Breve reflexión sanitaria para los gobernadores de las provincias argentinas

Las provincias argentinas representadas por sus gobernadores y representantes políticos no son conscientes del rol central que tienen en materia de desarrollo humano y social. El gasto público social que permite la igualdad de oportunidades en factores claves como educación, salud, vivienda y está bajo la responsabilidad provincial.

Cualquiera que sea el origen hace más de 150 años de nuestro sistema federal, tenemos que analizar cómo funciona y por qué nos importa tanto ahora. Hay un aspecto fundamental: no debemos olvidar que las funciones más cercanas a la gente las llevan a cabo las provincias: salud, educación, justicia, y la infraestructura básica es responsabilidad de las provincias y municipios. Por ejemplo, en educación, son responsables de la selección y la capacitación de los maestros y del pago de sus sueldos, del mantenimiento de los edificios, de gran parte del contenido y los temas de estudio. De la misma manera, los hospitales son provinciales y su mantenimiento, la disponibilidad de medicamentos, la calidad de atención de los médicos y sus sueldos, son responsabilidad de las provincias.

Sin embargo salvo honrosas excepciones las provincias siguen buscando en la Nación la receta mágica para administrar una responsabilidad que le corresponde de pleno derecho. En materia educativa una provincia como Mendoza ha tomado el toro por las astas y generado un modelo que se ha destacada por su performance en funcionamiento ahora es importante que se vea reflejado en términos de resultados. En salud me atrevería a decir que ninguna provincia argentina asumió la responsabilidad que tiene de organizar y gestionar para asegurar el acceso, los procedimientos y los resultados.

Salud no forma parte de la agenda de los candidatos presidentes pero lo más preocupante es que no tiene un lugar destacado tampoco en la agenda de los gobernadores. La función salud es una responsabilidad provincial desde el punto de vista constitucional pero también operativo dado que las transferencias de servicios les han dado la administración de toda la red de centros de salud públicos de mayor a menor complejidad.

En materia de salud las provincias siguen con el reclamo ante Nación como si no fueran responsables directas de la administración de servicios de salud. Desafío a buscar en la historia de los últimos años cuantas provincias definieron un plan y una dirección para la salud, lo consensuaron y luego vinieron si a la Nación a plantear una discusión sobre financiamiento desde otro lugar, desde un modelo de organización y gestión del sistema sanitario provincial sustentable y accesible.

El federalismo es un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de estados provinciales que se asociaron y que luego delegaron algunas competencias en la nación. Por la Constitución nacional, las provincias delegan en la nación varias funciones que difícilmente pudieran ser divisibles: seguridad de ataques exteriores, moneda, política migratoria y varios más.

Las provincias argentina deben asumir que tienen una responsabilidad concreta y que no pueden pasarse la vida echando la culpa a los gobiernos nacionales.  Es hora de ponerse los pantalones largos, como lo hizo en algún momento durante los años setenta la provincia de Neuquén de la cual todavía seguimos hablando como si hubiera hecho una hazaña, que en realidad lo fue y lo sigue siendo para los parámetros de una reforma sanitaria que está bloqueada por los intereses contrapuestos y la ausencia de consenso político.

No se puede vivir reclamando competencias y luego no ejercerlas. Las provincias deben hacerse cargo de la salud de los habitantes que habitan en sus suelos y tienen todas las atribuciones para realizar las reformas y adecuaciones necesarias que los sistemas de salud necesitan para mantener el ritmo de los cambios epidemiológicos, tecnológicos y sociales. 

El compromiso federal implica mayores recursos para las provincias. El federalismo bien entendido implica que las provincias tomen sus propias decisiones, pero también implica que se hagan responsables de la calidad de sus servicios.

Basta de excusas señores somos todos grandes y ya hemos recorrido un camino, quisiéramos ver en los próximos años alguna Provincia que pone en marcha un proyecto de salud, lo logran consensuar y mantener el rumbo aunque cambien los gobiernos provinciales. No se trata ni más ni menos de una decisión política que avance en una reforma estructural que se aplique y actualice periódicamente para evitar inconsistencias y falta de adaptación a los tiempos que corren.