El riesgo latente de los elevadores

Por: Gerardo Garza

La responsabilidad administrativa de los hospitales públicos en México se establece bajo la premisa de que la administración pública, como cualquier sujeto de derecho, está sujeta al ordenamiento jurídico y debe responder por daños o perjuicios causados por infracciones en el cumplimiento de normas. Esta responsabilidad es un deber del Estado y se fundamenta en el principio de solidaridad, asegurando que no sea solo el individuo lesionado quien afronte las consecuencias derivadas de actos del poder público.

Para canalizar una reclamación patrimonial, se debe iniciar un procedimiento ante el órgano de la administración correspondiente, y se deben considerar elementos como la lesión o daño, la imputación, la antijuridicidad y la relación de causalidad entre la actuación administrativa y el daño producido. Además, existen ciertas exclusiones de la responsabilidad como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y los riesgos del progreso, donde la administración puede ser exonerada de responsabilidad.

En el contexto de un hospital público, esto implica que cualquier daño causado por la acción o inacción de sus servicios tendría que ser imputado a la entidad correspondiente y resultaría en la necesidad de indemnización o cumplimiento de obligaciones derivadas de dicha responsabilidad, salvo que se demuestre alguna de las exclusiones mencionadas.

En México, cuando ocurre un accidente como la caída de un elevador en un hospital público, la responsabilidad recae sobre la entidad estatal que opera la instalación, que en el caso de los hospitales públicos suele ser el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por ejemplo, en un incidente en Quintana Roo, donde una niña falleció debido a un elevador defectuoso, el IMSS fue considerado responsable no solo de indemnizar a la familia por daños morales y materiales, sino también por daños emergentes y lucro cesante debido a la muerte de la menor. Esto se fundamenta en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que establece que el Estado debe compensar a los ciudadanos por los daños causados como resultado de actividades administrativas irregulares.

Además de la responsabilidad patrimonial del IMSS, también pueden investigarse y sancionarse responsabilidades civiles, administrativas y penales de los servidores públicos involucrados y de la empresa encargada del mantenimiento del elevador, si es aplicable. Incluso si los servicios públicos son contratados a terceros, la institución estatal sigue siendo responsable de asegurarse de que se presten con la diligencia y medidas de seguridad adecuadas.

Cuando se reportan tales incidentes, el IMSS suele responder a las denuncias y tomar medidas para atender las solicitudes y proporcionar la información correspondiente.