicho Reglamento.

(2)

Conviene que el procedimiento y las modalidades de establecimiento del plan anual de distribución de productos procedentes de las existencias de intervención, elaborado por la Comisión a partir de los datos proporcionados por los Estados miembros sean sencillos, y que el calendario se organice teniendo en cuenta, por una parte, las necesidades de distribución a los beneficiarios y, por otra, las necesidades de gestión financiera de las existencias públicas de intervención.

(3)

Con el fin de garantizar una aplicación más homogénea en los Estados miembros que participan en dicha acción, resulta adecuado precisar la noción de «beneficiarios» o de «destinatarios finales» de la medida. Para facilitar la gestión y el control de la ejecución del plan anual, debe preverse que las organizaciones caritativas designadas por las autoridades nacionales competentes puedan ser consideradas destinatarias finales cuando garanticen la distribución real de los productos alimenticios en el nivel local donde residen las personas más necesitadas, bajo determinadas formas.

(4)

El suministro de productos agrícolas y alimenticios a las personas más necesitadas de la Unión se realiza, como regla general, en forma de productos acondicionados o transformados a partir de productos retirados de los almacenes de la intervención de la Unión. No obstante, se puede igualmente alcanzar el objetivo suministrando productos agrícolas y alimenticios pertenecientes a la misma categoría de productos movilizados en el mercado de la Unión. En tal caso, el pago del suministro se realiza mediante la cesión de productos que se deberán retirar de los almacenes de la intervención.

(5)

Para hacer frente a la falta temporal de algunos productos de base en las existencias de intervención en el momento de la adopción o durante la ejecución del plan anual, el artículo 27 del Reglamento (CE) no 1234/2007 establece la posibilidad de obtener los productos en cuestión en el mercado de la Unión en unas condiciones que no hagan peligrar el principio del suministro de productos a partir de las existencias de intervención. Conviene establecer las disposiciones de una movilización de ese tipo.

(6)

Con el fin de respetar el principio de la movilización, preferentemente, a partir de las existencias de intervención de los productos que vayan a suministrarse a los más desfavorecidos, conviene garantizar una distribución óptima de las existencias públicas almacenadas en el momento de la adopción del plan entre los Estados miembros que participen en el régimen y coordinar las operaciones de transferencia en el interior de la Unión necesarias al no encontrarse disponibles algunos productos solicitados en uno o varios Estados miembros. A efectos de la aplicación del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1234/2007, procede asimismo fijar la cantidad mínima por debajo de la cual no conviene realizar transferencias en el interior de la Unión por razones de gestión económica.

(7)

Para hacer posible una gestión razonable del régimen y organizar la ejecución del plan anual, es adecuado, por una parte, determinar, cuando se adopte este, los productos cuya falta temporal justifique la movilización en el mercado comunitario del mismo producto o de un producto de la misma categoría, y, por otra, fijar la asignación financiera que se pondrá a disposición del Estado miembro con este objeto. Para cumplir los objetivos mencionados, dicha asignación debe determinarse en función de las solicitudes presentadas por el Estado miembro con motivo del plan anual, de las cantidades que no se encuentren disponibles en las existencias de intervención de los productos precisados, así como las asignaciones efectuadas durante los ejercicios anteriores y su utilización real.

(8)

Para lograr ese mismo objetivo de la utilización prioritaria de las existencias de intervención, conviene establecer que los suministros se realicen a partir de productos que vayan a ser retirados de esas existencias se atribuyan previamente al compromiso de las operaciones de movilización de los productos de la misma categoría en el mercado de la Unión.

(9)

Es conveniente disponer de las mejores condiciones para realizar los diferentes tipos de suministro y especificar la obligación de publicar convocatorias de licitación para garantizar la igualdad de acceso de los agentes económicos establecidos en la Unión.

(10)

Sin embargo, resulta oportuno precisar que las convocatorias de tales licitaciones deben incluir todas las disposiciones necesarias para la realización de los suministros y prever la posibilidad de adaptar el importe pagado por los suministros en función del cumplimiento de las especificaciones fijadas.

(11)

Los productos que haya que retirar de las existencias de intervención en virtud del plan anual pueden suministrarse tal cual o transformados para la fabricación de alimentos, o bien pueden retirarse como pago del suministro o de la fabricación de alimentos movilizados en el mercado de la Unión. Con respecto a este último tipo de suministro, es conveniente precisar los productos disponibles en las existencias de intervención que pueden retirarse como pago de la fabricación de productos cerealistas, de arroz o de productos lácteos.

(12)

Con el fin de responder mejor a la demanda de las asociaciones caritativas y ampliar el conjunto de alimentos suministrados, es conveniente especificar que los productos procedentes de las existencias de intervención pueden incorporarse, en determinadas condiciones, a otros productos para la fabricación de alimentos.

(13)

Conviene determinar las condiciones de reembolso a las organizaciones caritativas de los gastos ocasionados por el transporte de los productos, así como, en su caso, de los gastos administrativos, dentro de los límites financieros disponibles. Conviene asimismo adoptar las modalidades de contabilización del valor de los productos retirados de los almacenes de la intervención con cargo a los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), así como las disposiciones aplicables en caso de que se transfieran existencias de un Estado miembro a otro.

(14)

Los gastos de transporte han de reembolsarse en función de los gastos reales, determinados con arreglo a un procedimiento de licitación. No obstante, conviene precisar que el reembolso de los gastos de transporte entre los almacenes de las organizaciones caritativas y el lugar de distribución final se efectuará sobre la base de los justificantes presentados.

(15)

Para poder garantizar una mejor utilización de los recursos disponibles, procede especificar que los gastos derivados del transporte de los productos no pueden dar lugar en ningún caso a pagos con productos.

(16)

Conviene especificar los tipos de control más adecuados en el marco de la ejecución del plan anual, fundamentalmente el porcentaje de controles que las autoridades competentes deben realizar. Los informes anuales de ejecución del plan deben incluir datos que permitan evaluar los resultados de dichos controles y, por tanto, de la ejecución de la acción.

(17)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

a)

las cantidades de cada tipo de producto (expresadas en toneladas) necesarias para ejecutar en su territorio el plan respecto al ejercicio considerado;

b)

la forma en la que los productos serán distribuidos a los beneficiarios;

c)

los criterios de selección de los beneficiarios;

d)

eventualmente, el porcentaje de los gastos que los beneficiarios podrán verse obligados a pagar en aplicación de lo dispuesto en el artículo 27, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1234/2007.

a)

respecto de cada uno de los Estados miembros que vayan a ejecutar la medida, los elementos que se enumeran a continuación:

b)

los créditos necesarios para cubrir los gastos de transferencia en el interior de la Unión de los productos que estén en posesión de un organismo de intervención en otro Estado miembro distinto de aquel en el que se necesite dicho producto.

a)

el suministro de los productos retirados de las existencias de intervención;

b)

el suministro de los productos movilizados en el mercado de la Unión en aplicación de las disposiciones del artículo 2, apartado 3, letra a), incisos iii) y iv);

c)

el suministro de productos agrícolas transformados o de productos alimenticios disponibles o que puedan obtenerse en el mercado, mediante el suministro, como pago, de productos procedentes de las existencias de intervención.

a)

bien a los gastos de transformación o acondicionamiento de los productos procedentes de las existencias de intervención;

b)

bien a la cantidad de productos agrícolas transformados o de productos alimenticios o, en su caso, acondicionados, que se pueda obtener, utilizando productos procedentes de las existencias de intervención, mediante el suministro, como pago, de dichos productos;

c)

bien a la cantidad de productos agrícolas transformados o de productos alimenticios disponibles o que puedan obtenerse en el mercado, mediante el suministro, como pago, de productos procedentes de las existencias de intervención; estos productos alimenticios deberán integrar en su composición un ingrediente perteneciente al mismo grupo de productos que el producto de intervención suministrado como pago.

a)

a la cantidad máxima de producto agrícola o de producto alimenticio que vaya a movilizarse en el mercado por una cuantía monetaria fijada en la convocatoria;

b)

al importe monetario necesario para la movilización en el mercado de una cantidad determinada en la convocatoria.

a)

los productos de intervención y, en su caso, las asignaciones para la movilización en el mercado de los productos alimenticios sirvan para el uso y los fines previstos en el artículo 27, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1234/2007;

b)

las mercancías que no se entreguen a granel a los beneficiarios llevarán en su envase claramente visible la mención «ayuda UE» junto con la bandera de la Unión Europea, de conformidad con las instrucciones que figuran en el anexo II;

c)

las organizaciones caritativas elegidas para la realización de las acciones conserven todos los documentos contables y justificantes adecuados, y permitan a las autoridades competentes el acceso a los mismos para efectuar los controles necesarios;

d)

las licitaciones se ajusten a las disposiciones de los artículos 3 y 4 y los suministros se realicen de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento; en particular, los Estados miembros establecerán las sanciones aplicables cuando los productos no sean retirados durante el período fijado en el artículo 3, apartado 2.

a)

las cantidades de los distintos productos de los que se hayan hecho cargo, procedentes de las existencias de intervención;

b)

la naturaleza, cantidad y valor de las mercancías distribuidas a los beneficiarios, distinguiendo entre las mercancías distribuidas en su estado natural, en forma de productos transformados y en forma de productos obtenidos por sustitución, así como los coeficientes de transformación;

c)

los gastos de transporte y transferencia;

d)

los gastos administrativos;

e)

el número de beneficiarios durante el ejercicio.

15.9.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 242/21

15.9.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 242/23

(1)

El Reglamento (CE) no 877/2009 de la Comisión (3) establece los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar en bruto y determinados jarabes en la campaña 2009/10. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (UE) no 804/2010 de la Comisión (4).

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión inducen a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006.

15.9.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 242/25

(1)

La Comisión, de acuerdo con las directrices del Consejo de 22 de julio de 2008, ha llevado a cabo negociaciones sobre un acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la República de la India en el ámbito de la investigación sobre la energía de fusión.

(2)

Es conveniente aprobar la celebración por la Comisión del Acuerdo.

15.9.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 242/33

(1)

La Comisión, de acuerdo con las directrices del Consejo de 22 de julio de 2008, ha llevado a cabo negociaciones sobre un Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Gobierno de la República Federativa del Brasil en el ámbito de la investigación sobre la energía de fusión.

(2)

Conviene aprobar la conclusión por la Comisión del Acuerdo.