Buen Gobierno Corporativo: comenzando por las compañías listadas. Escenario en Latinoamérica.

El entendimiento del gobierno corporativo resulta esencial para la gestión de las compañías con un enfoque multistakeholder, de creación de valor integral para los diferentes grupos de interés. Incluye tanto las normas como su puesta en práctica, respecto a la organización de las estructuras de dirección y el ejercicio de las responsabilidades que se asignen, así como de la rendición de cuentas. Velar por un ejercicio ético, evitando conflictos de interés, con base en estrategias no cortoplacistas apegadas a la prevención de riesgos, es esencial para la reputación de la compañía y su sostenibilidad en el tiempo.

Los avances en América Latina se vienen produciendo de la mano de instituciones internacionales, que empujan el desarrollo de una cultura de buen gobierno, ya sea desde el marco legislativo que establecen los estados como de las prácticas voluntarias por parte de las empresas. Es el caso de la OCDE, con los Principios de Gobierno Corporativo, revisados en 2015 en el marco de un agitado contexto internacional respecto a las prácticas empresariales, y las Directrices específicas para las empresas públicas, con el estado como propietario, dado el reto que supone su gestión. Para la región, los trabajos de la mesa Redonda Latinoamericana, promovidos desde la OCDE y el IFC fueron asimismo un parteaguas, incluyendo el intercambio de buenas prácticas entre las empresas más avanzadas y la generación de un movimiento de institucionalización del gobierno corporativo. También destaca la contribución de la CAF, y su planteamiento de lineamientos para un Código Latinoamericano de Gobierno Corporativo, actualizado en 2013 y con el objetivo también de favorecer el acceso de las compañías a financiamiento internacional. Otras instituciones como el BID están asimismo contribuyendo a los avances.

En el caso particular de las empresas listadas, los Mercados de valores promueven códigos específicos y la autoevaluación de las compañías, como ocurre con las cotizadas en la BMV en México. Este tipo de compañías destacan por los requerimientos a responder y la presión por parte de los grupos de interés, escrutinio manifestado por ejemplo en la evolución del valor de la acción.

La participación de los accionistas, más allá del grupo de control, constituye la punta de lanza de la gobernanza. Respecto de cómo hacer que ocurra, es importante que sean avisados con antelación pertinente, informándoles de los temas a tratar, con una arquitectura de una acción un voto, que evite diferencias entre propietarios. Con la administración en manos del Consejo, es clave que el mismo cumpla sus deberes fiduciarios respecto del conjunto de los accionistas, destacando la importancia de la presencia de consejeros independientes, con umbrales ya incluso requeridos legalmente. La designación de los consejeros debe guiarse por la transparencia, primando la experiencia en el sector y buscando la diversidad que enriquezca la toma de decisiones.

Los contrapesos internos de poder recomiendan que el ejercicio de la presidencia del Consejo y de la Dirección general recaiga en personas diferentes, aspecto especialmente mejorable en las compañías en la región. El presidente del Consejo y la Dirección general se encuentran asimismo ante la tesitura de extender su deber fiduciario más allá de los accionistas, al conjunto de la sociedad, como proponían destacados líderes empresariales en una reciente carta lanzada en EE.UU., en el marco de la Business Roundtable. 

Ir más allá de los requerimientos legales es una máxima a seguir en el buen ejercicio de la gobernanza, por ejemplo en la constitución de comités de apoyo al Consejo más allá de las reguladas responsabilidades de auditoría, incluyendo la participación en la propuesta de consejeros y de sus remuneraciones. La rendición de cuentas debe comenzar por el propio ejercicio de las responsabilidades por cada consejero, con una autoevaluación de los mismos que se complete posteriormente con una evaluación externa.

Se trata de recomendaciones esenciales en la cumbre de las compañías. Pero el buen gobierno no se entiende sin un desempeño ético en el conjunto de las organizaciones y la vivencia de una cultura de cumplimiento, no sólo de los requerimientos legales, sino de toda la autorregulación interna y compromisos adoptados por la empresa. Avanzar al respecto en la región, particularmente en Centroamérica, es el propósito del proyecto de Gestión ética para la competitividad, que está desarrollando Valora bajo coordinación de SumaRSE y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Columna personal publicada en El Economista