17.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 344/1

(1)

En los últimos veinte años se han logrado grandes avances en la Unión en relación con las emisiones atmosféricas antropogénicas y la calidad del aire, en particular gracias a una política de la Unión específica, dentro de la que se inscribe la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2005, titulada «Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica» (en lo sucesivo, «ETCA»). La Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) ha sido decisiva a este respecto al fijar límites máximos para las emisiones anuales totales de los Estados miembros a partir de 2010 correspondientes al dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) y el amoníaco (NH3). A causa de ello, entre 1990 y 2010 las emisiones de dióxido de azufre se redujeron en un 82 %, las de óxidos de nitrógeno en un 47 %, las de compuestos orgánicos volátiles no metánicos en un 56 % y las de amoníaco en un 28 % en la Unión. No obstante, como se indica en la Comunicación de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, titulada «Aire Puro para Europa» (en lo sucesivo, «ETCA revisada»), sigue habiendo importantes efectos negativos y riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

(2)

El Séptimo Programa de Medio Ambiente (5) confirma el objetivo a largo plazo de la Unión sobre calidad del aire de alcanzar unos niveles de calidad del aire tales que no haya importantes efectos negativos y riesgos para la salud humana o el medio ambiente y, a tal fin, insta a que se cumplan plenamente la legislación de la Unión vigente sobre calidad del aire y los objetivos y acciones estratégicos para después de 2020, a que se redoblen esfuerzos en las zonas en las que la población y los ecosistemas están expuestos a niveles elevados de contaminantes atmosféricos y a que se refuercen las sinergias entre la legislación sobre calidad del aire y los objetivos estratégicos que se ha marcado la Unión, en particular en materia de cambio climático y biodiversidad.

(3)

La ETCA revisada establece nuevos objetivos estratégicos para el período que concluye en 2030, con el fin de avanzar hacia el objetivo de la Unión a largo plazo sobre calidad del aire.

(4)

Los Estados miembros y la Unión están en proceso de ratificación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Convenio de Minamata sobre el mercurio de 2013, que persigue proteger la salud humana y el medio ambiente mediante la reducción de las emisiones de mercurio procedentes de fuentes nuevas o ya existentes con el fin de que entre en vigor en 2017. Las emisiones comunicadas de ese contaminante deben seguir siendo objeto de examen por parte de la Comisión.

(5)

Los Estados miembros y la Unión son Partes en el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (en lo sucesivo, «Convenio LRTAP», por sus siglas en inglés de Long-Range Transboundary Air Pollution) y en varios de sus Protocolos, en particular el Protocolo de 1999 relativo a la reducción de la acidificación, de la eutrofización y del ozono troposférico, que fue revisado en 2012 (en lo sucesivo, «Protocolo de Gotemburgo revisado»).

(6)

Para 2020 y después, el Protocolo de Gotemburgo revisado establece para cada una de las Partes, tomando 2005 como año de referencia, nuevos compromisos de reducción de las emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles no metánicos y partículas finas, promueve la reducción de las emisiones de carbono negro e insta a recoger y conservar información sobre los efectos nocivos de la concentración y deposición de contaminantes atmosféricos en la salud humana y el medio ambiente, así como a participar en programas en el marco del Convenio LRTAP centrados en los efectos.

(7)

El régimen de techos nacionales de emisión establecido por la Directiva 2001/81/CE debe por lo tanto revisarse para adaptarlo a los compromisos internacionales de la Unión y los Estados miembros. A tal efecto, en la presente Directiva los compromisos nacionales de reducción de emisiones para cualquier año, de 2020 a 2029, son idénticos a los del Protocolo de Gotemburgo revisado.

(8)

Los Estados miembros deben aplicar la presente Directiva de manera que contribuya efectivamente a que se alcance el objetivo a largo plazo de la Unión en materia de calidad del aire, tal como se ve respaldado por las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como los objetivos de la Unión sobre protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, reduciéndose los niveles y la deposición y de contaminantes atmosféricos acidificantes y eutrofizantes, así como del ozono, por debajo de las cargas y niveles críticos fijados por el Convenio LRTAP.

(9)

La presente Directiva debe contribuir asimismo a la alcanzar, de modo eficiente en términos de costes, los objetivos de calidad del aire establecidos en la legislación de la Unión y a mitigar los efectos del cambio climático, además de a mejorar la calidad del aire a nivel mundial y a mejorar las sinergias con las políticas de la Unión en materia de clima y energía, a la vez que se evitan duplicidades en la legislación de la Unión vigente.

(10)

La presente Directiva también ha de contribuir a reducir los costes que la contaminación atmosférica en la Unión ocasiona en el ámbito de la salud, al mejorar el bienestar de los ciudadanos de la Unión, así como a favorecer la transición a una economía verde.

(11)

La presente Directiva debería contribuir a la reducción progresiva de la contaminación atmosférica al añadirse a las reducciones logradas mediante la legislación de la Unión dirigida a controlar la contaminación atmosférica en la fuente por emisiones de determinadas sustancias.

(12)

La legislación de la Unión dirigida a controlar la contaminación atmosférica en la fuente debe lograr de forma efectiva las reducciones de emisiones esperadas. Identificar y dar respuesta en una fase temprana a una legislación ineficaz de la Unión dirigida a controlar la contaminación atmosférica en la fuente resulta fundamental para alcanzar objetivos de calidad del aire más amplios, como demuestra la discrepancia entre las emisiones reales y las emisiones en ensayos de óxidos de nitrógeno de los automóviles diésel EURO 6.

(13)

Los Estados miembros deben cumplir los compromisos de reducción de emisiones establecidos en la presente Directiva desde 2020 a 2029 y a partir de 2030. Para garantizar avances demostrables hacia la consecución de los compromisos de 2030, los Estados miembros deben determinar en 2025 unos niveles indicativos de emisión que sean técnicamente viables y no supongan costes desproporcionados, y deben procurar cumplir esos niveles. En caso de que no puedan limitarse las emisiones de 2025 según la trayectoria de reducción determinada, los Estados miembros deben explicar las razones para apartarse de esta, así como las medidas que los devolverían a su trayectoria, en los siguientes informes que deban preparar con arreglo a la presente Directiva.

(14)

Los compromisos nacionales de reducción de emisiones que contempla la presente Directiva a partir de 2030 se basan en las posibilidades estimadas de reducción de cada Estado miembro contenidas en el informe ETCA n.o 16 de enero de 2015 (en lo sucesivo, «ETCA 16»), en el examen técnico de las diferencias existentes entre las estimaciones nacionales y las del ETCA 16, así como en el objetivo político de mantener la reducción general de los efectos en la salud para 2030, en comparación con 2005, lo más cerca posible de la propuesta original de la Comisión para la presente Directiva. Para mejorar la transparencia, la Comisión debe publicar los supuestos subyacentes empleados en la ETCA 16.

(15)

El cumplimiento de los compromisos nacionales de reducción de emisiones debe valorarse en referencia a la situación metodológica específica en el momento en que se haya contraído el compromiso.

(16)

Los requisitos relativos a los informes, así como los compromisos de reducción de emisiones, deben basarse en el consumo nacional de energía y en las ventas de combustibles. Con todo, algunos Estados miembros pueden optar, en virtud del Convenio LRTAP, por utilizar su total nacional de emisiones, calculado en función de los combustibles utilizados en el sector de los transportes por carretera como base para el cumplimiento. Esa opción debe mantenerse en la presente Directiva a fin de garantizar la coherencia entre el Derecho internacional y de la Unión.

(17)

Para paliar alguna de las incertidumbres inherentes a contraer compromisos nacionales de reducción de emisiones, el Protocolo de Gotemburgo revisado incluye mecanismos de flexibilidad que deben incorporarse a la presente Directiva. En particular, el Protocolo de Gotemburgo revisado establece un mecanismo para ajustar los inventarios nacionales de emisiones y promediar las emisiones nacionales anuales durante un período máximo de tres años cuando se cumplan determinadas condiciones. Además, deben establecerse mecanismos de flexibilidad en la presente Directiva cuando esta imponga un compromiso de reducción que supere la reducción de emisiones eficiente en términos de costes determinada en la ETCA 16 y también con objeto de ayudar a los Estados miembros en caso de acontecimientos súbitos y excepcionales relacionados con la generación o el suministro de energía, siempre que se cumplan determinadas condiciones. La Comisión debe hacer un seguimiento de la utilización de esos mecanismos de flexibilidad, teniendo en cuenta las orientaciones elaboradas en virtud del Convenio LRTAP. A efectos de evaluar las solicitudes de ajuste, debe considerarse que los compromisos de reducción de emisiones para el período entre 2020 y 2029 se han fijado a 4 de mayo de 2012, fecha en que se revisó el Protocolo de Gotemburgo.

(18)

Cada Estado miembro debe elaborar, adoptar y aplicar un programa nacional de control de la contaminación atmosférica con el fin de cumplir sus compromisos de reducción de emisiones y contribuir efectivamente a la consecución de los objetivos de calidad del aire. A tal fin, los Estados miembros deben tener en cuenta la necesidad de reducir las emisiones, en particular de óxidos de nitrógeno y partículas finas, en las zonas y aglomeraciones afectadas por concentraciones excesivas de contaminantes atmosféricos y/o en aquellas que contribuyen significativamente a la contaminación atmosférica de otras zonas y aglomeraciones, incluso en los países vecinos. Los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica deben, a tal fin, contribuir a la aplicación satisfactoria de los planes de calidad del aire establecidos en virtud del artículo 23 de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(19)

Con el fin de reducir las emisiones procedentes de fuentes antropogénicas, los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica deben considerar las medidas aplicables a todos los sectores pertinentes, incluyéndose la agricultura, la energía, la industria, el transporte por carretera, el transporte por vías navegables, la calefacción doméstica y la utilización de máquinas móviles no de carretera y disolventes. No obstante, los Estados miembros deben poder decidir qué medidas adoptar para cumplir los compromisos de reducción de emisiones establecidos en la presente Directiva.

(20)

Al elaborar los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica, los Estados miembros deben tener en cuenta las mejores prácticas para ocuparse, entre otros, de los contaminantes más nocivos dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva con respecto a grupos de población vulnerables.

(21)

La agricultura contribuye de forma importante a las emisiones atmosféricas de amoníaco y partículas finas. Para reducir esas emisiones, los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica deben incluir medidas aplicables al sector agrícola. Esas medidas deben ser eficaces en términos de costes y basarse en información y datos concretos, teniendo en cuenta los progresos científicos y las medidas previas adoptadas por los Estados miembros. La política agrícola común ofrece a los Estados miembros la posibilidad de contribuir a la calidad del aire con medidas específicas. Una futura evaluación facilitará una mejor comprensión de los efectos de esas medidas.

(22)

Debe lograrse una mejora de la calidad del aire con medidas proporcionadas. Al tomar las medidas que se vayan a incluir en los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica aplicables al sector agrícola, los Estados miembros deben asegurarse de que se tengan plenamente en cuenta sus repercusiones en las explotaciones agrícolas pequeñas de modo que se limiten en la mayor medida posible los costes adicionales.

(23)

Cuando determinadas medidas adoptadas en el marco de los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica dirigidas a evitar las emisiones en el sector agrícola puedan optar a una ayuda financiera, en particular las medidas en las explotaciones agrícolas que requieran cambios significativos de prácticas o inversiones importantes, la Comisión debe facilitar el acceso a dicha ayuda y a otros tipos de financiación disponible de la Unión.

(24)

Para reducir las emisiones, los Estados miembros deben considerar la posibilidad de apoyar el desplazamiento de las inversiones hacia tecnologías limpias y eficientes. La innovación puede contribuir a mejorar la sostenibilidad y a resolver los problemas en origen, mediante la mejora de las respuestas sectoriales a los desafíos relacionados con la calidad del aire.

(25)

Deben actualizarse periódicamente los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica, incluidos los análisis en los que se basa la elección de estrategias y medidas.

(26)

Para que los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica y cualquier actualización importante estén bien fundados, los Estados miembros deben someter esos programas y actualizaciones a consulta del público y de las autoridades competentes en todos los niveles y en todo momento cuando todavía estén abiertas todas las opciones respecto a medidas y estrategias. Los Estados miembros deben entablar consultas transfronterizas en los casos en que la aplicación de sus programas pueda afectar a la calidad del aire en otro Estado miembro o en un tercer país, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Derecho internacional y de la Unión, incluidos la Convención de la CEPE/ONU sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo de 1991 (en lo sucesivo, «Convención de Espoo») y su Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente de 2003.

(27)

La presente Directiva tiene por objetivo, entre otros, proteger la salud humana. Como ha recordado el Tribunal de Justicia en reiteradas ocasiones, resulta incompatible con el carácter vinculante que el artículo 288, párrafo tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reconoce a una directiva excluir, en principio, que la obligación que esta impone pueda ser invocada por las personas afectadas. Esa consideración es especialmente válida para una directiva cuyo objetivo es controlar y reducir la contaminación atmosférica y que pretende, en consecuencia, proteger la salud pública.

(28)

Los Estados miembros deben preparar y comunicar inventarios y proyecciones nacionales de emisiones, así como informes sobre los inventarios en relación con todos los contaminantes atmosféricos contemplados por la presente Directiva, lo cual debe permitir a la Unión cumplir las obligaciones en materia de presentación de información que le imponen el Convenio LRTAP y sus protocolos.

(29)

Para preservar una plena coherencia en el conjunto de la Unión, los Estados miembros deben velar por que los inventarios y proyecciones de emisiones nacionales, así como los informes sobre los inventarios que comuniquen a la Comisión concuerden totalmente con la información que presenten en el marco del Convenio LRTAP.

(30)

Con objeto de evaluar la efectividad de los compromisos nacionales de reducción de emisiones establecidos en la presente Directiva, los Estados miembros deben, además, realizar un seguimiento de los efectos de la contaminación atmosférica en los ecosistemas terrestres y acuáticos, y comunicar tales efectos. Para garantizar un planteamiento eficiente en términos de costes, los Estados miembros deben poder utilizar los indicadores optativos de seguimiento a que se refiere la presente Directiva, y han de coordinarse con otros programas de seguimiento establecidos con arreglo a Directivas relacionadas y, en su caso, el Convenio LRTAP.

(31)

Debe establecerse un Foro Europeo «Aire Puro» que reúna a todas las partes implicadas, incluidas las autoridades competentes de los Estados miembros en todos los niveles pertinentes, para intercambiar experiencias y buenas prácticas, en particular para realizar aportaciones a efectos de orientación y facilitar la aplicación coordinada de la legislación y las políticas de la Unión relacionadas con la mejora de la calidad del aire.

(32)

En consonancia con la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), los Estados miembros deben asegurar la difusión activa y sistemática de información por medios electrónicos.

(33)

Es necesario modificar la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8) con objeto de garantizar la coherencia de dicha Directiva con el Convenio de la CEPE/ONU sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente de 1998 (en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»).

(34)

A fin de tener en cuenta los avances técnicos e internacionales, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la modificación del anexo I, del anexo III, parte 2, y del anexo IV, para adaptarlos a los avances en el marco del Convenio LRTAP, y por lo que respecta a la modificación del anexo V, para adaptarlo al progreso técnico y científico y a los avances en el marco del Convenio LRTAP. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (9). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(35)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de los mecanismos de flexibilidad y de los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(36)

Los Estados miembros deben establecer el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales aprobadas al amparo de la presente Directiva y garantizar su ejecución. Tales sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(37)

Habida cuenta de la naturaleza y el alcance de las modificaciones que deben introducirse en la Directiva 2001/81/CE, esta debe ser sustituida para mejorar la seguridad jurídica, la claridad, la transparencia y la simplificación legislativa. Para garantizar la continuidad en la mejora de la calidad del aire, los Estados miembros deben cumplir los techos nacionales de emisión establecidos en la Directiva 2001/81/CE hasta que los nuevos compromisos nacionales de reducción de emisiones establecidos en la presente Directiva sean aplicables en 2020.

(38)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido al carácter transfronterizo de la contaminación atmosférica, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(39)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (11), en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.

a)

los objetivos de calidad del aire establecidos en la legislación de la Unión, y los avances hacia el objetivo a largo plazo de la Unión consistente en alcanzar niveles de calidad del aire en consonancia con las orientaciones sobre la calidad del aire publicadas por la Organización Mundial de la salud;

b)

los objetivos en materia de biodiversidad y de ecosistemas de la Unión en consonancia con el 7.o Programa de Acción en materia de medio ambiente;

c)

la mejora de las sinergias entre la política de calidad del aire de la Unión y otras políticas pertinentes de la Unión, en particular las políticas climática y energética.

a)

las emisiones de las aeronaves fuera del ciclo de aterrizaje y despegue;

b)

las emisiones del tráfico marítimo nacional desde y hacia los territorios mencionados en el artículo 2, apartado 2;

c)

las emisiones del tráfico marítimo internacional;

d)

las emisiones de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles no metánicos de las actividades contempladas en las categorías 3B (gestión de estiércol) y 3D (suelos agrícolas) de la nomenclatura para informes de 2014 (en lo sucesivo, «NFR», por sus siglas en inglés de Nomenclature for Reporting) establecida por el Convenio LRTAP.

a)

el Estado miembro afectado, tras haber tenido en cuenta las conclusiones de los programas nacionales de inspección y ejecución que examinan la eficacia de la legislación de la Unión dirigida a controlar la contaminación atmosférica en la fuente, demuestre que factores de emisión significativamente diferentes no se derivan de la aplicación o ejecución en el ámbito interno de dicha legislación;

b)

el Estado miembro afectado haya informado a la Comisión sobre la diferencia significativa en los factores de emisión, institución que, con arreglo al artículo 11, apartado 2, investigará la necesidad de medidas adicionales.

a)

el Estado miembro afectado haya demostrado que se han hecho todos los esfuerzos razonables, incluida la aplicación de nuevas medidas y políticas, para garantizar el cumplimiento, y que se seguirá haciéndolos para que el período de incumplimiento sea lo más breve posible, y

b)

el Estado miembro afectado haya demostrado que la aplicación de medidas y políticas adicionales a las mencionadas en la letra a) implicaría costes desproporcionados, comprometería seriamente la seguridad energética nacional o plantearía un riesgo importante de pobreza energética para una parte significativa de la población.

a)

valorarán en qué medida las fuentes de emisiones nacionales pueden tener un impacto sobre la calidad del aire en su territorio y en el de Estados miembros vecinos, en su caso, utilizando datos y metodologías elaborados por el Programa europeo de seguimiento y evaluación (en lo sucesivo, «EMEP», por sus siglas en inglés de European Monitoring and Evaluation Programme) en virtud del Protocolo relativo a la financiación a largo plazo del Programa concertado de seguimiento continuo y evaluación del transporte a gran distancia de los contaminantes atmosféricos en Europa del Convenio LRTAP;

b)

tendrán en cuenta la necesidad de reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos para cumplir los objetivos de calidad del aire en su territorio y, en su caso, en el de los Estados miembros vecinos;

c)

darán prioridad a las medidas de reducción de las emisiones de carbono negro a la hora de adoptar medidas para cumplir sus compromisos nacionales de reducción de las partículas finas;

d)

garantizarán la coherencia con otros planes y programas pertinentes establecidos en virtud de requisitos indicados en la legislación nacional o de la Unión.

a)

el programa marco de investigación e innovación;

b)

los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, incluida la correspondiente financiación en el marco de la política agrícola común;

c)

instrumentos de financiación para el medio ambiente y la acción por el clima, como el programa LIFE.

a)

controles para comprobar la transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y exhaustividad de la información presentada;

b)

controles para detectar aquellos casos en que los datos de los inventarios se hayan preparado de una forma incompatible con los requisitos establecidos en virtud del Derecho internacional, en particular el Convenio LRTAP;

c)

cuando sea indicado, un cálculo de las consiguientes correcciones técnicas necesarias, en consulta con los Estados miembros de que se trate.

a)

a más tardar el 1 de julio de 2018 y a continuación cada cuatro años, la ubicación de los lugares de seguimiento y los indicadores asociados utilizados para el seguimiento de los efectos de la contaminación atmosférica, y

b)

a más tardar el 1 de julio de 2019 y a continuación cada cuatro años, los datos de seguimiento indicados en el artículo 9.

a)

los avances para alcanzar:

b)

la determinación de las medidas adicionales necesarias a escala de la Unión y de los Estados miembros para conseguir los objetivos mencionados en la letra a);

c)

la utilización de los fondos de la Unión para respaldar las medidas adoptadas con el fin de cumplir los objetivos de la presente Directiva;

d)

los resultados del examen de la Comisión de los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica y sus actualizaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, párrafo tercero;

e)

una evaluación de los impactos sanitarios, ambientales y socioeconómicos de la presente Directiva.

a)

los últimos datos científicos;

b)

las actualizaciones del documento orientativo de la CEPE/ONU para la prevención y reducción de las emisiones de amoníaco procedentes de fuentes agrícolas de 2014 [en lo sucesivo, «documento orientativo sobre el amoníaco» (15)], el Código marco de buenas prácticas agrarias de la CEPE/ONU para reducir las emisiones de amoníaco (16), en su versión revisada en 2014;

c)

las actualizaciones de las mejores técnicas disponibles definidas en el artículo 3, punto 10, de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (17);

d)

las medidas agroambientales en el marco de la política agrícola común.

a)

los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica y sus eventuales actualizaciones;

b)

los inventarios nacionales de emisiones (incluidos, cuando sea aplicable, los inventarios nacionales de emisiones ajustados), las proyecciones nacionales de emisiones, los informes sobre los inventarios y los demás informes y datos proporcionados a la Comisión con arreglo al artículo 10.

a)

los supuestos subyacentes que haya tenido en cuenta para cada Estado miembro en la definición de sus posibilidades nacionales de reducción de emisiones utilizados para preparar el Informe ETCA;

b)

la lista de la legislación pertinente de la Unión dirigida a controlar la contaminación atmosférica en la fuente, y

c)

los resultados del examen mencionado en el artículo 10, apartado 1, párrafo tercero.

a)

los artículos 1 y 4 y el anexo I de la Directiva 2001/81/CE seguirán aplicándose hasta el 31 de diciembre de 2019;

b)

los artículos 7 y 8 y el anexo III de la Directiva 2001/81/CE quedarán derogados el 31 de diciembre de 2016.

17.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 344/32

(1)

El artículo 43, apartado 3, del Tratado dispone que el Consejo adopte, a propuesta de la Comisión, las medidas relativas a la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca.

(2)

El Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) establece que se adopten las medidas de conservación teniendo en cuenta los dictámenes científicos, técnicos y económicos disponibles, incluidos, cuando proceda, los informes elaborados por el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP).

(3)

Es competencia del Consejo adoptar medidas para la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca, incluyendo, en su caso, determinadas condiciones relacionadas funcionalmente con ellas. Las posibilidades de pesca deben repartirse entre los Estados miembros de modo que se garantice a cada uno de ellos la estabilidad relativa de las actividades pesqueras de cada población o pesquería y se atiendan debidamente los objetivos de la política pesquera común establecidos en el Reglamento (UE) n.o 1380/2013.

(4)

Las posibilidades de pesca de las especies de aguas profundas que se definen en el artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 2347/2002 (2) del Consejo se deciden con carácter bienal.

(5)

Los totales admisibles de capturas (TAC) deben fijarse sobre la base de los dictámenes científicos disponibles, teniendo en cuenta los aspectos biológicos y socioeconómicos, garantizando un trato justo a los distintos sectores de la pesca y dando cabida a las opiniones expresadas en las consultas con las partes interesadas y, en particular, en las reuniones con los consejos consultivos interesados.

(6)

Las posibilidades de pesca deben ajustarse a los acuerdos y principios internacionales, como el Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 referente a la conservación y gestión de las poblaciones de peces transzonales y de las poblaciones de peces altamente migratorias (3), o los detallados principios de gestión que se establecen en las Directrices Internacionales dadas por la FAO en 2008 para la Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas en Alta Mar, según los cuales el regulador debe observar mayor cautela cuando la información sea dudosa, poco fiable o inadecuada. La falta de información científica adecuada no debe alegarse como motivo para posponer o dejar de adoptar las medidas de conservación y gestión que sean necesarias.

(7)

El último dictamen científico del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y del CCTEP indica que la mayor parte de las poblaciones de peces de aguas profundas se captura de forma insostenible y que, para garantizar su sostenibilidad, las posibilidades de pesca deben seguir reduciéndose hasta que la evolución del tamaño de las poblaciones muestre una tendencia positiva.

(8)

Habida cuenta de la recomendación del CIEM, el TAC de besugo en aguas noroccidentales debe ser establecido únicamente en un total admisible de capturas accesorias.

(9)

En las correspondientes zonas del Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental (CPACO) y de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), limítrofes con la subzona CIEM IX, se producen capturas significativas de besugo. Puesto que los datos del CIEM para esas zonas adyacentes son incompletos, el ámbito de aplicación del TAC debe quedar limitado a la subzona CIEM IX. Sin embargo, con vistas a preparar futuras decisiones de gestión, deben establecerse disposiciones para obtener datos de dichas zonas adyacentes.

(10)

El CIEM recomienda no capturar reloj anaranjado hasta 2020. En el pasado, se establecieron TAC de reloj anaranjado (fijados en cero desde 2010). Procede establecer la prohibición de pescar, mantener a bordo, transbordar o desembarcar capturas de esta especie, ya que la población está agotada y no se recupera. El CIEM observa que no ha habido por parte de la Unión pesca dirigida al reloj anaranjado en el Atlántico Nororiental desde 2010.

(11)

Según el parecer del CIEM, las observaciones limitadas a bordo muestran que el porcentaje de granadero berglax ha sido inferior al 1 % de las capturas comunicadas de esta especie. Sobre la base de estas consideraciones, el CIEM recomienda que no haya pesca dirigida de granadero berglax y que las capturas accesorias se imputen a los TAC de granadero de roca para reducir al máximo las posibles informaciones erróneas sobre especies. Como indicó el CIEM, existen diferencias considerables, de más de un orden de magnitud (es decir, más de diez veces) entre las proporciones relativas de granadero de roca y granadero berglax comunicadas en los desembarques oficiales, y las capturas observadas y los estudios científicos en las zonas en las que se pesca actualmente el granadero berglax. Se cuenta con muy pocos datos para esta especie y el CIEM considera que algunos de los datos comunicados sobre desembarques son informaciones erróneas sobre especies. En consecuencia, no es posible determinar con precisión el historial de capturas de granadero berglax. Por tanto, las capturas accesorias de granadero berglax deben limitarse al 1 % de la cuota de cada Estado miembro de granadero berglax e imputarse a dicha cuota, en consonancia con el dictamen científico.

(12)

El CIEM recomienda que las capturas dirigidas de tiburones de aguas profundas se fijen en cero. No obstante, el CIEM también indica que los límites de capturas restrictivos que se aplican en la actualidad conducen a declaraciones falsas de capturas accesorias inevitables de tiburones de aguas profundas. En particular, la pesca artesanal dirigida de sable negro en aguas profundas mediante el uso de palangres da lugar a capturas accesorias inevitables de tiburones de aguas profundas, que actualmente son descartados muertos. Teniendo en cuenta estos hechos, y con el fin de recopilar información científica sobre los tiburones de aguas profundas, debe introducirse con carácter experimental una asignación restrictiva de capturas accesorias para 2017 y 2018, por la que se permitan desembarques limitados de capturas accesorias inevitables de tiburones de aguas profundas en la pesca artesanal dirigida de sable negro en aguas profundas con palangres. El palangre se reconoce como un arte de pesca selectiva en este tipo de pesca. Los Estados miembros interesados deben desarrollar medidas de gestión regional para la pesca de sable negro y establecer medidas específicas de recogida de datos para los tiburones de aguas profundas a fin de garantizar un estrecho seguimiento de las poblaciones. El establecimiento de tal asignación de la Unión para capturas accesorias de tiburones de aguas profundas en aguas de la Unión y aguas internacionales de las subzonas CIEM V, VI, VII, VIII y IX; en aguas de la Unión y aguas internacionales de la subzona CIEM X y en aguas de la Unión del CPACO 34.1.1, 34.1.2 y 34.2 se entiende sin perjuicio del principio de la estabilidad relativa en lo que se refiere a los tiburones de aguas profundas en dichas zonas.

(13)

De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 847/96 del Consejo (4), es necesario identificar las poblaciones sujetas a las diversas medidas que en él se disponen. Deben aplicarse TAC cautelares a aquellas poblaciones para las que no se disponga de una evaluación científica de las posibilidades de pesca, concretamente para el año en el que deban fijarse los TAC; en caso contrario, hay que aplicar TAC analíticos. A la vista del dictamen del CIEM y del CCTEP, no hay evaluación científica de las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones de aguas profundas. Estas poblaciones deben, por consiguiente, quedar sujetas a TAC cautelares.

(14)

De conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 847/96, el 15 de septiembre de 2016 Portugal presentó una solicitud dirigida a la Comisión para aumentar el TAC de anchoa en 2016 en las subzonas CIEM IX y X y en las aguas de la Unión del CPACO 34.1.1 hasta 15 000 toneladas. En su dictamen de 21 de octubre de 2016, el CIEM confirmó el estado excepcionalmente bueno de la población de anchoa, por lo que las capturas de 15 000 toneladas en 2016 podrán considerarse sostenibles. Por consiguiente, procede modificar el Reglamento (UE) 2016/72 (5) del Consejo en consecuencia.

(15)

Las posibilidades de pesca de anchoa en las subzonas CIEM IX y X y en las aguas de la Unión del CPACO 34.1.1 establecidas en el Reglamento (UE) 2016/72 se aplican desde el 1 de enero de 2016. Las disposiciones de modificación establecidas en el presente Reglamento deben aplicarse también a partir de esa fecha. Esta aplicación retroactiva se entiende sin perjuicio de los principios de seguridad jurídica y protección de la confianza legítima, puesto que las posibilidades de pesca en cuestión han aumentado con respecto a las posibilidades fijadas en el Reglamento (UE) 2016/72.

(16)

Para evitar la interrupción de las actividades pesqueras y garantizar los medios de vida de los pescadores de la Unión, el presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2017. Por razones de urgencia, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente después de su publicación.

a)

las zonas CIEM (Consejo Internacional para la Exploración del Mar) son las zonas geográficas que se especifican en el anexo III del Reglamento (CE) n.o 218/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (6);

b)

las zonas CPACO (Comité de Pesca del Atlántico Central y Oriental) son las zonas geográficas que se especifican en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 216/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

a)

los intercambios que puedan realizarse en virtud del artículo 16, apartado 8, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013;

b)

las deducciones y reasignaciones efectuadas en virtud del artículo 37 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo (8);

c)

las reasignaciones efectuadas en virtud del artículo 10, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1006/2008 del Consejo (9);

d)

los desembarques adicionales que se autoricen en virtud del artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 847/96;

e)

las cantidades retenidas de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 847/96;

f)

las deducciones aplicadas de conformidad con los artículos 105 y 107 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009.

17.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 344/46

(1)

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 531/2012, los proveedores de itinerancia no deben cobrar recargos adicionales al precio nacional al por menor a los clientes itinerantes en cualquier Estado miembro por las llamadas itinerantes reguladas efectuadas o recibidas, los mensajes SMS itinerantes regulados enviados o los servicios de datos itinerantes regulados utilizados, incluidos los mensajes MMS, a reserva de una «política de utilización razonable». Esta disposición se aplicará a partir del 15 de junio de 2017, siempre que el acto legislativo que debe adoptarse tras la propuesta sobre el mercado mayorista de itinerancia a que se refiere el artículo 19, apartado 2, de dicho Reglamento sea ya aplicable en esa fecha.

(2)

El Reglamento (UE) n.o 531/2012 dispone que, en circunstancias específicas y excepcionales, un proveedor de itinerancia puede solicitar, a su autoridad nacional de reglamentación, autorización para aplicar un recargo a sus clientes itinerantes. Esta solicitud de autorización debe ir acompañada de toda la información necesaria para demostrar que, en ausencia de recargos por itinerancia al por menor, el proveedor no es capaz de recuperar los costes que le supone la prestación de servicios de itinerancia al por menor regulados, de forma que la sostenibilidad de su modelo de tarificación nacional se ve comprometida.

(3)

Para garantizar una aplicación coherente en toda la Unión de las políticas que tengan por objeto evitar los usos abusivos o anómalos de los servicios de itinerancia («política de utilización razonable») y de las autorizaciones para aplicar recargos, es necesario establecer normas detalladas sobre la aplicación de dicha política de utilización razonable y sobre la metodología empleada para evaluar la sostenibilidad de la supresión de los recargos por itinerancia al por menor, así como sobre la solicitud que deberá presentar un proveedor de itinerancia a efectos de esta evaluación.

(4)

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 531/2012, el objetivo de una política de utilización razonable es evitar el uso abusivo o anómalo por los clientes itinerantes de los servicios de itinerancia al por menor regulados a la tarifa nacional aplicable, tal como su uso para fines distintos de los viajes periódicos, por ejemplo con carácter permanente. Las medidas de ejecución deben garantizar que la posibilidad de aplicar una política de utilización razonable de la itinerancia para alcanzar este objetivo no sea aprovechada por los proveedores de itinerancia para otros fines, en detrimento de los clientes itinerantes que emprenden cualquier forma de viaje periódico.

(5)

Con la supresión de los recargos por itinerancia al por menor en la Unión, se aplican las mismas condiciones tarifarias por el uso de servicios móviles en los demás países de la Unión que en el propio (es decir, el país en el que el cliente tiene su abono móvil). El Reglamento (UE) n.o 531/2012 tiene por objeto eliminar las divergencias entre los precios nacionales y los aplicados a la itinerancia cuando se efectúan viajes periódicos dentro de la Unión, haciendo realidad la «itinerancia como en casa». Sin embargo, sus disposiciones no pretenden permitir la itinerancia permanente en la Unión, es decir, que un cliente de un Estado miembro en el que los precios de las comunicaciones móviles nacionales son más elevados adquiera servicios a operadores establecidos en Estados miembros en los que dichos precios son más bajos, pero en los que el cliente no tiene su residencia habitual, ni vínculos estables que impliquen una presencia frecuente y sustancial en su territorio, con fines de itinerancia permanente en aquel Estado miembro.

(6)

La utilización de servicios de itinerancia al por menor regulados a la tarifa nacional aplicable, con carácter permanente y para fines distintos de los viajes periódicos, falsearía probablemente la competencia, ejerciendo una presión al alza sobre los precios nacionales en los mercados de origen y poniendo en peligro los incentivos a la inversión tanto en el mercado de origen como en el visitado. En este último, los operadores visitados tendrían que competir directamente con los proveedores de servicios nacionales de otros Estados miembros en los que los precios, los costes, la reglamentación y las condiciones competitivas pueden ser muy diferentes, y sobre la base de unas condiciones de la itinerancia al por mayor aproximadas a los costes con la única finalidad de facilitar la itinerancia periódica. Para el operador de origen, el uso permanente de las tarifas nacionales en la itinerancia podría llevar a la denegación o restricción de los servicios de itinerancia al por mayor por parte de los operadores visitados, o a la oferta por el operador de origen de volúmenes nacionales limitados o a la aplicación de precios nacionales más elevados, con los efectos consiguientes sobre la capacidad del operador de origen para atender a sus clientes nacionales normales tanto en territorio nacional como en el extranjero.

(7)

Es preciso establecer unas disposiciones de ejecución basadas en principios claros y de aplicación general que puedan englobar las múltiples y variadas pautas de los viajes periódicos de los clientes itinerantes, a fin de garantizar que la política de utilización razonable no obstaculice el pleno disfrute de la «itinerancia como en casa» por dichos clientes. Para que un proveedor de itinerancia aplique una política de utilización razonable, debe normalmente considerarse que un cliente viaja periódicamente al extranjero dentro de la Unión cuando dicho cliente reside habitualmente en el Estado miembro del proveedor de itinerancia, o tiene vínculos estables con ese Estado miembro que impliquen una presencia frecuente y sustancial en su territorio, y consume servicios de itinerancia al por menor regulados en cualquier otro Estado miembro.

(8)

El Reglamento (UE) n.o 531/2012 prevé que toda política de utilización razonable permita a los clientes del proveedor de itinerancia consumir volúmenes de servicios de itinerancia al por menor regulados a la tarifa minorista nacional aplicable que corresponda a sus respectivos planes de precios nacionales.

(9)

El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los proveedores de itinerancia ofrezcan, y sus clientes itinerantes elijan deliberadamente, una tarifa de itinerancia alternativa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 sexies, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 531/2012, que podría incluir unas condiciones contractuales de uso que quedasen fuera de la política de utilización razonable establecida de conformidad con el presente Reglamento.

(10)

Para garantizar que los servicios de itinerancia al por menor no sean objeto de un uso abusivo o anómalo ajeno a los viajes periódicos fuera del Estado miembro de residencia del cliente, o con el que el cliente tenga vínculos estables que impliquen una presencia frecuente y sustancial en su territorio, es posible que los proveedores de itinerancia deban determinar el lugar habitual de residencia de sus clientes itinerantes o la existencia de dichos vínculos estables. Tomando en consideración los medios de prueba acostumbrados en los Estados miembros respectivos y el nivel percibido de riesgo de uso abusivo o anómalo, el proveedor de itinerancia debe tener la posibilidad de especificar las pruebas razonables del lugar de residencia que deban presentarse, bajo la supervisión de la autoridad nacional de reglamentación en cuanto a la proporcionalidad de la carga documental global y su pertinencia en el contexto nacional. Tales pruebas, por lo que respecta a los usuarios particulares, podrían incluir una declaración del cliente, la presentación de un documento válido que confirmase el Estado miembro de residencia del cliente, la especificación de la dirección postal o la dirección de facturación del cliente en relación con otros servicios prestados en el Estado miembro del proveedor de itinerancia, un certificado de inscripción en cursos a tiempo completo de una institución de enseñanza superior o una prueba de la inscripción en el censo electoral local o del pago de impuestos de capitación/locales. En el caso de los clientes empresariales, tales pruebas podrían incluir documentación sobre el lugar de constitución o de establecimiento de la empresa, el lugar de desempeño efectivo de su actividad económica principal o el lugar principal donde desempeñan sus tareas los empleados que utilizan una determinada tarjeta SIM. Los vínculos estables con un Estado miembro que impliquen una presencia frecuente y sustancial en su territorio pueden derivar de una relación laboral a tiempo completo y duradera, incluido el caso de los trabajadores fronterizos, de relaciones contractuales duraderas que impliquen un nivel similar de presencia física de un trabajador por cuenta propia, de la participación en cursos de formación recurrentes a tiempo completo, o de otras situaciones, como las de los trabajadores desplazados o de los jubilados, siempre que supongan un nivel de presencia territorial análogo.

(11)

Los proveedores de itinerancia deben limitar las solicitudes de presentación de pruebas de residencia habitual o de otros vínculos estables que impliquen una presencia frecuente y sustancial en su territorio, tras la celebración de un contrato determinado, estrictamente a las circunstancias en que los datos que deben recogerse para fines de facturación parezcan apuntar a un uso abusivo o anómalo no relacionado con los viajes periódicos. Las pruebas solicitadas deben incluir solo lo estrictamente necesario y proporcionado para confirmar la relación del cliente con el Estado miembro del proveedor de itinerancia. En ausencia de esta motivación, no deben imponerse a los clientes requisitos de documentación para comprobar el cumplimiento de las condiciones de la política de utilización razonable. En particular, no debe existir una obligación de presentación recurrente de dichos documentos que no esté relacionada con una evaluación basada en el riesgo de la probabilidad de uso abusivo o anómalo.

(12)

Con el fin de que los consumidores puedan consumir volúmenes de servicios de itinerancia al por menor regulados a la tarifa minorista nacional aplicable correspondiente a sus respectivos planes de precios nacionales, el proveedor de itinerancia no debe imponer, como norma general, a los volúmenes de servicios móviles a disposición del cliente itinerante cuando ese cliente viaje periódicamente dentro de la Unión, un límite distinto del límite nacional. Dichos límites nacionales deben incluir cualquier política de utilización razonable aplicable en lo que se refiere al uso nacional del plan de precios.

(13)

Con arreglo a determinados planes de precios nacionales, que en lo sucesivo se denominan paquetes de datos abiertos, el consumo de datos puede ser ilimitado o puede ofrecer volúmenes de datos a un precio unitario nacional implícito que es bajo con respecto a la tarifa máxima por itinerancia al por mayor regulada a que se refiere el artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 531/2012. En ausencia de salvaguardias por volúmenes excepcionales específicas de estos paquetes de datos abiertos, es más probable que estos planes de precios, en contraposición a otros, sean objeto de reventa organizada a personas no residentes o sin vínculos estables que impliquen una presencia frecuente y sustancial en el Estado miembro del prestador de servicios de itinerancia. Además, este uso abusivo o anómalo de los paquetes de datos abiertos en situación de itinerancia puede dar lugar a la desaparición de dichos planes de los mercados nacionales, o a que en ellos se restrinja la itinerancia, en detrimento de los usuarios nacionales y en contraposición al objetivo del Reglamento (UE) n.o 531/2012. Este riesgo es mucho menor en el caso de los servicios de llamadas vocales y SMS, que están sujetos a mayores restricciones físicas o temporales y cuyas pautas de utilización real han permanecido estables o disminuido en los últimos años. Todo ello sin perjuicio del derecho de los operadores a adoptar medidas que les permitan hacer frente a las pautas de uso sumamente atípicas de los servicios vocales o de SMS en itinerancia derivados de actividades fraudulentas. Si bien es necesario establecer salvaguardias adicionales contra este mayor riesgo de uso abusivo de los servicios de itinerancia al por menor regulados a la tarifa minorista nacional aplicable en virtud de los paquetes de datos abiertos, el cliente nacional que viaja periódicamente por la Unión debe, no obstante, tener la posibilidad de consumir al por menor volúmenes de dichos servicios equivalentes al doble de los volúmenes que se pueden adquirir con el límite de los datos de itinerancia al por mayor por un importe monetario equivalente al precio nacional al por menor global, IVA excluido, del componente de servicios móviles del plan de precios nacional para todo el período de facturación de que se trate. Esto representa un volumen que es coherente con el plan de precios nacional, ya que se adapta al precio al por menor nacional del plan de precios en cuestión y, por lo tanto, puede aplicarse en el caso de los paquetes de datos abiertos, incluso cuando están agrupados con otros servicios móviles al por menor. La aplicación de ese factor multiplicador de dos refleja adecuadamente el hecho de que los operadores a menudo negocian precios de la itinerancia de datos al por mayor inferiores a los límites aplicables y de que los clientes a menudo no consumen la totalidad del volumen previsto en su plan de precios. A este respecto, debe garantizarse la transparencia a los clientes a través de la observancia de las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 531/2012, en virtud del cual el proveedor de itinerancia debe enviar una notificación al cliente itinerante cuando se haya consumido completamente el volumen de utilización razonable de los servicios itinerantes de datos regulados, indicando el recargo que se aplicará al consumo adicional de servicios itinerantes regulados de datos que efectúe el cliente itinerante.

(14)

Con el fin de hacer frente al riesgo de que los planes de prepago, que no entrañan compromiso a largo plazo, se utilicen exclusivamente a efectos de itinerancia permanente, el proveedor de itinerancia debe estar autorizado, como alternativa a exigir la aportación de pruebas de residencia o de vínculos estables que impliquen una presencia frecuente y sustancial en el territorio del Estado miembro del prestador de servicios de itinerancia, a restringir el uso de los servicios itinerantes de datos al por menor regulados a la tarifa minorista nacional aplicable, en el caso de un plan de prepago, a los volúmenes que se pueden adquirir con el límite de los datos de itinerancia al por mayor por el importe monetario restante, IVA excluido, disponible en ese plan de prepago en el momento del consumo de los servicios de itinerancia.

(15)

Los proveedores de itinerancia deben poder tomar medidas para detectar y evitar los usos abusivos o anómalos de los servicios de itinerancia al por menor regulados a precios nacionales, con fines distintos de los viajes periódicos. Al mismo tiempo, debe protegerse a los clientes de cualquier medida que pueda mermar de alguna manera su capacidad para utilizar los servicios de itinerancia al por menor regulados a precios nacionales cuando viajen periódicamente a otro país de la Unión. Las medidas encaminadas a detectar y evitar el uso abusivo o anómalo de los servicios de itinerancia al por menor regulados a precios nacionales deben ser simples y transparentes, y deben reducir al mínimo la carga administrativa para los clientes itinerantes, así como las advertencias excesivas e innecesarias. En consonancia con el requisito de residencia o vinculación estable que implique una presencia frecuente y sustancial en el país del proveedor de itinerancia, los indicadores que denuncien la probabilidad de un uso abusivo o anómalo deben basarse en indicadores objetivos ligados a pautas de tráfico que evidencien la inexistencia de una presencia prevalente del cliente en el país del proveedor de itinerancia o de un uso nacional prevalente de los servicios móviles. Por definición, estos indicadores objetivos deben establecerse durante cierto período de tiempo. Dicho período debe ser suficientemente largo, de al menos cuatro meses, para permitir que los clientes itinerantes consuman servicios de itinerancia al por menor a precios nacionales disfrutando de formas previsibles de viajes periódicos dentro de la Unión. Los indicadores de presencia en el país del proveedor de itinerancia no deben verse afectados negativamente por la itinerancia involuntaria en regiones fronterizas. En este sentido, debe tenerse en cuenta tanto esta situación de itinerancia involuntaria como la de los trabajadores fronterizos considerando que una conexión a la red del proveedor de itinerancia en cualquier momento de un día determinado indica un día de presencia nacional a efectos de la aplicación de los indicadores objetivos. De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 531/2012, los proveedores de itinerancia deben facilitar también la información adecuada a fin de que los clientes puedan evitar activamente las situaciones de itinerancia involuntaria. La presencia y el consumo fuera de la Unión no deben afectar negativamente a la capacidad de un cliente itinerante para beneficiarse de la «itinerancia como en casa» en la Unión, y no pueden considerarse indicativos de riesgo de que el cliente esté aprovechando la itinerancia a la tarifa minorista nacional aplicable en el Estado miembro del proveedor de itinerancia para fines distintos de los viajes periódicos en la Unión. A este respecto, tales presencia y consumo deben contar como nacionales a efectos de la aplicación de los indicadores objetivos. El proveedor de itinerancia podrá también basarse en otras pruebas claras de uso abusivo o anómalo de los servicios de itinerancia al por menor regulados a precios nacionales, como por ejemplo que un abono se utilice apenas en el Estado miembro del proveedor de itinerancia y principalmente en itinerancia, o que un mismo cliente utilice varios abonos secuencialmente cuando se encuentra en itinerancia.

(16)

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 531/2012 para la salvaguardia de la transparencia en la utilización de los servicios de itinerancia y en consonancia con las normas en materia de contratos en el sector de las comunicaciones electrónicas, deben comunicarse claramente a los clientes, antes de que resulten aplicables, las cláusulas contractuales que prevean una política de utilización razonable. Los proveedores de itinerancia que apliquen políticas de utilización razonable con arreglo al presente Reglamento deben notificarlas a la autoridad nacional de reglamentación.

(17)

El tratamiento de los datos sobre tráfico y localización está sujeto a las disposiciones de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2). En particular, su artículo 6 permite al proveedor de itinerancia procesar los datos sobre tráfico necesarios a efectos de la facturación de los abonados o de los pagos de interconexión. La aplicación por el proveedor de itinerancia de medidas encaminadas a detectar y evitar el uso abusivo o anómalo de los servicios de itinerancia al por menor regulados a precios nacionales no debe dar lugar al almacenamiento y tratamiento automatizado de datos de los clientes que les identifiquen personalmente, incluidos los datos sobre tráfico y localización, y no guarden relación o proporción con el objetivo de detectar y evitar el uso abusivo o anómalo.

(18)

En particular, los proveedores de itinerancia deben poder detectar e impedir que, incumpliendo las condiciones de un contrato mayorista o minorista, algún tercero explote el tráfico «en itinerancia como en casa» para el arbitraje de precios con el fin de obtener una ventaja económica mediante ventas a clientes que no residen habitualmente ni tienen otros vínculos estables con el Estado miembro del proveedor de itinerancia. En caso de que un operador detecte, con pruebas objetivas y fundadas, una actividad abusiva sistemática de este tipo, debe notificar a la autoridad nacional de reglamentación las pruebas que demuestran el abuso sistemático y las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos del contrato subyacente, a más tardar en el momento en que se adopten dichas medidas.

(19)

En los casos concretos en que el operador disponga de pruebas fundadas de que las pautas de uso de la itinerancia de determinado cliente itinerante delatan la posibilidad de un consumo abusivo o anómalo de los servicios de itinerancia al por menor regulados a precios nacionales para fines distintos de los viajes periódicos, pese a las pruebas documentales de residencia o de vinculación estable facilitadas por el cliente, debe advertir primero a este del riesgo de aplicación de recargos por itinerancia. Los criterios objetivos que sirvan de indicadores que delaten la posibilidad de uso abusivo o anómalo deben precisarse detalladamente y de antemano en el contrato.

(20)

La posibilidad de que un proveedor de itinerancia aplique recargos debe entenderse sin perjuicio de las medidas proporcionadas que puedan adoptarse, con arreglo al Derecho nacional conforme con el Derecho de la Unión, en caso de que el cliente haya facilitado activamente información inexacta, a fin de garantizar el cumplimiento de todas las condiciones del contrato subyacente.

(21)

Los proveedores de itinerancia que apliquen una política de utilización razonable deben implantar procedimientos transparentes, sencillos y eficientes para tramitar las reclamaciones de los clientes relacionadas con la aplicación de dicha política. De conformidad con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 531/2012, los clientes itinerantes deben, en cualquier caso, tener acceso al organismo de resolución extrajudicial de litigios competente, que resolverá de manera justa y rápida los litigios no resueltos entre los clientes y los proveedores de itinerancia derivados de la aplicación de la política de utilización razonable de conformidad con el artículo 34 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), modificada por la Directiva 2009/136/CE (4).

(22)

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 531/2012, las autoridades nacionales de reglamentación deben controlar y supervisar estrictamente la aplicación de las políticas de utilización razonable, con el fin de garantizar que las políticas de este tipo aplicadas por los proveedores nacionales no obstaculicen la disponibilidad de la «itinerancia como en casa» para el cliente. Si la autoridad nacional de reglamentación constata un incumplimiento de las obligaciones previstas en el Reglamento sobre la itinerancia, dicha autoridad está facultada para solicitar el cese inmediato de tal incumplimiento.

(23)

El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de los derechos y obligaciones existentes en virtud del Derecho de la Unión, o del Derecho nacional conforme al Derecho de la Unión. Esto incluye en particular el derecho de los usuarios finales a utilizar las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas en cualquier Estado miembro, con independencia de su nacionalidad o del lugar de la Unión donde residan; cualquier normativa nacional que exija la acreditación de la identidad u otra prueba documental con el fin de adquirir una tarjeta SIM o abonarse de otro modo a dichas redes o servicios; cualquier medida nacional relativa a la continuidad del servicio o del saldo prepagado con un número o tarjeta SIM determinados; y el derecho de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas a aplicar medidas adecuadas para combatir el fraude, con arreglo a la legislación nacional.

(24)

Dado que las pautas de uso de la itinerancia pueden variar en el transcurso de un año, las solicitudes de autorización para aplicar un recargo por itinerancia presentadas por un proveedor de itinerancia con arreglo al artículo 6 quater, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 531/2012 con el fin de garantizar la sostenibilidad de su modelo de tarificación nacional deben evaluarse sobre la base de datos sobre tráfico que cubran al menos doce meses. Para calcular el volumen de tráfico a lo largo del año, debe permitirse que los proveedores de itinerancia muestren previsiones de tráfico. Estas previsiones deben basarse en datos reales, como los datos del uso real de la itinerancia, extrapolaciones del uso nacional real al uso de la itinerancia o extrapolaciones del uso real de la itinerancia por parte de un subconjunto significativo de clientes itinerantes que utilizan planes de precios de «itinerancia como en casa» a todos los clientes itinerantes acogidos a las normas de «itinerancia como en casa», de conformidad con el artículo 6 bis del Reglamento (UE) n.o 531/2012. Al examinar las solicitudes de excepciones por sostenibilidad presentadas por diferentes solicitantes, las autoridades nacionales de reglamentación deben garantizar que los supuestos utilizados por cada una de ellos para obtener los volúmenes previstos sean coherentes, una vez tenidas en cuenta las diferencias pertinentes en cuanto a posicionamiento comercial y bases de clientes.

(25)

Los datos sobre costes e ingresos que respalden una solicitud de autorización para aplicar un recargo por itinerancia presentada por un proveedor de itinerancia con arreglo al artículo 6 quater, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 531/2012 con el fin de garantizar la sostenibilidad de su modelo de tarificación nacional deben basarse en cuentas financieras que podrán ajustarse a las previsiones de volúmenes de tráfico. Solo deben permitirse desviaciones respecto a las previsiones de costes basadas en las cuentas financieras si están avaladas por pruebas de compromisos financieros ya contraídos en el momento de la solicitud.

(26)

Debe establecerse una metodología armonizada para determinar los costes e ingresos derivados de la prestación de servicios de itinerancia al por menor regulados, con vistas a garantizar una evaluación coherente de las solicitudes de autorización para aplicar un recargo presentadas por un proveedor de itinerancia con arreglo al artículo 6 quater, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 531/2012 con el fin de garantizar la sostenibilidad de su modelo de tarificación nacional.

(27)

La prestación de servicios de itinerancia al por menor regulados comporta dos categorías generales de costes: los costes de adquisición de acceso itinerante al por mayor a las redes visitadas para el tráfico no compensado, y otros costes específicos de la itinerancia. De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 531/2012, el coste de la adquisición de acceso itinerante al por mayor a las redes visitadas para el tráfico no compensado está cubierto por las tarifas de itinerancia al por mayor efectivas aplicadas a los volúmenes en los que el tráfico en itinerancia saliente del proveedor de itinerancia excede de su tráfico en itinerancia entrante. En el caso de los proveedores de itinerancia que, a nivel nacional, compran acceso al por mayor a otro proveedor de itinerancia (como los operadores móviles virtuales), el coste del acceso itinerante al por mayor puede ser superior para los primeros que para el segundo, si el operador de la red de acogida nacional cobra al proveedor de itinerancia que compra acceso nacional al por mayor un precio por el acceso itinerante al por mayor superior al obtenido de los operadores de las redes visitadas para sí mismo y/o para la prestación de servicios conexos. Estos costes más elevados del acceso itinerante al por mayor pueden incrementar la probabilidad de que los proveedores de itinerancia que compran acceso al por mayor nacional soliciten autorización para aplicar un recargo por itinerancia, y es preciso que las autoridades nacionales de reglamentación tengan debidamente en cuenta este aspecto a la hora de examinar dichas solicitudes.

(28)

Los otros costes específicos de la itinerancia asociados a la prestación de servicios de itinerancia al por menor regulados son comunes a la prestación de servicios de itinerancia dentro de la Unión y en países no miembros de la UE, y algunos son también comunes a la prestación de servicios de itinerancia tanto al por mayor como al por menor. A efectos de las solicitudes de autorización para aplicar un recargo por itinerancia presentadas por un proveedor de itinerancia en virtud del artículo 6 quater, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 531/2012 con el fin de garantizar la sostenibilidad de su modelo de tarificación nacional, estos costes comunes deben asignarse a la prestación de servicios de itinerancia al por menor dentro de la Unión y, en el caso de los comunes a la prestación de servicios de itinerancia al por mayor y al por menor, con arreglo a la proporción general de los ingresos por itinerancia entrante y saliente.

(29)

Los costes de la prestación de servicios de itinerancia al por menor regulados podrían calcularse también incluyendo un porcentaje de los costes conjuntos y comunes relativos a la prestación de servicios móviles al por menor en general, siempre que el cálculo refleje la proporción utilizada para la asignación a tales servicios de los ingresos procedentes de la prestación de todos los demás servicios móviles al por menor.

(30)

A la hora de determinar los ingresos procedentes de la prestación de servicios de itinerancia al por menor regulados, la solicitud de autorización para aplicar un recargo presentada por un proveedor de itinerancia con arreglo al artículo 6 quater, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 531/2012 con el fin de garantizar la sostenibilidad de su modelo de tarificación nacional debe tener plenamente en cuenta todos los ingresos al por menor facturados directamente por la prestación de servicios móviles al por menor originados en un Estado miembro visitado, tales como los ingresos por el tráfico que rebase los volúmenes fijados en virtud de la eventual política de utilización razonable o procedentes de servicios de itinerancia regulados alternativos, así como cualquier otra tarifa unitaria u otro pago debidos al uso de servicios móviles al por menor en un Estado miembro visitado.

(31)

Toda vez que los servicios de itinerancia al por menor regulados se prestan con arreglo a las condiciones nacionales aplicables, debe considerarse que generan parte de los ingresos procedentes de las tarifas periódicas fijas por la prestación de servicios móviles nacionales al por menor. Por consiguiente, deben tenerse en cuenta cuando se evalúe una solicitud de autorización para aplicar un recargo por itinerancia presentada por un proveedor de itinerancia con arreglo al artículo 6 quater, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 531/2012 con el fin de garantizar la sostenibilidad de su modelo de tarificación nacional de conformidad con la metodología expuesta en el presente Reglamento. A tal efecto, los ingresos procedentes de cada servicio móvil al por menor deben asignarse sobre la base de una clave de reparto que refleje la relación entre el tráfico de los distintos servicios móviles, ponderada en función de la relación entre las tarifas de itinerancia al por mayor medias unitarias.

(32)

Para que se considere que tiene el efecto de comprometer la sostenibilidad del modelo de tarificación nacional de un operador, todo margen neto al por menor de la itinerancia resultante de deducir los costes de la prestación de servicios de itinerancia al por menor regulados de los ingresos correspondientes debe ser negativo al menos por un importe que genere un riesgo de incidencia apreciable sobre la evolución de los precios nacionales. En particular, para que se considere que da lugar a tal riesgo, el margen neto negativo al por menor de la itinerancia debe representar al menos una proporción apreciable de las ganancias totales, antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, de la prestación de otros servicios móviles.

(33)

Incluso en el supuesto de que el margen neto al por menor de la itinerancia represente una proporción apreciable del margen global por la prestación de otros servicios móviles, circunstancias específicas, tales como el nivel de competencia en el mercado nacional o las características específicas del solicitante, podrían aún descartar el riesgo de incidencia apreciable sobre la evolución de los precios nacionales.

(34)

En la solicitud de autorización para aplicar un recargo por itinerancia presentada por un proveedor de itinerancia en virtud del artículo 6 quater, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 531/2012 con el fin de garantizar la sostenibilidad de su modelo de tarificación nacional, el proveedor de itinerancia debe estimar las pérdidas debidas a la prestación de la «itinerancia como en casa» y los correspondientes mecanismos para aplicar el recargo necesario para recuperarlas, habida cuenta de las tarifas máximas al por mayor aplicables.

(35)

Debe existir la posibilidad de que las autoridades nacionales de reglamentación autoricen la aplicación de un recargo por itinerancia el primer día de aplicación de la supresión de los recargos por itinerancia al por menor en la Unión de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 531/2012. A tal efecto, los intercambios entre el proveedor de itinerancia que desee solicitar dicha aplicación y la autoridad nacional de reglamentación, así como la entrega de la información y la documentación pertinente al respecto, podrán tener lugar antes de esa fecha.

(36)

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 531/2012, la autorización para aplicar un recargo por itinerancia debe concederla una autoridad nacional de reglamentación para un período de doce meses. Si desea renovar dicha autorización, el proveedor de itinerancia debe actualizar la información y presentarla a la autoridad nacional de reglamentación cada doce meses, en consonancia con el artículo 6 quater, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 531/2012.

(37)

En vista de la obligación que tienen las autoridades nacionales de reglamentación de supervisar estrictamente la aplicación de la política de utilización razonable y las medidas relativas a la sostenibilidad de la supresión de los recargos por itinerancia al por menor, así como de informar anualmente a la Comisión sobre la aplicación de las disposiciones pertinentes, el presente Reglamento debe especificar la información mínima que deben recoger y transmitir a la Comisión para que esta pueda llevar a cabo un seguimiento de su aplicación.