Hay tres objetivos prioritarios: mejorar la eficiencia energética, reducir la dependencia del petróleo y promover las energías renovables.

Sobran razones para recortar ya el exceso de retribuciones que siguen percibiendo las eléctricas.

En España, al encender la luz, cada día se pone en marcha un contador virtual que reconoce al suministro de las empresas eléctricas una retribución excesiva que no puede luego cobrarse aumentando unas tarifas que son de las más elevadas de Europa. Por ello, se va acumulando un déficit eléctrico, que podría llegar este año a 30.000 millones de euros, cuyos principales damnificados no son las cinco grandes empresas eléctricas, que pueden financiar y titulizar el déficit con el aval del Estado y hasta repartirlo como dividendo, sino los consumidores, que adquieren la obligación de pagarlo en los próximos 15 años.

No es de extrañar que la prioridad del Gobierno sea “atajar el déficit” y que a ello se dirijan sus primeras medidas, pero lo más importante es identificar correctamente los componentes a cambiar.

1. Revisar el contador del déficit. El déficit se genera porque hay un exceso de retribuciones reconocidas, tanto por el mercado de precios de la energía como por los ingresos regulados que adicionalmente reciben las centrales convencionales y la producción renovable, así como por la remuneración del transporte y la distribución.

Todas ellas son las causantes del déficit, por lo que este no puede achacarse básicamente al sobrecoste de las energías renovables como hacen las empresas eléctricas, ya que, desde que entró en vigor la Ley Eléctrica, las actividades liberalizadas también han recibido ingresos regulados en cuantía muy superior (1,6 veces) a las renovables.

Para reducir el déficit hay, por supuesto, que revisar muchas retribuciones reguladas, pero para atajarlo es imprescindible cuestionar también los ingresos reconocidos en función del precio de mercado. Entre estos, los de mayor cuantía, según el análisis riguroso efectuado por Economistas Frente a la Crisis, son los beneficios no justificados que están obteniendo las empresas desde 2005, por el elevado margen entre los precios de mercado percibidos por las hidráulicas y nucleares y sus únicos costes remanentes que son los variables. Ello constituye un claro ejemplo de beneficios inesperados causados por un cambio de regulación, con un valor estimado desde 2006 hasta 2011 de 16.000 millones de euros, sin que tenga ninguna consistencia el pretexto de sus propietarios de no haber completado su amortización, ya que solo indicaría que han dedicado los ingresos a otros fines.

Por tanto, dicha sobrerretribución, que debió haber sido eliminada en 2006, debe desaparecer ahora sin más dilación, pues no sería de recibo que, en la presente situación, las eléctricas fueran las únicas que no contribuyeran a la salida de la crisis. Ello no lesionaría su seguridad jurídica, al no alterar sus expectativas de ingresos cuando realizaron sus inversiones, y, en cambio, vela por la seguridad jurídica de los consumidores, que solo estaban obligados antes de la Ley Eléctrica de 1997 a retribuir las inversiones con un margen muy inferior al hoy obtenido por las eléctricas.

Al déficit contribuyen también los 3.396 millones de euros de Costes de Transición a la Competencia (CTC) que la Comisión Nacional de la Energía estima han cobrado en exceso las eléctricas, así como el procedimiento de titulización del déficit, que hay que cambiar para que su sobrecoste de 5.000 millones de euros no sea soportado por los consumidores, bien porque vuelva a ser responsabilidad de las empresas o, en caso de gestionarlo el Estado, paguen ellas los gastos de colocación y el descuento financiero por adelantar su cobro.

Además, hay que eliminar otros ingresos ocasionados por la forma de determinar algunos precios de mercado. Por ejemplo, regulando el precio ofertado por centrales con funcionamiento imprescindible, para impedir que lo hagan a precios abusivos (a veces, más de 1.000 euros/MWh) y también eliminando los sobreprecios que pagan los consumidores por la fijación de la Tarifa de Último Recurso.

En resumen: sobran razones para recortar ya, sin más dilaciones, el exceso de retribuciones que siguen percibiendo las eléctricas, utilizando transitoriamente técnicas jurídico-fiscales no recurribles, hasta establecer por ley una nueva regulación global.

2. Crisis y política energética. Las sobreinversiones sin sentido en diferentes sectores causantes de la actual situación económica —aeropuertos sin aviones, viviendas sin vecinos, bancos sin préstamos solventes— se han dado también en el sector energético —regasificadoras infrautilizadas o paradas, almacenamientos sin gas…—, en la generación eléctrica, que está liberalizada, sobre un tercio de la potencia instalada, lo que muestra el fracaso del actual mercado para asignar recursos eficientemente.

Lo que ahora se requiere es no solo ajustar a corto plazo el déficit, sino visión estratégica para enmarcarlo en una política energética que salvaguarde la seguridad y sostenibilidad del suministro futuro y que tenga la ambición de apoyar la industrialización y el crecimiento en España. Hay que afrontar la desaparición del déficit eléctrico con el mismo vigor que el presupuestario y aprovechar que no hay que construir nuevas centrales térmicas para efectuar otras inversiones que hagan más eficiente el sector, a la vez que dinamicen y hagan más competitiva la economía española.

Entre esas inversiones, priorizaría tres: mejorar la eficiencia energética, promoviendo la rehabilitación de edificios y el almacenamiento de energía; reducir la dependencia del petróleo, sustituyéndolo por biocombustibles, electricidad y gas, y en tercer lugar, promover más eficientemente las energías renovables.

Merece la pena detenerse en estas últimas, que atraviesan tiempos de tribulación en los que algunas actuaciones, mal planteadas y peor resueltas, no deberían ofuscar la conveniencia de apoyar un sector que no solo presenta muchas externalidades y ventajas comparativas en España, sino que va a seguir creciendo en el ámbito mundial, donde Bloomberg New Energy Finance proyecta que la actual inversión en renovables de 150.000 millones en 2010 superarán los 350.000 millones en 2030, en que estarán instalado 1 millón de megavatios eólicos (equivalentes a 1.000 centrales nucleares) y 1 millón de megavatios solares.

¿Cómo podría plantearse en España este apoyo? Efectuando periódicamente convocatorias acotadas en su cuantía, que introduzcan competencia de proyectos mediante subastas adjudicadas no solo al menor precio, sino por su innovación tecnológica y planes de industrialización.

Este nuevo sistema, que permitiría dar continuidad a los agentes más competitivos, requiere un borrón y cuenta nueva para liberar derechos sin desarrollar otorgados territorialmente, o reservas de conexión a red y replantear algunos proyectos especialmente onerosos con una negociación que salvaguarde la debida seguridad jurídica.

Ese conjunto de inversiones prioritarias podría financiarse mediante exacciones que gravaran el alargamiento de vida de las nucleares, comenzando por Garoña, la regularización de las concesiones hidroeléctricas y las emisiones de combustibles y carburantes fósiles.

Con todo lo anterior se conseguiría aprovechar la experiencia y ventaja comparativa de nuestro país en energías renovables para ser un agente activo en su desarrollo, de forma que, cuando su coste de producir electricidad iguale al de las centrales térmicas, España disponga de tecnología propia, en vez de la habitualmente importada, y de una industria competitiva que contribuya al crecimiento y al empleo.

3. Hacia un nuevo sector energético. Conviene recordar el pronóstico del Jeque Yamani —“la edad de piedra no terminó por escasez de piedras, y la del petróleo terminará, pero no por falta de petróleo”— para visualizar un sector energético diferente cuando se instaure la edad de la electrificación con energías renovables. Hablamos de un horizonte de 20 años, para el que hay que empezar ya a tomar decisiones, que no deberían ser frenadas por las grandes empresas eléctricas, que tendrán que asumir un marco de mayor competencia, por la generación distribuida basada en renovables y la fusión de redes inteligentes con Internet. Esto hará posible que cada edificio produzca electricidad y la venda o la compre en cada momento según el precio de su mercado local. ¡Eso sí que son mercados útiles a los consumidores!

Ese mundo que asoma ya en California, Tejas, Florida… donde son inteligentes más de la mitad de los contadores instalados, contrasta con la situación de España, donde la relación de quién necesita una nueva acometida eléctrica es de vasallaje feudal con la distribuidora local, a la que tiene que construir la conexión hasta su centro de transformación y regalársela luego. Esto es consecuencia de la reintegración vertical de las grandes eléctricas, que generan y venden la energía a sus clientes utilizando la información privilegiada de su filial de distribución.

La desintegración vertical de las actividades de red, llevada a cabo en el transporte, debe completarse en la distribución, que, al ser un monopolio natural, es también una actividad regulada que tiene que ser desempeñada por operadores independientes de las productoras y comercializadoras.

Como conclusión: una distribución independiente puede facilitar el desarrollo de las renovables y la implantación de redes inteligentes que, junto con el recorte a la remuneración de la generación convencional, den lugar a un suministro eléctrico más eficiente y a una industria competitiva.

Fuente: Martín Gallego Málaga, ingeniero de minas y economista, ha sido secretario general de la Energía.