En un análisis de las dinámicas de compras gubernamentales en México de 2019 a 2024, lo que va del actual sexenio federal, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) identificó varias instituciones que adjudican directamente más de 90% del monto contratado, cuando la licitación pública en contrataciones es en principio la regla y no una excepción. Destaca que los datos muestran que “se han mantenido prácticas de riesgo que pueden afectar el presupuesto público y la calidad de los bienes y servicios que recibe la ciudadanía”.
En 2020, 99% del monto gastado por Birmex, empresa estatal que desarrolla, produce, importa y comercializa vacunas y anti venenos, fue adjudicado directamente. En 2021, 89% de lo contratado por Banco del Bienestar, el principal dispersor de recursos de programas sociales federales, como la pensión universal para adultos, tuvo la misma condición.
En 2022, Diconsa, que abastece productos básicos, principalmente en localidades rurales de alta marginación, compró más de 19 mil 734 millones de pesos y 90% se adjudicó directamente. Ese mismo año, más de 13 mil adjudicaciones directas de compras a nivel federal (16% del total) no contaron con un documento del contrato a disposición del público. Poco más de 2 mil licitaciones (30%) adolecieron de documentación incompleta.
El Imco destaca las limitaciones en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas, cuyo fin es que la información de todas las etapas contractuales sea pública de forma homologada. En 2021 no estaba disponible para 98% de las compras del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ya desaparecido. En 2022, 45% de los contratos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no cumplía con ello.
Asimismo, resalta que los desafíos de transparencia se han visto agudizados por las fallas en la plataforma Compranet, sistema electrónico de información pública en materia de contrataciones gubernamentales, de uso obligado para sujetos señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
“Las instituciones públicas federales incumplen disposiciones como la publicación en tiempo y forma en Compranet, la contratación con empresas idóneas y la justificación debida a los procedimientos de excepción”, expone el Imco. En 2022, por ejemplo, 45% de las compras fueron publicadas en el sistema después de la fecha de inicio del contrato.
Otro riesgo destacado: muchas empresas proveedoras del Gobierno de reciente creación, constituidas en el año anterior al inicio del contrato. El monto destinado a éstas llegó al máximo en 2022: más de 3 mil 474 millones de pesos. En lo que va de 2024, instituciones federales han otorgado contratos por 246 millones de pesos a 55 empresas de este tipo, y los mayores montos se observan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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