(1)

El Reglamento (UE) 2020/123 del Consejo (2) fija las cuotas para el año 2020.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, los buques que enarbolan pabellón de Bélgica o están matriculados en ese país han agotado la cuota asignada para 2020 respecto a las capturas de la población de merlán en la zona 8.

(3)

Es necesario, por tanto, prohibir determinadas actividades pesqueras dirigidas a esa población.

(1)

El Reglamento (UE) 2020/123 del Consejo (2) fija las cuotas para el año 2020.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población de rayas, pastinacas y mantas efectuadas en aguas de la Unión de las zonas 8 y 9 por buques que enarbolan pabellón de Bélgica o que están registrados en dicho país han agotado la cuota asignada para 2020.

(3)

Es necesario, por tanto, prohibir determinadas actividades pesqueras dirigidas a esa población.

(1)

Con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2015/2283, la Comisión debía establecer, a más tardar el 1 de enero de 2018, la lista de la Unión de nuevos alimentos autorizados o notificados de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(2)

La lista de la Unión de nuevos alimentos autorizados o notificados con arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97 se estableció mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión (3).

(3)

Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1023 de la Comisión (4) se corrigió la lista inicial de nuevos alimentos de la Unión establecida en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, sustituyendo dicho anexo. Entretanto, se han adoptado ocho Reglamentos de Ejecución de la Comisión [Reglamentos (UE) 2018/460 (5), (UE) 2018/461 (6), (UE) 2018/462 (7), (UE) 2018/469 (8), (UE) 2018/991 (9), (UE) 2018/1011 (10), (UE) 2018/1018 (11) y (UE) 2018/1032 (12)] por los que se autoriza la comercialización de nuevos alimentos o se amplía el uso de nuevos alimentos respectivamente. Dichos Reglamentos de Ejecución también actualizaron la lista de la Unión. Sin embargo, esos nuevos alimentos y las ampliaciones del uso de nuevos alimentos ya no figuran en la lista, que ha sido sustituida por el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1023.

(4)

En aras de la claridad y la seguridad jurídica, la lista de la Unión de nuevos alimentos establecida en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 debe modificarse en consecuencia para incluir estos nuevos alimentos y las ampliaciones del uso de nuevos alimentos en la lista de la Unión. Dado que estos nuevos alimentos y las ampliaciones del uso de nuevos alimentos se incluyeron en la lista de la Unión hasta la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1023, el 13 de agosto de 2018, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de esa fecha.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

El Reglamento (CE) n.o 152/2009 de la Comisión (2) establece los métodos de análisis utilizados en apoyo de los controles oficiales para hacer cumplir la prohibición del uso de proteína animal elaborada en piensos para animales destinados a la producción de alimentos. Entre ellos se incluyen los métodos de análisis para la determinación de componentes de origen animal con fines de control oficial de los piensos, que se describen en el anexo VI de dicho Reglamento y que se realizan por microscopía óptica o por reacción en cadena de la polimerasa (RCP).

(2)

El laboratorio de referencia de la Unión Europea en materia de proteínas animales presentes en los piensos y los laboratorios nacionales de referencia de los Estados miembros han tenido dificultades para interpretar los resultados tras la aplicación del método de microscopía óptica descrito en el anexo VI del Reglamento (CE) n.o 152/2009.

(3)

Para garantizar la claridad y la seguridad jurídicas y para evitar interpretaciones divergentes, procede modificar determinadas disposiciones del anexo VI.

(4)

En particular, debe modificarse el diagrama de flujo de observación para la detección de partículas de origen animal en piensos compuestos y en materiales para piensos para aclarar las situaciones en las que solo es necesaria una determinación para concluir el análisis. También debe detallarse más la expresión de los resultados. Por último, las características del equipo y la preparación de las muestras deben ajustarse basándose en la experiencia adquirida durante los últimos seis años de aplicación del método.

(5)

Procede, por tanto, modificar el anexo VI del Reglamento (CE) n.o 152/2009 en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

El 6 de agosto de 2020, Hungría solicitó asistencia financiera de la Unión con el fin de complementar sus esfuerzos nacionales para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia para los trabajadores por cuenta ajena y para los trabajadores por cuenta propia.

(2)

Se teme que la pandemia de COVID-19 y las medidas extraordinarias aplicadas por Hungría para contener la pandemia y sus repercusiones socioeconómicas y sanitarias constituirán un durísimo revés para las finanzas públicas. De acuerdo con las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, el déficit y la deuda de las administraciones públicas de Hungría sería del 5,2 % y del 75,0 % del producto interior bruto (PIB), respectivamente, para el final de 2020. De acuerdo con las previsiones intermedias del verano de 2020 de la Comisión, se prevé que el PIB de Hungría disminuya un 7,0 % en 2020.

(3)

La pandemia de COVID-19 ha inmovilizado a una parte sustancial de la mano de obra de Hungría. Esto ha causado un aumento repentino y grave del gasto público por parte de Hungría relacionado con medidas similares a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas sanitarias, tal como se expone en los considerandos 4 a 14.

(4)

La «Resolución gubernamental 2080/2020 sobre el desarrollo nacional del alojamiento», tal como se menciona en la solicitud de Hungría de 6 de agosto de 2020, introdujo una ayuda temporal para la mejora del alojamiento (transformación, ampliación, renovación de locales, adquisición de equipos, etc.) en destinos turísticos con el fin de mantener la mano de obra existente. Únicamente se ha solicitado la parte del gasto relacionada con el apoyo a los trabajadores por cuenta propia y las sociedades unipersonales. La medida puede considerarse una medida similar a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, como se contempla en el Reglamento (UE) 2020/672, ya que está destinada a proteger de una reducción o pérdida de ingresos a los trabajadores por cuenta propia o categorías de trabajadores similares.

(5)

El «Decreto del Ministerio de Agricultura n.o 25/2020. (VI. 22.)» (2), el «Decreto del Ministerio de Agricultura n.o 26/2020. (VI. 22.)» (3) y el «Decreto del Ministerio de Agricultura n.o 30/2020. (VI. 22.)» (4), tal como se mencionan en la solicitud de Hungría de 6 de agosto de 2020, introdujeron una ayuda única en forma de subvención para las empresas de transformación de alimentos, las empresas hortícolas en los sectores de los cultivos no perennes y de la reproducción de plantas, y las empresas piscícolas, respectivamente. La ayuda está condicionada a que la entidad mantenga a sus empleados hasta diciembre de 2020. En lo relativo a la parte del gasto relacionada con el apoyo a los trabajadores por cuenta propia y a las sociedades unipersonales, la medida puede considerarse una medida similar a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, como se contempla en el Reglamento (UE) 2020/672, ya que está destinada a proteger de una reducción o pérdida de ingresos a los trabajadores por cuenta propia o categorías de trabajadores similares.

(6)

«Decreto Gubernamental n.o 59/2020. (III. 23.)» (5) y la «Ley LVIII de 2020» (6), tal como se mencionan en la solicitud de Hungría de 6 de agosto de 2020, la prolongación de las prestaciones por cuidado de hijos a trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, que habrían expirado debido a las restricciones de edad entre el 11 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, período correspondiente al estado de alarma. Estas prestaciones por cuidado de hijos pueden considerarse similares a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, como se contempla en el Reglamento (UE) 2020/672, ya que ofrecen ayudas a los ingresos de los trabajadores por cuenta propia y ajena, lo que contribuirá a cubrir los costes del cuidado de los niños durante el cierre de las escuelas y, por tanto, ayudará a que los padres sigan trabajando, evitando poner en riesgo su relación laboral.

(7)

Sobre la base del «Decreto gubernamental n.o 47/2020 (III. 18.)» (7) (en su versión modificada), tal como se menciona en la solicitud de Hungría de 6 de agosto de 2020, las autoridades han introducido una serie de medidas fiscales. Dado que estas medidas suponen una pérdida de ingresos para el Estado, pueden considerarse equivalentes al gasto público.

(8)

Para los sectores más afectados por la pandemia, las autoridades han introducido una exención de las cotizaciones de los empleadores a la seguridad social y de la tasa de formación durante el período comprendido entre marzo y diciembre de 2020, así como una reducción del impuesto para la contribución de los empleadores a la rehabilitación durante el período comprendido entre marzo y junio de 2020. Se ha solicitado la parte del gasto total correspondiente a las empresas que reducen o suspenden el tiempo de trabajo o en el caso de que los empleados hayan trabajado de manera continuada hasta los últimos datos de ejecución disponibles.

(9)

Para los pequeños contribuyentes en 26 actividades, se introdujo una exención del régimen del impuesto a tanto alzado a pequeños negocios («KATA») durante el período comprendido entre marzo y junio de 2020. Únicamente se ha solicitado la parte del gasto relacionada con el apoyo a los trabajadores por cuenta propia y las sociedades unipersonales. La medida puede considerarse una medida similar a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, como se contempla en el Reglamento (UE) 2020/672, ya que está destinada a proteger de una reducción o pérdida de ingresos a los trabajadores por cuenta propia o categorías de trabajadores similares.

(10)

Por último, en relación con las medidas fiscales, en los sectores más afectados por la pandemia, las autoridades han excluido los costes de personal de la base imponible del impuesto sobre las pequeñas empresas («KIVA») durante el período comprendido entre marzo y junio de 2020. Se ha solicitado la parte del gasto total correspondiente a las empresas que reducen o suspenden el tiempo de trabajo o en el caso de que los empleados hayan trabajado de manera continuada hasta los últimos datos de ejecución disponibles.

(11)

Hungría también ha introducido una serie de medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia de COVID-19. El «Decreto gubernamental n.o 275/2020. (VI. 12.)» (8), tal como se menciona en la solicitud de Hungría de 6 de agosto de 2020, introdujo una prestación única a tanto alzado de 500 000 HUF por persona para los trabajadores sanitarios como reconocimiento por su trabajo adicional durante la pandemia.

(12)

Las empresas estatales, cuyos costes corren a cargo del Estado, han introducido medidas especiales para controlar la pandemia incurriendo en los gastos que esto supone. Estas medidas sanitarias incluyen la limpieza y el suministro de equipos de protección.

(13)

Sobre la base del «Decreto gubernamental n.o 250/2014 (X. 2.) sobre la Dirección General de Contratación Pública y Suministro (KEF)» (9), tal como se menciona en la solicitud de Hungría de 6 de agosto de 2020, las medidas especiales para controlar la pandemia (como los servicios diarios de desinfección o la limpieza múltiple de los sistemas de ventilación y los ascensores) y proteger la salud de cada uno de los funcionarios públicos con desinfectantes y herramientas de protección han producido un aumento de los costes. Estas medidas han sido introducidas por la KEF para garantizar la continuación del funcionamiento de los organismos presupuestarios públicos.

(14)

Por último, la «Resolución gubernamental 1012/2020. (I. 31.) sobre la gestión operativa del personal» (10), tal como se menciona en la solicitud de Hungría de 6 de agosto de 2020, ha introducido medidas relacionadas con las infraestructuras y las inversiones en hospitales para permitir un elevado nivel de protección del personal sanitario y de los pacientes. Las medidas incluyen salas especializadas de reconocimiento médico y centros COVID aislados. Además, los costes directos de las herramientas y equipos de protección personal (mascarillas de un solo uso, capas médicas, protecciones de plástico, guantes, desinfectantes, etc.) en hospitales y otros centros sanitarios han aumentado para permitir un elevado nivel de protección de los trabajadores sanitarios.

(15)

Hungría cumple las condiciones para solicitar asistencia financiera establecidas en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/672. Hungría ha aportado a la Comisión las pruebas necesarias de que el gasto público real y previsto ha aumentado en 639 500 000 EUR desde el 1 de febrero de 2020 debido a las medidas nacionales adoptadas para afrontar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia provocada por la COVID-19. El aumento del importe directamente relacionado con las medidas anteriormente mencionadas que son similares a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo constituye un aumento repentino y grave, ya que está relacionado tanto con medidas nuevas como con una prórroga de las medidas existentes, que abarcan un porcentaje importante de las empresas y de la mano de obra de Hungría. Hungría tiene intención de financiar 113 740 000 EUR del incremento del importe del gasto público a través de fondos de la Unión.

(16)

La Comisión ha consultado a Hungría y ha verificado el repentino y grave aumento en el gasto público real y previsto, directamente relacionado con los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas similares, así como con el recurso a las medidas pertinentes del ámbito sanitario en relación con la pandemia de COVID-19, a que se hace referencia en su solicitud de 6 de agosto de 2020, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2020/672.

(17)

Las medidas sanitarias, solicitadas por Hungría y mencionadas en los considerandos 11 a 14, ascienden a 268 550 000 EUR. Este importe representa más de la mitad del importe total de la ayuda financiera solicitada. Dada la necesidad de garantizar el carácter accesorio de esta categoría de medidas, el importe de la ayuda financiera en apoyo de las medidas sanitarias se limitaría a 247 124 000 EUR, de modo que el importe representa menos de la mitad de la ayuda financiera total.

(18)

En consecuencia, debe proporcionarse asistencia financiera con el fin de ayudar a Hungría a hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de las graves perturbaciones económicas causadas por la pandemia de COVID-19. La Comisión debe adoptar las decisiones relativas a los vencimientos, cuantía y desembolso de los tramos y cuotas en estrecha cooperación con las autoridades nacionales.

(19)

La presente Decisión debe entenderse sin perjuicio del resultado de cualesquiera procedimientos relativos a distorsiones del funcionamiento del mercado interior que puedan incoarse, en particular, en virtud de los artículos 107 y 108 del Tratado. No exime a los Estados miembros de la obligación de notificar a la Comisión los posibles casos de ayudas estatales con arreglo al artículo 108 del Tratado.

(20)

Hungría debe informar regularmente a la Comisión acerca de la ejecución del gasto público previsto, con el fin de que la Comisión pueda evaluar el grado de ejecución de dicho gasto por parte de Hungría.

(21)

La decisión de proporcionar ayuda financiera se ha alcanzado tomando en consideración las necesidades existentes y previstas de Hungría, así como las solicitudes de asistencia financiera en virtud del Reglamento (UE) 2020/672 que ya han presentado o que tienen previsto presentar otros Estados miembros, al tiempo que se aplican los principios de igualdad de trato, solidaridad, proporcionalidad y transparencia.

a)

ayuda temporal para la mejora del alojamiento en destinos turísticos con el fin de mantener la mano de obra existente, conforme a lo dispuesto en la «Resolución gubernamental 2080/2020 sobre el desarrollo nacional del alojamiento», para la parte de los gastos relacionados con el apoyo a los trabajadores por cuenta propia y a las empresas unipersonales;

b)

ayuda temporal a las empresas de transformación de alimentos, prevista en el «Decreto del Ministerio de Agricultura n.o 25/2020. (VI. 22.)», para la parte de los gastos relacionados con la ayuda a los trabajadores por cuenta propia y a las sociedades unipersonales;

c)

ayuda temporal a las empresas hortícolas en los sectores de los cultivos no perennes y de la reproducción de plantas, tal como se establece en el «Decreto del Ministerio de Agricultura n.o 26/2020. (VI. 22.)», para la parte de los gastos relacionados con la ayuda a los trabajadores por cuenta propia y a las empresas unipersonales;

d)

ayuda temporal a las empresas piscícolas, conforme a lo dispuesto en el «Decreto del Ministerio de Agricultura n.o 30/2020. (VI. 22.)», para la parte de los gastos relacionados con la ayuda a los trabajadores por cuenta propia y a las sociedades unipersonales;

e)

la prórroga, hasta el 30 de junio de 2020, de las prestaciones por cuidado de hijos que expiraron durante el período de alarma, conforme a lo dispuesto en el «Decreto gubernamental n.o 59/2020. (III. 23.)» y el artículo 71 de la «Ley LVIII de 2020»;

f)

la suspensión de las cotizaciones de los empleadores a la seguridad social en determinados sectores durante el período comprendido entre marzo y diciembre de 2020, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, letra a), del «Decreto gubernamental n.o 47/2020. (III. 18.)» (en su versión modificada), para la parte de los gastos relacionados con las empresas que reducen o suspenden el tiempo de trabajo o en el caso de que los empleados hayan trabajado de manera continuada;

g)

exenciones de la tasa de formación de los empleadores en determinados sectores durante el período comprendido entre marzo y diciembre de 2020, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, letra a), del «Decreto gubernamental n.o 47/2020. (III. 18.)» (en su versión modificada), para la parte de los gastos relacionados con las empresas que reducen o suspenden el tiempo de trabajo o en el caso de que los empleados hayan trabajado de manera continuada;

h)

la reducción del impuesto para la contribución de los empleadores a la rehabilitación de determinados sectores durante el período comprendido entre marzo y junio de 2020, según lo dispuesto en el artículo 4, letra a), del «Decreto gubernamental n.o 47/2020. (III. 18.)» (en su versión modificada), para la parte de los gastos relacionados con las empresas que reducen o suspenden el tiempo de trabajo o en el caso de que los empleados hayan trabajado de manera continuada;

i)

una exención fiscal para los pequeños contribuyentes del régimen del impuesto a tanto alzado a pequeños negocios («KATA») en 26 actividades, durante el período comprendido entre marzo y junio de 2020, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del «Decreto gubernamental n.o 47/2020. (III. 18.)» (en su versión modificada), para la parte de los gastos relacionados con el apoyo a los trabajadores por cuenta propia y a las sociedades unipersonales;

j)

la exclusión de los costes de personal de la base imponible del impuesto sobre las pequeñas empresas («KIVA») en determinados sectores durante el período comprendido entre marzo y junio de 2020, conforme a lo dispuesto en el «Decreto gubernamental n.o 47/2020. (III. 18.)» (en su versión modificada), para la parte de los gastos relacionados con las empresas que reducen o suspenden el tiempo de trabajo o en el caso de que los empleados hayan trabajado de manera continuada;

k)

una prestación a tanto alzado para los trabajadores sanitarios como reconocimiento a su trabajo adicional durante la pandemia, conforme a lo dispuesto en el «Decreto gubernamental n.o 275/2020. (VI. 12.)»;

l)

costes relacionados con las medidas especiales para controlar la pandemia introducidas en las empresas estatales;

m)

costes relacionados con las medidas especiales para controlar la pandemia y proteger la salud de cada uno de los funcionarios públicos, tal como se establece en el Decreto gubernamental n.o 250/2014 (X. 2.) sobre la Dirección General de Contratación Pública y Suministro (KEF);

n)

costes relacionados con infraestructuras e inversiones en hospitales para una protección elevada del personal sanitario y de los pacientes, según lo dispuesto en la Resolución 1012/2020 (I. 31.) del Gobierno sobre la gestión operativa del personal;

o)

costes directos de las herramientas y equipos de protección personal en hospitales y otros centros de asistencia sanitaria para alcanzar un alto nivel de protección de los trabajadores sanitarios, tal como se establece en la Resolución gubernamental 1012/2020 (I. 31.) sobre la gestión operativa del personal.

(1)

De conformidad con el artículo 16 de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), se presume que los equipos radioeléctricos que sean conformes con normas armonizadas o partes de estas cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea son conformes con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3 de dicha Directiva a los que se apliquen dichas normas o partes de normas.

(2)

Mediante la Decisión de Ejecución C(2015) 5376 (3), la Comisión pidió al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) y al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) que elaboraran y revisaran diversas normas armonizadas para los equipos radioeléctricos en apoyo de la Directiva 2014/53/UE.

(3)

Sobre la base de la solicitud presentada en la Decisión de Ejecución C(2015) 5376, el ETSI elaboró las normas armonizadas EN 303 213-5-1 V1.1.1 (sistema avanzado de guía y control de movimientos en la superficie, receptores e interrogadores), EN 303 345-2 V1.1.1 y EN 303 345-5 V1.1.1 (receptores de sonido emitido por radio) y EN 303 364-3 V1.1.1 (radares de vigilancia primaria).

(4)

Sobre la base de la solicitud presentada en la Decisión de Ejecución C(2015) 5376, el ETSI revisó las normas armonizadas EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 y EN 303 213-6-1 V2.1.1, cuyas referencias están publicadas en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea (4). Esto dio lugar a la adopción, respectivamente, de las normas armonizadas EN 301 908-2 V13.1.1 (equipos de usuario de telecomunicaciones móviles internacionales), EN 301 908-13 V13.1.1 (equipos de usuario de acceso universal terrestre evolucionado), EN 302 217-2 V3.2.2 (sistemas radioeléctricos fijos) y EN 303 213-6-1 V3.1.1 (sistema avanzado de guía y control de movimientos de superficie).

(5)

La Comisión, junto con el ETSI, ha evaluado si dichas normas armonizadas cumplen lo solicitado en la Decisión de Ejecución C(2015) 5376.

(6)

Las normas armonizadas EN 303 213-5-1 V1.1.1 y EN 301 908-2 V13.1.1 cumplen los requisitos esenciales que pretenden cubrir, y que se establecen en la Directiva 2014/53/UE. Procede, por tanto, publicar las referencias de dichas normas en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(7)

La Decisión de Ejecución C(2015) 5376 establece en la parte 3, punto 3, de su anexo II que el rendimiento de los receptores es también de especial importancia para los terminales móviles, en particular el rendimiento de las antenas, y para los equipos de comunicación utilizados en aplicaciones de salvaguardia de la vida. La norma armonizada EN 301 908-13 V13.1.1 no incluye especificaciones relativas al rendimiento de las antenas. Por tanto, la referencia de esta norma armonizada debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea con restricción.

(8)

La nota 2 de la cláusula 4.3.2 de la norma armonizada EN 302 217-2 V3.2.2 podría permitir a los fabricantes desviarse de otras especificaciones de la norma armonizada relativas a la tasa de errores en los bits (BER), y las cláusulas H.3.4, I.3.4 y J.3.4 de dicha norma armonizada no requieren expresamente un método de ensayo para demostrar la conformidad. Por tanto, la referencia de esta norma armonizada debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea con restricciones.

(9)

La Recomendación UIT-R SM.329-12 (09/2012), sobre emisiones no deseadas en el dominio no esencial, dispone que «para lograr la máxima economía y utilización eficaz del espectro de frecuencias, hay que imponer una limitación general de las emisiones en el dominio no esencial». La Recomendación 74-01 (2019) del CEI admite que, a efectos de estudios específicos sobre compartición o compatibilidad, puedan utilizarse niveles más bajos para las emisiones no deseadas en el dominio no esencial a fin de aumentar la eficiencia del espectro. Por consiguiente, las emisiones no esenciales se consideran pertinentes para el uso eficiente del espectro, contemplado en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2014/53/UE. El anexo C.3 de EN 303 345-2 V1.1.1 y el anexo B.3 de EN 303 345-5 V1.1.1 reconocen que las emisiones no deseadas de los receptores en el dominio no esencial son pertinentes a efectos del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2014/53/UE. No obstante, la cláusula C.3.5 de EN 303 345-2 V1.1.1 y la cláusula B.3.5 de EN 303 345-5 V1.1.1 disponen que las emisiones no deseadas de los receptores en el dominio no esencial están cubiertas por otras normas. Por consiguiente, las referencias de las normas armonizadas EN 303 345-2 V1.1.1 y EN 303 345-5 V1.1.1 deben publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea con restricción.

(10)

El considerando 2 de la Decisión de Ejecución C(2015) 5376 apela a una buena cooperación con la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), a la que se ha consultado sobre la conformidad de estas normas armonizadas con la Recomendación 74-01 (2019) del CEI, relativa a las emisiones no deseadas en el dominio no esencial. La CEPT, en su respuesta, opinó que la relajación de la aplicabilidad de la Recomendación 74-01 (2019) del CEI solo puede darse en determinadas condiciones técnicas. Por tanto, la cláusula 4.2.1.5 de EN 303 213-6-1 V3.1.1 y la cláusula 4.2.1.4 de EN 303 364-3 V1.1.1 solo pueden conferir la presunción de conformidad a equipos radioeléctricos específicos. Por tanto, las referencias de estas normas armonizadas deben publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea con restricción.

(11)

En el anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/167 de la Comisión (5) figuran las referencias de las normas armonizadas que confieren una presunción de conformidad con la Directiva 2014/53/UE; en el anexo II de dicha Decisión figuran las referencias de las normas armonizadas que confieren una presunción de conformidad con la Directiva 2014/53/UE con restricciones. Para garantizar que las referencias de las normas armonizadas elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/53/UE figuran en un solo acto, las referencias de las normas EN 303 213-5-1 V1.1.1 y EN 301 908-2 V13.1.1 deben incluirse en el anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/167, y las referencias de las normas EN 301 908-13 V 13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 303 213-6-1 V3.1.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 y EN 303 364-3 V1.1.1 deben incluirse en su anexo II.

(12)

Según el ETSI, la norma armonizada EN 303 339 V1.1.1, cuya referencia se publica en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea (6), debe considerarse obsoleta, puesto que ya no representa el estado de la técnica.

(13)

Por consiguiente, es necesario retirar de la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea (7) las referencias de las normas armonizadas EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 y EN 303 213-6-1 V2.1.1, porque han sido revisadas, y la de la norma armonizada EN 303 339 V1.1.1, porque se considera obsoleta. En el anexo III de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/167 figuran las referencias de las normas armonizadas elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/53/UE que se retiran del Diario Oficial de la Unión Europea. Conviene, por tanto, incluir dichas referencias en el mencionado anexo. A fin de que los fabricantes dispongan de tiempo suficiente para preparar la aplicación de las normas armonizadas EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2 y EN 303 213-6-1 V3.1.1, procede aplazar la retirada de las referencias de las normas armonizadas EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 y EN 303 213-6-1 V2.1.1. A fin de dar también tiempo suficiente a los fabricantes para prepararse para la retirada de la referencia de la norma armonizada EN 303 339 V1.1.1, es necesario aplazar la retirada de la referencia de dicha norma.

(14)

La conformidad con una norma armonizada confiere la presunción de conformidad con los requisitos básicos correspondientes establecidos en la legislación de armonización de la Unión a partir de la fecha de publicación de la referencia de dicha norma en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por consiguiente, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.

1)

El anexo I se modifica de conformidad con el anexo I de la presente Decisión.

2)

El anexo II se modifica de conformidad con el anexo II de la presente Decisión.

3)

El anexo III se modifica de conformidad con el anexo III de la presente Decisión.

(1)

La pobreza energética es la situación en la que los hogares no pueden acceder a los servicios energéticos esenciales. Los europeos que no pudieron permitirse calentar adecuadamente sus hogares en 2018 fueron casi 34 millones (2), por lo que la pobreza energética es un reto importante para la Unión.

(2)

Tal como reconocen los colegisladores, la calefacción, la climatización y la iluminación adecuadas, así como la energía para hacer funcionar los aparatos son servicios esenciales para preservar un nivel de vida digno y la salud. El acceso a los servicios energéticos es esencial para la inclusión social. Así, la lucha contra la pobreza energética puede reportar múltiples beneficios, entre ellos un menor gasto en salud, una reducción de la contaminación atmosférica (al sustituir las fuentes de calefacción que no son adecuadas para su finalidad), una comodidad y un bienestar mayores y una mejora de los presupuestos de los hogares. En conjunto, estos beneficios impulsarían directamente el crecimiento económico y la prosperidad en la Unión Europea.

(3)

El pilar europeo de derechos sociales, proclamado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, incluye la energía entre los servicios esenciales a los que toda persona tiene derecho a acceder. Debe prestarse a las personas necesitadas apoyo para el acceso a estos servicios (3).

(4)

Una transición justa hacia una Unión climáticamente neutra de aquí a 2050 es un aspecto clave del Pacto Verde Europeo, propuesto por la Comisión en diciembre de 2019 (4). Un elemento central de este Pacto Verde es la «oleada de renovación» (5), una importante iniciativa diseñada para impulsar la renovación estructural de edificios privados y públicos y, de ese modo, reducir las emisiones, fomentar la recuperación y abordar la pobreza energética. Esta renovación estructural contribuirá a impulsar los esfuerzos realizados por la Unión para mitigar el cambio climático. Por este motivo, se ha considerado fundamental que la «oleada de renovación» y la presente Recomendación se adopten conjuntamente con el fin de lograr un refuerzo mutuo entre los llamamientos para abordar la pobreza energética y los edificios menos eficientes.

(5)

La pobreza energética es un concepto clave consolidado en el paquete legislativo titulado «Energía limpia para todos los europeos», concebido para facilitar una transición energética justa. De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) (Reglamento sobre la gobernanza), y con la refundición de la Directiva sobre la electricidad, la Comisión debe proporcionar orientaciones indicativas sobre los indicadores adecuados para medir la pobreza energética (7) y sobre la definición de «número significativo de hogares en situación de pobreza energética» (8). No existe una definición normalizada de «pobreza energética», por lo que son los Estados miembros quienes deben desarrollar sus propios criterios en función de su contexto nacional. Sin embargo, el paquete legislativo recientemente adoptado ofrece principios generales e información útiles sobre las posibles causas y consecuencias de la pobreza energética. También subraya la importancia de las políticas para abordar el problema, especialmente las relacionadas con los planes nacionales de energía y clima y con las estrategias de renovación a largo plazo (9).

(6)

En sus planes nacionales de energía y clima, los Estados miembros deben evaluar el número de hogares en situación de pobreza energética. En caso de que un Estado miembro constate la existencia de un número importante de hogares en situación de pobreza energética, debe incluir en su plan un objetivo nacional, así como políticas y medidas, para reducir la pobreza energética. En el contexto del quinto informe sobre el estado de la Unión de la Energía, la Comisión ha publicado documentos de trabajo de sus servicios para cada Estado miembro e ha incluido en ellos evaluaciones individuales de cada plan nacional de energía y clima final. Estos documentos de trabajo de los servicios de la Comisión también evalúan el modo en que los planes finales abordaron las recomendaciones en la materia realizadas por la Comisión en 2019, especialmente las relativas a la pobreza energética, e incluyen orientaciones sobre la ejecución de los planes nacionales de energía y clima.

(7)

La refundición de la Directiva sobre la electricidad exige a los Estados miembros que adopten las medidas adecuadas con el fin de atajar la pobreza energética donde se haya constatado, incluidas medidas que aborden el contexto más amplio de la pobreza en general. Los Estados miembros también deben proteger a los clientes vulnerables, sobre todo a los de zonas apartadas. La Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) contiene disposiciones similares.

(8)

Una novedad del nuevo marco legislativo es que exige que se determine el número de hogares en situación de pobreza energética. El artículo 29 de la refundición de la Directiva sobre la electricidad se refiere a la obligación de los Estados miembros de evaluar el número de hogares en situación de pobreza energética, así como de establecer y publicar los criterios en los que se basa esa evaluación. Cuando haya un número significativo de hogares de este tipo, los Estados miembros deben incluir en sus planes nacionales de energía y clima un objetivo indicativo de reducción de la pobreza energética, establecer un calendario y esbozar las políticas pertinentes. A continuación, de conformidad con el Reglamento sobre la gobernanza, están obligados a informar a la Comisión sobre los avances hacia el objetivo de reducir el número de hogares en situación de pobreza energética.

(9)

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11), relativa a la eficiencia energética y modificada por la Directiva (UE) 2018/2002 (12), exige a los Estados miembros que tengan en cuenta la necesidad de aliviar la pobreza energética en el contexto de sus obligaciones en materia de eficiencia energética. El artículo 7, apartado 11, exige, en la medida apropiada, una cuota de medidas de eficiencia energética que debe aplicarse de manera prioritaria entre los hogares vulnerables, incluyendo aquellos afectados por la pobreza energética (13). El Reglamento sobre la gobernanza también contiene obligaciones similares.

(10)

Con arreglo a la versión revisada de la Directiva (UE) 2018/844, relativa a la eficiencia energética de los edificios, los Estados miembros deben esbozar las medidas nacionales pertinentes para contribuir a paliar el problema de la pobreza energética, como parte de sus estrategias de renovación a largo plazo para apoyar la renovación de los parques nacionales de edificios residenciales y no residenciales (14).

(11)

El marco legislativo de la Unión también contiene salvaguardias para garantizar que las medidas adoptadas para abordar la pobreza energética no impidan la apertura o el funcionamiento del mercado. Los mercados minoristas que funcionan correctamente son esenciales para una transición justa. Estas salvaguardias están consagradas en el artículo 28 de la refundición de la Directiva sobre la electricidad y se aplican principalmente en su artículo 5, apartado 5.

(12)

El artículo 27 de la refundición de la Directiva sobre la electricidad refuerza el principio al obligar a los Estados miembros a garantizar que todos los clientes domésticos y, cuando los Estados miembros lo consideren adecuado, las pequeñas empresas disfruten en su territorio del derecho a un servicio universal, es decir, del derecho al suministro de electricidad de una calidad determinada, y a unos precios razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios. Para garantizar la prestación del servicio universal, los Estados miembros pueden designar un suministrador de último recurso.

(13)

Tal como se resume en el considerando 59 de la refundición de la Directiva sobre la electricidad, la pobreza energética se deriva de una combinación de bajos ingresos, gasto elevados en energía y mala eficiencia energética de las viviendas. El impacto de la volatilidad de los precios del mercado de la energía y la mala eficiencia energética, especialmente en lo que a los edificios se refiere, en combinación con una amplia gama de factores socioeconómicos asociados a la pobreza general y a problemas derivados de los regímenes inmobiliarios, hacen que sea difícil abordar esta cuestión.

(14)

En 2018, el 6,8 % de las personas que vivían en hogares privados en la Unión (30,3 millones de personas (15)) no pudieron pagar las facturas de servicios básicos, como las facturas de energía, por lo que corrieron el riesgo de que se les cortara el suministro. Mientras tanto, el 7,3 % de la población de la Unión (37,4 millones de personas) experimentó temperaturas ambiente incómodas en sus hogares.

(15)

La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la urgencia de abordar la pobreza energética si queremos crear una Europa social que atienda a las necesidades de todos sus habitantes. Dado que cada vez son más los europeos que probablemente tendrán que luchar por poder acceder a la energía esencial, en particular a raíz del aumento del desempleo, los niveles de pobreza energética de todos los Estados miembros pasarán a ser objeto de especial atención. En este contexto, a pesar de las perturbaciones sin precedentes que sacuden actualmente las economías europeas, es vital alcanzar los objetivos intermedios del Pacto Verde Europeo.

(16)

El paquete de recuperación Next Generation EU (16) se presentó para «orientarse hacia la construcción de una Europa más sostenible, resiliente y justa para la próxima generación». Los planes de recuperación de Europa deben guiarse por los principios de la sostenibilidad medioambiental, la solidaridad, la cohesión y la convergencia y por la determinación de que ningún Estado miembro, región ni individuo queden rezagados. Next Generation EU confirma el papel de la «oleada de renovación» como principal facilitador de la recuperación verde.

(17)

Las estrategias de renovación a largo plazo nacionales y demás instrumentos diseñados para cumplir los objetivos de eficiencia energética para 2030 y 2050 deben intentar proteger a los hogares en situación de pobreza energética y capacitar a los consumidores de energía vulnerables ayudando a los ciudadanos a ahorrar dinero en la factura energética, ofreciéndoles unas condiciones de vida más saludables y reduciendo la pobreza energética.

(18)

La identificación de los hogares más necesitados de protección y las viviendas que más precisan de una renovación contribuye a orientar y gestionar mejor las intervenciones públicas, lo que aporta resultados prácticos para los consumidores, mejora la eficiencia energética y minimiza cualquier distorsión en el funcionamiento del mercado interior de la energía.

(19)

Mediante la publicación de la presente Recomendación y la puesta a disposición de los Estados miembros de las orientaciones de la Comisión sobre la pobreza energética en uno de los documentos de trabajo de sus servicios que la acompañan, la Comisión está cumpliendo la obligación antes mencionada y ayudando a los Estados miembros a transponer las nuevas disposiciones sobre pobreza energética. La Comisión también facilita información sobre las buenas prácticas emergentes (17).

(20)

La principal dificultad a la hora de establecer una definición es el modo de obtener datos numéricos fiables. Se ha desarrollado a escala de la Unión un conjunto de indicadores estadísticos para medir los posibles factores determinantes de la pobreza energética y sus consecuencias. Se trata de indicadores agregados. Dado que la pobreza energética es un fenómeno pluridimensional, no existe ningún indicador que, por sí solo, pueda reflejar plenamente todos sus aspectos.

(21)

Los indicadores agregados se han elaborado a nivel europeo y se enumeran en el anexo de la presente Recomendación. Desarrollados por la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) y el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética y derivados de las recopilaciones de datos armonizadas de la Unión, estos indicadores permiten hacer un seguimiento de la situación a escala de la Unión y detectar las especificidades nacionales, así como promover un aprendizaje mutuo más eficiente y el intercambio de mejores prácticas. Los indicadores nacionales pueden contribuir a complementarlos y a perfeccionar la identificación de la pobreza energética, cuando proceda

(22)

Esto exige una estrecha cooperación entre las autoridades competentes pertinentes y, sobre todo, una adecuada coordinación de esfuerzos a nivel regional y local, de modo que cualquier análisis basado en indicadores a escala nacional o de la Unión se contraste y se complemente con un planteamiento ascendente. Las autoridades regionales y locales están bien situadas para detectar los principales retos financieros y sociales a los que se enfrentan los hogares en situación de pobreza energética y para desempeñar un papel significativo en el diseño y la ejecución de una transición ecológica que sea justa, inclusiva y sostenible para todos en Europa.

(23)

La Comisión seguirá apoyando el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros, en cooperación con el Comité de Protección Social y de otras formas. Los programas de financiación de la Unión, incluida la política de cohesión, el Instrumento de Apoyo Técnico y otras formas de apoyo pueden movilizarse para abordar los retos detectados a través de canales como las plataformas facilitadas por el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética y la iniciativa del Pacto de los Alcaldes.

(24)

El cuarto informe de la Comisión Europea sobre los precios y costes de la energía también examina las circunstancias particulares de las personas en situación de pobreza energética y de los consumidores vulnerables (18). La Comisión también prestará especial atención a la manera en que los Estados miembros aplican el artículo 5 de la refundición de la Directiva sobre la electricidad, que permite la intervención pública en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes en situación de pobreza energética o a los que viven en hogares vulnerables.