El acuerdo tan temido (6): Los que dicen que no

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (más conocido como “Acuerdo de Escazú”), es un tratado internacional firmado por 25 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente. Se abrió a la firma en 2018, siendo luego ratificado por muchos de los países firmantes (no todos). Uno de los países que no lo ratificó fue Paraguay… acá, la onda es otra.

El acuerdo fue firmado finalmente por 14 países el 27 de septiembre de 2018 en el marco de la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y posteriormente por otros 10 países más. Los países que lo han ratificado hasta ahora son Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Prácticamente la mitad, mientras que la otra mitad aún no lo hizo por diferentes presiones de ciertos sectores.

Este acuerdo regional busca garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental. Apunta a garantizar la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un ambiente sano. Sus disposiciones incluyen perspectiva de género (lo primero que asusta a los sectores conservadores... pero no lo único), gobierno abierto y criterios de prioridad en su aplicación para personas en situación de vulnerabilidad. E introduce un concepto novedoso: la protección de los defensores de los derechos humanos en temas ambientales.

Nosotros decimos no

“El Gobierno acertadamente resolvió retirar del Congreso el proyecto de ley que aprueba el Acuerdo de Escazú. Este documento propone una serie de líneas estratégicas y disposiciones en materia de preservación del medio ambiente que, al final, van a contramano de la propiedad privada y de la calidad ambiental para el logro del desarrollo económico”, escribió en el diario ABC Color (22 de diciembre de 2019) Víctor Pavón, referente de una universidad privada paraguaya y conocido en las redes sociales por sus posturas ultraconservadoras. Y destacaba claramente, en un párrafo, el trasfondo de la postura de los sectores de la derecha paraguaya. “De aprobarse este acuerdo mediante la ratificación del Congreso, se iniciará el advenimiento de ciertos grupos llamados “ecologistas” que tendrán a su plena disposición y con la sola mención de “peligrosidad” o “alterabilidad del medio ambiente”, la iniciativa ante sí y por sí de decidir sobre la propiedad privada, sobre los emprendimientos agropecuarios, las finanzas, la tecnología, la inversión, producción, comercialización y hasta la misma creación de bienes y servicios”.

Pavón contrapone “al engorroso, burocrático, antidemocrático e inhibidor del desarrollo (SIC) que pretende el Acuerdo de Escazú” los “resultados de la libertad económica en el mundo. La calidad del ambiente ocurre cuando se respetan la propiedad privada y la inversión en consonancia con la preservación de la naturaleza”, agregaba. En la columna de marras, Pavón no se preguntaba si “la inversión en consonancia con la preservación de la naturaleza” era algo real, o si precisamente porque eso no ocurría es que se llegó a la firma del Acuerdo.

“En apariencia benévolo, el acuerdo tiene otras intenciones, ideas y disposiciones jurídicas y económicas cuyo objetivo es crear “nuevo modelo de desarrollo” que cambie la “cultura” imperante”, sumaba Pavón. Y ahí sí le acertó, sobre todo en lo referente a la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. Los resultados de la economía extractivista han traído consecuencias ambientales cada vez más difíciles de revertir, como venimos observando en los últimos años. En ese sentido, la pandemia global de coronavirus (más allá de las diversas interpretaciones causales que surgieron desde diferentes sectores) ha llevado a científicos de todas partes del mundo a sentar posición al respecto (este humilde servidor cita en una presentación anterior de este blog, “La fábrica de las pandemias”, información sobre el punto).

Pero la búsqueda de “un nuevo modelo de desarrollo” no cae bien entre los gremios productivos del agronegocio en la mayoría de los países, los cuales ven en eso el fantasma del socialismo. Y por si eso no alcanzara, también se sienten atacados por las últimas medidas que se estarían tomando desde la Unión Europea, en especial para no comprar materias primas de los países que deforestan para cultivar.

Pero dentro mismo de la Unión, en países como Holanda (con una agricultura que siempre fue respetuosa de las regulaciones ambientales), los productores se vienen sublevando ante regulaciones ambientalistas que, según ellos, “dejarían fuera de carrera a la gran mayoría de los agricultores”.

Esa posición contrasta, sin embargo, con la postura de muchas multinacionales del agronegocio, que se están volcando a la elaboración de productos biológicos y al desarrollo de mayor tecnología aplicada en la agricultura y la ganadería de precisión. Incluso dieron un paso más, jugándose por una cultura de inclusión a nivel de la sexualidad de sus trabajadores, en un ambiente tradicionalmente conservador. Resultados colaterales que los firmantes de Escazú, ni en sus mejores sueños, esperaban.