29.12.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 350/1

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) establece una clasificación estadística común de unidades territoriales (Nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas, denominada «NUTS») con el fin de posibilitar la recogida, la elaboración y la difusión de estadísticas regionales armonizadas en la Unión Europea.

(2)

La Comisión, en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ha definido una serie de tipologías territoriales básicas y más importantes a fin de clasificar las unidades estadísticas establecidas por el Reglamento (CE) n.o 1059/2003.

(3)

El Sistema Estadístico Europeo ya utiliza esas tipologías, en particular el grado de urbanización, que incluye la definición de ciudades.

(4)

Es necesario codificar las tipologías para establecer definiciones y condiciones claras de los tipos territoriales, garantizando su aplicación armonizada y transparente de modo que las tipologías sean estables y permitan contribuir a la elaboración y difusión de estadísticas europeas. Dichas tipologías estadísticas se entienden sin perjuicio de la determinación de zonas específicas para las políticas de la Unión.

(5)

Debe aplicarse un sistema de mallas estadísticas para calcular y atribuir los tipos territoriales a las regiones y zonas en cuestión, ya que dichos tipos dependen de la distribución y la densidad de la población en celdas de malla de un kilómetro cuadrado.

(6)

También conviene aclarar diversos aspectos de menor importancia relativos a las unidades administrativas locales a fin de simplificar la terminología y el mecanismo de suministro de las listas de unidades administrativas locales de los Estados miembros a la Comisión (Eurostat).

(7)

A fin de adaptar la legislación a los cambios correspondientes en los Estados miembros, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la modificación, conforme a la información comunicada por los Estados miembros, de la clasificación NUTS del anexo I, la lista de unidades administrativas existentes del anexo II y la lista de unidades administrativas locales del anexo III del Reglamento (CE) n.o 1059/2003. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (5). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(8)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución por lo que respecta a la aplicación de las tipologías territoriales y las series temporales que los Estados miembros deben transmitir a la Comisión en caso de cualquier modificación de la clasificación NUTS. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(9)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la armonización de la clasificación regional, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(10)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 1059/2003 en consecuencia.

1)

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1

Objeto

1.   El presente Reglamento establece una clasificación estadística común de unidades territoriales (NUTS), con el fin de posibilitar la recogida, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas a diferentes niveles territoriales de la Unión.

2.   La clasificación NUTS se establece en el anexo I.

3.   La clasificación NUTS se completará con unidades administrativas locales, de conformidad con el artículo 4.

4.   La clasificación NUTS se completará con mallas estadísticas, de conformidad con el artículo 4 bis. Dichas mallas estadísticas se utilizarán para calcular tipologías territoriales basadas en la población.

5.   La clasificación NUTS se completará con tipologías territoriales de la Unión, de conformidad con el artículo 4 ter, mediante la atribución de tipos a las unidades territoriales.».

2)

En el artículo 2, se suprime el apartado 5.

3)

El artículo 3 se modifica como sigue:

4)

El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 4

Unidades administrativas locales

1.   En cada Estado miembro, las unidades administrativas locales subdividirán el nivel NUTS 3 en uno o dos niveles más de unidades territoriales. Al menos uno de los niveles de las unidades administrativas locales será una unidad administrativa según la definición del artículo 3, apartado 1, y según lo establecido en el anexo III. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 7 bis por los que se modifique la lista de unidades administrativas locales del anexo III sobre la base de los cambios en las unidades administrativas que le haya comunicado el Estado miembro interesado, de conformidad con el artículo 5, apartado 1.

2.   En los seis primeros meses de cada año, los Estados miembros transmitirán a la Comisión (Eurostat) la lista de unidades administrativas locales a 31 de diciembre del año anterior, indicando cualquier cambio y la región NUTS 3 a la que pertenecen. Al hacerlo, los datos deberán seguir el formato electrónico exigido por la Comisión (Eurostat).

3.   La Comisión (Eurostat) publicará la lista de unidades administrativas locales en la sección correspondiente de su sitio web a más tardar el 31 de diciembre de cada año.».

5)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 4 bis

Mallas estadísticas

La Comisión (Eurostat) mantendrá y publicará en la sección correspondiente de su sitio web un sistema de mallas estadísticas a nivel de la Unión. Las mallas estadísticas se ajustarán a las especificaciones establecidas en el Reglamento (UE) n.o 1089/2010 de la Comisión (*1).

Artículo 4 ter

Tipologías territoriales de la Unión

1.   La Comisión (Eurostat) mantendrá y publicará en la sección correspondiente de su sitio web tipologías de la Unión compuestas de unidades territoriales a los niveles de NUTS, unidades administrativas locales y celdas de malla.

2.   La tipología de mallas se establecerá al nivel de resolución de malla de 1 km2 como sigue:

3.   Se establecerán las siguientes tipologías al nivel de unidades administrativas locales:

Si en un Estado miembro hay más de un nivel administrativo de unidad administrativa local, la Comisión (Eurostat) consultará a dicho Estado miembro para determinar el nivel administrativo de unidad administrativa local que se utilizará para la atribución de tipologías.

4.   Se establecerán las siguientes tipologías y etiquetas al nivel NUTS 3:

5.   La Comisión, mediante actos de ejecución, adoptará condiciones uniformes para la aplicación armonizada de las tipologías a nivel de la Unión. Dichas condiciones describirán el método según el cual las tipologías se vayan a asignar a las distintas unidades administrativas locales y regiones del nivel NUTS 3. Cuando se apliquen las condiciones uniformes, la Comisión tendrá en cuenta factores de tipo geográfico, socioeconómico, histórico, cultural y medioambiental. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen establecido en el artículo 7.

(*1)  Reglamento (UE) n.o 1089/2010 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales (DO L 323 de 8.12.2010, p. 11).»."

6)

El artículo 5 se modifica como sigue:

7)

El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 7

Procedimiento de comité

1.   La Comisión estará asistida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011.».

8)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 7 bis

Ejercicio de la delegación

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 3, apartado 4, el artículo 4, apartado 1, y el artículo 5, apartado 4, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 18 de enero de 2018. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 3, apartado 4, el artículo 4, apartado 1, y el artículo 5, apartado 4, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3, apartado 4, del artículo 4, apartado 1, y del artículo 5, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».

9)

Se suprime el artículo 8.

10)

El título del anexo III se sustituye por el texto siguiente:

«UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALES».

29.12.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 350/7

(1)

La 21.a Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) tuvo lugar en París del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015. En dicha Conferencia se adoptó un acuerdo internacional (en lo sucesivo, «Acuerdo de París») relativo al fortalecimiento de la respuesta mundial al cambio climático. El Acuerdo de París establece, entre otros, un objetivo a largo plazo que está en consonancia con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura mundial considerablemente inferior a los 2 °C por encima de los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos para que permanezca en 1,5 oC por encima de esos niveles. El Acuerdo de París fue aprobado en nombre de la Unión mediante la Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo (3) y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Para lograr los objetivos del Acuerdo de París, todos los sectores van a tener que contribuir y las Partes preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional. Por consiguiente, también se deben tomar medidas por conducto de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para reducir las emisiones procedentes de la aviación internacional.

(2)

La protección del medio ambiente es uno de los retos más importantes que afronta la Unión. Los objetivos medioambientales de la Unión a que se refiere el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea son la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las personas, la utilización prudente y racional de los recursos naturales, y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente y, en particular, a luchar contra el cambio climático.

(3)

El Consejo Europeo, en sus conclusiones de los días 23 y 24 de octubre de 2014 estableció el objetivo vinculante de reducir internamente por lo menos en un 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores de la economía para 2030 con respecto a los valores de 1990. El 6 de marzo de 2015 el Consejo aprobó oficialmente esta aportación de la Unión y los Estados miembros como su contribución prevista determinada a nivel nacional de conformidad con el Acuerdo de París. En sus conclusiones de octubre de 2014, el Consejo Europeo indicó que el objetivo tiene que alcanzarse de manera colectiva en la Unión, de la forma más eficiente posible en términos de costes, con reducciones para 2030, respecto a los valores de 2005, del 43 % en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE UE), y del 30 % en los sectores no sujetos a él. Para lograr esas reducciones es necesaria la contribución de todos los sectores de la economía. La Comisión debe facilitar los intercambios de mejores prácticas y enseñanzas extraídas entre los Estados miembros en el ámbito de la movilidad de bajas emisiones.

(4)

Un RCDE UE reformado que funcione correctamente, con un instrumento mejorado para estabilizar el mercado, será el principal instrumento europeo para alcanzar el objetivo de reducción del 40 % indicado en las conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014, con un factor lineal y la asignación gratuita de derechos de emisión a partir de 2020. Esas disposiciones deben ser coherentes con los objetivos climáticos de la Unión y con sus compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo de París. La cuota sometida a subasta debe expresarse en forma de porcentaje en la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), con el fin de aumentar la seguridad de la planificación en lo que respecta a las decisiones de inversión, incrementar la transparencia, reducir al mínimo las fugas de carbono y simplificar el régimen en general y facilitar su comprensión. En el marco de su notificación periódica realizada con arreglo al Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Comisión debe también evaluar los resultados del diálogo facilitador de 2018. Las disposiciones de la Directiva 2003/87/CE deben ser objeto de revisión a la luz de la evolución internacional y de los esfuerzos desplegados por alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, incluidos el primer balance mundial en 2023 y los balances mundiales posteriores que se han de realizar cada cinco años a partir de entonces, destinadas a proporcionar información para las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional.

(5)

Desde 1997 la Unión y los Estados miembros se están esforzando en progresar para poder alcanzar un acuerdo internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la aviación y, desde 2008, cuentan con legislación para limitar los efectos en el cambio climático de las actividades de la aviación a través del RCDE UE que funciona desde 2005. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en su sentencia de 21 de diciembre de 2011 (6) que la inclusión de las actividades de la aviación en el RCDE UE en virtud de la Directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) no vulnera el Derecho internacional. Para procurar que se progrese en la OACI, la Unión ha adoptado dos veces excepciones temporales al RCDE UE con objeto de limitar las obligaciones de cumplimiento por lo que respecta a las emisiones de los vuelos entre aeródromos situados en el Espacio Económico Europeo (EEE), con igualdad de trato a las rutas de los operadores de aeronaves independientemente de dónde tengan su sede. La excepción más reciente del RCDE UE, prevista en el Reglamento (UE) n.o 421/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), limita las obligaciones de cumplimiento por lo que respecta a los vuelos dentro del EEE entre 2013 y 2016 y prevé posibles modificaciones del ámbito de aplicación del sistema respecto a los vuelos con origen o destino en aeródromos situados fuera del EEE a partir del 1 de enero de 2017 en función de la revisión prevista en dicho Reglamento.

(6)

Los trabajos de la OACI sobre una medida de mercado mundial relativa a las emisiones procedentes de la aviación internacional constituyen un elemento del conjunto de medidas destinadas a alcanzar el objetivo al que se aspira de crecimiento neutro en carbono a partir de 2020 y deben complementarse con los avances en las tecnologías de gestión del tráfico aéreo y de propulsión. El desarrollo continuado de programas y estrategias de investigación será esencial para la innovación tecnológica y las mejoras operativas necesarias para superar el objetivo del crecimiento neutro en carbono a partir de 2020 y lograr reducciones de emisiones absolutas en todo el sector.

(7)

Se han adoptado varias medidas a escala de la Unión que tienen por objeto prevenir la fragmentación del espacio aéreo europeo a fin de aumentar el flujo de tráfico y el control de la utilización del espacio aéreo, reduciendo así las emisiones. Los Estados miembros se han comprometido nuevamente a aplicar el concepto de cielo único europeo, teniendo en cuenta el incremento esperado del tráfico aéreo en los próximos años. Para progresar en la gestión del tráfico aéreo, ha de acelerarse el establecimiento de la Empresa Común de investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo (SESAR). Otras medidas como el uso del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS, por sus siglas en inglés de «Global Navigation Satellite System»), iniciativas tecnológicas conjuntas como Clean Sky I y Clean Sky II, así como programas de investigación de la Unión como Horizonte 2020 y sus sucesores, también contribuirán a mejorar la eficiencia y a reducir las emisiones procedentes de la aviación.

(8)

A la luz de la Resolución adoptada en la 39. (3) Asamblea de la OACI en octubre de 2016 sobre la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 para compensar las emisiones de la aviación internacional por encima de los niveles de 2020, está previsto adoptar en 2018 normas y métodos recomendados por la OACI para complementar la Resolución y aplicar el sistema mundial. No obstante, su aplicación concreta requerirá una actuación de las partes de la OACI a escala nacional. Asimismo, la OACI debe elaborar mecanismos de gobernanza, incluido un sistema de registro. En este contexto, a fin de apoyar la dinámica de la OACI y facilitar la aplicación de su régimen, debe prorrogarse la actual excepción a la aplicación de las obligaciones del RCDE UE para los vuelos con origen o destino en terceros países hasta el 31 de diciembre de 2023, con sujeción a una revisión, de modo que se pueda adquirir la experiencia necesaria en la aplicación del régimen de la OACI. Como resultado de la prórroga de la excepción, la cantidad de derechos de emisión que hayan de subastarse y expedirse gratuitamente, incluidos los de la reserva especial, debe seguir siendo proporcional a la reducción de la obligación de entrega. A partir del 1 de enero de 2021, el número de derechos de emisión asignado a los operadores de aeronaves debe reducirse anualmente en consonancia con el factor de reducción lineal aplicable a todos los sectores en el RCDE UE, con sujeción a la revisión que se lleve a cabo habida cuenta de la aplicación del régimen de la OACI. Esa revisión se preparará de plena conformidad con las directrices de mejora de la legislación, con consultas suficientes con todos los interesados, incluidos los Estados miembros. Se deben seguir cancelando los derechos de emisión no asignados de la reserva especial.

(9)

Los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión, o su valor financiero equivalente, deben utilizarse para hacer frente al cambio climático en la Unión y en terceros países, entre otras cuestiones, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a las consecuencias del cambio climático en la Unión y en terceros países, especialmente en los países en desarrollo, financiar la investigación y el desarrollo en materia de mitigación y adaptación, en particular en los sectores de la aeronáutica, el transporte aéreo y los combustibles alternativos sostenibles para la aviación, reducir las emisiones mediante el transporte de bajo nivel de emisiones y sufragar los costes de administración del RCDE UE, entre otros objetivos. Los Estados miembros que utilicen dichos ingresos para cofinanciar la investigación e innovación deben prestar una atención particular a los programas e iniciativas incluidos en el Noveno Programa Marco de Investigación (9.o PM). Es esencial para cumplir los compromisos de la Unión velar por la transparencia en la utilización de los ingresos generados por la subasta de derechos con arreglo a la Directiva 2003/87/CE mediante la presentación de informes por parte de los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.o 525/2013.

(10)

La integridad medioambiental del RCDE UE debe salvaguardarse frente al riesgo de que se extingan las obligaciones para los operadores de aeronaves y otros operadores regulados por un Estado miembro. Por consiguiente, los derechos expedidos por dicho Estado miembro solo podrán ser utilizables si la obligación de entregar derechos de emisión no corre el riesgo de extinguirse de una manera que resulte perjudicial para la integridad medioambiental del RCDE UE. Debe otorgarse a la Comisión la capacidad de tomar las medidas necesarias para proteger en consecuencia la integridad medioambiental del RCDE UE. Esas medidas deben estar vigentes hasta que dejen de resultar necesarias por un cambio en las circunstancias.

(11)

Como las características principales de la medida de mercado mundial están aún pendientes de desarrollo y su aplicación depende de la legislación interna que adopten los Estados y regiones participantes, la Comisión debe informar periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo de los avances en las negociaciones de la OACI, especialmente por lo que respecta a los instrumentos pertinentes adoptados a través de la OACI, incluidos las normas y métodos recomendados, las medidas tomadas por terceros países para que la medida de mercado mundial se aplique a las emisiones durante el período 2021-2035, los esfuerzos para establecer medidas ambiciosas y vinculantes con vistas a alcanzar el objetivo a largo plazo del sector de la aviación de reducción a la mitad del nivel de emisiones de CO2 de 2005 para 2050, y otros desarrollos internacionales pertinentes e instrumentos internacionales aplicables, tales como normas en virtud de la CMNUCC y del Acuerdo de París sobre los mercados y la contabilidad del carbono. Una vez estén aclarados la naturaleza y el contenido de los instrumentos de la OACI y antes de que se empiece a aplicar la medida de mercado mundial de la OACI, la Comisión debe presentar un informe en el que ha de considerar la manera de aplicar dichos instrumentos en la legislación de la Unión mediante una revisión de la Directiva 2003/87/CE. Además, la Comisión debe considerar, según corresponda, las normas aplicables a los vuelos dentro del EEE. Al hacerlo, la Comisión, en su informe, debe reflejar la necesidad de que se garantice la coherencia con el Derecho de la Unión, en particular para evitar cualquier posible distorsión de la competencia y reducir en lo posible toda carga administrativa indebida para los Estados miembros y los operadores de aeronaves. En su caso, la Comisión debe acompañar su informe de una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo que sea adecuada para garantizar que la aviación contribuye al compromiso de la Unión para 2030 de reducción de los gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía.

(12)

Para preparar la aplicación de la medida de mercado mundial de la OACI, es necesario disponer de datos pertinentes relativos a las emisiones de las actividades de aviación tan pronto como sea posible. Esas emisiones deben ser supervisadas, notificadas y verificadas de conformidad con los mismos principios aplicables a la supervisión, notificación y verificación de las emisiones de las actividades de aviación con arreglo a la Directiva 2003/87/CE. Por consiguiente, la Comisión debe adoptar disposiciones relativas a la supervisión, notificación y verificación a efectos de la aplicación de la medida de mercado mundial de la OACI que eviten cualquier posible distorsión de la competencia. Dichas disposiciones deben ser coherentes con los principios recogidos en el reglamento a que hace referencia el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE y deben garantizar que los informes sobre emisiones presentados se verifiquen de conformidad con los principios y criterios de verificación contemplados en el artículo 15 de dicha Directiva. Estas disposiciones deben adoptarse de conformidad con el procedimiento aplicable a la supervisión, notificación y verificación con arreglo a la Directiva 2003/87/CE.

(13)

La aviación también repercute en el clima a causa de las emisiones de óxidos de nitrógeno, vapor de agua y partículas de sulfato y de hollín a gran altura que podrían tener un efecto significativo sobre el clima, según las investigaciones científicas. El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático calculó que el impacto total de la aviación es en la actualidad entre dos y cuatro veces superior al provocado solamente por sus emisiones de dióxido de carbono en el pasado. A la espera de avances científicos, deben tenerse en cuenta todos los efectos de la aviación en la medida de lo posible. En la Directiva 2008/101/CE se previó una propuesta de la Comisión sobre óxidos de nitrógeno en 2008. Pese a las dificultades técnicas y políticas en este ámbito, la Comisión debe agilizar sus trabajos a este respecto. Debe fomentarse asimismo la investigación sobre la formación de estelas de condensación y su transformación en cirros, sobre los efectos directos menores de los aerosoles de sulfato y del hollín, así como sobre medidas paliativas eficaces, incluidas las medidas operativas y técnicas.

(14)

Para simplificar y aligerar las tareas administrativas, los operadores de aeronaves con emisiones inferiores a 3 000 toneladas de CO2 anuales procedentes de vuelos en el EEE deben poder beneficiarse del instrumento para pequeños emisores aprobado en virtud del Reglamento (UE) n.o 606/2010 de la Comisión (9) para la verificación de sus emisiones. Debe considerarse que los operadores de aeronaves no comerciales que emitan menos de 1 000 toneladas anuales de CO2 cumplen los requisitos de la Directiva 2003/87/CE durante otros diez años, en el curso de los cuales deben desarrollarse medidas para que en el futuro todos los operadores contribuyan a la reducción de emisiones.

(15)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, prorrogar las limitaciones vigentes del ámbito de aplicación para actividades de aviación hasta el 31 de diciembre de 2023 y preparar la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su alcance y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(16)

Resulta fundamental proporcionar seguridad jurídica a los operadores de aeronaves y a las autoridades nacionales, habida cuenta del plazo de entrega de 30 de abril de 2018 especificado en la Directiva 2003/87/CE. En consecuencia, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(17)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2003/87/CE en consecuencia.

1)

En el artículo 3 quater, se inserta el apartado siguiente:

«3 bis.   Toda asignación de derechos de emisión para actividades de aviación con destino u origen en aeródromos situados en países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) después del 31 de diciembre de 2023 estará sujeta a la revisión a que se refiere el artículo 28 ter.».

2)

En el artículo 3 quinquies, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   A partir del 1 de enero de 2013, se subastará el 15 % de los derechos de emisión. La Comisión realizará un estudio sobre la capacidad del sector de la aviación para repercutir el coste del CO2 a sus usuarios en lo que respecta al RCDE UE y a la medida de mercado mundial desarrollada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El estudio evaluará la capacidad del sector de la aviación para repercutir el coste de las unidades de emisión requeridas, en comparación con las industrias y el sector energético, con la intención de formular una propuesta de incremento del porcentaje de subasta con arreglo a la revisión a que se refiere el artículo 28 ter, apartado 2, teniendo en cuenta el análisis de los costes repercutidos y considerando la adecuación con otros sectores y la competitividad entre diferentes modos de transporte.».

3)

En el artículo 3 quinquies, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   Todos los ingresos generados por la subasta de los derechos de emisión deben utilizarse para luchar contra el cambio climático en la Unión y en terceros países, entre otras cosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a las consecuencias del cambio climático en la Unión y en terceros países -especialmente países en desarrollo-, financiar la investigación y el desarrollo en materia de mitigación y adaptación, incluyendo, en particular, los sectores de la aeronáutica y el transporte aéreo, reducir las emisiones mediante el transporte de bajo nivel de emisiones, y sufragar los costes de administración del RCDE UE. Los ingresos procedentes de las subastas también deben usarse para financiar proyectos comunes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la aviación, como la Empresa Común de investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo (SESAR) y la iniciativa tecnológica conjunta Clean Sky o cualquier otra iniciativa que permita el uso generalizado del GNSS para la navegación por satélite y el desarrollo de capacidades interoperables en todos los Estados miembros, en particular aquellos proyectos que mejoren las infraestructuras de navegación aérea, la prestación de servicios de navegación aérea y el uso del espacio aéreo. Los ingresos de las subastas podrán utilizarse también para financiar las contribuciones al Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías renovables y las medidas destinadas a evitar la deforestación. Los Estados miembros que utilicen dichos ingresos para cofinanciar la investigación e innovación prestarán especial atención a los programas e iniciativas incluidos en el Noveno Programa Marco de Investigación (9.o PM). La transparencia en el uso de los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión en el marco de la presente Directiva es esencial para cumplir los compromisos de la Unión.

Los Estados miembros informarán a la Comisión de las acciones adoptadas en virtud del párrafo primero del presente apartado.».

4)

En el artículo 12, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   Para el período hasta el 31 de diciembre de 2020, los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 30 de abril de cada año, el titular de cada instalación entregue un número de derechos de emisión, distintos de los derechos de emisión expedidos en virtud del capítulo II, que sea equivalente a las emisiones totales de esa instalación durante el año natural anterior, verificadas de conformidad con el artículo 15, y por que dichos derechos de emisión se cancelen a continuación. Para el período a partir del 1 de enero de 2021, los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 30 de abril de cada año, el titular de cada instalación entregue un número de derechos de emisión, que sea equivalente a las emisiones totales de esa instalación durante el año natural anterior, verificadas de conformidad con el artículo 15, y por que dichos derechos de emisión se cancelen a continuación, con sujeción a la revisión a que se refiere el artículo 28 ter.».

5)

En el artículo 12, antes del apartado 3 bis, se inserta el apartado siguiente:

«3 bis.   Cuando sea necesario y mientras siga siéndolo, al objeto de proteger la integridad medioambiental del RCDE UE, se prohibirá a los operadores de aeronaves y otros titulares incluidos en el RCDE UE que utilicen derechos de emisión expedidos por un Estado miembro respecto del cual existan obligaciones que se extingan para los operadores de aeronaves y otros titulares. El acto jurídico a que se refiere el artículo 19 contemplará las medidas necesarias para los casos a los que se refiere el presente apartado.».

6)

El artículo 28 bis se modifica como sigue:

7)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 28 ter

Notificación y revisión por parte de la Comisión respecto de la aplicación de la medida de mercado mundial de la OACI

1.   Antes del 1 de enero de 2019 y periódicamente a partir de esa fecha, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de los avances realizados en las negociaciones de la OACI para aplicar la medida de mercado mundial que se haya de aplicar a las emisiones a partir de 2021, en particular en lo que respecta a: i) los instrumentos pertinentes de la OACI, entre los que se incluyen las normas y métodos recomendados, ii) las recomendaciones aprobadas por el Consejo de la OACI que sean pertinentes a efectos de la medida de mercado mundial, iii) la creación de un registro mundial, iv) las medidas nacionales adoptadas por terceros países para aplicar la medida de mercado mundial que haya de aplicarse a las emisiones a partir de 2021, v) las implicaciones de las reservas de terceros países, y vi) otras novedades internacionales pertinentes e instrumentos aplicables.

En consonancia con el balance mundial de la CMNUCC, la Comisión también informará de los esfuerzos de la OACI para cumplir el objetivo al que aspira a largo plazo el sector de la aviación de reducir sus emisiones de CO2 a la mitad de los niveles de 2005 para 2050.

2.   En el plazo de doce meses a partir de la adopción por parte de la OACI de los instrumentos pertinentes y antes de que esté operativa la medida de mercado mundial, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que examinará posibles maneras de incorporar dichos instrumentos en la legislación de la Unión mediante la revisión de la presente Directiva. En el citado informe, la Comisión examinará también, según corresponda, las normas aplicables a los vuelos dentro del EEE. Examinará, asimismo, el nivel de ambición y la integridad medioambiental general de la medida de mercado mundial, incluidos su nivel de ambición general en relación con los objetivos del Acuerdo de París, el nivel de participación, su aplicabilidad, transparencia, las sanciones en caso de incumplimiento, los procesos de participación pública, la calidad de los créditos de compensación, el seguimiento, la notificación y la verificación de emisiones, los registros, la rendición de cuentas, así como las normas sobre el uso de biocarburantes. Además, el informe examinará si las disposiciones adoptadas de conformidad con el artículo 28 quater, apartado 2, deben ser objeto de revisión.

3.   La Comisión acompañará, en su caso, el informe mencionado en el apartado 2 del presente artículo de una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo, de modificar, suprimir, ampliar o sustituir las excepciones establecidas en el artículo 28 bis, que sea coherente con el compromiso de la Unión para 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía con objeto de mantener la integridad y efectividad medioambiental de la acción de la Unión en materia de clima.

Artículo 28 quater

Disposiciones de seguimiento, notificación y verificación a efectos de la medida de mercado mundial

1.   La Comisión adoptará disposiciones para el seguimiento, la notificación y la verificación adecuados de las emisiones a efectos de la aplicación de la medida de mercado mundial de la OACI en todas las rutas a las que se aplica la medida. Las citadas disposiciones se basarán en los instrumentos pertinentes adoptados por la OACI, evitarán toda distorsión de la competencia, estarán en consonancia con los principios previstos en el Reglamento a que se refiere el artículo 14, apartado 1, y garantizarán que los informes sobre emisiones presentados se verifiquen de conformidad con los principios y criterios de verificación a que se refiere el artículo 15.

2.   Las disposiciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se adoptarán con arreglo al procedimiento contemplado en los artículos 14 y 15.».

8)

En el artículo 30, se añade el apartado siguiente:

«5.   Antes del 1 de enero de 2020, la Comisión presentará un análisis actualizado de los efectos de la aviación no relacionados con el CO2, en su caso junto con una propuesta relativa a la mejor forma de hacer frente a dichos efectos.».

9)

En el punto k) del anexo I, el año «2020» se sustituye por «2030».

29.12.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 350/15

(1)

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la armonización y aplicación no discriminatoria de la ayuda a los jóvenes agricultores, debe establecerse que, en el contexto del desarrollo rural, la «fecha de establecimiento», contemplada en el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y en otras normativas pertinentes, significa la fecha en que el solicitante realiza o lleva a término una acción relacionada con el establecimiento por primera vez y que la solicitud de ayuda debe presentarse a más tardar 24 meses después de dicha fecha. Por otra parte, la experiencia recabada de las negociaciones de los programas ha demostrado que debe aclararse la aplicación de la normativa para la instalación conjunta de jóvenes agricultores y los umbrales para el acceso a la ayuda prevista en el artículo 19, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013, y que deben racionalizarse las disposiciones relativas a la duración del plan empresarial.

(2)

Con el fin de facilitar la ejecución de los servicios de asesoramiento y formación por parte de las autoridades de gestión de los Estados miembros, la condición de beneficiario en el marco de esa medida debe hacerse extensivo a dichas autoridades, garantizando al mismo tiempo que el prestador del servicio es elegido por un organismo funcionalmente independiente de dichas autoridades y que los controles se efectúan a nivel del prestador de asesoramiento o formación.

(3)

Con el fin de incentivar la participación en los regímenes de calidad, los agricultores o agrupaciones de agricultores que participen en esos regímenes durante los cinco años anteriores a la solicitud de ayuda deben poder optar a la ayuda durante un período máximo de cinco años, teniendo debidamente en cuenta el momento de la participación inicial en el régimen.

(4)

Con el fin de que sean lo bastante atractivos para el sector privado, los instrumentos financieros deben concebirse y aplicarse de manera flexible. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que determinadas normas de idoneidad de medidas específicas limitan la utilización de instrumentos financieros en los programas de desarrollo rural, así como el uso flexible de los instrumentos financieros por parte de los gestores de fondos. Por consiguiente, procede establecer que determinadas normas de idoneidad de medidas específicas no se aplican a los instrumentos financieros. Por el mismo motivo, resulta también oportuno que la ayuda inicial a los jóvenes agricultores de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 pueda prestarse también en forma de instrumentos financieros. A la vista de esos cambios, debe establecerse que, en caso de que se preste ayuda a la inversión en virtud del artículo 17 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 en forma de instrumentos financieros, las inversiones deberán contribuir a una o más de las prioridades de desarrollo rural de la Unión.

(5)

Con el fin de reducir la carga administrativa en relación con la aplicación del principio de que no haya doble financiación respecto de la ecologización, debe darse a los Estados miembros la posibilidad de aplicar una deducción media fija a todos los beneficiarios correspondientes que lleven a cabo el tipo de operación o submedida de que se trate.

(6)

Actualmente, los agricultores están expuestos a mayores riesgos económicos como consecuencia de la evolución del mercado. No obstante, dichos riesgos económicos no afectan a todos los sectores agrícolas por igual. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener la posibilidad, en casos debidamente justificados, de ayudar a los agricultores mediante un instrumento sectorial de estabilización de los ingresos, en particular a los sectores afectados por una grave caída de ingresos, lo que tendría un importante efecto económico en una zona rural determinada dada, siempre y cuando el descenso de los ingresos supere un umbral de al menos el 20 %. Para garantizar que el instrumento sectorial de estabilización de los ingresos sea eficaz y se adapte a las circunstancias concretas de los Estados miembros, estos deben poder definir, en sus programas de desarrollo rural, los ingresos que deben tenerse en cuenta para la activación del instrumento de manera flexible. Al mismo tiempo, y con el fin de fomentar la utilización de seguros por los agricultores, el umbral de reducción de la producción aplicable a los seguros debe reducirse al 20 %. Además, con el fin de controlar los gastos realizados en el marco del instrumento sectorial de estabilización de los ingresos como de los seguros, debe adaptarse el contenido del plan financiero del programa.

(7)

El requisito específico de presentación de informes en relación con la medida de gestión de riesgos en 2018 a que se refiere el artículo 36, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 ya está cubierto por el informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el seguimiento y la evaluación de la política agrícola común (PAC) contemplado en el artículo 110, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Por consiguiente, debe suprimirse el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 36 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013.

(8)

Respecto a los fondos de inversión para los agricultores de todos los sectores, parece que la prohibición de toda contribución al capital social inicial con fondos públicos prevista en el artículo 38, apartado 3, y en el artículo 39, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 supone un obstáculo para el funcionamiento efectivo de dichos fondos. Por lo tanto, debe suprimirse esta prohibición. Asimismo, es conveniente ampliar los ámbitos que pueden cubrirse mediante contribuciones financieras a los fondos de inversión, de manera que dichas contribuciones puedan complementar los pagos anuales a los fondos, y remitirse a su capital social inicial.

(9)

Las ayudas a las inversiones para recuperación del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes previstas en el artículo 18, apartado 1, letra b), y en el artículo 24, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 se suelen conceder a todos los solicitantes idóneos. Por lo tanto, los Estados miembros no deben estar obligados a definir los criterios de selección de las operaciones de recuperación. Por otra parte, en casos debidamente justificados en que no sea posible definir criterios de selección debido a la naturaleza de las operaciones, los Estados miembros deben estar autorizados a definir otros métodos de selección.

(10)

El artículo 59 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 define los porcentajes máximos de contribución del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Con el fin de aliviar la presión sobre los presupuestos nacionales de algunos Estados miembros y para acelerar las muy necesarias inversiones en Chipre, el porcentaje máximo de contribución del 100 % previsto en el artículo 59, apartado 4, letra f), de dicho Reglamento, debe ampliarse hasta el cierre del programa. Además, la referencia al porcentaje de contribución específico establecido en el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) para el nuevo instrumento financiero a que se refiere el artículo 38, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, debe figurar en el artículo 59, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013.

(11)

De conformidad con el artículo 60, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013, en el caso de las medidas de emergencia debidas a desastres naturales, los gastos relativos a las modificaciones del programa serán admisibles a partir de la fecha en que se haya producido el desastre natural. La posibilidad de admitir los gastos realizados antes de la presentación de una modificación del programa debe ampliarse a otras circunstancias, tales como catástrofes o un cambio súbito y significativo en la situación socioeconómica del Estado miembro o la región.

(12)

Conforme al artículo 60, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013, en el caso de las inversiones en el sector agrícola, solamente son admisibles los gastos realizados después de la presentación de una solicitud. A veces, sin embargo, si la inversión está relacionada con medidas de emergencia adoptadas para hacer frente a desastres naturales, catástrofes y adversidades climáticas o un cambio súbito y significativo en la situación socioeconómica del Estado miembro o la región, se debe dar a los Estados miembros la posibilidad de establecer en sus programas que los gastos realizados después de que se haya producido el suceso sean admisibles, para garantizar su reacción flexible y oportuna frente al mismo. A fin de proporcionar un apoyo eficaz a las operaciones de emergencia emprendidas por los Estados miembros en respuesta a sucesos ocurridos en años recientes, esta posibilidad debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2016.

(13)

Con el fin de aumentar la utilización de las opciones de costes simplificados contempladas en el artículo 67, apartado 1, letras b), c) y d), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, es necesario limitar las normas específicas del Feader establecidas en el artículo 62, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 a las ayudas concedidas de conformidad con el artículo 21, apartado 1, letras a) y b), relativas a las rentas no percibidas y los costes de mantenimiento, y con los artículos 28 a 31, 33 y 34 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013.

(14)

El artículo 74 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 obliga a los Estados miembros a consultar al Comité de seguimiento del programa de desarrollo rural sobre los criterios de selección en los cuatro meses siguientes a la aprobación del programa. Esto crea una obligación indirecta de que los Estados miembros definan todos los criterios de selección antes de esa fecha, incluso en el caso de convocatorias de propuestas puestas en marcha posteriormente. Con el fin de reducir cargas administrativas innecesarias y garantizar al mismo tiempo que los recursos financieros se utilizan de la mejor forma posible, los Estados miembros deben poder definir los criterios de selección y solicitar el dictamen del Comité de seguimiento en cualquier momento antes de la publicación de las convocatorias de propuestas.

(15)

Con vistas a aumentar la utilización de los seguros de cultivos, animales y plantas, y de los fondos de inversión y del instrumento de estabilización de los ingresos, el porcentaje máximo de la ayuda pública inicial debe aumentarse del 65 % al 70 %.

(16)

La disciplina financiera se utiliza para garantizar que el presupuesto del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) se ajuste a los respectivos máximos anuales del marco financiero plurianual y para establecer la reserva para casos de crisis en el sector agrícola. Dado el carácter técnico de la determinación del porcentaje de ajuste aplicables a los pagos directos y sus vínculos con las previsiones de la Comisión relativas a los gastos que figuran en su proyecto de presupuesto anual, el procedimiento para el establecimiento del porcentaje del ajuste debe simplificarse autorizando a la Comisión para que lo adopte de acuerdo con el procedimiento consultivo.

(17)

Con el fin de armonizar las normas de liberación automática establecidas en el artículo 87 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 y del artículo 38 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, debe adaptarse la fecha en la que los Estados miembros deben enviar a la Comisión información sobre las excepciones a la liberación a que se refiere el artículo 38, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013.

(18)

En aras de la claridad jurídica en lo tocante al tratamiento de las recuperaciones generadas por las reducciones temporales con arreglo al artículo 41, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, este debe ser incluido en la lista de las fuentes de ingresos afectados según lo dispuesto en el artículo 43 de dicho Reglamento.

(19)

En aras de la simplificación administrativa, conviene aumentar el umbral por debajo del cual los Estados miembros pueden decidir no proceder a la recuperación de los pagos indebidos de 150 EUR a 250 EUR, siempre que el Estado miembro aplique un umbral igual o superior para no perseguir deudas nacionales.

(20)

Es adecuado garantizar que la denegación o la recuperación de los pagos que resultan del incumplimiento de las normas de contratación pública reflejen la gravedad de dicho incumplimiento y respeten el principio de proporcionalidad, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en las directrices pertinentes establecidas por la Comisión para calcular las correcciones financieras que hay que aplicar al gasto financiado por la Unión en el marco de la gestión compartida, en caso de incumplimiento de dichas normas. Asimismo, conviene aclarar que tales incumplimientos afectan a la legalidad y regularidad de las operaciones solo en la misma proporción.

(21)

Con el fin de reducir la carga administrativa para los pequeños agricultores, debe añadirse una nueva excepción por la cual se exima a los pequeños agricultores de declarar las parcelas en relación con las cuales no se haya presentado una solicitud de pago.

(22)

Habida cuenta de las dificultades prácticas y específicas que ha planteado la armonización de los plazos de pago de los pagos por superficie entre el FEAGA y el Feader, procede prorrogar un año más el período transitorio. No obstante, por lo que se refiere a las medidas de desarrollo rural relacionadas con la superficie, para mantener la liquidez de los agricultores, debe seguir siendo posible el pago de anticipos antes del 16 de octubre.

(23)

Con el fin de dar cabida a la diversidad de los sistemas agrícolas en toda la Unión, procede permitir a los Estados miembros que consideren la roturación, que es pertinente para los aspectos medioambientales y agronómicos, como criterio para la clasificación de los pastos permanentes.

(24)

No obstante, algunos arbustos o árboles que no sean directamente utilizados para que paste el ganado pueden ser fuente de alimento para los animales. Debe permitirse que los Estados miembros incluyan dichos arbustos o árboles en los pastos permanentes en los que predominen las hierbas y otros forrajes herbáceos, en todo o en parte de su territorio.

(25)

Con el fin de aclarar la clasificación anterior a 2018 de las tierras en barbecho como tierras de cultivo, entre las que ha figurado cinco años o más, y de proporcionar seguridad a los agricultores afectados, se debe permitir a los Estados miembros mantener su clasificación como tierras de cultivo en 2018.

(26)

Tierras que pueden ser pastos, en las que las hierbas y otros forrajes herbáceos no sean predominantes o estén ausentes, y en las que las prácticas de pastoreo no sean de carácter tradicional, ni importantes para la conservación de biotopos y hábitats pueden, sin embargo, tener un valor de pastoreo pertinente en determinadas superficies. Debe permitirse a los Estados miembros que consideren estas superficies como pastos permanentes en la totalidad o en parte de su territorio.

(27)

La experiencia adquirida durante los primeros años de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) ha puesto de manifiesto que algunos Estados miembros que aplicaban el régimen de pago único por superficie no utilizaban el importe total de los fondos disponibles en virtud de los límites presupuestarios establecidos en el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1089 de la Comisión (9). Los Estados miembros que aplican el régimen de pago básico ya tienen la posibilidad, dentro de determinados límites, de distribuir derechos de pago por un valor superior al importe disponible para su régimen de pago básico, a fin de garantizar una utilización más eficiente de los fondos. Debe permitirse asimismo a los Estados miembros que apliquen el régimen de pago único por superficie la posibilidad de calcular, dentro de los mismos límites comunes y sin perjuicio del respeto de los límites netos para los pagos directos, el importe necesario en base al cual podrá incrementarse su límite relativo al régimen de pago único por superficie.

(28)

Algunos Estados miembros llevan registros fiscales o de seguridad social nacionales en los que los agricultores están registrados para sus actividades agrícolas. Dichos Estados miembros deben poder excluir de la concesión de los pagos directos a los agricultores que no estén registrados en consecuencia.

(29)

Como la experiencia adquirida en el pasado demostró que la ayuda se concedía en una serie de casos a personas físicas o jurídicas cuyo propósito comercial no era, o solo marginalmente, una actividad agrícola, el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 introdujo la cláusula de agricultor activo. Por consiguiente, los Estados miembros deben abstenerse de conceder pagos directos a las personas que no puedan demostrar que su actividad agrícola no es marginal. Sin embargo, la experiencia subsiguiente pone de manifiesto que la aplicación de los tres criterios para ser considerado como un agricultor activo, enumeradas en el artículo 9, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, ha resultado ser difícil en muchos Estados miembros. Con el fin de reducir la carga administrativa derivada de la aplicación de estos tres criterios, los Estados miembros deben tener la posibilidad de decidir que con solo uno o dos de ellos se pueda acreditar que una persona es un agricultor activo.

(30)

Además, conforme a la experiencia de algunos Estados miembros las dificultades y los costes administrativos de aplicación de los elementos relativos a la lista de actividades o negocios prevista en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, no ha compensado el beneficio de excluir a un número muy limitado de beneficiarios no activos de los regímenes de ayuda directa. Cuando un Estado miembro considere que este es el caso, debe poder suspender la aplicación del artículo 9 en relación con la lista de actividades o negocios.

(31)

Procede explicitar que el artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 permite a los Estados miembros revisar anualmente sus decisiones sobre la reducción del importe de los pagos básicos que deban concederse a un agricultor para la parte del importe que sobrepase los 150 000 EUR, siempre que dicha revisión no dé lugar a una reducción de los importes disponibles para el desarrollo rural.

(32)

Para que los Estados miembros puedan adaptar las ayudas concedidas en el marco de la PAC a sus necesidades específicas, debe concedérseles las oportunidades adecuadas de revisar su decisión de transferir fondos de su límite máximo de pagos directos a sus programas de desarrollo rural y viceversa. Por lo tanto, debe concedérseles la posibilidad de revisar su decisión también con efecto a partir del año civil 2019, siempre que dicha decisión no implique una disminución de los importes asignados al desarrollo rural.

(33)

Además de utilizar una reducción lineal del valor de los derechos de pago con arreglo al régimen de ayuda de base para reconstituir las reservas nacionales o regionales con el fin de facilitar la participación de los jóvenes agricultores y de los agricultores que inicien su actividad agrícola en el régimen de ayuda, debe permitirse también a los Estados miembros que utilicen el mismo mecanismo para financiar las medidas adoptadas para evitar el abandono de tierras y compensar a los agricultores por desventajas específicas.

(34)

Con el fin de simplificar y mejorar la coherencia entre las normas aplicables a las medidas de ecologización, la exención de la obligación de tener superficies de interés ecológico aplicable a las explotaciones que cultiven leguminosas como único cultivo o en combinación con pastos u otros forrajes herbáceos o tierras en barbecho en más del 75 % de las tierras cultivables, de conformidad con el artículo 46, apartado 4, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, debe ampliarse a la obligación de diversificación de cultivos.

(35)

Para garantizar la coherencia en la forma en que se consideran varios tipos de cultivos, debido a su importante proporción en las superficies, en relación con el requisito de diversificación de cultivos, la flexibilidad en la aplicación de las normas de diversificación de cultivos con arreglo al artículo 44, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 debe ampliarse para incluir los cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o durante una parte significativa del ciclo de cultivo.

(36)

Con el fin de racionalizar las excepciones a la obligación de diversificación de cultivos establecida en el artículo 44, apartado 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, aplicable a las tierras predominantemente utilizadas para la producción de hierbas u otros forrajes herbáceos, o para el cultivo de leguminosas o el cultivo de cultivos bajo agua o que sean fundamentalmente tierras en barbecho o pastos permanentes, y a fin de garantizar la igualdad de trato de todos los agricultores con la misma proporción de uso de la tierra, no debe seguir aplicándose el límite máximo de 30 hectáreas de tierras de cultivo.

(37)

Para tener en cuenta la especificidad agronómica del Triticum spelta, debe considerarse un cultivo distinto a efectos del artículo 44 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013.

(38)

Con el fin de racionalizar las actuales exenciones de la obligación de tener superficies de interés ecológico establecida en el artículo 46, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, aplicables a tierras predominantemente utilizadas para la producción de hierbas u otros forrajes herbáceos, o para el cultivo de leguminosas o cultivos bajo agua o que sean fundamentalmente tierras en barbecho o pastos permanentes, no debe seguir aplicándose el límite superior de 30 hectáreas de tierras de cultivo.

(39)

Dada la posibilidad de que determinados cultivos permanentes proporcionen beneficios medioambientales indirectos para la biodiversidad, la lista de tipos de superficies de interés ecológico establecida en el artículo 46 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 debe ampliarse para incluir el Miscanthus y el Silphium perfoliatum. Teniendo en cuenta que el tipo de cobertura vegetal puede afectar positivamente a la contribución a la biodiversidad de las tierras en barbecho, el barbecho melífero debe ser reconocido como un tipo de superficie de interés ecológico diferenciado. En consecuencia, deben establecerse factores de ponderación para los Miscanthus, Silphium perfoliatum y tierras en barbecho para la flora melífera. Los factores de ponderación deben establecerse de manera que reflejen su diferente importancia para la biodiversidad. La introducción de nuevos tipos de superficies de interés ecológico requiere que se adapten los factores de ponderación existentes para las superficies con cultivos fijadores de nitrógeno y para las superficies de árboles forestales de cultivo corto, a fin de reflejar el nuevo equilibrio entre todos los tipos de superficies de interés ecológico.

(40)

La experiencia adquirida con la aplicación del régimen de ayuda a los jóvenes agricultores con arreglo al artículo 50 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 ha demostrado que, en algunos casos, los jóvenes agricultores no pueden beneficiarse de la totalidad de los cinco años de ayuda. Aunque ese apoyo sigue centrándose en la nueva actividad económica de los jóvenes que inician sus actividades agrarias, los Estados miembros deben facilitar el acceso de los jóvenes agricultores a los cinco años completos de pago también en los casos en que estos no hayan solicitado la ayuda inmediatamente después de su instalación.

(41)

Algunos Estados miembros han evaluado que los pagos concedidos a los jóvenes agricultores en virtud del artículo 50 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 son insuficientes para responder adecuadamente a los retos financieros de la instalación inicial y del ajuste estructural de las explotaciones agrarias creadas por los jóvenes agricultores. Para mejorar aún más las perspectivas de participación de los jóvenes agricultores en el sector agrario, los Estados miembros deben gozar de la posibilidad de decidir aumentar el porcentaje aplicado para calcular el importe del pago a los jóvenes agricultores en un porcentaje comprendido entre el 25 % y el 50 %, independientemente del método de cálculo aplicado. Esta decisión se debe entender sin perjuicio del límite del 2 % de su límite máximo nacional para los pagos directos destinados a financiar el pago a los jóvenes agricultores.

(42)

Con el fin de aumentar la claridad por lo que se refiere a las responsabilidades de los Estados miembros en lo que se refiere al carácter limitativo del régimen de ayuda asociada voluntaria, parece apropiado redactar de nuevo el artículo 52, apartados 5 y 6, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013. Dado que la nueva redacción refleja la práctica actual desde el 1 de enero de 2015 por lo que se refiere a dichas disposiciones, es conveniente que se aplique a partir del año de solicitud de 2015.

(43)

Para garantizar la mayor coherencia posible entre los regímenes de la Unión destinados a sectores que, en determinados años, se caracterizan por desequilibrios estructurales del mercado, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos delegados que permitan a los Estados miembros decidir que la ayuda asociada voluntaria pueda continuar pagándose hasta 2020 sobre la base de las unidades de producción para las cuales se concedió dicha ayuda en un período de referencia previo.

(44)

A fin de aumentar la flexibilidad con respecto a la ayuda asociada voluntaria, debe permitirse que los Estados miembros revisen anualmente sus decisiones de ayuda con efecto a partir del año de solicitud de 2019.

(45)

Uno de los principales obstáculos a la creación de organizaciones de productores, especialmente en los Estados miembros que se están quedando a la zaga en lo que se refiere al grado de organización, parece ser la falta de confianza mutua y de experiencia previa. En este contexto, el asesoramiento por parte de organizaciones de productores que están funcionando bien para mostrar el camino a seguir por parte de otras organizaciones de productores, agrupaciones de productores o productores individuales de frutas y hortalizas, podría compensar ese obstáculo y, por consiguiente, debe incluirse entre los objetivos de las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas.

(46)

Además de las retiradas del mercado para distribución gratuita, es procedente asimismo proporcionar respaldo económico a las actividades de asesoramiento destinadas a animar a los productores a crear organizaciones que cumplan los criterios para ser reconocidas con objeto de beneficiarse de la plena financiación de la Unión en el marco de los programas operativos de las organizaciones de productores existentes.

(47)

Las medidas de prevención y gestión de crisis deben ampliarse para cubrir la reposición de fondos mutuales que puedan ayudar, en tanto que nuevos instrumentos, a combatir la crisis y a la promoción y comunicación, con objeto de diversificar y consolidar los mercados de las frutas y hortalizas.

(48)

Con el fin de simplificar el actual procedimiento, consistente en autorizar primero a los Estados miembros para conceder asistencia financiera nacional a las organizaciones de productores en las regiones de la Unión donde el grado de organización es especialmente bajo, y después reembolsar una parte de la ayuda financiera nacional si se cumplen otras condiciones, debe establecerse un nuevo sistema para los Estados miembros en los que el grado de organización es notablemente inferior a la media de la Unión. Al objeto de facilitar el tránsito del procedimiento actual al nuevo se debe prever un período de transición de un año. El nuevo sistema debe ser aplicable a partir del 1 de enero de 2019.

(49)

Con el fin de garantizar la protección de los aguardientes de vino con indicación geográfica contra el riesgo de apropiación indebida de la reputación, debe permitirse a los Estados miembros aplicar la normativa de autorizaciones para plantaciones de vid aptas para producir vinos con indicación geográfica también a los vinos aptos para producir aguardientes de vino con indicación geográfica.

(50)

La utilización de contratos en el sector de la leche y los productos lácteos puede ayudar a reforzar la responsabilidad de los operadores y aumentar su conciencia sobre la necesidad de tener más en cuenta las señales del mercado, mejorar la transmisión de los precios y adaptar la oferta a la demanda, así como de ayudar a evitar determinadas prácticas comerciales injustas. Con el fin de incentivar el uso de tales contratos en el sector de la leche y los productos lácteos y en otros sectores, los productores, las organizaciones de productores o la asociación de organizaciones de productores deben tener derecho a solicitar un contrato por escrito, aun cuando en el Estado miembro afectado no sea obligatorio el uso de tales contratos.

(51)

Si bien las partes en un contrato para la entrega de leche cruda pueden negociar libremente los elementos de dichos contratos, a los Estados miembros que hagan obligatorio el uso de contratos se les concede la oportunidad de imponer determinadas cláusulas contractuales, en particular su duración mínima. Con el fin de que las partes puedan lograr claridad contractual sobre las cantidades entregadas y los precios, los Estados miembros deben tener también la posibilidad de imponer a las partes la obligación de acordar una relación entre la cantidad entregada y el precio que se pagará por dicha entrega.

(52)

Las organizaciones de productores y sus asociaciones pueden desempeñar una función muy útil en la concentración de la oferta y en la mejora de la comercialización y planificación, así como para adaptar la producción a la demanda, optimizar los costes de producción y estabilizar los precios a la producción, llevar a cabo investigaciones, fomentar las mejores prácticas y prestar asistencia técnica, gestionar los productos derivados y administrar los instrumentos de gestión del riesgo de que dispongan sus miembros, contribuyendo así a fortalecer la posición de los productores en la cadena alimentaria. Sus actividades, incluidas las negociaciones contractuales relativas al suministro de productos agrícolas por dichas organizaciones de productores y sus asociaciones a la hora de concentrar la oferta e introducir los productos de sus miembros en el mercado, contribuyen, por tanto, a la consecución de los objetivos de la PAC establecidos en el artículo 39 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ya que refuerzan la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y pueden contribuir a un mejor funcionamiento de la misma. La reforma de la PAC en 2013 reforzó la función de las organizaciones de productores. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 101 del TFUE, la posibilidad de llevar a cabo actividades como la planificación de la producción, la optimización de los costes, la introducción de los productos de los miembros productores en el mercado y la puesta en marcha de negociaciones contractuales debe, por lo tanto, regularse de forma explícita como un derecho de las organizaciones de productores reconocidas en todos los sectores para los que el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) establece una organización común de los mercados. Esa excepción debe cubrir únicamente a las organizaciones de productores que ejercen realmente una actividad destinada a la integración económica y que concentran la oferta e introducen los productos de sus miembros en el mercado. Sin embargo, además de la aplicación del artículo 102 del TFUE a dichas organizaciones de productores, deben establecerse salvaguardias para garantizar que dichas actividades no excluyan la competencia o pongan en peligro los objetivos establecidos en el artículo 39 del TFUE. Las autoridades de competencia deben tener derecho a intervenir en estos casos y decidir si dichas actividades deben, para el futuro, modificarse, interrumpirse o no producirse en absoluto. Hasta la adopción de la decisión por parte de la autoridad de competencia, las actividades llevadas a cabo por la organización de productores deben considerarse legales. Las asociaciones de organizaciones de productores reconocidas al amparo del artículo 156, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 deben poder basarse, para las actividades que realizan por sí mismas, en la excepción en la misma medida y en las mismas condiciones que las organizaciones de productores.

(53)

Las organizaciones de productores se reconocen en un sector específico a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. Sin embargo, puesto que las organizaciones de productores podrán operar en más de un sector, en aras de evitar la carga administrativa obligándoles a crear varias organizaciones de productores a efectos de reconocimiento, debe ser posible que una organización de productores obtenga más de un reconocimiento. Sin embargo, en tales circunstancias, la organización de productores en cuestión debe cumplir las condiciones de reconocimiento para cada uno de los sectores afectados.

(54)

Teniendo en cuenta el papel que pueden desempeñar las organizaciones interprofesionales para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, la lista de posibles objetivos que pueden perseguir tales organizaciones interprofesionales debe ampliarse e incluir también medidas para prevenir y gestionar los riesgos relacionados con la salud animal, la protección fitosanitaria y el medio ambiente.

(55)

Las organizaciones interprofesionales se reconocen en un sector específico recogido en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. Sin embargo, puesto que las organizaciones interprofesionales podrán operar en más de un sector, en aras de evitar la carga administrativa obligándoles a crear varias organizaciones interprofesionales a efectos de reconocimiento, debe ser posible que una organización interprofesional obtenga más de un reconocimiento. Sin embargo, en tales circunstancias, la organización interprofesional debe cumplir las condiciones de reconocimiento para cada uno de los sectores afectados.

(56)

Con el fin de facilitar una mejor transmisión de las señales del mercado y reforzar los vínculos entre los precios al productor y el valor añadido en toda la cadena de suministro, los agricultores, incluidas las asociaciones de agricultores, deben poder ponerse de acuerdo con su primer comprador sobre las cláusulas de reparto del valor, en particular las ganancias y pérdidas comerciales. Puesto que las organizaciones interprofesionales pueden desempeñar un papel importante a la hora de posibilitar el diálogo entre los agentes de la cadena de suministro y promover las mejores prácticas y la transparencia del mercado, deben estar autorizadas a establecer cláusulas de reparto del valor. No obstante, la utilización de cláusulas de reparto del valor por parte de los agricultores, las asociaciones de agricultores y su primer comprador debe seguir siendo voluntaria.

(57)

La experiencia adquirida a través de la aplicación del artículo 188 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 ha demostrado que la necesidad de adoptar actos de ejecución para la gestión de procesos simples y matemáticos relacionados con la forma en que se asignan las cuotas es engorroso y requiere un alto gasto sin ninguna ventaja específica relacionada con este método. La Comisión no tiene, en realidad, ningún margen de apreciación a este respecto, habida cuenta de que la fórmula correspondiente ya ha sido fijada por el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1301/2006 de la Comisión (11). Con el fin de reducir la carga administrativa y racionalizar el proceso, debe disponerse que la Comisión haga públicos los resultados de la asignación de los contingentes arancelarios mediante su adecuada publicación en internet. Además, debe incluirse una disposición específica que disponga que los Estados miembros solo deben expedir certificados tras la publicación de los resultados de la asignación por parte de la Comisión.

(58)

Con el fin de garantizar la utilización efectiva del artículo 209 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 por parte de los agricultores o las organizaciones de productores o sus asociaciones, debe introducirse la posibilidad de solicitar el dictamen de la Comisión sobre la compatibilidad de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de los agricultores o las organizaciones de productores o sus asociaciones con los objetivos establecidos en el artículo 39 del TFUE.

(59)

Con el fin de garantizar que puedan aplicarse de forma efectiva y oportuna las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 que permiten que las decisiones y los acuerdos estabilicen temporalmente los sectores afectados en momentos de graves desequilibrios en los mercados, deben ampliarse las posibilidades de dichas acciones colectivas a los agricultores y las asociaciones de agricultores. Además, esas medidas temporales no deben autorizarse ya como instrumento de último recurso, sino que pueden complementar la acción de la Unión en el marco de la intervención pública, el almacenamiento privado y las medidas excepcionales previstas por el Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(60)

Puesto que resulta apropiado seguir ayudando al sector de la leche y los productos lácteos en su transición a raíz de la finalización del sistema de cuotas y promover su respuesta más eficaz al mercado y a las fluctuaciones de precios, las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 que refuerzan los acuerdos contractuales en el sector de la leche y los productos lácteos deben dejar de tener fecha de expiración.

(61)

Los mercados agrícolas deben ser transparentes y las informaciones sobre los precios deben ser accesibles y beneficiosas para todas las partes.

(62)

La experiencia adquirida a través de la aplicación del anexo VIII, parte II, sección A, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 ha demostrado que la necesidad de adoptar actos de ejecución para aprobar incrementos reducidos en los límites de enriquecimiento del vino, cuya naturaleza es técnica y no plantea controversia, es un planteamiento engorroso que requiere una gran cantidad de recursos y no proporciona ninguna ventaja específica. Con objeto de reducir la carga administrativa correspondiente y racionalizar el proceso, procede disponer que los Estados miembros que decidan hacer uso de esta excepción notifiquen a la Comisión tales decisiones.

(63)

El Reglamento (UE) n.o 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) contempla la posibilidad de dividir los compromisos presupuestarios en tramos anuales solo en caso de aprobación de programas plurianuales de erradicación, control y vigilancia de las enfermedades de los animales y las zoonosis, de programas de vigilancia para detectar la presencia de plagas y de programas relacionados con el control de plagas en las regiones ultraperiféricas de la Unión. En aras de la simplificación y a fin de reducir la carga administrativa, debe ampliarse esa posibilidad a las otras acciones previstas en dicho Reglamento.

(64)

Para que las modificaciones previstas en el presente Reglamento puedan aplicarse a partir del 1 de enero de 2018, el Reglamento debe entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(65)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013, (UE) n.o 1306/2013, (UE) n.o 1307/2013, (UE) n.o 1308/2013 y (UE) n.o 652/2014.

1)

En el artículo 2, apartado 1, el párrafo segundo queda modificado como sigue:

2)

En el artículo 8, apartado 1, letra h), el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente:

3)

En el artículo 14, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   Serán admisibles en el marco de esta medida los costes de organización y prestación de las actividades de transferencia de conocimientos o información. La infraestructura instalada como resultado de una demostración podrá utilizarse después de que haya concluido la operación. En el caso de los proyectos de demostración, la ayuda también podrá abarcar los costes de inversión pertinentes. Asimismo, serán admisibles los gastos de viaje y alojamiento y las dietas de los participantes, así como los gastos derivados de la sustitución de los agricultores. Todos los costes determinados con arreglo al presente apartado se abonarán al beneficiario.».

4)

El artículo 15 queda modificado como sigue:

5)

El artículo 16 queda modificado como sigue:

6)

El artículo 17 queda modificado como sigue:

7)

El artículo 19 queda modificado como sigue:

8)

En el artículo 20, se añade el apartado siguiente:

«4.   Los apartados 2 y 3 no serán de aplicación cuando la ayuda se conceda en forma de instrumentos financieros.».

9)

El artículo 23 queda modificado como sigue:

10)

El artículo 28 queda modificado como sigue:

11)

El artículo 29 queda modificado como sigue:

12)

En el artículo 30, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«A la hora de calcular los pagos relacionados con las ayudas contemplados en el párrafo primero, los Estados miembros deducirán el importe necesario con objeto de excluir la doble financiación de las prácticas contempladas en el artículo 43 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013. Los Estados miembros podrán calcular la deducción como un importe medio fijo aplicado a todos los beneficiarios interesados que lleven a cabo las submedidas correspondientes.».

13)

El artículo 31 queda modificado como sigue:

14)

En el artículo 33, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Se concederán en virtud de esta medida pagos en favor del bienestar de los animales a los agricultores que se comprometan voluntariamente a llevar a cabo operaciones para dar cumplimiento a uno o varios compromisos en favor del bienestar de los animales y que sean agricultores activos en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, tal como se aplique en el Estado miembro de que se trate.».

15)

El artículo 36 queda modificado como sigue:

16)

En el artículo 37, apartado 1, el párrafo primero queda modificado como sigue:

«1.   La ayuda en virtud del artículo 36, apartado 1, letra a), únicamente se concederá con respecto a los contratos de seguros que cubran las pérdidas causadas por adversidades climáticas, enfermedades animales o vegetales, infestaciones por plagas, un incidente medioambiental, o una medida adoptada de conformidad con la Directiva 2000/29/CE para erradicar o contener una enfermedad vegetal o plaga que haya destruido más del 20 % de la producción anual media del agricultor en el trienio anterior o de su producción media trienal respecto del período quinquenal anterior, excluidos los valores más alto y más bajo. Podrán utilizarse índices para calcular la producción anual de un agricultor. El método de cálculo utilizado permitirá determinar la pérdida real de un agricultor particular en un año dado.».

17)

El artículo 38 queda modificado como sigue:

18)

El artículo 39 queda modificado como sigue:

19)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 39 bis

Instrumento de estabilización de los ingresos para los agricultores de un sector específico

1.   La ayuda prevista en el artículo 36, apartado 1, letra d), se concederá únicamente en casos debidamente justificados y cuando la disminución de los ingresos supere un umbral mínimo del 20 % de los ingresos anuales medios del agricultor en el trienio anterior o de sus ingresos medios trienales respecto del período quinquenal anterior, excluidos los valores más alto y más bajo. Podrán utilizarse índices para calcular la pérdida anual de ingresos de un agricultor. A los efectos del artículo 36, apartado 1, letra d), se entenderá por “ingresos” la suma de los que el agricultor obtenga del mercado, incluido todo tipo de ayuda pública y excluidos los costes de los insumos. Los pagos de los fondos mutuales a los agricultores compensarán menos de un 70 % de las pérdidas de ingresos en el año en que el productor adquiera el derecho a recibir esa ayuda.

2.   El artículo 39, apartados 2 a 5, será aplicable a efectos de la ayuda en virtud del artículo 36, apartado 1, letra d).».

20)

El artículo 45 queda modificado como sigue:

21)

El artículo 49 queda modificado como sigue:

22)

En el artículo 59, el apartado 4 queda modificado como sigue:

23)

El artículo 60 queda modificado como sigue:

24)

En el artículo 62, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Cuando la ayuda se conceda sobre la base de costes estándar o costes adicionales y rentas no percibidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1, letras a) y b), en lo relativo a las rentas no percibidas y los costes de mantenimiento y en los artículos 28 a 31, 33 y 34, los Estados miembros velarán por que los cálculos correspondientes sean adecuados, precisos y se efectúen con antelación de modo justo, equitativo y verificable. Para ello, un organismo que sea funcionalmente independiente de las autoridades responsables de la ejecución del programa y esté debidamente capacitado efectuará los cálculos o confirmará la idoneidad y exactitud de los mismos. En el programa de desarrollo rural se incluirá una declaración que confirme la idoneidad y exactitud de los cálculos.».

25)

En el artículo 66, apartado 1, se suprime la letra b).

26)

En el artículo 74, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

27)

El anexo II queda modificado de conformidad con el anexo I del presente Reglamento.

1)

El artículo 26 queda modificado como sigue:

2)

En el artículo 38, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   En caso de procedimiento judicial o recurso administrativo de efecto suspensivo, el plazo a que se refieren los apartados 1 o 2 al término del cual se produce la liberación automática quedará interrumpido, para el importe correspondiente a las operaciones en cuestión, hasta que concluya el procedimiento o recurso administrativo, a reserva de que la Comisión reciba del Estado miembro una información debidamente motivada antes del 31 de enero del año N + 4.».

3)

En el artículo 43, apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

4)

En el artículo 54, apartado 3, letra a), el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente:

5)

En el artículo 63, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:

«Si el incumplimiento afecta a las normas nacionales o de la Unión sobre contratación pública, la parte de la ayuda que no debe pagarse o no debe retirarse se determinará en función de la gravedad del incumplimiento y respetando el principio de proporcionalidad. La legalidad y regularidad de la operación solo se verán afectadas hasta el nivel de la parte de la ayuda que no se vaya a pagar o retirar.».

6)

En el artículo 72, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra a) del presente artículo, los Estados miembros podrán decidir que:

7)

En el artículo 75, apartado 1, los párrafos tercero y cuarto se sustituyen por el texto siguiente:

«No obstante lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del presente apartado, los Estados miembros podrán:

Por lo que respecta a la ayuda concedida en el marco del desarrollo rural, a que se refiere el artículo 67, apartado 2, los párrafos primero y segundo del presente apartado se aplicarán respecto a las solicitudes de ayuda o de pago presentadas a partir del año de solicitud 2019.».

1)

El artículo 4 queda modificado como sigue:

2)

En el artículo 6, apartado 2, se añade el párrafo siguiente:

«En caso de que un Estado miembro haga uso de la opción prevista en el artículo 36, apartado 4, párrafo segundo, podrá rebasarse el límite máximo nacional establecido para dicho Estado miembro en el anexo II para el año respectivo en el importe calculado de conformidad con dicho párrafo.».

3)

El artículo 9 queda modificado como sigue:

4)

En el artículo 11, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6.   Los Estados miembros podrán revisar anualmente sus decisiones relativas a una reducción de los pagos de conformidad con el presente artículo, siempre que esta revisión no conduzca a una reducción de los importes disponibles para el desarrollo rural.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión las decisiones que adopten de acuerdo con el presente artículo y el producto previsto de las reducciones para los años hasta 2019 a más tardar el 1 de agosto del año previo a la aplicación de esas decisiones, siendo la última fecha posible para esa notificación el 1 de agosto de 2018.».

5)

El artículo 14 queda modificado como sigue:

6)

En el artículo 31, apartado 1, la letra g) se sustituye por el texto siguiente:

7)

En el artículo 36, apartado 4, se añaden los párrafos siguientes:

«Para cada Estado miembro, el importe calculado de conformidad con el primer párrafo del presente apartado podrá incrementarse como máximo en un 3 % del límite nacional anual correspondiente establecido en el anexo II una vez deducido el importe resultante de aplicar el artículo 47, apartado 1, para el año considerado. Cuando un Estado miembro aplique ese incremento, la Comisión lo tendrá en cuenta al establecer el límite anual nacional para el régimen de pago básico resultante de lo dispuesto en el primer párrafo del presente apartado. Para ello, los Estados miembros notificarán a la Comisión, a más tardar el 31 de enero de 2018, los porcentajes anuales en los que se incrementará, cada año civil a partir de 2018, el importe calculado de conformidad con el apartado 1 del presente artículo.

Los Estados miembros podrán reconsiderar cada año la decisión a la que se refiere el párrafo segundo del presente apartado; cuando así lo hagan, notificarán a la Comisión toda decisión basada en tal reconsideración a más tardar el 1 de agosto del año anterior a su aplicación.».

8)

El artículo 44 queda modificado como sigue:

9)

El artículo 46 queda modificado como sigue:

10)

El artículo 50 queda modificado como sigue:

11)

El artículo 52 queda modificado como sigue:

12)

En el artículo 53, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6.   Los Estados miembros podrán revisar, a más tardar el 1 de agosto de un año dado, su decisión con arreglo al presente capítulo y decidir, con efecto a partir del año siguiente:

Los Estados miembros notificarán a la Comisión su decisión en tal sentido en la fecha a que se refiere el párrafo primero.».

13)

El artículo 70 queda modificado como sigue:

14)

El anexo X queda modificado de conformidad con el anexo II del presente Reglamento.

1)

El artículo 33 queda modificado como sigue:

2)

En el artículo 34, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   El límite del 50 % previsto en el apartado 1 se elevará al 100 % en los casos siguientes:

3)

El artículo 35 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 35

Ayuda financiera nacional

1.   En las regiones de los Estados miembros en las que el grado de organización de los productores del sector de frutas y hortalizas se sitúe significativamente por debajo de la media de la Unión, los Estados miembros podrán conceder a las organizaciones de productores una ayuda financiera nacional igual, como máximo, al 80 % de las contribuciones financieras a que se refiere el artículo 32, apartado 1, letra a), y de hasta el 10 % del valor de la producción comercializada de cualquiera de dichas organizaciones de productores. Esta ayuda complementará el fondo operativo.

2.   El grado de organización de los productores en una región de un Estado miembro se considerará significativamente por debajo de la media de la Unión cuando el grado de organización medio haya sido inferior al 20 % durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha de ejecución del programa operativo. El grado de organización se calculará como el valor de la producción de frutas y hortalizas que se obtuvo en la región pertinente y que comercializaron las organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones de productores y grupos de productores reconocidos con arreglo al artículo 125 sexies del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 o el artículo 27 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013, dividido entre el valor total de la producción de frutas y hortalizas que se obtuvo en dicha región.

3.   Los Estados miembros que concedan una ayuda financiera nacional de conformidad con el apartado 1 informarán a la Comisión de las regiones que reúnan los criterios referidos en el apartado 2 y de las ayudas financieras nacionales otorgadas a las organizaciones de productores en esas regiones.».

4)

En el artículo 37, letra d), el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente:

5)

En el artículo 38, párrafo primero, la letra i) se sustituye por el texto siguiente:

6)

En el artículo 62, se añade el apartado siguiente:

«5.   Los Estados miembros podrán aplicar el presente capítulo a las superficies en las que se produzca vino apto para la producción de bebidas espirituosas con indicación geográfica registrada de conformidad con el anexo III del Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (*1). A efectos de dicho capítulo, tales superficies deben tratarse como superficies en las que se pueden producir vinos con denominación de origen o indicación geográfica protegidas.

7)

El artículo 64 queda modificado como sigue:

8)

El artículo 148 queda modificado como sigue:

9)

En el artículo 149, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Una organización de productores del sector de la leche y de los productos lácteos reconocida en virtud del artículo 161, apartado 1, podrá negociar en nombre de los ganaderos que son miembros de la misma, con respecto a una parte o la totalidad de su producción conjunta los contratos de entrega de leche cruda de un ganadero a un transformador de leche cruda, o a un recolector en el sentido del artículo 148, apartado 1, párrafo tercero.».

10)

El artículo 152 queda modificado como sigue:

11)

El artículo 154 queda modificado como sigue:

12)

El artículo 157 queda modificado como sigue:

13)

En el artículo 159, el título se sustituye por el texto siguiente:

«Reconocimiento preceptivo».

14)

El artículo 161 queda modificado como sigue:

15)

El artículo 168 queda modificado como sigue:

16)

Se suprimen los artículos 169, 170 y 171.

17)

Se inserta la sección siguiente:

«Sección 5 bis

Clausulas de reparto de valor

Artículo 172 bis

Reparto de valor

Sin perjuicio de todas las cláusulas específicas de reparto del valor en el sector del azúcar, los agricultores, incluidas las asociaciones de agricultores, y su primer comprador podrán acordar cláusulas de reparto de valor, incluidos los beneficios y las pérdidas comerciales, que determinen la manera en que se reparten entre ellos la evolución de los precios de mercado pertinentes de los productos afectados u otros mercados de materias primas.».

18)

En el artículo 184, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Mediante actos delegados adoptados conforme al artículo 186 y actos de ejecución adoptados conforme al artículo 187, ambos del presente Reglamento, la Comisión abrirá y/o gestionará los contingentes arancelarios de importación de productos agrarios destinados al despacho a libre práctica en la Unión o en una parte de ella, o los contingentes arancelarios de importación de productos agrarios de la Unión en terceros países administrados parcial o totalmente por la Unión, que se deriven de acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el TFUE o con cualquier otro acto adoptado en virtud del artículo 43, apartado 2, o del artículo 207 del TFUE.».

19)

El artículo 188 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 188

Proceso de asignación de contingentes arancelarios

1.   La Comisión publicará, a través de una publicación web adecuada, los resultados de la asignación de contingentes arancelarios para las solicitudes notificadas teniendo en cuenta los contingentes arancelarios disponibles y las solicitudes notificadas.

2.   La publicación a que se refiere el apartado 1 también deberá hacer referencia, cuando proceda, a la necesidad de rechazar las solicitudes pendientes, suspender la presentación de solicitudes o asignar las cantidades no utilizadas.

3.   Los Estados miembros expedirán certificados de importación y licencias de exportación para las cantidades solicitadas dentro de los contingentes arancelarios de importación y de exportación, sujetos a los respectivos coeficientes de asignación y una vez hechos públicos por la Comisión de conformidad con el apartado 1.».

20)

El artículo 209 queda modificado como sigue:

21)

El artículo 222 queda modificado como sigue:

22)

En el artículo 232, se suprime el apartado 2.

23)

Los anexos VII y VIII quedan modificados de conformidad con el anexo III del presente Reglamento.

1)

En el artículo 4, se añade el apartado siguiente:

«4.   En el caso de la aprobación de acciones plurianuales, los compromisos presupuestarios podrán fraccionarse en tramos anuales. Cuando los compromisos presupuestarios se dividan de ese modo, la Comisión comprometerá los distintos tramos anuales teniendo en cuenta el avance de las acciones, las necesidades previstas y las disponibilidades presupuestarias.».

2)

En el artículo 13, se suprime el apartado 5.

3)

En el artículo 22, se suprime el apartado 5.

4)

En el artículo 27, se suprime el apartado 5.

a)

el artículo 3, punto 11, letras a) y b), se aplicarán a partir del 1 de enero de 2015;

b)

el artículo 1, punto 23, letra b), se aplicará a partir del 1 de enero de 2016, y

c)

el artículo 4, punto 3, se aplicará a partir del 1 de enero de 2019.