Chanchullos del Covid19 en Canarias: todo falló

No sé si lo sabes pero uno de los grandes olvidados de la pandemia de Covid19, que tuvo su origen en un pangolín en China, fue y es, el colectivo de los veterinarios. Y fueron precisamente los veterinarios a quienes se les requisó en sus consultas hasta respiradores de sus centros clínicos cuando se decía que no existían en los centros hospitalarios. Recuerdo que en Canarias los rastreadores de Covid19 fueron los fisioterapeutas para mejorar la función pulmonar, calmar la ansiedad, disminuir la sensación de disnea y evitar las complicaciones que el encamamiento, la inactividad y la medicación; pero de los veterinarios... apagón informativo total y así sigue 4 años después. Ya se han olvidado muchas cosas de la pandemia como los balconazis en las calles cuando gritaban a los niños autistas creyendo que se saltaban el confinamiento las pobres criaturas: hubo que marcarlos como en el Gueto de Varsovia. Tiempos de muertes indiscriminadas de profesionales que no tenían cómo defenderse ante la carga viral letal que andaba suelta hasta su casi control total a día de hoy. Estamos en 2024 y hasta nos habíamos olvidado de la tomadura de pelo de tanto chanchullo. Pero la caballería de las autoridades han despertado del letargo. Los jueces han acelerado en España las detenciones por fraudes masivos con las mascarillas de Covid19 durante el confinamiento, es decir, en medio de caos surgido y cuando las posibilidades de control eran reducidas. Los funcionarios pusieron medidas de control pero las autoridades políticas, aprovechando la amplitud del marco normativo, hicieron barra libre. Lo curioso de todo esto que en Canarias incluso los funcionarios del Servicio Canario de Salud, donde el fraude es de momento de 14 millones de euros, fueron a la sede de una empresa proveedora para comprobar que era ficticia. Y, aún así, nadie puso control por mandato político.

Hablamos de un fraude cuando el número de muertes por coronavirus en España entre marzo y mayo fue casi un 70% más alto que el conteo oficial en ese período, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a diciembre de 2020. En diciembre de 2020 Interpol decía: "las consecuencias de la COVID-19 en la economía mundial probablemente afecten de forma indirecta a los fondos de que disponen las organizaciones terroristas". Uno de los proveedores principales en Canarias era un mayorista libanés. "Los terroristas –como todos los delincuentes– han tratado de aprovecharse de la COVID-19 para ganar dinero", decía Jürgen Stock, secretario general de INTERPOL. Sé de lo que estoy hablando.

En España el confinamiento comenzó creo que el 14 de marzo de 2020. El día anterior, 13 de marzo de 2020, Interpol era clara: la Unidad de Delincuencia Financiera de INTERPOL advertía que prácticamente a diario información procedente de los países miembros en relación con casos de estafa y solicitudes de asistencia para frenar los pagos fraudulentos. "Los estafadores utilizan cuentas bancarias abiertas en otras regiones, por ejemplo Europa, para dar la impresión de que se trata de cuentas legítimas vinculadas a la empresa que están suplantando", alertaba. El 13 de marzo de 2020 Interpol advertía de la asistencia en unos 30 casos de estafas relacionadas con la COVID-19, vinculados a Asia y Europa, lo que permitió bloquear 18 cuentas bancarias y congelar más de 730.000 dólares USA que habían sido objeto de transacciones fraudulentas. INTERPOL también publicó una notificación morada en la que alerta a la policía de sus 194 países miembros sobre este nuevo tipo de estafa. Solamente en Canarias van 14 millones de euros.

En el desmadre de la compra venta política de mascarillas se obviaron todas estas recomendaciones o incluso alguna más sencilla: comprobar si el proveedor principal, como ocurre en uno de los casos canarios, tenía al menos una web o sus directivos perfiles en redes sociales. Lo mínimo que reiteran los gurús de las TIC cuando se habla de buscar empleo o presentar credenciales profesionales como empresa. Todo falló y, lo peor, a gente que ha muerto por ausencia de calidad de material médico ineficiente o por ausencia en su entrega. Falló todo por culpa del populismo sanitario de las autoridades.