COPARTICIPACIÓN: Un mandato constitucional.
La reforma constitucional de 1994 dispuso lo siguiente:
Artículo 75. Corresponde al Congreso:
Inc.2.- Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.
Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.
La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias.
No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.
Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición.
Para dar el tiempo razonable y suficiente a la instrumentación de lo sancionado se dispuso transitoriamente:
Clausula Sexta. Un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inc. 2 del Artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996; la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación.
La presente cláusula no afecta los reclamos administrativos o judiciales en trámite originados por diferencias por distribución de competencias, servicios, funciones o recursos entre la Nación y las provincias.
Al lector le sorprenderá o no, pero estamos en vísperas de cumplir casi un cuarto de siglo sin que se haya ejecutado el mandato constitucional. Las responsabilidades son concurrentes entre el estado nacional y las provincias, cualquiera sea el color político de oficialismos y opositores.
Una ley de coparticipación establece, ni más ni menos, la cuantía en que se repartirá a las provincias lo que la nación recauda, con un mecanismo de automaticidad que permita que las distintas administraciones puedan planificar sus ingresos. Hoy la Nación se queda con el 52 por ciento del total de la masa coparticipable, los estados provinciales con el 47 por ciento aproximadamente, y el 1 por ciento restante va como aporte al Tesoro Nacional. En una segunda instancia se procede a asignar cuánto del 47 por ciento que va a las provincias le corresponde a cada una de ellas.
La problemática que plantea la asignación de los recursos se remonta al acuerdo por el cual en 1988 la provincia de Buenos Aires cedió siete puntos de su coparticipación que luego, en 1992, recupera, transitoriamente, cuatro puntos al sancionarse el denominado Fondo del Conurbano. Decimos transitoriamente ya que ese fondo se diseñó con un tope de 650 millones de pesos año que, por efecto de la inflación, prontamente perdió su valor. Así se llega al reclamo que la Provincia de Buenos Aires realizara ante la Corte Suprema para que se restablezcan los valores de dicho fondo durante la gestión de Maria Eugenia Vidal, tema que ya fue abordado en dicha oportunidad en una publicación del diario La Voz.
El reclamo fue desistido por Buenos Aires en 2017 en el marco del Consenso Fiscal acordado entre el Estado Nacional y las provincias. Ese acuerdo propuso compensar a las provincias. En el caso de Buenos Aires, se asignó la suma de 21 mil millones de pesos durante 2018 y de 44 mil millones durante 2019, actualizables en base a la inflación desde 2020.
En los últimos días, la crisis policial en Buenos Aires y la decisión de la Nación de asistirla con fondos que provendrán de la disminución de un punto porcentual de la coparticipación que recibe CABA, ha dado lugar a un nuevo round en esta disputa por los recursos entre Nación, Provincias y CABA, cada uno con sus justificables razones, las cuales llevan a que la solución de unos no sea compartida por los otros. Esto no es nuevo y viene repitiéndose a lo largo de estos veinticuatro años de desencuentros en materia de federalismo fiscal. Seguramente que la solución encontrada será coyuntural ya que profundiza las diferencias que se explican, por no haber logrado los consensos necesarios para cumplir con lo estipulado en la Constitución Nacional a lo largo de todos estos años. Si intentamos encontrar esos acuerdos se recorrerá el camino de la solución definitiva y habremos honrrado lo que los convencionales estipularon en la Carta Magna.