Algunas consideraciones sobre temas ambientales pendientes a ser abordados por el nuevo Gobierno de Gabriel Boric.

No es casualidad que el nuevo presidente Gabriel Boric declare que quiere ser el primer gobierno ecologista, diciendo con claridad y voluntad de transformación: “destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos. No queremos más zonas de sacrificio, no queremos más proyectos que destruyan nuestro Chile, que destruyan a las comunidades (...) en nuestro gobierno va a ser prioridad evitar esa destrucción y tener un desarrollo compatible con el medioambiente”. De esta declaración se infiere la causalidad de delicados escenarios presentes y lo urgente de sus necesarias correcciones.

A la luz de las nuevas informaciones que aparecen en el sexto informe de la IPCC, es básico implementar cambios que son muy importantes tanto a corto plazo, como desde una planificación a mediano y largo plazo. Son variados, múltiples y cada vez más frecuentes los conflictos socioambientales que se constatan. Recordemos que un conflicto surge desde la contraposición del estado de derecho de una comunidad en una zona afectada, frente a acciones de terceros que afectan el medioambiente, generando efectos negativos y riesgos para dicho grupo de personas y su territorio.

Es prioritario el logro e implementación de la nueva Ley Marco de Cambio Climático (en la recta final en buena hora) que permitirá la Carbono Neutralidad de Chile al año 2050, promover el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas para el monitoreo eficiente para protección de los ecosistemas, y, según declara la ministra de MMA Maisa Rojas, “trabajar por las zonas de sacrificio”. Su declaración apunta a la reparación y fortalecimiento de una institucionalidad más integrada, multisectorial y sistémica; considerando entre las acciones: Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), que son formas desarrolladas desde la observación y saberes ancestrales como la “siembra y cosecha de agua” y el cuidado de los suelos desde el compostaje de residuos orgánicos.

“La Transparencia” es otro objetivo prioritario, cuya implementación permite subsanar situaciones que se arrastran por décadas debido a la falta de un sistema consistente de monitoreo, reporte y verificación. Asegurar un avance del país sobre una apropiada e integrada noción de sustentabilidad frente a las actuales sobrecargas en los ecosistemas. Favorecer procesos que enfrenten la crisis climática, y entre otros, asegurar una "Política Nacional de Seguridad Hídrica que garantice el derecho humano al agua y el saneamiento, con un enfoque de protección y restauración de los ecosistemas".

Un aspecto muy transcendental es superar el paradigma aún arraigado en muchos actores del sector productivo: que la Ecología obstaculiza el Mercado y el Crecimiento. Para ello, el Estado debe favorecer una “transición justa” del “modelo de gestión actual, para avanzar hacia una gobernanza con carácter sistémico, integrado, descentralizado, con enfoque de cuencas y basado en la ciencia". Se requiere una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), y la tramitación expedita del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Potenciar la comprensión de la repercusión de la preservación y del cuidado de los “servicios ecosistémicos” en un “nuevo modelo de crecimiento, donde el desarrollo sostenible y el comercio justo son fundamentales”. Muy en sintonía con los exigentes mercados actuales, o mejor desarrollados en otros países, que consideran cada vez más, la interdependencia del Hombre con la Naturaleza. Favorecer un apropiado desarrollo de la economía en el tiempo, centrada en el Bien Común y en el Buen Vivir de las futuras generaciones.

Ahora, frente al fuerte atraso en varias áreas de la normativa ambiental, como aquella inexistente para el Suelo; queda en evidencia la incapacidad de los organismos de afrontar la carga de trabajo, en parte por el limitado presupuesto asignado para la enorme tarea ambiental, como se ha ya manifestado en distintos análisis. De continuar así, las situaciones de conflicto ambiental se incrementarán con mayor frecuencia e intensidad, pues las expectativas de la ciudadanía han aumentado con los años. Por otra parte, el cambio climático ha hecho más vulnerables los ecosistemas, disminuyendo notoriamente su capacidad de resiliencia. La modificación presupuestaria es estratégica, en función de los intereses transversales de Personas, Empresas y Estado. Se deben considerar distintas fuentes, evaluaciones del presupuesto anual, e instancias que favorezcan los cambios culturales y legislativos, como aquella moción parlamentaria que promuebe una compensación por la explotación minera, a través de un royalty ad valorem sobre las ventas.

Finalmente, la función de un Estado garante debe incluir el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es una forma de validación ante la ciudadanía y una forma de garantizar los derechos de los defensores ambientales. Bajo este principio, el acuerdo de Escazú se constituye como algo necesario de recuperar y ratificar, en función del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, de lo relevante de la biodiversidad y su oportuna protección.

Contribuyamos, desde nuestro cotidiano inmediato y mundo interior, a la transformación de un Chile mejor. Gracias a la conexión recíproca, y en sintonía con los ciclos de la Naturaleza. Donde el Bien Común y el Buen Vivir se matarialicen en pro de las futuras generaciones.