INAMOVILIDAD LABORAL
Augusto Valenzuela
Abogado especializado en Derecho Laboral. + de 36 años de ejercicio profesional. Consultor. Catedrático. Asuntos individuales y colectivos.
Hay situaciones en que las empresas no pueden despedir a los trabajadores, sin previa autorización de juez
Augusto Valenzuela
www.valenzuela-herrera.com
La inamovilidad laboral consiste en el derecho de determinados trabajadores de no ser removidos de sus puestos de trabajo, salvo que existan causas especiales que lo justifique, lo que se traduce en estabilidad laboral.
La facultad de despedir muchas veces se ve castigada, cuando el despido obedece a una causa no calificada por la ley como “justa”, por lo que el empleador debe asumir una sanción de carácter pecuniario consistente en el pago de la indemnización por tiempo de servicio.
La legislación laboral contempla ciertas situaciones especiales que restringen el derecho del empleador para dar por terminado un contrato de trabajo; en estos casos, la facultad del despido depende de autorización judicial, pero si se ejecuta sin la misma, implica un despido “nulo” en virtud que tuvo lugar en violación de una norma preceptiva o prohibitiva expresa, esto da como consecuencia la reinstalación o restitución del trabajador despedido en su puesto de trabajo.
La ley laboral contempla varios supuestos en los que se prohíbe al patrono despedir a un trabajador, sin previa autorización judicial, entre los cuales se encuentran: las trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo o período de lactancia; los trabajadores que participen en la formación de un sindicato, y gozan de esa protección hasta 60 días después de la inscripción de dicha organización; los miembros del Comité Ejecutivo (y los miembros del Comité Ejecutivo Provisional del sindicato en formación) durante todo el tiempo que duren en sus mandatos y hasta doce meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos; y a partir del planteamiento de un conflicto colectivo de carácter económico social.
Toda reinstalación de trabajadores lleva consigo la imposición al empleador a pagar los salarios dejados de devengar durante el tiempo que estuvo sin laborar, así como a ser ubicado en el mismo puesto de trabajo.