(1)

Es necesario establecer normas detalladas sobre los elementos mínimos que deben incluirse en un plan de reorganización de actividades para su aprobación y sobre el contenido mínimo de los informes elaborados en caso de reorganización de las entidades y sociedades a las que se aplican las disposiciones de la Directiva 2014/59/UE.

(2)

Las directrices y comunicaciones adoptadas por la Comisión en relación con la evaluación de la conformidad con el marco de ayudas estatales de la Unión relativas a la reestructuración de empresas en crisis en el sector financiero, con arreglo al artículo 107, apartado 3, del Tratado, pueden servir de referencia para la elaboración del plan de reorganización de actividades, aun en el caso de que no se hayan concedido ayudas estatales, puesto que estas comparten con el plan de reorganización de actividades el objetivo de restablecer la viabilidad a largo plazo de la entidad o sociedad.

(3)

Los planes de reorganización de actividades deben poder utilizar la información contenida en el plan de recuperación y el plan de resolución, en la medida en que dicha información siga siendo pertinente para el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo de una entidad o sociedad de las contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de la Directiva 2014/59/UE, y teniendo en cuenta la aplicación del instrumento de recapitalización interna.

(4)

La reestructuración de las entidades o sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de la Directiva 2014/59/UE y sus actividades posteriores a la aplicación del instrumento de recapitalización interna debe abordar los motivos de su inviabilidad. La estrategia de reorganización debe basarse, por tanto, en los factores que causaron el inicio de la resolución de la entidad o sociedad. Esta estrategia también puede tener en cuenta las medidas de prevención y gestión de crisis adoptadas y aplicadas por la autoridad competente o la autoridad de resolución. El origen y la amplitud de las dificultades experimentadas por dicha entidad o sociedad pueden ilustrarse mediante la inclusión de información sobre el cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios y prudenciales con anterioridad a la resolución.

(5)

A pesar de que la inviabilidad de una entidad o sociedad de las contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), de la Directiva 2014/59/UE puede haber sido causada por unos motivos determinados, dicha entidad o sociedad puede haber adolecido de otras deficiencias no responsables de su inviabilidad pero que podrían comprometer su viabilidad a largo plazo. La reorganización debe abordar todo tipo de deficiencias. Una estrategia de reorganización adecuada solo debe aplicarse tras haber procedido a un análisis exhaustivo de la entidad o sociedad en cuestión, de sus puntos fuertes y débiles, de los mercados de referencia en los que dicha entidad o sociedad opere y de los riesgos y oportunidades que presenta. Para que un plan de reorganización de actividades sea considerado fiable por la autoridad de resolución y la autoridad competente, debe restablecer la viabilidad a largo plazo de la entidad basándose en hipótesis prudentes.

(6)

El restablecimiento de la viabilidad a largo plazo de una entidad o sociedad de las contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), de la Directiva 2014/59/UE a raíz de la resolución significa que, a más tardar al término del período de reorganización, la entidad o sociedad es capaz de llevar a cabo su proceso de evaluación de la adecuación del capital interno y cumplir todos los requisitos prudenciales y de otro tipo pertinentes con carácter prospectivo, y que dispone de un modelo de negocio viable que es también sostenible a largo plazo.

(7)

Debe facilitarse a la autoridad de resolución y a la autoridad competente información suficientemente detallada para evaluar el plan de reorganización de actividades y supervisar su aplicación. La obligación de facilitar dicha información debe tener en cuenta su pertinencia para la estructura corporativa de las entidades o sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), de la Directiva 2014/59/UE, y para la reorganización y su fiabilidad, especialmente en caso de crisis sistémica.

(8)

Las fluctuaciones son inherentes al ciclo económico. Cualquier plan de reorganización de actividades debe, por tanto, ser objeto de análisis de escenarios alternativos, con las oportunas modificaciones de las principales hipótesis de base. Aunque la viabilidad a largo plazo debe restablecerse en cualquier escenario, el desarrollo de estrategias de reorganización alternativas completas ocasionaría costes desproporcionados para una entidad o sociedad de las contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), de la Directiva 2014/59/UE, mientras que los escenarios alternativos deberían, en principio, ser menos probables que el escenario de base.

(9)

El plan de reorganización de actividades debe permitir a la autoridad de resolución y a la autoridad competente evaluar su impacto en la consecución de los objetivos de la resolución y, en particular, garantizar la continuidad de las funciones esenciales y evitar un efecto adverso significativo en el sistema financiero.

(10)

La frecuencia y nivel de detalle del seguimiento de la ejecución del plan de reorganización de actividades debe permitir detectar en una fase temprana cualquier desviación u otras dificultades. La comunicación trimestral de datos y resultados es un método común en el sector financiero y permite esa detección rápida. El plan de reorganización de actividades también debe prever ajustes de los hitos o medidas inicialmente previstos en él, cuando las circunstancias los justifiquen.

(11)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a la Comisión.

(12)

La ABE ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector Bancario establecido de conformidad con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(1)

La Directiva 2014/59/UE encomienda a las autoridades de resolución la facultad de amortizar y convertir los pasivos de una entidad objeto de resolución.

(2)

Los contratos de derivados pueden representar una parte significativa de la estructura de pasivo de determinadas entidades de crédito. Sin embargo, la valoración de estos contratos es un proceso complejo, dado que su valor está vinculado al valor de los instrumentos, activos o empresas subyacentes, que evoluciona con el tiempo y únicamente se materializa a su vencimiento o en el momento de su liquidación.

(3)

La experiencia demuestra que la complejidad de la valoración de los pasivos por derivados en caso de inviabilidad de una de las contrapartes puede dilatar el proceso de valoración, acarrear costes enormes y plantear litigios.

(4)

Además, la práctica pone de manifiesto que los contratos de derivados pueden contener diferentes metodologías para determinar el importe adeudado entre las contrapartes en el momento de la liquidación, y que algunos de ellos dejan la determinación del importe o la fecha de liquidación, o ambos extremos, totalmente a la contraparte que no haya incurrido en impago.

(5)

En consecuencia, a fin de evitar el riesgo moral y de garantizar la eficiencia de las acciones de resolución, las autoridades de resolución deben adoptar y aplicar unos métodos apropiados para valorar los pasivos surgidos de contratos de derivados, dentro de un plazo que sea compatible con la rapidez del proceso de resolución y basándose en información objetiva y, cuando sea posible, fácilmente disponible. Es importante que el método de valoración establezca algunas disposiciones procedimentales sobre la comunicación de las decisiones de liquidación por parte de la autoridad de resolución, así como sobre la manera de obtener operaciones de sustitución de las contrapartes liquidadas.

(6)

Los contratos de derivados sujetos a un acuerdo de compensación por netting dan lugar a un único importe de liquidación en caso de finalización anticipada del contrato. El artículo 49 de la Directiva 2014/59/UE establece que el valor de estos contratos se determina en términos netos y de conformidad con las condiciones del acuerdo. La autoridad de resolución o el valorador independiente deben respetar, por tanto, los conjuntos de operaciones compensables definidos en los acuerdos de compensación por netting sin poder seleccionar determinados contratos y excluir a otros.

(7)

De conformidad con el artículo 49 de la Directiva 2014/59/UE, el valor de los contratos de derivados lo determinan la autoridad de resolución o un valorador independiente en el marco del proceso de valoración llevado a cabo de conformidad con el artículo 36 de dicha Directiva. Por lo que respecta a los pasivos por derivados, el proceso de valoración debe tener como objetivo hacer una valoración pronta y ex ante a efectos de recapitalización interna y, al mismo tiempo, permitir a la autoridad de resolución la flexibilidad adecuada para proceder a un ajuste a posteriori de los importes de los créditos.

(8)

La evaluación de si conviene recapitalizar o excluir los pasivos por derivados del ámbito de la recapitalización interna de conformidad con el artículo 44, apartado 3, de la Directiva 2014/59/UE debe hacerse antes de la decisión de liquidación, en el marco del proceso de valoración en virtud del artículo 36 de dicha Directiva.

(9)

La valoración de los pasivos por derivados debe permitir a las autoridades de resolución evaluar, antes de tomar una decisión de liquidación, el importe potencial al que podrían recapitalizarse dichos pasivos a raíz de la liquidación, así como la destrucción de valor que pudiera producirse como consecuencia de la liquidación.

(10)

La liquidación de contratos de derivados puede generar pérdidas adicionales que no queden reflejadas en la valoración en condiciones de continuidad de explotación, derivadas, por ejemplo, de los costes de sustitución reales en que incurra la contraparte, que vendrían a sumarse a los costes de liquidación a cargo de la entidad objeto de resolución, o de los costes en que incurra la entidad objeto de resolución al reanudar las operaciones sobre exposiciones sujetas al riesgo de mercado abierto resultante de la liquidación. Si las pérdidas sufridas o que se espera sufrir a raíz de la liquidación de los derivados excede de la parte de los pasivos correspondientes que estaría disponible efectivamente para la recapitalización interna, la pérdida excedente puede aumentar la carga de la recapitalización interna para otros acreedores de la entidad objeto de resolución. En tales casos, las pérdidas que soportarían los pasivos no surgidos de contratos de derivados en una recapitalización serían superiores a las que soportarían sin la liquidación y recapitalización interna de los contratos de derivados y, por lo tanto, la autoridad de resolución podría considerar la posibilidad de excluir los contratos de derivados de la recapitalización interna, de conformidad con el artículo 44, apartado 3, letra d), de la Directiva 2014/59/UE y con el Reglamento Delegado (UE) 2016/860 de la Comisión (2), adoptado en virtud del artículo 44, apartado 11, de dicha Directiva. Cualquier ejercicio de la competencia de recapitalización interna en relación con estos pasivos debe estar sujeto a las exenciones previstas en el artículo 44, apartado 2, de la Directiva 2014/59/UE y a las exclusiones discrecionales previstas en el artículo 44, apartado 3, de dicha Directiva, tal como se especifica en el Reglamento Delegado (UE) 2016/860.

(11)

Dado que se requiere una interpretación coherente de los apartados 3 y 4 del artículo 49 de la Directiva 2014/59/UE, deben especificarse los métodos y principios para la valoración de los derivados efectuada por valoradores independientes y por las autoridades de resolución.

(12)

Un método de valoración basado en costes de sustitución reales o hipotéticos para los pasivos liquidados daría resultados similares a la práctica predominante en el mercado y sería coherente con los principios que rigen la valoración requerida en virtud del artículo 74 de la Directiva 2014/59/UE, que tiene por objeto determinar si los accionistas y acreedores habrían recibido mejor trato si a la entidad objeto de resolución se le hubieran aplicado procedimientos de insolvencia ordinarios.

(13)

Al aplicar el método de valoración, la autoridad de resolución debe poder contar con distintas fuentes de datos, incluidas las facilitadas por la entidad objeto de resolución, las contrapartes o terceros. No obstante, es necesario establecer principios en relación con los tipos de datos que han de tomarse en consideración en el transcurso de la valoración, con el fin de garantizar una determinación objetiva del valor.

(14)

Las contrapartes de los contratos de derivados liquidados por las autoridades de resolución pueden elegir realizar una o varias operaciones de sustitución para sustituir su exposición en el momento de la liquidación. Dichas operaciones de sustitución deben constituir una fuente de datos privilegiada para la valoración, siempre que se realicen en unas condiciones razonables desde el punto de vista comercial en la fecha de liquidación o tan pronto como sea razonablemente posible a partir de ese momento. Por consiguiente, al notificar la decisión de liquidación, las autoridades de resolución deben brindar a las contrapartes la posibilidad de aportar la prueba de operaciones de sustitución razonables desde el punto de vista comercial dentro de un plazo coherente con el momento exacto previsto para la valoración. Cuando las contrapartes hayan aportado dicha prueba en el plazo establecido, el valorador debe determinar el importe de liquidación a los precios de dichas operaciones de sustitución. Si las contrapartes no hubieran aportado la prueba de operaciones de sustitución razonables desde el punto de vista comercial dentro del plazo previsto, las autoridades de resolución deben poder realizar su valoración sobre la base de la información de mercado disponible, por ejemplo los precios medios y los diferenciales comprador/vendedor, a fin de evaluar los costes de sustitución hipotéticos, es decir, las pérdidas o los costes en que se habría incurrido como resultado del restablecimiento de una cobertura o una posición de negociación conexa sobre una base de exposición al riesgo neta.

(15)

Los productos y mercados de derivados son muy heterogéneos y no es posible delimitar una práctica de mercado única para realizar operaciones de sustitución. Por consiguiente, el concepto de «operaciones de sustitución razonables desde el punto de vista comercial» debe definirse en sentido amplio, a fin de que el valorador pueda realizar la evaluación requerida en todos los contextos de mercado. Este concepto debe entenderse, por tanto, como una operación de sustitución que se realiza sobre una base de exposición al riesgo neteada, con arreglo a condiciones conformes a las prácticas comunes de mercado y realizando esfuerzos razonables para obtener la mayor optimización de costes. En particular, el valorador podría tener en cuenta, entre otros elementos, el número de agentes con los que se ha puesto en contacto la contraparte, el número de cotizaciones en firme obtenidas y si se ha elegido la cotización que ofrecía el mejor precio. La autoridad de resolución también debe estar en condiciones de precisar en la notificación de liquidación los criterios que va a aplicar en su evaluación.

(16)

La legislación de la Unión adoptada en los últimos años buscaba, en consonancia con las normas internacionales, potenciar la transparencia y la reducción del riesgo en el mercado de contratos de derivados estableciendo la compensación obligatoria a través de entidades de contrapartida central («ECC») para los derivados extrabursátiles normalizados, requisitos de valoración y de márgenes aplicables a los derivados compensados a través de ECC y a una amplia variedad de derivados extrabursátiles, y la notificación obligatoria a los registros de operaciones de todos los derivados extrabursátiles.

(17)

En el supuesto de que un miembro compensador de una ECC sea objeto de resolución, y la autoridad de resolución haya liquidado contratos de derivados con anterioridad a una recapitalización interna, ese miembro compensador se consideraría un miembro compensador incumplidor con respecto a la ECC en relación con el conjunto o los conjuntos de operaciones compensables concretos. Los procedimientos y mecanismos internos que rigen el incumplimiento de un miembro compensador («procedimientos de la ECC en caso de incumplimiento»), aplicados por las ECC a la luz de los requisitos del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), ofrecen una base fiable para determinar el valor del pasivo por derivados que surge en el conjunto de operaciones compensables a raíz de la liquidación, también en el contexto de la recapitalización interna en un proceso de resolución.

(18)

Los procedimientos de la ECC en caso de incumplimiento pueden durar varios días, o incluso más, tras el evento desencadenante. En el caso particular de la resolución, tener que esperar a la finalización de los procedimientos en caso de incumplimiento durante un período muy largo para poder fijar el valor de los derivados podría socavar el calendario y los objetivos de la resolución y dar lugar a perturbaciones innecesarias en los mercados financieros. Es necesario, por tanto, que la autoridad de resolución se ponga de acuerdo con la ECC y con la autoridad competente de la ECC sobre el plazo en el que debe determinarse el importe de finalización anticipada, teniendo en cuenta tanto las limitaciones de la ECC como las de la autoridad de resolución.

(19)

El importe de finalización anticipada determinado por la ECC de conformidad con sus procedimientos para la gestión de incumplimientos en el plazo acordado debe ser aprobado por el valorador. Si la ECC no determina este importe dentro del plazo acordado o no aplica sus procedimientos en caso de incumplimiento, la autoridad de resolución debe tener la posibilidad de utilizar sus propias estimaciones para determinarlo. La autoridad de resolución también debe estar en condiciones de aplicar una determinación provisional sobre la base de sus propias estimaciones, cuando dicha medida esté justificada por la urgencia del proceso de resolución y siempre que actualice su valoración al término del procedimiento de la ECC para la gestión de incumplimientos al expirar el plazo. La autoridad de resolución debe poder tomar en consideración la información facilitada por la ECC después del plazo indicado en la valoración definitiva a posteriori, si estuviera disponible en ese momento, y en todo caso cuando se efectúe la valoración de la diferencia de trato en virtud del artículo 74 de la Directiva 2014/59/UE. El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de los procedimientos de la ECC para la gestión de incumplimientos de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(20)

Las disposiciones que figuran en el presente Reglamento no deben afectar a los procedimientos internos de la ECC aplicables a la transferencia de los activos y posiciones establecidos entre un miembro compensador incumplidor y sus clientes, adoptados de conformidad con el artículo 48, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, y han de ser compatibles con cualesquiera otras disposiciones pertinentes o con las condiciones de autorización que pudieran afectar a la liquidación de los contratos de derivados correspondientes.

(21)

El momento exacto para la valoración de los contratos de derivados debe reflejar el principio de valoración que tiene en cuenta los costes de sustitución hipotéticos o reales en que incurran las contrapartes. Para que la valoración sea lo más precisa posible, debe realizarse en la fecha de liquidación o, si ello no fuera razonable desde el punto de vista comercial, el primer día y hora en que esté disponible un precio de mercado para el activo subyacente. En los casos en que el importe de finalización anticipada sea determinado por una ECC o se determine al precio de operaciones de sustitución, el momento exacto de referencia debe ser el de la determinación de la ECC o el de las operaciones de sustitución.

(22)

Si la autoridad de resolución, por la urgencia de las circunstancias del caso, decidiera efectuar una valoración provisional con arreglo al artículo 36, apartado 9, de la Directiva 2014/59/UE, la autoridad de resolución o el valorador deben tener la posibilidad, en el marco de dicha valoración provisional, de efectuar una determinación provisional del valor de los pasivos por derivados antes de ese momento exacto de referencia, sobre la base de las estimaciones del valor y los datos disponibles en ese momento. Cuando la autoridad de resolución emprenda una acción de resolución sobre la base de la valoración provisional, de conformidad con el artículo 36, apartado 12, de la Directiva 2014/59/UE, la evolución del mercado pertinente observada o las pruebas de operaciones de sustitución reales en el momento exacto de referencia quedarían reflejadas en una valoración provisional posterior o en la valoración final efectuada con arreglo al artículo 36, apartado 10, de dicha Directiva.

(23)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Bancaria Europea a la Comisión.

(24)

La Autoridad Bancaria Europea ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha consultado a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector Bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

a)

bien establecida en la Unión y autorizada de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 14 a 21 del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

b)

bien establecida en un tercer país y reconocida de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1098/2007 contiene disposiciones relativas al establecimiento de períodos de veda de la pesca del bacalao en el mar Báltico.

(2)

De conformidad con el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1098/2007, la Comisión puede excluir a las subdivisiones CIEM 27 y 28.2 de aplicar el período de veda si, durante el último período de presentación de informes, la cantidad de bacalao capturado en las subdivisiones CIEM 27 y 28.2 estuviese por debajo de un determinado umbral.

(3)

Teniendo en cuenta los informes presentados por los Estados miembros pertinentes y el dictamen del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca, se debe excluir a las subdivisiones CIEM 27 y 28.2 de aplicar el mencionado período de veda en 2016.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Pesca y Acuicultura.

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1)

La Decisión de Ejecución 2014/709/UE de la Comisión (4) establece medidas de control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros. En las partes I, II, III y IV del anexo de dicha Decisión de Ejecución se delimitan y enumeran ciertas zonas de tales Estados miembros, diferenciadas según el nivel de riesgo a partir de la situación epidemiológica. La lista incluye determinadas zonas de Polonia.

(2)

En agosto de 2016 se produjeron dos brotes de peste porcina africana en cerdos domésticos en el powiat bialski, en Polonia, en una zona que figura actualmente en la parte I del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE. La aparición de este brote, a lo que se añade el cambio reciente de la situación epidemiológica, representa un incremento del nivel de riesgo que debe tenerse en cuenta. Por consiguiente, determinadas zonas de Polonia que figuran en la parte I del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE deben incorporarse ahora a la lista de la parte III de dicho anexo.

(3)

La Comisión observa que existen varios nuevos brotes en cerdos domésticos que, a partir de las pruebas preliminares, podrían atribuirse a la actividad humana en lugar de a los jabalíes y que, por tanto, están cubiertos por una Decisión de la Comisión diferente. Una vez se hayan obtenido de Polonia pruebas de confirmación en relación con estos brotes, deben revisarse las medidas previstas en la Decisión mencionada para excluir el riesgo de propagación de la enfermedad en los jabalíes.

(4)

Al evaluar el riesgo zoosanitario que presenta esta situación en lo que respecta a la peste porcina africana en Polonia, debe tenerse en cuenta la evolución de la actual situación epidemiológica respecto a esta enfermedad en las poblaciones de jabalíes afectadas en la Unión. Con el fin de hacer más específicas las medidas de control zoosanitarias previstas en la Decisión de Ejecución 2014/709/UE y de impedir la propagación de la peste porcina africana, así como de evitar toda perturbación innecesaria del comercio dentro de la Unión y de impedir la introducción de barreras injustificadas al comercio por parte de terceros países, procede modificar la lista de la Unión de las zonas sujetas a las medidas de control zoosanitarias establecidas en el anexo de dicha Decisión de Ejecución con el fin de tener en cuenta los cambios en la actual situación epidemiológica de Polonia en relación con esta enfermedad.

(5)

Procede, por tanto, modificar el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

La peste porcina africana es una enfermedad vírica infecciosa que afecta a poblaciones de cerdos domésticos y jabalíes, y puede incidir gravemente en la rentabilidad de la ganadería porcina, perturbando el comercio interior de la Unión y las exportaciones a terceros países.

(2)

En caso de brote de peste porcina africana, existe el riesgo de que el agente patógeno se propague a otras explotaciones porcinas y a los jabalíes. En consecuencia, puede propagarse de un Estado miembro a otro, así como a terceros países, a través del comercio de porcinos vivos o de sus productos.

(3)

La Directiva 2002/60/CE del Consejo (3) fija las medidas mínimas que deben aplicarse en la Unión para combatir la peste porcina africana. El artículo 9 de la Directiva 2002/60/CE prevé, en caso de brotes de la citada enfermedad, el establecimiento de zonas de protección y vigilancia en las que han de aplicarse las medidas fijadas en los artículos 10 y 11 de dicha Directiva.

(4)

Polonia ha informado a la Comisión sobre la actual situación de la peste porcina clásica en su territorio y, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2002/60/CE, ha establecido zonas de protección y vigilancia en las que son aplicables las medidas mencionadas en los artículos 10 y 11 de dicha Directiva.

(5)

Para prevenir cualquier perturbación innecesaria del comercio interior de la Unión y evitar obstáculos injustificados al comercio por parte de terceros países, es necesario describir, en la Unión, las zonas que se han establecido como zonas de protección y vigilancia con respecto a la peste porcina africana en Polonia, en colaboración con dicho Estado miembro.

(6)

Por consiguiente, deben establecerse, en el anexo de la presente Decisión, las zonas identificadas como zonas de protección y vigilancia en Polonia, y debe fijarse la duración de esta regionalización.

(7)

En agosto de 2016 se produjeron seis brotes en cerdos domésticos en los powiat de Wysokomazowiecki, Zambrowski, Białostocki y Bielski. Teniendo en cuenta que Polonia proporciona pruebas preliminares de que estos brotes están vinculados con la actividad humana y que existen pruebas de que la peste porcina africana no está circulando entre la población de jabalíes en las zonas afectadas, se precisan unas medidas específicas y proporcionadas, teniendo asimismo en cuenta el hecho de que Polonia se compromete a aplicar medidas adicionales a nivel nacional para el control de los movimientos de los animales y de los mercados. Estas medidas deben consistir en la aplicación de las medidas establecidas en la Directiva 2002/60/CE, en particular con respecto a las limitaciones estrictas de los movimientos y el transporte de cerdos, tal como se prevé en los artículos 10 y 11 de dicha Directiva, en áreas que se agrupan en dos zonas coherentes, tal y como se describe en el anexo.

(8)

Con el fin de tener en cuenta la situación epidemiológica global y aplicar medidas adecuadas, también debe revisarse la Decisión de Ejecución 2014/709/UE de la Comisión (4). Una vez se obtengan pruebas de confirmación de Polonia en relación con los brotes descritos más arriba, también deberán revisarse las medidas previstas en dicha Decisión de Ejecución a fin de excluir el riesgo de propagación de la enfermedad en los jabalíes.

(9)

La Decisión de Ejecución (UE) 2016/1367 de la Comisión (5) establece determinadas medidas de protección en relación con la peste porcina africana en Polonia. Desde su adopción, la situación epidemiológica de esta enfermedad ha cambiado y deben adaptarse las medidas. En aras de la claridad, procede, por tanto, derogar la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1367 y sustituirla por la presente Decisión.

(10)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.