El Gobierno prepara un cambio en la Formación Profesional.
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Este cambio contempla la creación de una red nacional de 50 centros de excelencia que harán investigación aplicada, como actualmente se lleva a cabo en las universidades, y aplicarán metodologías inmersivas de aprendizaje, como la realidad virtual.
Por primera vez, los alumnos cotizarán a la Seguridad Social, tendrán un contrato con las empresas y su tiempo de formación contará para su vida laboral.
El Ministerio de Educación está ultimando, en colaboración con las CCAA y los agentes del tejido productivo, la redacción de dos reales decretos que desarrollan la Ley Orgánica de FP que se aprobó en marzo.
La idea es que a final de año estén listos los borradores para que comiencen a aplicarse a partir del curso 2023/24.
El objetivo es que más alumnos cursen esta modalidad de Formación Profesional (ahora se matricula casi el 14% de los jóvenes, frente al 31% de la OCDE) para frenar el elevado desempleo juvenil (del 28,5%) y mejorar la cualificación de los adultos.
«Estamos construyendo una formación moderna y en permanente actualización, a la altura de las necesidades del siglo XXI. Trabajamos conectados con las empresas más punteras de los sectores productivos, de los tradicionales y también de los emergentes. Esto no es una moda sino una necesidad: si no conseguimos técnicos de FP, no vamos a crecer como país», afirma a EL MUNDO Clara Sanz, secretaria general de FP del Ministerio de Educación.
Estos son los principales cambios: DOS AULAS, UN SISTEMA.
Hasta ahora había una FP Dual, muy minoritaria, con hasta un tercio de formación en empresas. Ahora se crean dos modalidades.
La primera es la FP general, que contempla entre el 25% y el 35% de prácticas en empresas. Los alumnos cotizarán a la Seguridad Social y el Gobierno subvencionará hasta el 95% de la cotización.
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Su trabajo contará para su vida laboral.
La segunda es la FP intensiva, con prácticas que pueden durar más del 35% del horario y que contempla un contrato de formación. El trabajo se concibe en dos aulas –el centro y la empresa– donde los alumnos estarán supervisados y serán evaluados por dos tutores. Sanz dice que habrá «más flexibilidad», para que el tiempo que el alumno tiene que estar en la empresa o en el centro «se decidirá en función de lo que necesite para dominar los resultados de aprendizaje».
Estos resultados de aprendizaje –por ejemplo, si el alumno sabe arreglar un coche o colocar adecuadamente un tornillo– son cuantificables y objetivos. «En FP uno es buen profesional o no lo es: no hay opción para la subjetividad», señala Sanz.
LOS MEJORES.
El Gobierno va a montar una red nacional de 50 centros de excelencia. A semejanza de la red europea CoVE, donde cada país presenta a los mejores, se elegirá a los que cumplan «unos criterios de calidad». Según la convocatoria de 2022, deben estar en «proceso de transformación digital y metodológica», «colaborar en la detección de nuevas necesidades», fomentar «la internacionalización, el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada y la incorporación de tecnología disruptiva», como el uso en las aulas de la realidad virtual o la realidad aumentada.
Formarán a otros centros –también de otras CCAA– y ayudarán a actualizar los currículos.
Funcionarán como pequeños centros de investigación y lo que se descubra se pondrá en práctica.
Un requisito es que «generen transferencia de conocimiento», como las universidades. A cambio, recibirán financiación.