27.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 175/1

(1)

Los documentos elaborados por los organismos del sector público de los Estados miembros constituyen un conjunto amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la economía del conocimiento.

(2)

La Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público (3), establece un conjunto de normas mínimas que regulan la reutilización y los medios prácticos de facilitar la reutilización de los documentos existentes en poder de los organismos del sector público de los Estados miembros.

(3)

Las políticas de apertura de la información, que propician la disponibilidad y la reutilización generalizadas de la información del sector público con fines privados o comerciales, con restricciones mínimas o nulas de carácter jurídico, técnico o económico, y que favorecen la circulación de la información no solo para los agentes económicos, sino también para el público, pueden desempeñar una función importante a la hora de impulsar el desarrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas de combinar y utilizar esa información, estimular el crecimiento económico y promover el compromiso social. No obstante, para ello es preciso garantizar, en lo que respecta a la oportunidad de autorizar o no la reutilización de documentos, una igualdad de condiciones en toda la Unión que no se puede conseguir si depende exclusivamente de las normas y prácticas diferentes de los Estados miembros o de los organismos del sector público interesados.

(4)

Autorizar la reutilización de los documentos en poder de un organismo del sector público les confiere valor añadido para los reutilizadores, para los usuarios finales y para la sociedad en general y, en muchos casos, para el propio organismo público, ya que el fomento de la transparencia y la responsabilidad y las aportaciones de reutilizadores y usuarios finales permiten al organismo del sector público de que se trate mejorar la calidad de la información recopilada.

(5)

Desde la adopción en 2003 del primer conjunto de normas sobre reutilización de la información del sector público, el volumen de datos, incluidos los públicos, ha aumentado exponencialmente en todo el mundo, al tiempo que se están generando y recopilando nuevos tipos de datos. Paralelamente, estamos asistiendo a una evolución permanente de las tecnologías para el análisis, explotación y tratamiento de datos. Esta rápida evolución tecnológica permite la creación de nuevos servicios y aplicaciones basados en el uso, la agregación o la combinación de datos. Las normas de 2003 están desfasadas con respecto a estos rápidos cambios y, como consecuencia de ello, pueden perderse las oportunidades económicas y sociales que ofrece la reutilización de los datos públicos.

(6)

Al mismo tiempo, los Estados miembros han establecido políticas de reutilización en el marco de la Directiva 2003/98/CE y algunos de ellos han adoptado ambiciosos planteamientos en materia de apertura de la información que superan el nivel mínimo fijado en dicha Directiva con el fin de facilitar la reutilización de los datos accesibles del sector público a ciudadanos y empresas. Para evitar que distintas normas en diversos Estados miembros supongan un obstáculo para la oferta transfronteriza de productos y servicios, y garantizar que conjuntos de datos públicos comparables puedan reutilizarse en aplicaciones paneuropeas basadas en ellos, es preciso un nivel mínimo de armonización para determinar los tipos de datos públicos que están disponibles para su reutilización en el mercado interior de la información, de acuerdo con el régimen de acceso pertinente.

(7)

La Directiva 2003/98/CE no incluye obligación alguna respecto del acceso a los documentos ni obliga a autorizar la reutilización de documentos. Corresponde a los Estados miembros o al organismo del sector público interesado decidir si procede o no autorizar la reutilización. Al mismo tiempo, la Directiva 2003/98/CE se basa en las normas nacionales que regulan el acceso a los documentos, por lo que no requiere la autorización de la reutilización de documentos cuando el acceso esté restringido (por ejemplo, las normas nacionales restringen el acceso a aquellos ciudadanos o empresas que demuestren un interés particular en obtener acceso a los documentos) o excluido (por ejemplo, las normas nacionales excluyen el acceso debido al carácter sensible de los documentos, entre otros, por motivos de seguridad nacional, defensa o seguridad pública). Algunos Estados miembros han vinculado expresamente el derecho de reutilización a ese derecho de acceso, por lo que, en general, todos los documentos de libre disposición son reutilizables. En otros Estados miembros, el vínculo entre los dos conjuntos de normas es menos claro, lo cual es fuente de inseguridad jurídica.

(8)

Por consiguiente, la Directiva 2003/98/CE debe modificarse para establecer la obligación inequívoca para los Estados miembros de autorizar la reutilización de todos los documentos, salvo si el acceso está restringido o excluido en virtud de normas nacionales sobre acceso a los documentos y sometido a las demás excepciones establecidas en la presente Directiva. Las modificaciones llevadas a cabo por la presente Directiva no tienen por objeto la definición o modificación de los regímenes de acceso en los Estados miembros, que siguen siendo responsabilidad de los mismos.

(9)

Habida cuenta del Derecho de la Unión y de las obligaciones internacionales de los Estados miembros y de la Unión, en particular el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Convenio de Berna) y el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual por parte de terceros deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/98/CE. En caso de que un tercero fuese el titular inicial de los derechos de propiedad intelectual de un documento en poder de una biblioteca (incluidas las universitarias), museo o archivo, y el período de protección esté aún vigente, a los efectos de la presente Directiva debe considerarse que sobre dicho documento existen derechos de propiedad intelectual por parte de terceros.

(10)

La Directiva 2003/98/CE debe aplicarse a los documentos cuyo suministro sea una actividad que incida en el ámbito de la misión de servicio público de los organismos del sector público implicados, definida con arreglo a la legislación o a otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro. En ausencia de tales normas, la misión de servicio público debe definirse de conformidad con la práctica administrativa común del Estado miembro, siempre y cuando el ámbito de las misiones de servicio público sea transparente y se someta a revisión. La misión de servicio público puede definirse con carácter general o caso por caso para los diferentes organismos del sector público.

(11)

La presente Directiva debe incorporarse al Derecho interno y aplicarse de forma que se cumplan plenamente los principios relativos a la protección de los datos personales, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (4). En particular, conviene señalar que, con arreglo a dicha Directiva, los Estados miembros deben determinar las condiciones en las que sea legal el tratamiento de datos personales. Además, uno de los principios de dicha Directiva consiste en que los datos personales no deben ser tratados posteriormente a una recogida de un modo que sea incompatible con los objetivos determinados, explícitos y legítimos para los que dichos datos fueron recogidos.

(12)

La Directiva 2003/98/CE debe entenderse sin perjuicio de los derechos, incluidos los derechos económicos y morales, que puedan asistir a los empleados de los organismos del sector público en virtud de la normativa nacional.

(13)

Además, cuando un documento se ponga a disposición del público para su reutilización, el organismo del sector público interesado ha de conservar el derecho a explotar el documento.

(14)

El ámbito de aplicación de la Directiva 2003/98/CE debe ampliarse a las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos.

(15)

Uno de los principales objetivos del establecimiento del mercado interior es la creación de unas condiciones que favorezcan el desarrollo de servicios que abarquen toda la Unión. Las bibliotecas, los museos y los archivos contienen una considerable cantidad de valiosos recursos de información del sector público, dado en particular que los proyectos de digitalización han multiplicado la cantidad de material digital de dominio público. Estos fondos de patrimonio cultural y metadatos conexos constituyen una base potencial para productos y servicios de contenidos digitales y tienen un enorme potencial de reutilización innovadora en sectores tales como el aprendizaje y el turismo. Unas posibilidades más amplias de reutilización del material cultural público deben, entre otras cosas, permitir a las empresas de la Unión aprovechar su potencial y contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo.

(16)

Existen considerables diferencias de un Estado miembro a otro en relación con las normas y prácticas de explotación de los recursos culturales públicos, que constituyen obstáculos al despliegue del potencial económico de dichos recursos. En la medida en que las bibliotecas, los museos y los archivos siguen invirtiendo en la digitalización, muchos ponen ya a disposición su contenido de dominio público para su reutilización, y muchos buscan activamente oportunidades de reutilización de su contenido. Sin embargo, dado que operan en entornos normativos y culturales muy distintos, las prácticas de las instituciones culturales a la hora de explotar los contenidos se han desarrollado de formas dispares.

(17)

Puesto que las diferencias entre las normas y prácticas nacionales o la ausencia de claridad obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la información en la Unión, debe llevarse a cabo una armonización mínima de las normas y prácticas nacionales en materia de reutilización del material cultural público de bibliotecas, museos y archivos.

(18)

La ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/98/CE debe limitarse a tres tipos de instituciones culturales —bibliotecas, incluidas las universitarias, museos y archivos—, porque sus fondos son, y serán cada vez más, una valiosa materia prima para su reutilización en numerosos productos, como las aplicaciones móviles. Otros tipos de instituciones culturales (como orquestas, óperas, ballets y teatros), incluidos los archivos que forman parte de las mismas, deben permanecer excluidas del ámbito de aplicación debido a su especificidad respecto de las «artes escénicas». Dado que la práctica totalidad de su material está cubierto por derechos de propiedad intelectual de terceros, por lo que permanecería excluido del ámbito de aplicación de dicha Directiva, su inclusión en dicho ámbito de aplicación tendría escasos efectos.

(19)

La digitalización es un medio importante para garantizar un mayor acceso y reutilización del material cultural con fines educativos, de trabajo o de ocio. También ofrece considerables oportunidades económicas, permitiendo una integración más fácil del material cultural en los servicios y productos digitales, apoyando así la creación de empleo y el crecimiento. Estos aspectos se subrayaron, entre otros, en la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre «Europeana — los próximos pasos» (5), la Recomendación 2011/711/UE de la Comisión, de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital (6) y las correspondientes Conclusiones del Consejo, de 10 de mayo de 2012, sobre la digitalización y acceso en línea del material cultural y la conservación digital (7). Estos documentos definen el camino que ha de seguirse para abordar los aspectos legales, económicos y organizativos de la digitalización del patrimonio cultural de Europa y su puesta en línea.

(20)

Para facilitar la reutilización, los organismos del sector público deben poner, siempre que sea posible y apropiado, los documentos a disposición del público mediante formatos abiertos y legibles por máquina junto con sus metadatos, con los niveles más elevados de precisión y granularidad, en un formato que garantice su interoperabilidad; por ejemplo, procesándolos de forma coherente con los principios que rigen los requisitos de facilidad de utilización y compatibilidad de la información espacial en virtud de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (8).

(21)

Debe considerarse que un documento se presenta en formato legible por máquina si tiene un formato de archivo estructurado de tal forma que permite a las aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer con facilidad los datos específicos que contiene. Los datos codificados en archivos estructurados en un formato legible por máquina son datos legibles por máquina. Los formatos legibles por máquina pueden ser abiertos o propietarios; pueden ser normas formales o no serlo. Los documentos codificados en un formato de archivo que limita este procesamiento automático, por el hecho de que los datos no pueden extraerse o no pueden extraerse fácilmente de ellos, no deben considerarse documentos en un formato legible por máquina. Cuando proceda, los Estados miembros deben fomentar el uso de formatos abiertos y legibles por máquina.

(22)

Cuando los organismos del sector público apliquen una tarifa por la reutilización de documentos, dicha tarifa debe limitarse en principio a los costes marginales. No obstante, debe tomarse en consideración muy especialmente la necesidad de no entorpecer el funcionamiento normal de los organismos del sector público a los que se exige generar ingresos para cubrir una parte considerable de sus gastos derivados de la realización de sus misiones de servicio público o de los gastos relativos a la recogida, producción, reproducción, y difusión de determinados documentos puestos a disposición para su reutilización. En tales casos, los organismos del sector público deben poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales. Dichas tarifas superiores a los costes marginales deben establecerse de acuerdo con criterios objetivos, transparentes y verificables, y los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilización de documentos no deben superar el coste de recogida, producción, reproducción y difusión, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. El requisito de generar ingresos para cubrir una parte considerable de los gastos de los organismos del sector público derivados de la realización de sus misiones de servicio público o de los gastos relativos a la recogida, producción, reproducción, y difusión de determinados documentos no ha de estar incluido en la legislación y puede derivarse, por ejemplo, de las prácticas administrativas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben revisar periódicamente dicho requisito.

(23)

Las bibliotecas, los museos y los archivos también deben poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales con objeto de no entorpecer su funcionamiento normal. En el caso de esos organismos del sector público, los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilización de documentos durante el ejercicio contable apropiado no han de superar el coste de recogida, producción, reproducción, difusión, conservación y compensación de derechos, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. Por lo que respecta a las bibliotecas, los museos y los archivos, y atendiendo a sus particularidades, los precios aplicados por el sector privado para la reutilización de documentos idénticos o similares pueden tenerse en cuenta al calcular el beneficio razonable de la inversión.

(24)

Los límites superiores para las tarifas establecidos en la presente Directiva se entienden sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de aplicar tarifas inferiores o no aplicarlas en absoluto.

(25)

Los Estados miembros deben establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores a los costes marginales. A este respecto, los Estados miembros pueden, por ejemplo, establecer tales criterios en normas nacionales o designar al organismo u organismos apropiados, distintos del propio organismo del sector público de que se trate, con competencia para establecer dichos criterios. La organización de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas constitucionales y jurídicos de los Estados miembros. Puede tratarse de un organismo existente con competencias de ejecución presupuestaria y bajo una responsabilidad política.

(26)

En relación con cualquier tipo de reutilización de un documento, es conveniente que los organismos del sector público puedan, en su caso mediante licencia, imponer condiciones como el reconocimiento de la fuente y el reconocimiento de si el documento ha sido modificado de alguna manera por el reutilizador. En cualquier caso, las licencias para la reutilización de información del sector público deben plantear las mínimas restricciones posibles sobre la reutilización, limitándolas, por ejemplo, a una indicación de la fuente. Las licencias abiertas en línea, que otorgan derechos de reutilización más amplios sin limitaciones tecnológicas, económicas o geográficas y se basan en formatos de datos abiertos, deben desempeñar también una importante función en este aspecto. Por consiguiente, los Estados miembros deben fomentar el uso de licencias abiertas, que, en su momento, debe pasar a ser práctica común en toda la Unión.

(27)

La Comisión ha respaldado el desarrollo de un cuadro de indicadores para la información del sector público en línea con indicadores de resultados pertinentes para la reutilización de la información del sector público en todos los Estados miembros. La actualización periódica de dicho cuadro de indicadores contribuirá al intercambio de información entre Estados miembros y a la disponibilidad de información sobre políticas y prácticas en toda la Unión.

(28)

Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión por un órgano de revisión imparcial. Dicho órgano puede ser una autoridad nacional ya existente, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad nacional reguladora del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional. La organización de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas constitucionales y jurídicos de los Estados miembros y dicho organismo no debe prejuzgar ninguna vía de recurso disponible de otra forma para los solicitantes de reutilización. Sin embargo, debe ser distinto del mecanismo del Estado miembro encargado de establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores a los costes marginales. Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión de las decisiones negativas, pero también de aquellas decisiones que, aunque permitan la reutilización, puedan también afectar a los solicitantes por otros motivos, en particular por lo que se refiere a las normas de tarifación aplicadas. El proceso de revisión debe ser rápido, de conformidad con las necesidades de un mercado en rápida evolución.

(29)

Las normas de competencia deben respetarse al establecer los principios para la reutilización de documentos, evitando en la medida de lo posible acuerdos exclusivos entre los organismos del sector público y los socios privados. No obstante, con vistas a la prestación de un servicio de interés público, a veces puede resultar necesario conceder un derecho exclusivo a la reutilización de determinados documentos del sector público. Esto puede ocurrir, entre otros casos, si ningún editor comercial está dispuesto a publicar la información de no concedérsele derechos exclusivos. A fin de tener en cuenta esta cuestión, la Directiva 2003/98/CE autoriza, a condición de que se proceda a una revisión periódica, los acuerdos exclusivos cuando sea necesario un derecho exclusivo en el marco de la prestación de un servicio de interés público.

(30)

A raíz de la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/98/CE a bibliotecas, incluidas las universitarias, museos y archivos, conviene atender a las actuales divergencias de los Estados miembros en cuanto a la digitalización de los recursos culturales, que no pueden tenerse en cuenta de forma efectiva con las normas actuales de dicha Directiva en materia de acuerdos exclusivos. Existen numerosos acuerdos de cooperación entre bibliotecas, incluidas las universitarias, museos, archivos y socios privados que implican la digitalización de recursos culturales y por los que se otorgan derechos exclusivos a socios privados. La experiencia ha demostrado que tales asociaciones público-privadas pueden facilitar una utilización adecuada de los fondos culturales y aceleran al mismo tiempo el acceso de los ciudadanos al patrimonio cultural.

(31)

Cuando exista un derecho exclusivo relacionado con la digitalización de los recursos culturales, es posible que se requiera un período de exclusividad para dar al socio privado la posibilidad de amortizar su inversión. Dicho período debe tener un límite temporal lo más corto posible con el fin de respetar el principio según el cual el material de dominio público debe permanecer en el dominio público tras su digitalización. El período de vigencia de un derecho exclusivo para la digitalización de recursos culturales no debe ser superior, por regla general, a diez años. Los períodos de vigencia del derecho exclusivo superior a diez años, deben estar sometidos a revisión, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, económicos y administrativos que se produzcan en el entorno desde la celebración del acuerdo. Además, toda asociación público-privada para la digitalización de recursos culturales debe otorgar a la institución cultural socia plenos derechos respecto de la utilización de recursos culturales digitalizados posterior a la terminación del acuerdo.

(32)

A fin de tener debidamente en cuenta los contratos y demás acuerdos que otorguen derechos exclusivos y hayan sido celebrados antes de la entrada en vigor de la presente Directiva, deben establecerse medidas transitorias adecuadas para proteger los intereses de las partes afectadas en caso de que no puedan aplicarse a sus derechos exclusivos las excepciones autorizadas con arreglo a la presente Directiva. Dichas medidas transitorias deben permitir que los derechos exclusivos de las partes sigan existiendo hasta la expiración del contrato o, en el caso de los contratos de duración indeterminada o de muy larga duración, que sigan existiendo durante un período lo suficientemente largo para que las partes puedan adoptar las medidas oportunas. Dichas medidas transitorias no deben aplicarse a los contratos u otros acuerdos celebrados tras la entrada en vigor de la presente Directiva pero antes de la aplicación de las medidas nacionales de transposición de la presente Directiva, a fin de evitar situaciones en las que se celebren contratos u otros acuerdos de larga duración que no se ajusten a la presente Directiva para eludir las medidas nacionales de transposición que deberán adoptarse en el futuro. Por lo tanto, los contratos y demás acuerdos celebrados después de la entrada en vigor de la presente Directiva pero antes de la fecha de aplicación de las medidas nacionales de transposición, deben cumplir lo dispuesto en la presente Directiva a partir de la fecha de aplicación de las medidas nacionales de transposición de la presente Directiva.

(33)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, facilitar la creación de productos y servicios de información basados en documentos del sector público que cubran la totalidad de la Unión, garantizar la eficacia del uso transfronterizo de documentos del sector público por las empresas privadas, de una parte, en particular por las pequeñas y medianas empresas, para que ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido y por los ciudadanos, de otra parte, para facilitar la libre circulación de la información y la comunicación, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión paneuropea de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(34)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos la protección de los datos de carácter personal (artículo 8) y el derecho a la propiedad (artículo 17). Nada de lo contenido en la presente Directiva debe interpretarse o aplicarse en un sentido que no sea acorde con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

(35)

Es necesario velar por que los Estados miembros informen a la Comisión acerca de la amplitud de la reutilización de la información del sector público, de las condiciones que rigen su disponibilidad y de las prácticas en materia de recurso.

(36)

Es conveniente que la Comisión ayude a los Estados miembros a aplicar la presente Directiva de forma coherente formulando directrices, especialmente en lo que respecta a las licencias normalizadas recomendadas, los conjuntos de datos y el cobro por la reutilización de los documentos, previa consulta de las partes interesadas.

(37)

Procede por tanto modificar la Directiva 2003/98/CE en consecuencia.

1)

El artículo 1 se modifica como sigue:

2)

En el artículo 2 se añaden los puntos siguientes:

«6)   "un formato legible por máquina": un formato de archivo estructurado que permita a las aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer con facilidad datos específicos, incluidas las declaraciones fácticas y su estructura interna;

7)   "formato abierto": un formato de archivo independiente de plataformas y puesto a disposición del público sin restricciones que impidan la reutilización de los documentos;

8)   "norma formal abierta": una norma establecida por escrito que especifica los criterios de interoperabilidad de la aplicación informática;

9)   "universidad": todo organismo del sector público que imparta enseñanza superior post-secundaria conducente a la obtención de títulos académicos.».

3)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 3

Principio general

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros velarán por que los documentos a los que se aplica la presente Directiva, de conformidad con el artículo 1, puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con las condiciones establecidas en los capítulos III y IV.

2.   En el caso de los documentos respecto de los que las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos posean derechos de propiedad intelectual, los Estados miembros velarán por que, cuando esté autorizada la reutilización de dichos documentos, estos puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con las condiciones establecidas en los capítulos III y IV.».

4)

En el artículo 4, los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«3.   En caso de adoptarse una Decisión negativa, los organismos del sector público comunicarán al solicitante los motivos de la denegación sobre la base de las disposiciones aplicables del régimen de acceso del Estado miembro correspondiente o de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva, en particular el artículo 1, apartado 2, letras a) a c quater), o el artículo 3. Si la Decisión negativa se basa en el artículo 1, apartado 2, letra b), el organismo del sector público deberá incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos, cuando esta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el organismo del sector público haya obtenido el material en cuestión. Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos no estarán obligados a incluir tal referencia.

4.   Toda decisión de reutilización deberá contener una referencia a las vías de recurso a que pueda acogerse en su caso el solicitante. Las vías de recurso incluirán la posibilidad de revisión por un órgano de revisión imparcial con la experiencia técnica adecuada, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad nacional reguladora del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional, cuyas decisiones sean vinculantes para el organismo del sector público afectado.».

5)

El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 5

Formatos disponibles

1.   Los organismos del sector público facilitarán sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir normas formales abiertas.

2.   El apartado 1 no supone que los organismos del sector público estén obligados, para cumplir dicho apartado, a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación.

3.   Con arreglo a la presente Directiva, no podrá exigirse a los organismos del sector público que mantengan la producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público.».

6)

El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 6

Principios de tarifación

1.   Cuando se aplique una tarifa por la reutilización de documentos, dicha tarifa se limitará a los costes marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a disposición y difusión.

2.   Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a:

3.   En los casos a los que se hace referencia en el apartado 2, letras a) y b), los organismos del sector público en cuestión, calcularán el precio total conforme a criterios objetivos, transparentes y comprobables que establecerán los Estados miembros. Los ingresos totales de estos organismos obtenidos por suministrar documentos y autorizar su reutilización durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de recogida, producción, reproducción y difusión, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. La tarifa se calculará conforme a los principios contables aplicables a los organismos del sector público correspondientes.

4.   Cuando sean los organismos del sector público mencionados en el apartado 2, letra c), los que apliquen tarifas, los ingresos totales obtenidos por suministrar y autorizar la reutilización de documentos durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de recogida, producción, reproducción, difusión, conservación y compensación de derechos, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. Las tarifas se calcularán conforme a los principios contables aplicables a los organismos del sector público correspondientes.».

7)

El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 7

Transparencia

1.   En el caso de tarifas normales para la reutilización de documentos que estén en poder de organismos del sector público, las condiciones aplicables, así como el importe real de dichas tarifas, incluida la base de cálculo de dichas tarifas, deberán ser fijadas y publicadas de antemano, mediante medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno.

2.   Cuando se trate de tarifas para la reutilización distintas de las mencionadas en el apartado 1, el organismo del sector público de que se trate indicará por adelantado qué factores se tendrán en cuenta para el cálculo de dichas tarifas. Cuando se solicite, el organismo del sector público de que se trate también indicará cómo se han calculado dichas tarifas en relación con la solicitud de reutilización concreta.

3.   Los requisitos mencionados en el artículo 6, apartado 2, letra b), se fijarán de antemano. Se publicarán por medios electrónicos siempre que sea posible y apropiado.

4.   Los organismos del sector público asegurarán que los solicitantes de reutilización de documentos estén informados de las vías de recurso de que disponen para impugnar las decisiones y las prácticas que les afecten.».

8)

En el artículo 8, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Los organismos del sector público podrán autorizar la reutilización de documentos sin condiciones o bien podrán imponer condiciones, en su caso mediante una licencia. Estas condiciones no restringirán sin necesidad las posibilidades de reutilización y no se usarán para restringir la competencia.».

9)

El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 9

Dispositivos prácticos

Los Estados miembros crearán dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda de los documentos disponibles para su reutilización, tales como listados de documentos principales con los metadatos pertinentes, accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en línea y en formato legible por máquina, y portales conectados a los listados descentralizados. En la medida de lo posible, los Estados miembros facilitarán la búsqueda lingüística de los documentos en varios idiomas.».

10)

El artículo 11 se modifica como sigue:

11)

El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 13

Revisión

1.   La Comisión llevará a cabo una revisión de la aplicación de la presente Directiva antes del 18 de julio de 2018 y comunicará los resultados de dicha revisión, junto con las posibles propuestas de modificación de la Directiva, al Parlamento Europeo y al Consejo.

2.   Los Estados miembros presentarán, cada tres años, un informe a la Comisión, sobre la disponibilidad de información del sector público para reutilización, las condiciones que rigen su disponibilidad y las prácticas en materia de recurso. Sobre la base de dicho informe, que se hará público, los Estados miembros llevarán a cabo una revisión de la aplicación del artículo 6, en particular en lo que respecta al cálculo de las tarifas superiores a los costes marginales.

3.   En dicha revisión, mencionada en el apartado 1, se abordará en particular el ámbito de aplicación y las repercusiones de la presente Directiva, señalando la medida en que haya aumentado la reutilización de documentos del sector público, los efectos de los principios de tarifación aplicados y de la reutilización de textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, la interacción entre las normas sobre protección de datos y las posibilidades de reutilización, así como otras formas de mejorar el correcto funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de la industria europea de contenidos.».

27.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 175/9

(1)

Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de la nomenclatura combinada anexa al Reglamento (CEE) no 2658/87, es necesario adoptar disposiciones sobre la clasificación de las mercancías que se indican en el anexo del presente Reglamento.

(2)

El Reglamento (CEE) no 2658/87 establece las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura combinada. Dichas reglas se aplican también a cualquier otra nomenclatura que se base total o parcialmente en aquella, o que le añada subdivisiones adicionales, y que haya sido establecida por disposiciones específicas de la Unión para poder aplicar medidas arancelarias o de otro tipo al comercio de mercancías.

(3)

De conformidad con esas reglas generales, las mercancías que se describen en la columna 1 del cuadro del anexo deben clasificarse, por los motivos indicados en la columna 3, en el código NC que figura en la columna 2.

(4)

Procede disponer que la información arancelaria vinculante que, habiendo sido emitida por las autoridades aduaneras de los Estados miembros en materia de clasificación de mercancías en la nomenclatura combinada, no se ajuste a las disposiciones del presente Reglamento pueda seguir siendo invocada por su titular durante un período de tres meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 6, del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (2).

(5)

El Comité del Código Aduanero no ha emitido un dictamen en el plazo fijado por su presidente.

27.6.2013   

ES

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L 175/11

(1)

Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de la nomenclatura combinada anexa al Reglamento (CEE) no 2658/87, es necesario adoptar disposiciones sobre la clasificación de las mercancías que se indican en el anexo del presente Reglamento.

(2)

El Reglamento (CEE) no 2658/87 establece las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura combinada. Dichas reglas se aplican también a cualquier otra nomenclatura que se base total o parcialmente en aquella, o que le añada subdivisiones adicionales, y que haya sido establecida por disposiciones específicas de la Unión para poder aplicar medidas arancelarias o de otro tipo al comercio de mercancías.

(3)

De conformidad con esas reglas generales, las mercancías que se describen en la columna 1 del cuadro del anexo deben clasificarse, por los motivos indicados en la columna 3, en el código NC que figura en la columna 2.

(4)

Procede disponer que la información arancelaria vinculante que, habiendo sido emitida por las autoridades aduaneras de los Estados miembros en materia de clasificación de mercancías en la nomenclatura combinada, no se ajuste a las disposiciones del presente Reglamento pueda seguir siendo invocada por su titular durante un período de tres meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 6, del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (2).

(5)

El comité del Código Aduanero no ha emitido dictamen dentro del plazo fijado por su Presidente.

27.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 175/13

(1)

De conformidad con la Directiva 2009/125/CE, la Comisión debe establecer requisitos de diseño ecológico para los productos relacionados con la energía que representan un volumen significativo de ventas y comercio, tienen un importante impacto medioambiental y presentan posibilidades significativas de mejora por lo que se refiere al impacto medioambiental sin que ello suponga costes excesivos.

(2)

El artículo 16, apartado 2, letra a), de la Directiva 2009/125/CE establece que, de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 19, apartado 3, y con los criterios establecidos en el artículo 15, y previa consulta al Foro consultivo, la Comisión debe introducir, en su caso, una medida de ejecución relativa a los equipos ofimáticos.

(3)

La Comisión ha llevado a cabo un estudio preparatorio en el que se han analizado los aspectos técnicos, medioambientales y económicos de los ordenadores. En dicho estudio participaron las partes interesadas de la Unión y terceros países, y sus resultados se han puesto a disposición del público.

(4)

El estudio preparatorio estima las posibilidades de mejora rentable del consumo de electricidad de los ordenadores entre 2011 y 2020 en aproximadamente 93 TWh, lo que corresponde a 43 Mt de emisiones de CO2, y en 2020 entre 12,5 TWh y 16,3 TWh, lo que corresponde a 5,0–6,5 Mt de emisiones de CO2. Los ordenadores, por tanto, constituyen un grupo de productos para el que deben establecerse requisitos de diseño ecológico.

(5)

Puesto que una gran parte del potencial de ahorro de energía de los clientes ligeros de mesa, las estaciones de trabajo, los pequeños servidores y los servidores informáticos está vinculada a la eficiencia de sus fuentes de alimentación internas, y dado que las especificaciones técnicas de las fuentes de alimentación internas de estos productos son similares a las de los ordenadores de mesa y los ordenadores integrados de mesa, las disposiciones sobre la eficiencia de las fuentes de alimentación internas del presente Reglamento también deben aplicarse a los primeros. No obstante, otros aspectos del comportamiento medioambiental de los clientes ligeros de mesa, las estaciones de trabajo, las estaciones de trabajo móviles, los pequeños servidores y los servidores informáticos podrían abordarse en una medida más específica de ejecución de la Directiva 2009/125/CE.

(6)

Las pantallas poseen características específicas y, por tanto, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento. No obstante, teniendo en cuenta su impacto medioambiental significativo y sus posibilidades significativas de mejora, podrían abordarse en otra medida de ejecución de la Directiva 2009/125/CE y/o de la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada (2).

(7)

Los requisitos de diseño ecológico no deben tener ninguna repercusión negativa significativa sobre la funcionalidad del producto o los consumidores, y en particular en lo que se refiere a la asequibilidad del producto, los costes del ciclo de vida y la competitividad de la industria. Además, los requisitos no deben imponer a los fabricantes tecnologías patentadas ni una carga administrativa excesiva, ni afectar negativamente a la salud, la seguridad y el medio ambiente.

(8)

Procede mejorar la eficiencia energética de los ordenadores aplicando tecnologías existentes, rentables y no patentadas, que puedan reducir los gastos combinados totales de su adquisición y funcionamiento.

(9)

Los requisitos de diseño ecológico deben introducirse gradualmente a fin de que los fabricantes dispongan de tiempo suficiente para volver a diseñar los productos contemplados en el presente Reglamento. El calendario debe establecerse con miras a evitar las repercusiones negativas sobre el abastecimiento de ordenadores, y a tener en cuenta los costes para los fabricantes, principalmente para las pequeñas y medianas empresas, todo ello sin detrimento de la oportuna consecución de los objetivos del presente Reglamento.

(10)

Está previsto revisar el presente Reglamento a más tardar tres años y medio después de su entrada en vigor.

(11)

La eficiencia energética de los ordenadores debe determinarse mediante métodos de medición fiables, exactos y reproducibles, que tengan en cuenta el estado de la técnica reconocido, incluyendo, en su caso, las normas armonizadas establecidas de conformidad con la legislación europea sobre normalización aplicable (3).

(12)

Toda vez que los requisitos de diseño ecológico aplicables al consumo de energía eléctrica en los modos preparado y desactivado de los aparatos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina no se ajustan plenamente a las características de los ordenadores, no deben aplicarse a los ordenadores los requisitos del Reglamento (CE) no 1275/2008 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2008, por el que se desarrolla la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo concerniente a los requisitos de diseño ecológico aplicables al consumo de energía eléctrica en los modos preparado y desactivado de los equipos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina (4). Por consiguiente, deben establecerse en el presente Reglamento requisitos específicos para la gestión del consumo, así como para el consumo de energía en los modos de espera y desactivado y en el estado de menor consumo de los ordenadores, y debe modificarse en consecuencia el Reglamento (CE) no 1275/2008.

(13)

A pesar de la exclusión de los ordenadores del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1275/2008, deben aplicarse a las fuentes de alimentación externas que se comercializan con ordenadores las disposiciones del Reglamento (CE) no 278/2009 de la Comisión, de 6 de abril de 2009, por el que se desarrolla la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo concerniente a los requisitos de diseño ecológico aplicables a la eficiencia media en activo de las fuentes de alimentación externas y a su consumo de energía eléctrica durante el funcionamiento en vacío (5).

(14)

De conformidad con el artículo 8 de la Directiva 2009/125/CE, el presente Reglamento debe especificar los procedimientos de evaluación de la conformidad aplicables.

(15)

Con objeto de facilitar los controles de conformidad, debe solicitarse a los fabricantes que incluyan la información contenida en la documentación técnica a que se refieren los anexos IV y V de la Directiva 2009/125/CE en la medida en que dicha información se relacione con los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

(16)

A fin de garantizar una competencia leal, la realización del potencial de ahorro de energía previsto y la entrega a los consumidores de información exacta sobre el comportamiento energético de los productos, el presente Reglamento debe dejar claro que las tolerancias prescritas para las autoridades nacionales de vigilancia del mercado cuando lleven a cabo ensayos físicos encaminados a determinar si un modelo específico de un producto relacionado con la energía es conforme con el presente Reglamento no deben ser aprovechadas por los fabricantes para declarar un comportamiento del modelo más favorable de lo que las mediciones y los cálculos declarados en la documentación técnica del producto pueden justificar.

(17)

Conviene definir criterios de referencia para los productos actualmente disponibles con elevada eficiencia energética. Esto contribuirá a garantizar la amplia disponibilidad de la información y el fácil acceso a la misma, en particular para las pequeñas y medianas empresas, lo que a su vez facilitará la integración de las mejores tecnologías de diseño y el desarrollo de productos más eficientes para la reducción del consumo energético.

(18)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2009/125/CE.

a)

ordenadores de mesa;

b)

ordenadores de mesa integrados;

c)

ordenadores portátiles (incluidos los ordenadores tableta, los ordenadores pizarra y los clientes ligeros móviles);

d)

clientes ligeros de mesa;

e)

estaciones de trabajo;

f)

estaciones de trabajo móviles;

g)

pequeños servidores;

h)

servidores informáticos.

a)

sistemas y componentes blade;

b)

servidores monofuncionales;

c)

servidores multinodo;

d)

servidores informáticos con más de cuatro zócalos de procesador;

e)

consolas de juego;

f)

estaciones de acoplamiento.

(i)

dos núcleos físicos en la CPU, y

(ii)

un mínimo de dos gigabytes (GB) de memoria del sistema;

(i)

tres o más núcleos físicos en la CPU, y

(ii)

una configuración que tenga como mínimo una de las dos características siguientes:

(i)

un mínimo de cuatro núcleos físicos en la CPU, y

(ii)

una configuración que tenga como mínimo una de las dos características siguientes:

(i)

dos núcleos físicos en la CPU, y

(ii)

un mínimo de dos gigabytes (GB) de memoria del sistema;

(i)

tres o más núcleos físicos en la CPU, y

(ii)

una configuración que tenga como mínimo una de las dos características siguientes:

(i)

un mínimo de cuatro núcleos físicos en la CPU, y

(ii)

una configuración que tenga como mínimo una de las dos características siguientes:

a)

un mínimo de dos núcleos físicos en la CPU,

b)

un mínimo de dos gigabytes (GB) de memoria del sistema, y

c)

una tarjeta gráfica discreta (dGfx) que satisface la clasificación G3 (con ancho de datos FB> 128-bit), G4, G5, G6 o G7.

1)

está preparada para recibir energía adicional para gráficos de gama alta (es decir, alimentación adicional de 12V de 6 puntas por bus PCI-E);

2)

el sistema tiene cables para x4 PCI-E o superior en la placa madre además de la ranura o ranuras de gráficos y/o del soporte para PCI-X;

3)

no soporta los gráficos con acceso uniforme a la memoria (UMA);

4)

incluye cinco o más ranuras PCI, PCI-E o PCI-X;

5)

puede ofrecer multiprocesamiento para dos o más CPU (debe soportar paquetes/zócalos de CPU físicamente separados, es decir que no basta soportar una sola CPU multinúcleo).

«2.

Equipos de tecnologías de la información destinados principalmente al uso en el entorno doméstico, pero excluyendo los ordenadores de mesa, ordenadores de mesa integrados y ordenadores portátiles, tal como se definen en el Reglamento (UE) no 617/2013 de la Comisión (6).

«g)

que está concebido para su uso con equipos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina con arreglo al artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1275/2008 o con ordenadores según se definen en el Reglamento (UE) no 617/2013 de la Comisión (7).

27.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 175/34

(1)

En el Reglamento (CE) no 669/2009 de la Comisión (2) se establecen normas relativas a la intensificación de los controles oficiales a los que deben someterse las importaciones de los piensos y alimentos de origen no animal enumerados en la lista de su anexo I («la lista»), en los puntos de entrada de los territorios mencionados en el anexo I del Reglamento (CE) no 882/2004.

(2)

En el artículo 2 del Reglamento (CE) no 669/2009 se establece que la lista debe revisarse de forma periódica y como mínimo trimestralmente, teniendo en cuenta al menos las fuentes de información mencionadas en dicho artículo.

(3)

La frecuencia y la importancia de los incidentes alimentarios notificados a través del sistema de alerta rápida para los piensos y los alimentos, las constataciones de las inspecciones realizadas en terceros países por la Oficina Alimentaria y Veterinaria, así como los informes trimestrales sobre las partidas de piensos y alimentos de origen no animal que deben presentar los Estados miembros a la Comisión de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (CE) no 669/2009, indican que es necesario revisar dicha lista.

(4)

En particular, las fuentes de información pertinentes señalan la aparición de nuevos riesgos en envíos de judías secas de Nigeria, lo que justifica un mayor nivel de control oficial. Por lo tanto, debe añadirse a la lista una entrada relativa a dichos envíos.

(5)

Conviene asimismo modificar la lista para aumentar la frecuencia de los controles oficiales de aquellas mercancías sobre las que las mismas fuentes de información muestran un mayor grado de incumplimiento de la legislación pertinente de la Unión, lo que justifica la intensificación de los controles oficiales. La entrada de la lista correspondiente a Brassica oleracea de China debe modificarse en consecuencia.

(6)

Al mismo tiempo, debe modificarse la lista para reducir la frecuencia de los controles oficiales de aquellas mercancías sobre las que la información disponible indique una mejora global del cumplimiento de la legislación pertinente de la Unión y cuyo actual grado de control oficial ha dejado, por lo tanto, de estar justificado. La entrada de la lista correspondiente a hortalizas del género Brassica de Tailandia debe modificarse en consecuencia.

(7)

Asimismo, debe modificarse la lista suprimiendo las entradas relativas a mercancías sobre las que la información disponible indique en general un cumplimiento satisfactorio de los pertinentes requisitos de seguridad de la legislación de la Unión y para las que, por tanto, ya no se justifique un mayor nivel de control oficial. Las entradas de la lista correspondientes a cacahuetes de Sudáfrica y a granadas de Egipto deben modificarse en consecuencia.

(8)

En aras de la claridad, es necesario modificar la lista de los residuos de plaguicidas que figura en las notas finales del anexo I del Reglamento (CE) no 669/2009 para garantizar su coherencia con la definición del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (3).

(9)

En aras de la coherencia y la claridad de la legislación de la Unión, es conveniente sustituir el anexo I del Reglamento (CE) no 669/2009 por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.

(10)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 669/2009 en consecuencia.

(11)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

27.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 175/43

(1)

El Reglamento (UE) no 40/2013 del Consejo, de 21 de enero de 2013, por el que se establecen para 2013 las posibilidades de pesca disponibles en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE para determinadas poblaciones de peces y grupos de poblaciones de peces que están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales (2), fija las cantidades de atún rojo que los buques pesqueros y las almadrabas de la Unión Europea pueden pescar en 2013 en el océano Atlántico, al este del meridiano 45° O, y en el mar Mediterráneo.

(2)

El Reglamento (CE) no 302/2009 del Consejo, de 6 de abril de 2009, por el que se establece un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo, se modifica el Reglamento (CE) no 43/2009 y se deroga el Reglamento (CE) no 1559/2007 (3), exige que los Estados miembros comuniquen a la Comisión la cuota asignada a cada uno de sus buques de más de 24 metros. En el caso de los buques de captura de menos de 24 metros y de las almadrabas, los Estados miembros deben notificar a la Comisión al menos la cuota asignada a las organizaciones de productores o a los grupos de buques que faenan con artes similares.

(3)

La política pesquera común tiene por objeto garantizar la viabilidad del sector pesquero a largo plazo a través de la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos sobre la base del principio de precaución.

(4)

De conformidad con el artículo 36, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo, cuando la Comisión, basándose en la información que deben proporcionar los Estados miembros y en otros datos que obren en su poder, considere que se han agotado las posibilidades de pesca de la Unión Europea, de un Estado miembro o de un grupo de Estados miembros para uno o más artes o flotas, debe informar de ello a los Estados miembros interesados y prohibir las actividades pesqueras para la zona, el arte de pesca, la población o el grupo de poblaciones de que se trate o para la flota dedicada a esas actividades pesqueras concretas.

(5)

La información que obra en poder de la Comisión indica que las posibilidades de pesca de atún rojo en el océano Atlántico, al este del meridiano 45° O, y en el mar Mediterráneo asignadas a los cerqueros con pabellón o matrícula de Francia, Grecia, Italia, Malta y España están agotadas.

(6)

Los días 3, 5, 8 y 17 de junio, Francia informó a la Comisión de que había ordenado la paralización de las actividades pesqueras de sus diecisiete cerqueros activos en la pesquería de atún rojo de 2013 con efectos al 3 de junio para diez de ellos, al 5 de junio para otros cuatro, al 8 de junio para otros dos, y al 17 de junio para el buque restante, con lo que quedaron prohibidas todas las actividades a partir de las 17:22 horas del 17 de junio de 2013.

(7)

El día 3 de junio, Grecia informó a la Comisión de que había ordenado la paralización de las actividades pesqueras de su cerquero activo en la pesquería de atún rojo de 2013 con efectos a las 8:00 horas del 3 de junio de 2013.

(8)

El día 13 de junio, Italia informó a la Comisión de que había ordenado la paralización de las actividades pesqueras de sus doce cerqueros activos en la pesquería de atún rojo de 2013 con efectos al 5 de junio para cuatro de ellos, al 6 de junio para otros cuatro, al 9 de junio para otros tres, y al 13 de junio para el buque restante, con lo que quedaron prohibidas todas las actividades a partir de las 15:27 horas del 13 de junio de 2013.

(9)

El día 8 de junio, Malta informó a la Comisión de que había ordenado la paralización de las actividades pesqueras de su cerquero activo en la pesquería de atún rojo de 2013 con efectos a las 21:56 horas del 8 de junio de 2013.

(10)

Los días 3 y 17 de junio, España informó a la Comisión de que había ordenado la paralización de las actividades pesqueras de sus seis cerqueros activos en la pesquería de atún rojo de 2013 con efectos al 3 de junio para cinco de ellos y al 17 de junio para el buque restante, con lo que quedaron prohibidas todas las actividades a partir de las 00:00 horas del 17 de junio de 2013.

(11)

Sin perjuicio de las medidas antes indicadas adoptadas por Francia, Grecia, Italia, Malta y España, es necesario que la Comisión confirme la prohibición de pescar atún rojo en el océano Atlántico, al este del meridiano 45° O, y en el Mar Mediterráneo por los cerqueros con pabellón o matrícula de los Estados miembros de la UE citados con efecto a partir de las 17:22 horas del 17 de junio de 2013, a más tardar, en el caso de Francia, a partir de las 8:00 horas del 3 de junio de 2013 en el caso de Grecia, a partir de las 15:27 horas del 13 de junio de 2013, a más tardar, en el caso de Italia, de las 21:56 horas del 8 de junio de 2013 en el caso de Malta, y de las 00:00 horas del 17 de junio, a más tardar, en el caso de España.

27.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 175/45

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

27.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 175/47

(1)

A petición de Portugal, el Consejo le concedió asistencia financiera el 17 de mayo de 2011 (Decisión de Ejecución 2011/344/UE (2)) en apoyo a un estricto programa de reformas económicas y financieras (en lo sucesivo «Programa») destinado a restablecer la confianza, recuperar el crecimiento económico sostenible, y preservar la estabilidad financiera de Portugal, de la zona del euro y de la Unión.

(2)

De conformidad con el artículo 3, apartado 10, de la Decisión de Ejecución 2011/344/UE, la Comisión, conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en concertación con el Banco Central Europeo (BCE), realizó la séptima evaluación de los progresos de las autoridades portuguesas en la aplicación de las medidas acordadas al amparo del Programa, entre el 25 de febrero y el 14 de marzo. Posteriormente, del 14 al 17 de abril y del 8 al 11 de mayo de 2013 se realizó una evaluación adicional de algunas medidas presupuestarias.

(3)

Sería conveniente una ampliación del plazo de vencimiento medio máximo de los préstamos de la Unión, ya que respaldaría los esfuerzos de Portugal para recobrar el pleno acceso al mercado y salir con éxito del Programa. Con el fin de sacar el máximo partido a la prolongación del plazo de vencimiento medio máximo del préstamo de la Unión, debe autorizarse a la Comisión a prolongar el vencimiento de tramos y cuotas.

(4)

El producto interior bruto (PIB) real disminuyó un 3,2 % en 2012, tras haberse registrado en el último trimestre del año una contracción de la actividad económica y del empleo de amplitud inesperada. Esta evolución requiere una revisión a la baja de las perspectivas económicas: ahora se prevé que el PIB real disminuirá un 2,3 % en 2013 debido a una situación heredada de 2012 más negativa de lo previsto, a una mayor contracción del consumo interno, como consecuencia de un desempleo mayor de lo previsto, y a unas peores perspectivas para la demanda externa. También se prevé que la recuperación económica sea más moderada de lo esperado anteriormente: el PIB real tocaría fondo en el segundo semestre del año y comenzaría a crecer en 2014 a una tasa anual del 0,6 %; en 2015, alcanzaría el 1,5 %. Se espera que la tasa de desempleo alcance un máximo en 2014 (18,5 % de la población activa).

(5)

El déficit de las administraciones públicas alcanzó el 6,4 % del PIB en 2012, cifra que es superior al objetivo del Programa (5 % del PIB). El déficit global estuvo afectado por una serie de grandes operaciones puntuales, cuyos efectos sobre el presupuesto no se conocían al realizarse la evaluación anterior. Estas operaciones incluyen la aportación de capital al banco estatal CGD (0,5 % del PIB), la recanalización a través del Estado de la conversión en acciones de los préstamos de los accionistas de Parpública a SAGESTAMO, dos empresas fuera de la esfera de las administraciones públicas (0,5 % del PIB), y las pérdidas de valor asociadas a la transferencia de activos de BPN (0,1 % del PIB). Por otra parte, tras consultar Eurostat, los ingresos procedentes de la venta de las concesiones de explotación de los principales aeropuertos de Portugal se trataron como una retirada de capital, no afectando, pues, al saldo presupuestario de las administraciones públicas, contrariamente a lo que el Gobierno había previsto en el presupuesto (0,7 % del PIB). Excluyendo del saldo presupuestario global los efectos de estos factores puntuales, el déficit de las administraciones públicas habría sido del 4,7 %, cifra inferior al objetivo. La limitación del déficit a este nivel planteaba problemas ya que los peores resultados en materia de ingresos, causados por factores macroeconómicos, debían compensarse con unos ahorros superiores a los presupuestados, particularmente en la masa salarial del sector público, el consumo intermedio y los créditos para nuevos proyectos de inversión.

(6)

Globalmente, el esfuerzo presupuestario en 2012, medido por la mejora del saldo estructural, alcanzó el 2,4 % del PIB y sigue la recomendación del Consejo, de 9 de octubre de 2012, con miras a poner fin a la situación de déficit público excesivo en Portugal. La mejora del saldo primario estructural fue incluso superior (2,7 % del PIB).

(7)

Teniendo en cuenta la evolución observada en 2012, el nuevo escenario presupuestario de referencia para 2013 supone que los menores ingresos y las mayores transferencias sociales en especie se trasladan al ejercicio siguiente, mientras que gran parte de los ahorros de gastos realizados en el último trimestre de 2012 se consideran no permanentes, lo que provoca una transferencia negativa equivalente aproximadamente al 0,4 % del PIB en 2013. Por otra parte, el significativo deterioro de las perspectivas macroeconómicas en 2013 redujo el escenario presupuestario de referencia en otro medio punto porcentual del PIB. A la luz de esta evolución, los objetivos presupuestarios, según se especifican en la quinta evaluación del Programa (4,5 % del PIB en 2013 y 2,5 % del PIB en 2014) ya no son viables. Al estimarse que el desvío escapa fundamentalmente al control del Gobierno, parece adecuado proceder a una revisión del ajuste presupuestario.

(8)

Por lo tanto, los objetivos de déficit se han ajustado al 5,5 % del PIB en 2013, el 4,0 % del PIB en 2014 y el 2,5 % del PIB en 2015. Esta senda presupuestaria se ha calibrado de nuevo con el fin de mantener un ajuste del saldo primario estructural próximo al 9 % durante el período 2011-2015, permitiendo al mismo tiempo el funcionamiento de los estabilizadores automáticos y teniendo en cuenta las limitaciones en materia de financiación y deuda así como los costes sociales del ajuste. Incluso con estos objetivos revisados, será necesaria una gran cantidad de medidas de saneamiento, de importe equivalente al 3,5 % del PIB en 2013 y el 2 % del PIB en 2014. El ajuste previsto durante el período del Programa se basa en una serie de medidas estructurales de gastos e ingresos. Se espera que el saneamiento prosiga más allá del período cubierto por el Programa con el fin de situar el déficit claramente por debajo del valor de referencia del 3 % en 2015 a más tardar.

(9)

La ley de presupuestos de 2013 incluía medidas discrecionales de carácter estructural equivalentes a algo menos del 3 % del PIB, tras haber contabilizado la restauración de una de las dos pagas extraordinarias de los empleados públicos y de una paga extraordinaria y el 10 % de la otra de los pensionistas, que habían sido suprimidas en 2012. Sin embargo, el 5 de abril de 2013, el Tribunal Constitucional se pronunció contra algunas de las disposiciones del presupuesto de 2013, tales como la supresión de una paga extraordinaria de los empleados públicos y del 90 % de una de las dos pagas extraordinarias de los pensionistas y la aplicación de una nueva sobretasa sobre las prestaciones de desempleo y por enfermedad, creando así un déficit presupuestario equivalente al 0,8 % del PIB. Para cerrar esta brecha y respaldar los ajustes presupuestarios necesarios en 2014 y 2015, el Gobierno adoptó en abril y mayo un conjunto de medidas permanentes de reducción del gasto que podrían generar en 2013-2014 un importe acumulado de 4 700 millones EUR, equivalente al 2,8 % del PIB (algunas de estas medidas, equivalentes al 0,8 % del PIB, se adelantarán a 2013). En 2014, se restablecerá el equilibrio entre el saneamiento basado en la obtención de ingresos y el basado en la reducción de gastos.

(10)

Asimismo, como consecuencia del pleno restablecimiento de las dos pagas extraordinarias de los empleados públicos y de los pensionistas, los aumentos de ingresos representarán más de dos terceras partes del esfuerzo global de saneamiento presupuestario en 2013, mientras que los recortes de los gastos representarán menos de una tercera parte, lo que es contrario a la intención inicial de centrar el saneamiento en una reducción de los gastos.

(11)

En 2013, las medidas de ingresos incluyen una reestructuración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, un recargo del 3,5 % sobre la parte de la renta imponible que excede del salario mínimo, una sobretasa de solidaridad aplicada a las rentas más altas, la ampliación de la base imponible y otras modificaciones del impuesto de sociedades con efectos positivos sobre los ingresos, un aumento de los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol y el gas natural, una ampliación de la base del impuesto sobre bienes inmuebles tras la revaluación de estos, y una contribución de solidaridad extraordinaria aplicable a las pensiones para afrontar los retos que el envejecimiento de la población plantea a la sociedad. Por el lado de los gastos, las medidas contemplan una considerable reducción de la masa salarial del sector público, optimizando la asignación de recursos y redimensionando los efectivos del sector público, y reduciendo el pago de las horas extraordinarias, las prestaciones sociales complementarias y la remuneración durante los períodos de licencia especial. Entre otras medidas de reducción del gasto cabe citar la continuación de los esfuerzos de racionalización del sector sanitario, la racionalización de las prestaciones sociales y una mejor orientación del apoyo social, la reducción del consumo intermedio de todos los ministerios, y la realización de ahorros derivados de la renegociación de los contratos de asociación publico-privada y de nuevos esfuerzos de reestructuración de las empresas estatales. Algunos de los ahorros previstos se derivarán de una anticipación de las medidas establecidas en el marco del examen del gasto público.

(12)

Además de las medidas mencionadas, que son de carácter permanente, el Gobierno también adoptará medidas no permanentes, en particular mediante la transferencia de los recursos del Fondo de Cohesión de proyectos menos maduros a proyectos más avanzados, y una nueva reducción de los gastos de capital (Programa Polis).

(13)

Además de las medidas de saneamiento incluidas en el presupuesto suplementario, el resto de modificaciones y propuestas legislativas requeridas para aplicar las reformas derivadas del examen del gasto público serán adoptadas por el Gobierno o sometidas al Parlamento, según proceda, antes de que finalice el período de sesiones legislativas, a mediados de julio de 2013.

(14)

Para 2014, el ajuste presupuestario se basará en el examen del gasto público que el Gobierno ha realizado en los últimos meses, e incluye medidas de reducción permanente del gasto equivalentes al 2 % del PIB. Los principales efectos de las medidas derivadas del examen del gasto público se articulan en torno a tres ejes fundamentales: 1) reducción de la masa salarial del sector público, 2) reducción de las pensiones, y 3) recortes de los gastos sectoriales en todos los ministerios y programas. Las medidas basadas en el examen del gasto público forman parte de un esfuerzo más amplio de reforma de la Administración estatal con el objetivo de aumentar la equidad y la eficiencia en las transferencias sociales y en la prestación de servicios públicos. La reducción de la masa salarial en 2014 está encaminada a disminuir el volumen de empleo público, modificando al mismo tiempo su composición hacia empleos más cualificados, a alinear las normas laborales del sector público con las del sector privado y a hacer la política de remuneración más transparente y más basada en el mérito. Entre las reformas específicas cabe citar: la transformación del régimen de movilidad especial en un programa de recualificación, alineando el horario laboral del sector público con el del sector privado (esto es, aumento del horario laboral semanal de 35 a 40 horas), la introducción de un banco de horas, la reducción de las vacaciones, la aplicación de un régimen de cese voluntario (con un coste puntual inicial que se estima en aproximadamente el 0,3 % del PIB) y la introducción de una escala única de salarios y complementos. Una reforma global del régimen de pensiones generará otra importante parte de ahorros y se basará en los principios de equidad y progresividad en materia de rentas, protegiendo las pensiones más bajas. En concreto, las reformas tenderán a reducir las diferencias existentes entre el régimen de los funcionarios (CGA) y el régimen general, aumentando la edad legal de jubilación mediante cambios en el factor de sostenibilidad demográfica e introduciendo, en caso de ser estrictamente necesario, una contribución progresiva con fines de sostenibilidad. Por último, se aumentarán los ahorros en el consumo intermedio y en los programas de gasto de todos los ministerios.

(15)

En vista de los riesgos políticos y jurídicos del proceso de aplicación, algunas de las medidas basadas en el examen del gasto público podrán sustituirse parcial o totalmente por otras de importancia y calidad equivalentes durante el proceso actual de consulta con los interlocutores sociales y políticos.

(16)

El proceso de ajuste presupuestario está acompañado de una serie de medidas fiscales de carácter estructural encaminadas a reforzar el control del gasto público y mejorar la obtención de ingresos. En particular, una reforma global del marco presupuestario, a nivel de la Administración central y de las administraciones regionales y locales, está alineando dicho marco con las mejores prácticas en materia de procedimiento presupuestario y gestión presupuestaria. Con el fin de incorporar el marco reforzado de gobernanza presupuestaria de la Unión, se modificó la Ley marco de presupuestos mediante la incorporación en el Derecho nacional de los requisitos establecidos en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria y en el paquete de gobernanza económica conocido como «six-pack». El nuevo sistema de control de los compromisos está dando resultados, pero debe realizarse un seguimiento estrecho de su aplicación a fin de garantizar que los compromisos estén en consonancia con la financiación. Proseguirán las reformas de la administración pública con una importante racionalización del empleo público y de las entidades públicas. Prosiguen los avances en el programa de reformas de la administración de los ingresos y las autoridades están reforzando la supervisión y el rigor en materia de ingresos. Ha comenzado la renegociación de las asociaciones público-privadas y se prevén ahorros significativos para 2013 y años posteriores. Las empresas estatales llegaron por término medio a un equilibrio operativo a final de 2012 y se prevé seguir mejorando los resultados mediante reformas adicionales encaminadas a un aumento de la eficiencia. Las reformas del sector sanitario están produciendo ahorros significativos y su ejecución se prosigue cumpliendo globalmente los objetivos.

(17)

Teniendo en cuenta las previsiones actuales de la Comisión relativas al crecimiento del PIB nominal (-1,0 % en 2013, 1,6 % en 2014 y 3,3 % en 2015) y al déficit de las administraciones públicas (el 5,5 % del PIB en 2013, el 4,0 % del PIB en 2014 y el 2,5 % del PIB en 2015), la evolución del ratio deuda/PIB sería la siguiente: el 122,9 % del PIB en 2013, el 124,2 % del PIB en 2014 y el 123,1 % del PIB en 2015. Por consiguiente, dicho ratio iniciaría una tendencia decreciente a partir de 2014, suponiendo que prosiga la reducción del déficit. La dinámica de la deuda se ve afectada por varias operaciones extrapresupuestarias —entre las que figuran importantes adquisiciones de activos financieros destinadas especialmente a la eventual recapitalización de bancos y a la financiación de empresas públicas—, así como por las diferencias entre intereses devengados e intereses pagados.

(18)

En 2012, la operación de ampliación del capital finalizó y permitió a los bancos participantes cumplir las reservas reglamentarias de capital establecidas por la Autoridad Bancaria Europea, así como el objetivo para el final del año 2012 consistente en un ratio de capital de nivel 1 ordinario del 10 %, que ya se cumplió a mediados de 2012. Probablemente se cumplirá el objetivo indicativo del 120 % para el ratio préstamos/depósitos en 2014 a más tardar, situándose algunos bancos por debajo de este límite ya a finales de 2012. Se están intensificando los esfuerzos para diversificar las fuentes de financiación del sector empresarial. Se están evaluando las posibilidades de mejorar la eficiencia y la gobernanza de las líneas de crédito financiadas con fondos públicos existentes. Se están analizando los planes de rescate de los bancos y se están elaborando planes de resolución.

(19)

Se han realizado nuevos avances en la aplicación de reformas estructurales favorables al crecimiento y la competitividad. Además de reforzar las políticas activas del mercado de trabajo, las autoridades han adoptado una reforma global de este mercado. Con miras a fomentar la flexibilidad del mismo y la creación de empleo, el nuevo marco jurídico reduce las indemnizaciones por despido, flexibiliza las condiciones de los despidos procedentes, aumenta la flexibilidad del horario laboral, acrecienta las posibilidades de negociación a nivel de empresa y revisa los sistemas de prestaciones del seguro de desempleo para reforzar los incentivos a una rápida vuelta al trabajo, al mismo tiempo que se garantiza un nivel de protección suficiente. La ejecución de los planes de acción en los ámbitos de la enseñanza secundaria y la formación profesional están avanzando globalmente según el calendario previsto.

(20)

Está progresando a buen ritmo la aplicación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (3), encaminada a reducir las barreras de entrada y fomentar la competencia y la actividad económica facilitando el acceso de nuevos operadores al mercado en los distintos regímenes económicos. Se va a presentar al Parlamento una ley marco que establecerá los principios fundamentales de funcionamiento de las principales autoridades nacionales de regulación, dotándolas de un alto nivel de independencia y autonomía. Se han logrado avances significativos en la transposición del tercer paquete de medidas en el sector de la energía, y está teniendo lugar la reducción del déficit tarifario del suministro eléctrico para garantizar la sostenibilidad del sistema. Los procedimientos de concesión de licencias y otras cargas administrativas también se están simplificando en distintos sectores económicos, tales como el medio ambiente y la ordenación territorial, la agricultura y el desarrollo rural, la industria, el turismo y la geología.

(21)

En noviembre de 2012 entró en vigor una reforma global del mercado del alquiler de viviendas que debería dinamizar el sector inmobiliario. Las reformas del sistema judicial están progresando conforme al calendario previsto. Se han logrado avances en la reducción del volumen de asuntos pendientes y en reformas de más envergadura, tales como la reorganización geográfica de los partidos judiciales y la reforma del código de procedimiento civil.

(22)

A la luz de lo expuesto, procede modificar la Decisión de Ejecución 2011/344/UE.

1)

El artículo 1 se modifica como sigue:

2)

El artículo 3 se modifica como sigue:

27.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 175/54

(1)

Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

(2)

El mandato de los auditores externos del BCE ha expirado tras la auditoría del ejercicio de 2012. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2013.