El Salvador - Surgen nuevos desafíos frente a la implementación de la factura electrónica.

La facturación electrónica en países como El Salvador ha sido todo un desafío en materia legal, desde 2022 se ha puesto en marcha un proceso de implementación para introducir la facturación electrónica en los comercios, lo cuál brinda beneficios y desafíos de distintas naturalezas, incluida la protección de derechos de los consumidores.

La Asamblea Legislativa aprobó en el mes de agosto el “Decreto Legislativo n° 487”, que consiste en reformar el Código Tributario,  incorporando las disposiciones relativas a los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE).

Esta reforma de gestión tributaria brinda beneficios para todos los actores involucrados, como son:

• Proporcionar más información al gobierno con el fin de mejorar el cumplimiento de la ley e incrementar la recaudación fiscal. 
• Las empresas han reducido costos administrativos dado que se facilita el cumplimiento de la legislación tributaria a través de automatizaciones para sus procesos internos, disminución de costos de traslado y almacenaje de información.
• Finalmente, ésta reforma brinda el beneficio ambiental de reducir los documentos impresos, entre otros.

La reforma también incluye un conjunto de disposiciones transitorias para habilitar la implementación gradual de los DTE en la economía y tiene como fecha de implementación obligatoria el mes de junio de 2024.

Hoy en día el Ministerio de Hacienda ya autorizó a 1,000 emisores de DTE, es decir, estos comercios ya están emitiendo documentación electrónica como comprobantes de una compra a los consumidores. Seguramente usted ya ha brindado algún correo electrónico o el número de su teléfono móvil al adquirir bienes o servicios para recibir esta documentación. Si bien la facturación electrónica trae consigo grandes beneficios para todos, además del fortalecimiento de la economía del país, también surgen nuevos retos que hay que afrontar.

El Centro de Estudios Jurídicos ha realizado un llamado para contar con una legislación dedicada para la protección de datos personales acorde a la Constitución y los estándares internacionales, debido a que se han detectado situaciones donde algunas empresas usan esa información con otros fines sin pedir consentimiento previo del cliente o comercializan información sensible entre industrias, práctica que constituye una violación a la Ley de Comercio Electrónico en el artículo 13.

Además de que estas prácticas incurren en una violación a los datos personales de los consumidores que poseen protección de rango constitucional, tal como lo desarrollaron las sentencias de la Sala de lo Constitucional de los amparos: 934-2007 y 142-2012.