¿EN QUÉ MOMENTO DEBEN JUBILARSE UN MÉDICO, UN DOCENTE UNIVERSITARIO O UN MAESTRO?

En el marco de las restricciones económicas y cambios tecnológicos, la cooperativa COTAS de Santa Cruz, emblema del modelo cooperativista, ha decidido para este año 2024, ahorrarse Bs. 40 millones anuales en salarios del personal que ampliamente superó la edad de jubilación, invitando a retiro al personal y pagándoles sus beneficios sociales.

Por otra parte, los médicos y trabajadores de salud que pertenecen a la planilla del Ministerio de Salud acaban de parar la semana pasada por 48 horas y ahora lo hacen por 72 horas más, ante la amenaza del gobierno de jubilarlos a los 65 años de edad. El sector considera que jubilarse en el sistema público es una decisión personal y no puede existir norma que así lo disponga.

Ambas situaciones descritas nos conducen a una pregunta controversial: ¿En qué momento deben jubilarse los profesionales del sector público? La respuesta podría ser sencilla si recurrimos a la teoría económica. Cuando la productividad marginal sea menor al costo del factor de producción. Significa que a cada trabajador se le paga de acuerdo con la cantidad adicional de producción que puede generar. No obstante, en un mundo real la situación es mucho más compleja y además conflictiva.

Algo que parece absolutamente racional y justo, se torna polémico cuando financiamos los salarios con presupuestos públicos y sin costos de jubilación; entonces: ¿Cuál sería el momento óptimo, desde el punto de vista del bienestar de la sociedad, de jubilar a un docente universitario, médico o maestro público? Además, en un contexto altamente político, de ausencia de carrera administrativa que privilegie el mérito y también de alta conflictividad por la movilización de sindicatos que interrumpen servicios, como en salud, imprescindibles para la sociedad.

Si la premisa es contar con servidores públicos reclutados por meritocracia y no por una burocracia de baja calificación, ¿Cómo nos rodeamos de los mejores médicos, docentes universitarios y maestros? Existe probada evidencia de que resulta más sencillo si se recluta graduados con las máximas distinciones, expertos en sus campos de especialidad, con maestrías y doctorados, ojalá en universidades internacionalmente reconocidas, profesionales de referencia en su campo de trabajo; capaces de publicar “papers” o apalancar recursos de investigación a través de plataformas y redes internacionales de transferencia del conocimiento. Estos deberían ser las particularidades exigidas a profesionales contratados y pagados por los tributos de una sociedad, máxime para docentes y personal médico.

Los devaluados montos de jubilación no son un incentivo para pasar a la vida laboral pasiva; además, el tema se maneja en un contexto con normativa laboral propia de la década de 1950, vía el escalafón en educación (1957), la autonomía universitaria (1953) contradictoria con la demanda del siglo XXI (modalidades telemáticas, asincrónicas, multi-sensoriales y bajo un esquema de remuneración por desempeño, entre otras), persisten en mantener la inamovilidad funcionaria en tiempos de alta rotación, y tecnologización que expone aún más las falencias cuando el personal no está debidamente calificado.

El momento óptimo para la jubilación de un docente universitario, un profesional médico o un maestro varía según factores individuales y contextuales. Sin embargo, ante la evidencia de las últimas décadas, resulta poco digno el retiro por la evidente pérdida de sus facultades o perpetuarlo tan sólo por su antigüedad, como criterio ciego y nocivo para premiar el demérito y bloquear a nuevos profesionales que incorporen tecnología, conocimiento especializado e innovación.

En última instancia, la edad de 65 años no tiene por qué ser la única “métrica” a la cual deban jubilarse los profesionales, pero también es cierto que no puede depender de una decisión individual acogerse al retiro cuando existen de por medio financiamiento estatal. Retirar al personal improductivo es un deber cuando se administra lo público.

La mirada homogenizante impide reconocer las particularidades de cada sector y cada profesional; sin embargo, es impostergable persuadir e insistir por la medición, por evaluar objetiva y periódicamente el desempeño del profesional público, que limite la tendencia a sobrecargar los ítems con personal político de baja aptitud, con mayor razón si están pagados con recursos públicos y ante la impostergable necesidad de servicios de mejor calidad.