¿SIRVEN DE ALGO LAS DECLARACIONES DE DESASTRE?

Declarar el desastre significa que el gobierno es consciente de que hay una situación que está desbordando sus capacidades financieras y técnicas y que requiere de un plan de acción para enfrentar el escenario adverso. La gran mayoría de las veces reconoce el desastre tarde, cuando poco se puede hacer desde el Estado para atenderlo, su reacción tardía es intrascendente, atendiendo siempre la emergencia y nunca planificando evitarla.

En la práctica, es un ejercicio fuera de tiempo y contexto, y muchas veces sin financiamiento (a pesar de que el marco legislativo según Ley 602, establece, además estructura y mecanismos). Las miserias de los presupuestos nunca alcanzan, porque es más “capitalizable” salir a atender la emergencia con cisternas y desplegar 60 bomberos para 3,5 millones de hectáreas quemadas, antes que realizar el trabajo “invisible” de planear el adecuado uso del suelo, transparentar el acceso al mercado de tierras, sancionar drásticamente a las actividades económicas ilícitas o impedir la minería depredadora del medio ambiente.

La declaración de desastre a cargo de cualquier Gobierno, sea central, departamental o municipal nunca en Bolivia tuvo efectos inmediatos ni de magnitud y menos con sentido de oportunidad a la emergencia. Recordemos el efecto del fenómeno del niño 2007-2008 su inacción, o los incendios descontrolados del año 2019 previos a la pandemia. No aprendemos, pero, además, padecemos de amnesia.

Es evidente la complacencia con la alteración permanente del ecosistema natural, que persigue visibilidad mediática y la perpetuación del apoyo político, privilegiando a minorías movilizadas que toma el suelo para explotarlo con actividades económicas no controladas, para su asentamiento o su irracional explotación, interviniendo en el mismo de manera no planificada y cambiando su destino a discreción, sin analizar el daño inmediato y permanente que se realiza.

No sirven de nada las declaratorias de emergencia y desastre, nada se hace por decreto o ley. Las leyes necesitan políticas públicas, actuaciones planificadas, recursos, disponer de protocolos, procedimientos y guías de aplicación inmediata, burocracia calificada, equipamiento, despliegue de equipos técnicos entrenados con capacidad de respuesta, y también, de apoyo subsidiario en el territorio y coordinación para planear inversiones concurrentes con los gobiernos municipales y departamentales.

Ello significa dejar de lado las declaratorias y las cumbres, también los actos mediáticos, romper con la mirada administrativa y documental; exige cambiar la forma de responder al desastre y disponer de un modelo para desarrollar las capacidades de prevención, planificación, control y sanción.

El desastre no ha terminado, el desastre sigue, pudo haberse retirado de los medios de prensa y redes sociales, pero el desastre continúa y continuará el próximo año mientras no exista consciencia, voluntad, recursos y planes anuales con presupuesto, asi como planes quinquenales con visión y compromiso.

Políticamente es más atractivo el desastre que el trabajo “silencioso” de la prevención y la planificación. El desastre vende, el desastre convoca a la población y le entrega un bálsamo temporal de validación a la autoridad cuestionada. Mientras el desastre se siga “comprando”, todo seguirá siendo una ilusión y no una verdadera respuesta.