CANNABIS: EL SILENCIO DE LAS PROVINCIAS

El silencio sobre una regulación deficiente puede interpretarse como una forma de consentimiento tácito, aceptación pasiva, o falta de interés y compromiso por parte de las autoridades o de los actores involucrados para abordar y solucionar los problemas derivados de dicha regulación.

Desde que asumió el nuevo gobierno, ese silencio es bilateral. Sólo se habló muy poco, y nuevamente entre pocos actores, sobre el REPROCANN y las evidencias científicas sobre las diferentes patologías. Podríamos decir que nos quedamos en la California de finales de los 90´s. Evitando así, los debates modernos sobre el estado actual de las cosas.

Quienes pujaron y diagramaron la presente regulación no dicen nada. Los actores del sector público (gobernadores e intendentes) tienen hoy otras prioridades que atender. A pesar de que esas prioridades versan sobre el financiamiento de sus estructuras, parecen haberse olvidado el “relato” que vociferaban al unísono de que con el cannabis y el cáñamo industrial se iban a generar 10.000 puestos de trabajo y usd 500 millones en exportaciones. Sin embargo hoy no hay Agencia, el tema medicinal y registros se encuentra en la Secretaría de Calidad en Salud, pero  por el Cáñamo, nadie mueve un pelo. El haber incluido al cáñamo con el tema medicinal en una misma regulación, siendo competencia agroindustrial, fue un grave error que anticipamos antes del debate legislativo. 

¿No es éste el momento indicado para promover y estimular un nuevo sector en la economía que brinde esa oportunidad? 

Al parecer, ni ellos se creían su relato, no porque no pueda ser verdad ese resultado, sino que sabían que, como ellos estaban haciendo las cosas no iba a pasar, porque estaban regulando para quedarse con el negocio, no para promover inversiones y desarrollos en la industria. 

Otra cosa que no se explica, es, ¿por qué, si los principales bienes jurídicos que podrían ser afectados por la regulación de una sustancia como el cannabis, son la salud pública, la seguridad y en algún aspecto también la educación, todos ellos de competencia exclusiva de las provincias, es el Gobierno Nacional él que debe decidir de qué forma ésta regulación va a afectar las arcas provinciales? Las licencias no deberían ser expedidas por un organismo nacional (ARICCAME) sino por las provincias que son quienes mejores posibilidades tienen de controlar y fiscalizar al sector, son las que aplicarían las campañas de educación necesarias, las que aportan su sistema de salud pública para atender a la sociedad afectada y son las que tienen competencia, si es que se adhirieron a la ley 26.052 modificatoria de la 23.737 en materia de estupefacientes. 

La posición del gobierno nacional es la de que “cada cuál atiende su juego” en materia de salud. El Ministerio de Salud funciona sólo como órgano rector en materia sanitaria, el cuál le compete establecer el marco de la política pública en materia de salud a nivel nacional, pero son los Estados Provinciales quienes llevan adelante operativa y financieramente la competencia sanitaria. Las provincias deben tomar la iniciativa de acción y reclamar lo que, mediante los criterios ya establecidos en materia de cannabis, les corresponde. 

Pero deben entender también, que la nueva coyuntura y el nuevo estado de cosas en materia regulatoria a nivel internacional requieren modificaciones urgentes a la ley 27.669 del Marco Regulatorio para el Cáñamo y el Cannabis Medicinal. Debe separarse el tratamiento del cáñamo, que ya se encuentra fuera del ámbito de acción de la ley penal y que requiere estímulos y regulaciones específicas para poder desarrollarse, del resto de los ámbitos del cannabis. En materia de salud, el cannabis medicinal debe indefectiblemente continuar en esa esfera y no delegarla en una agencia burocrática sin competencias específicas en materia de salud ni en regulación de medicamentos, y por último, pero no menos importante, se debe comenzar el debate sobre la consideración del cannabis partiendo desde lo que el gobierno de los Estados Unidos, con dictámenes favorables de la FDA y de la DEA apoyados en contundentes evaluaciones, ha impulsado recientemente, que no es nada menos que la reclasificación histórica del cannabis al listado III, considerándola menos riesgosa de generar dependencia que otras drogas y avalando su reconocimiento de uso medicinal a nivel federal, hecho sin igual desde que fuera incorporada al listado 1 de sustancias controladas por encima de la cocaína y del fentanilo en 1970.