España, a la vanguardia europea con la Reforma Concursal

El pasado 25 de agosto de 2022, se aprobó definitivamente en las Cortes la nueva Ley concursal, abriendo la puerta a la entrada en vigor durante el mes de septiembre de la que es, sin duda, una de las principales reformas estructurales del Plan de Recuperación.

Con esta Ley se culmina un proceso muy intenso de trabajo para modernizar el marco español de restructuración de empresas, alineándolo al de los países más avanzados de nuestro entorno y mejorando el clima de negocios y la eficiencia del conjunto de la economía. También se pone fin al régimen transitorio de moratoria concursal puesto en marcha para responder al impacto de la pandemia, que ha permitido proteger al tejido productivo en un contexto extraordinario y ha proporcionado una experiencia práctica valiosa para mejorar el texto legal de cara a lograr los objetivos de esta norma: evitar la destrucción de valor innecesaria, facilitar la segunda oportunidad de los autónomos y favorecer la viabilidad de las empresas fundamentalmente solventes, en beneficio de los empresarios, trabajadores, acreedores y del conjunto de la sociedad.

La nueva Ley Concursal facilita que las empresas viables resuelvan sus problemas financieros sin tener que llegar a un concurso, haciendo uso de los planes de reestructuración o del procedimiento especial para microempresas, que tendrá una duración generalmente inferior a 12 meses. También se permite la posible exoneración de deudas sin liquidación previa del patrimonio del deudor, proporcionando una verdadera segunda oportunidad a los autónomos. Finalmente, se reducen las cargas y plazos de los procedimientos y se refuerza la transparencia, para agilizar los procesos y maximizar la probabilidad de éxito de la restructuración.

De esta manera, todo el sistema gana: las empresas deudoras tendrán mayores posibilidades de mantener su actividad empresarial; los acreedores verán aumentadas las probabilidades de cobro; los juzgados de lo mercantil se verán descongestionados, al tratarse de procedimientos en los que la intervención judicial es mínima (planes de reestructuración) o en los que la simplificación procedimental es máxima (procedimiento especial para microempresas); y el conjunto de la economía contará con un tejido empresarial más fuerte y con más capacidad de creación y mantenimiento del empleo.

Esta reforma, que ha tenido que superar numerosos obstáculos y resistencias, es la piedra de toque del programa de mejora del clima de negocios que nos permitirá, junto con las Leyes “Crea y Crece” y de “Startups”, cuya tramitación debería culminar este otoño, disponer de una regulación moderna y ágil para todo el ciclo de vida de la empresa; desde su creación a su crecimiento y posible restructuración.

Además, la reforma se enmarca en el ambicioso plan de transformación y modernización de la Justicia española, a través de las leyes de eficiencia, una tríada legislativa –ya en trámite parlamentario- que armoniza todo el entramado procesal, organizativo y digital del servicio público de justicia español con el objetivo de hacerlo más ágil y eficiente, poniendo a las personas en centro. Porque las instituciones, no lo olvidemos, son de las personas y a ellas deben adaptarse.

Cuando hablamos del Plan de Recuperación, la atención se concentra generalmente en los más de 160.000 millones de euros de inversión pública que se están movilizando gracias a los fondos europeos Next Generation. Es un volumen de inversión sin precedentes, una oportunidad extraordinaria, que tendrá un impacto duradero gracias al ambicioso programa de reformas estructurales en marcha. Los textos normativos más importantes ya están aprobados o en fase avanzada de tramitación, con efectos ya visibles en términos de inversión productiva, innovación, modernización empresarial, proyectos estratégicos, crecimiento de los sectores con más futuro de la nueva economía verde y digital y creación de empleo de calidad. Con la aprobación de la Reforma Concursal, dispondremos de un marco más favorable para impulsar y atraer a España inversión, actividad económica y talento. Sin duda, una buena noticia para que nuestro país cuente con una economía más robusta y resiliente para abordar los retos del presente y del futuro.

Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño

Ministra de Justicia, Pilar Llop

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