El acuerdo tan temido (7): Paraguay según la ONU

Este artículo fue publicado en el diario asunceno Última Hora, el 14 de octubre de 2022. Se resume por razones de espacio, respetando su contenido, y lo posteamos por constituir la posición oficial del máximo organismo multilateral del mundo. Resta saber cuál será la respuesta oficial de los gremios, atendiendo a que de la ONU dependen numerosos proyectos de desarrollo que benefician a Paraguay.

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El relator especial de la ONU, Marcos Orellana, presentó un lapidario informe preliminar de su misión en Paraguay sobre Sustancias Tóxicas (SIC) y Derechos Humanos. El mismo será llevado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2023.

Pese a felicitar a Paraguay por haber ratificado todos los acuerdos internaciones sobre químicos y desechos (Basilea, Rotterdam, Estocolmo y Minamata), urgió la ratificación del Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. "Es particularmente alarmante el rol que han jugado el arzobispado de Asunción y ciertos sectores empresariales en Paraguay en difundir información falsa sobre el Acuerdo, lo que contribuyó a la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el proyecto de ley para su aprobación en el Senado", criticó.

Orellana observó durante su visita a Paraguay (del 3 al 14 de octubre de 2022) que, pese a todas las leyes ambientales con las que cuenta Paraguay, la gran mayoría no se cumplen. “Esto genera desprotección de las personas frente a riesgos ambientales, particularmente en el ámbito de la extracción agroindustrial. Paraguay tiene una gran oportunidad de afrontar estos problemas de manera decidida y estructural”, remarcó. Y dijo que, de no hacerlo, el país corre el riesgo de quedarse fuera de mercados internacionales que cada vez más buscan asegurar cadenas de suministro respetuosas del ambiente y los derechos humanos.

“Quisiera mencionar, como ya he hecho en repetidas ocasiones, el aberrante doble estándar de países que prohíben el uso de pesticidas porque son peligrosos para la salud y el ambiente, pero a la vez permiten su producción y exportación a países en desarrollo”, remarcó.

Acceso a la Justicia

Orellana se mostró alarmado por la información recibida sobre vulneraciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales (como líderes indígenas y campesinos), que son imputados por el Ministerio Público. “Me preocupa la utilización del derecho penal como instrumento de represión de la protesta y la articulación social”, manifestó.

En cuanto a las iniciativas de leyes que se discuten en el Congreso, citó una ley para crear un fuero agrario y ambiental, otra de protección de humedales y otra para actualizar delitos ambientales. Sobre ésta, reiteró la importancia de actualizar la ley 716 de delitos contra el ambiente, para combatir la impunidad. “Las multas no son un sustituto para penas privativas de libertad ante graves daños al ambiente y las personas”, cuestionó.

Manifestó preocupación en forma particular por la falta de cumplimiento de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos. Expresó que le preocupa ver el abandono de las víctimas por parte el Estado, ya que las comunidades no han recibido medidas de reparación y cumplimiento de los dictámenes. “No sólo no se han cumplido los dictámenes, sino que se siguen esparciendo agrotóxicos (NdR: colocamos esta palabra, por ser la que utilizó) alrededor de estas comunidades”, reprochó, además de que las penas a los agresores son leves y no corresponden a la gravedad de los delitos.

Fue contundente al exponer que los pesticidas (también llamados plaguicidas, productos defensivos, agrotóxicos o agroquímicos) son uno de los principales desafíos ambientales y de derechos humanos que afronta el país. “Es preocupante ver la influencia indebida de las empresas en la política pública sobre agrotóxicos en Paraguay. El modelo de producción agraria instalado en Paraguay se caracteriza en gran medida por los monocultivos de soja y la utilización de agrotóxicos”, detalló.

Una positiva: Orellana destacó las buenas prácticas en la rotación de cultivos con ganadería. En contrapartida, expuso que la superficie utilizada por el agronegocio creció un 234% en las últimas dos décadas, mientras que la superficie para la agricultura campesina bajó casi en un 50% en el mismo periodo. Y recalcó la necesidad de un censo agropecuario (que, casualmente, se encuentra en proceso). .

“Paraguay promulgó la ley 2524, conocida como de "Deforestación Cero” en la Región Oriental, en 2004. Pero de acuerdo con mapeos satelitales entre 2006 y 2016, se deforestaron un promedio de 60 hectáreas por día”, reveló; exponiendo que la deforestación se da en un contexto de inequidad territorial y tierras otorgadas ilegalmente a quienes no eran sujetos de la Reforma Agraria, durante la dictadura del general Alfredo Stroessner. Agregó que las tierras conocidas como "malhabidas" alcanzan alrededor del 20% del país y son de las mejores tierras de cultivos, lo cual genera conflictos territoriales y exclusión.

Industria dependiente de químicos

“Actualmente, el 94% de las tierras agrícolas en Paraguay está destinada a la agroindustria dependiente de insumos químicos”, informó; precisando que el promedio de pesticidas vertido anualmente es de 4,25 litros por hectárea y ha ido en aumento. “... (...) los agrotóxicos más importados en el país son el glifosato, el 2,4-D y el paraquat. Estos pesticidas son altamente peligrosos”, expresó.

Orellana señaló que el paraquat se encuentra prohibido en la Unión Europea desde 2007 y en Suiza desde 1989, porque es considerado demasiado peligroso para los agricultores, incluso con equipos de protección. Sin embargo, en la última conferencia de las partes del Convenio de Rotterdam (realizada en junio de 2022) Paraguay se opuso a la inclusión del paraquat, entre otros pesticidas, en el Anexo III del Convenio, ignorando las recomendaciones del Comité Científico de la Convención.

La fumigación

El relator indicó que entre las medidas de protección recomendadas se encuentran las franjas de protección o "barreras vivas" entre los cultivos y las comunidades... también el respeto a las condiciones de viento y temperatura bajo las cuales se prohíbe la fumigación, medidas de fiscalización y control, y otras. “Sin embargo, he podido ver con mis propios ojos el flagrante incumplimiento de esta ley ante la falta de franjas de protección, lo que resulta en la deriva de pesticidas sobre los cuerpos, viviendas y cultivos de las comunidades aledañas”, testificó.

Orellana aseguró que la inacción de las instituciones competentes de fiscalizar efectivamente el cumplimiento de la ley, en particular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), está resultando en graves afectaciones al ambiente y la salud de las personas. Esto, a pesar que desde el 2003 Paraguay entró en la lista de la FAO de “países preocupantes” por su uso de pesticidas y a pesar de que el Estado ha recibido, desde 2007, reiteradas observaciones y recomendaciones de organismos internacionales. Y agregó que los pesticidas afectan todos los aspectos de las comunidades a las que rodean, desde su derecho a una vida digna y sana, a una educación, a un hogar, a la alimentación y a un ambiente saludable, entre otros.

“Empezando por el desalojo de campesinos e indígenas de sus tierras y llegando hasta la muerte por envenenamiento, el uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos en los cultivos de Paraguay ha creado una situación insostenible para comunidades que ya se encontraban en una marcada situación de vulnerabilidad”, alertó.

Monitoreo de Salud

“El Ministerio (de Salud) actualmente cuenta con una herramienta que en la práctica sólo capta casos de intoxicaciones agudas graves. Por otro lado, las comunidades han normalizado afectaciones como los dolores de cabeza y náuseas, y el sistema de salud no registra estos casos como exposición por plaguicidas”, declaró; revelando que la niñez en las zonas rurales se está viendo afectada por los efectos indiscriminados de los pesticidas… no sólo en términos de salud, sino también de desarrollo educativo. “Me entristece enormemente ver que, en la Región Oriental, más del 20% de escuelas están rodeadas por cultivos y fumigaciones que no cumplen con las medidas de protección establecidas en la ley 3742”, lamentó.

Las buenas prácticas

Orellana relató que tuvo la oportunidad de visitar el asentamiento de Crescencio González… que, sin ayuda estatal, ha logrado presentar una buena práctica alternativa al cultivo extensivo. El asentamiento incluye 5.000 hectáreas de propiedad estatal con 1.300 habitantes, distribuidos en 10 núcleos dispuestos en forma radial y con cultivos en expansión circular. Indicó que dicho modelo de desarrollo comunitario permitió que el asentamiento logre seguridad alimentaria, ya que sus cultivos son suficientes para comer, vender en ferias e incluso dar en solidaridad a otras comunidades campesinas.

Finalmente, resaltó como “alarmantes” los testimonios de la comunidad sobre los hostigamientos que sufren por defender sus terrenos, además de los impactos en su salud y cultivos de las fumigaciones aéreas en parcelas colindantes.