La última esperanza para Argentina

En una presentación que duró más de dos horas y media, y en el marco de un encuentro organizado por la Fundación Libertad y Progreso, el viernes 17/03/23, Patricia Bullrich hizo una detallada exposición de no sólo lo que se debería hacer, sino de cómo lo haría ella, en caso de ganar las próximas elecciones y quedar al frente del Poder Ejecutivo.

No es el objetivo de esta opinión detenerme en sus propuestas, a las que adherí en un cien por ciento, sino en dos aristas que rozan la concreta ejecución de sus ideas. Por falta de tiempo (*), no le pude hacer la pregunta correspondiente a la primera de ellas: ¿cuáles considera que serían las acciones de la oposición -particularmente kirchnerista- más posibles de suceder, y orientadas a atentar contra la gobernabilidad de su administración? Y ¿qué medidas tiene estudiadas como necesarias y suficientes para contrarrestar esos ataques?

Asumo que la Sra. Bullrich, por su capacidad y su experiencia, tiene claramente identificadas cuáles serían. Y no tengo dudas tampoco de que también tiene estudiados los mecanismos de reacción, que sirvan de anticuerpos contra las bacterias asesinas de la institucionalidad y la democracia.

Estas cuestiones resultan troncales a los fines de (i) informar a los potenciales votantes sobre la anticipación de este importante obstáculo a la concreción de sus propuestas, y (ii) motivarles a perder el miedo al caos que los kirchneristas (como leones enjaulados que serían, desesperados de pánico al ver sus prebendas perdidas) estarían por completo dispuestos a desatar, con tal de no perder protagonismo, y mantener sus espacios de poder. Ya sabemos que los individuos que conforman ese espacio político no tienen ninguna barrera ética o moral que los detenga; y que fieles al colectivismo marxista que cacarean (pero no ejecutan), están por completo contestes con la idea de usar a otros individuos (los ciudadanos) como medios para alcanzar sus fines particulares.

La segunda arista que la presentación de la Sra. Bullrich me generó considerar es la función que -de resultar electa- le tocaría cumplir, en un contexto histórico y mirando hacia el futuro.

Toda acción de gobierno implica una asignación de recursos. Estas decisiones resultan particularmente conflictivas en los sistemas democráticos, y han sido larga y profundamente estudiadas por James Buchanan y Gordon Tullock como fundadores de la Escuela de Public Choice (EPC), una disciplina que tiene la brillante particularidad de analizar a la política con las herramientas metodológicas de las ciencias económicas. Y de ahí que sus conclusiones suelen identificarse entre los autores como las "fallas de la política" (por oposición a las famosas "fallas del mercado").

En primer lugar, la EPC sostiene que cualquier toma de decisión colectiva en sistemas democráticos, por sus características intrínsecas, adolece de la certeza que las elecciones en el sector privado otorgan al momento de reflejar las preferencias de quienes en el mercado somos consumidores. Es decir, al elegir una particular marca de un producto, estamos emitiendo señales reales a los productores con respecto a nuestra valoración subjetiva de su producto, y a nuestra escala de preferencias.

Con el voto, reflejar verdaderas preferencias es imposible, en la medida en la que nuestro voto no define ninguna elección, y al votar lo hacemos por "paquetes" de ofertas electorales. De ahí que la política implica juegos de incentivos por completo opuestos en políticos y votantes.

Este último aspecto es de particular relevancia en el caso del electorado Argentino que, sin una red de contención institucional fuerte (como podría ser el bipartidismo en los Estados Unidos), los votantes de hoy se convierten en los opositores de mañana, y viceversa.

Consecuentemente, la responsabilidad histórica que le tocaría a la Sra. Bullrich es la de hacer que su gobierno sirva de cimiento para la construcción de la institucionalidad que -paulatinamente y a lo largo de muchos años futuros- permita a la Argentina superar para siempre la zozobra del péndulo estructural en el que permanentemente se balancea. O, en otras palabras, lograr que la institucionalidad evite discusiones partidarias sobre ciertas premisas, amplia y generalmente aceptadas por todos: el Estado de Derecho, el respeto al sistema republicano de gobierno, la propiedad privada y los derechos individuales.

Construyendo institucionalidad: la experiencia española

En un artículo del diario La Nación del 8 de septiembre de 2009, quien fuera el Ministro de Finanzas Español, Enrique Fuentes Quintana, relata la situación que se allí se vivía al momento de celebrarse el Pacto de la Moncloa, en 1977.

Sus impresiones podrían resumirse en los siguientes condimentos que hicieron a la receta que sentó las bases de una España efectivamente democrática, y el principio del camino a la institucionalidad que ese país empezó a transitar, y pudo continuar luego de su incorporación a la Unión Europea: una situación económica desesperante; una capacidad de negociación, compromiso y renuncia de la clase dirigente del momento, basada en un interés nacional superador de las pérdidas y las ganancias políticas que el acuerdo le significaría a cada uno de los espacios políticos (incluido el Partido Comunista Español); el abandono de la idea del "mesías" salvador, y -por el contrario- la convicción de alcanzar los objetivos sólo mediante la participación y colaboración de todas las representaciones políticas y sindicales.

Proporcionalmente, la situación económica de España por aquel entonces presentaba notables parecidos con la actual situación argentina: " (...) el coste de la vida se había elevado en un 19% en 1976 y amenazaba con llegar a un 30% en 1977. El número de parados alcanzaba el 5%, una cifra que parecía entonces alarmante, y el déficit exterior había pasado de 3.500 millones de dólares en 1975, a 4.200 en 1976 y llegaría a 5.000 ese año." (Cabrera, 2011, p. 82).

Europa, en su conjunto, también mostraba las mismas enfermedades que afectan a la Argentina hoy: "(...)  la tasa media de crecimiento había estado cercana al 5% anual, la del paro en torno al 2,7% y la inflación fue del 3,7%.Los avances salariales habían sido importantes. El peso del sector público había aumentado considerablemente: el gasto pasó del 26% sobre el PIB a comienzos de los 50 al 38% al concluir los 60, y el empleo público aumentó a un ritmo de un 2,4% anual frente al 0,28 del empleo total. Las políticas de pleno empleo y el desarrollo del Estado del bienestar se habían visto acompañadas de una reciente organización de intereses y de la adopción de políticas de rentas" (Cabrera, 2011, p. 83). El resaltado me pertenece.

Ante esta situación, "(...) Los datos económicos eran preocupantes, pero la perentoriedad de los acontecimientos políticos llevó a abandonar la tímida estabilización iniciada y se eliminaron los frenos a la expansión monetaria por el temor a sus consecuencias (Cabrera, 2011, p. 86). El resaltado me pertenece.

Con la designación del prestigioso economista Enrique Fuentes Quintana como vicepresidente económico, y al frente del equipo que diagramaría las políticas económicas para estabilizar la economía española, el Presidente Suárez se encontró con que el joven sistema democrático complicaba tanto la determinación como la aplicación de las políticas decididas. La política chocaba de frente con la razonabilidad económica, en tanto "Ahora había un electorado al que atender o al que conquistar" (Cabrera, 2011, p. 88).

Esto último implicaba un ambiente de profunda y continua conflictividad, tanto inter como intra grupos políticos, por lo que los Pactos de la Moncloa pueden, razonablemente, entenderse como un "milagro". ¿Cómo se logró?

Fuentes Quintana y Fernández Oroñez fueron quienes encabezaron el inicio de las negociaciones con los sectores políticos, financieros y sindicales, administrando las concesiones que -como gobierno- estaban dispuestos a otorgar a la multiplicidad de reclamos sectoriales de unos y otros. En el nuevo sistema, el Programa de Saneamiento y Reforma Económica (o "plan de ajuste") a implementarse debía, necesariamente, contar con el acuerdo de un importante número de adhesiones: "Algunos,  entre ellos el propio presidente Suárez, se inclinaron inicialmente por llevarlo al Parlamento y conseguir los votos que le faltaban para alcanzar la mayoría. Sería una demostración de su voluntad de ejercer el poder. Otros, entre ellos el vicepresidente económico, estaban convencidos de que era imprescindible un acuerdo social y político" (Cabrera, 2011, p. 90). El resaltado me pertenece

Todas las negociaciones entre el gobierno de Suarez y los distintos grupos de presión se enmarcaban en un momento en el que gobierno, partidos políticos y sindicatos se encontraban en la etapa inicial de un proceso de organización interna, apenas terminada la dictadura de Francisco Franco. No había espacios consolidados, y esta circunstancia hacía que todos esos grupos estuvieran en condiciones más o menos pari-passu entre sí.

De ellos, y aunque suene contradictorio, el grupo de sindicalistas parecería haber sido el más sencillo de conformar. La idea de una única central obrera había fracasado, y las dos agrupaciones con mejores perspectivas de consolidación fueron la Unión General de Trabajadores y la Confederación General de Comisiones Obreras. Ambas se focalizaban en lograr del gobierno la legalización de la libertad sindical, para obtener la mayor cantidad de afiliados. "Sólo quisieron hablar de la urgencia de regular la libertad sindical, la acción sindical en la empresa y la negociación colectiva, así como la necesidad de que se celebraran elecciones sindicales. Estas definirían la mayor representatividad o fortaleza de una u otra central. No cabía hablar mientras tanto de pacto social alguno, pero salvo las organizaciones minoritarias, hubo un apoyo manifiesto a un acuerdo político. Sus vinculaciones con los partidos de la izquierda lo facilitaría" (Cabrera, 2011, p.93).

Por su parte, los grupos empresarios también habían logrado una representación gremial hacía poco tiempo, acordada en vistas a lograr su representatividad en las negociaciones que gobierno, partidos políticos y agrupaciones sindicales venían llevando a cabo. En Septiembre de 1977, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) designaba a Carlos Ferrer Salat como presidente, quien representaba más fielmente a las voces empresariales que se inclinaban hacia la "potenciación del consenso social" (Cabrera, 2011, pp. 94 y ss). y demostraban tener menos reticencias a la pérdida de protecciones y prebendas de las que habían gozado con el gobierno de Franco.

El 25 de Octubre de 1977, la Unión del Centro Democrático (partido al que pertenecía el Presidente Suárez), el Partido Socialista Obrero Español (representado por quien luego sería Presidente del Gobierno,  Felipe González), el Partido Comunista de España, el Partido Socialista Popular, la Federación Catalana del PSOE, Convergencia Socialista de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco y Convergéncia i Unió suscribieron tanto los acuerdos políticos como económicos. El único partido que se abstuvo de suscribir el acuerdo político fue el partido Alianza Popular, aunque sí lo hizo con el acuerdo económico.

Vale recordar que el acuerdo económico podría resumirse en el conjunto de medidas "ortodoxas" de restricción monetaria, devaluación de la peseta, libertad de despido y reformas tributarias y de ordenamiento del gasto público.

De ahí la condición de estos Pactos como "milagrosos", y ejemplo de cumplimiento del deber cívico de la gran mayoría de los partidos políticos firmantes, enrolados en distintas gradaciones de las ideas de izquierda.

Los Pactos de la Moncloa no fueron pactos sociales, sino acuerdos de mínima a los que todas las fuerzas políticas decidieron someterse, tras el objetivo común de lograr la estabilización de España, sobreponerse a la grave situación económica por la que el país atravesaba, y sentar las bases para el posterior crecimiento y desarrollo. Y para cada uno de los representantes, significó asumir la responsabilidad política frente a sus votantes (Cabrera, 2011, p. 99). Tal vez uno de los pocos casos de la historia moderna en la que los agentes (los políticos) dieron fiel respuesta a los intereses del principal (los votantes).

Diferencias con el estado de situación actual en Argentina.

Si bien la situación económica y social en Argentina de hoy en día encuentre similitudes con la situación española de fines de los 70, el poder de los sindicatos, y en particular el del partido Peronista, hace que las fuerzas de los actores políticos se encuentren muy lejos de esa equilibrada paridad que experimentaban los espacios políticos y sindicales en España, al inicio del establecimiento democrático.

Desde 2003, el proteccionismo y el cierre de la economía entronizaron a unos pocos sectores que vivieron las mieles de la proximidad al partido gobernante (Nogués, 2014), mientras que los subsidios y transferencias discrecionales pasaron del 59.8% del gasto en 1990, a 75.3% en 2019 (Banco Mundial), concretando el populismo amasado por el kirchnerismo, con el único objetivo de comprar voluntades electorales entre los sectores más empobrecidos.

Las últimas declaraciones de uno de los principales esbirros de Cristina Kirchner (Infobae, 14/03/2023) da fundamento al pesimismo de confiar en que sería posible, para el nuevo gobierno, replicar la experiencia española de los Pactos de la Moncloa; y alcanzar acuerdos extendidos para el consenso y legitimación de las políticas económicas y monetarias imprescindibles para la recuperación de Argentina.

Varias generaciones de argentinos vienen demostrando una inclinación hacia las políticas intervencionistas (Solanet, 2014, pp.6-7), agravadas por la profundización del asistencialismo, y la convicción (más o menos generalizada) de que es el estado el responsable de proveer también cada vez más bienes y servicios.

La historia reciente de España, de Israel y de Irlanda; el "milagro" Asiático de los años '90; algunas experiencias de Europa Oriental; y aún con sus severas deficiencias, la apertura económica de China son evidencia irrefutable de que las únicas medidas que pueden llevar a Argentina a alcanzar la estabilización, primero, y al crecimiento después son las que propone -no sólo con fundamentos sino, y tal vez más importante aún, con sonado pragmatismo- Patricia Bullrich.

La "lucha" no es tal entre los distintos sectores de la sociedad, como sugiere el historicismo Marxista, sino entre la economía y la política. Mientras las premisas económicas sostenidas por la Sra. Bullrich, consideradas aisladamente, son teórica y empíricamente irrefutables, la política implica un límite, una barrera que podría ser infranqueable al momento de consensuar y alcanzar la legitimidad suficiente para la implementación de políticas económicas y monetarias que concreten esas ideas de libertad.

De ahí que los postulados teóricos de Javier Milei son rotundamente acertados, pero su ejecución, sin la experiencia y la flexibilidad política necesarias, podría resultar no sólo imposible, sino altamente perjudicial a los fines de iniciar el camino hacia la institucionalidad. De ganar Milei las elecciones, la inmoral e histórica práctica del peronismo, el sindicalismo, el kirchnerismo, y ahora también de los eficientes extorsionadores seriales denominados "movimientos sociales" (modernos mercaderes de la pobreza), tendrían altas chances de alcanzar el objetivo de impedir la gobernabilidad. O bien, podrían incentivar al uso de medidas represivas, con altos costos sociales (y aún en términos de vidas humanas) intentadas para lograr esa gobernabilidad.

Esto no sólo significaría las pérdidas propias de la contienda, sino la dilación en la restauración del orden, la estabilización y luego el crecimiento en Argentina.

Las herramientas de gobernabilidad garantizadas por la Constitución Nacional.

El espíritu republicano instaurado en la Constitución de 1853, ha sido licuado en la actual versión de la Constitución Nacional reformada en 1994. Y en los últimos 20 años, el kirchnerismo lo ha violado sistemáticamente. De hecho, gran parte de la contienda se traduce en conocer la preferencia de los votantes por la protección de la República o su eliminación a manos de los populistas.

Pero aún así, la Constitución Nacional ofrece ciertas herramientas legítimas para proteger la gobernabilidad. El Artículo 40 CN ofrece un mecanismo de democracia semi-directa y legitimación de las políticas propuestas por el próximo Poder Ejecutivo. Y si bien esta herramienta implica altos costos para el estado, permitiría conocer con certeza la preferencia de los ciudadanos con respecto a cada una de ellas. Al respecto dice Badeni (2006, p.421) "La consulta popular no vinculante es una especia de encuesta oficial con la cual se recaba la opinión de la ciudadanía. Esa opinión, si bien carece de relevancia jurídica, fundamenta la legitimidad política del acto gubernamental que, eventualmente, la adopte mediante una ley o decreto según se trate del Congreso o del Poder Ejecutivo"

Es decir, mediante un Decreto, el nuevo gobierno estaría en condiciones de convocar a esta consulta, sin necesidad de contar con las mayorías parlamentarias, y en la medida que trate sobre políticas públicas de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, si bien el Artículo 99, inc. 3 CN contradice palmariamente al sistema republicano de gobierno, extralimitando las funciones del Poder Ejecutivo hacia una función legislativa, con una visión temporariamente utilitarista, el próximo gobierno estaría en condiciones de justificar, jurídica y moralmente, el ejercicio de esta facultad otorgada por la CN. En la medida en la que el PEN emita decretos de necesidad y urgencia de manera limitada, y autoimponiéndose estrictas barreras para su sanción.

Conclusiones

La actual situación político-económica de la Argentina hace que sea la hora histórica de contar con gobierno firme, legítimo y valiente. Los desafíos con los que se encontrará el nuevo gobierno son muchos y muy serios.

El difícil escenario político y económico actual requiere de consensos extendidos, como los logrados por España con la celebración de los Pactos de la Moncloa. Pero a diferencia de esa experiencia histórica, la Argentina se encuentra en una situación de sustantiva debilidad. Los grupos de presión, especialmente el peronismo, el kirchnerismo (como si fueran dos cosas diferentes), el sindicalismo y los inmorales "gerentes de la pobreza" tienen años de amasar fortunas y acumular poder, por lo que, frente a la inminente pérdida de las futuras elecciones, es muy posible que su desesperación por no perder el status quo que los entroniza los vuelva más virulentos en su ataque a la estabilidad de quien resulte Presidente.

Por otro lado, generaciones enteras de argentinos viviendo del asistencialismo, y grandes sectores de las clases medias y altas que demandan intervencionismo y "estado presente", como mecanismos de evacuación de sus aspiraciones "progresistas", podrían servir de base a los ataques que muy probablemente sufra el próximo gobierno.

Frente a esta combinación de factores, entiendo que la Argentina tendría una mínima y última chance de superar su decadencia en la medida que los ciudadanos elijan un liderazgo sólido, con convicción sobre las políticas de liberalización y apertura económica, con respeto irrestricto al sistema republicano de gobierno, a las libertades individuales y a la propiedad privada; con coraje suficiente como para afrontar la oscura noche que significarán los que -esperemos!- sean los últimos esténtores de la inmensa cantidad de inmorales que vienen enriqueciéndose a costa de todos nosotros, y particularmente de los más pobres.

No tengo la más mínima duda de que la Sra. Bullrich es plenamente consciente de estas dificultades. De ahí que, de llegar a la presidencia, tiene en sus manos no sólo la posibilidad (y la responsabilidad) de no perder un sólo minuto para implementar medidas urgentes, sino también, la posibilidad de pasar a la historia como una Urquiza, Sarmiento, Roca o Mitre del Siglo XXI. De convertirse en una estadista capaz de lograr consensos no sólo políticos, sino también sociales, que la historia registre como el inicio del proceso de institucionalización de Argentina, modificando la agenda pública, restaurando el orden, la dignidad de asumir la responsabilidad de nuestros propios actos; la restauración del estado-árbitro, abocado cumplir y a hacer cumplir las obligaciones asumidas, y la visión del estado no ya como un proveedor de recursos ilimitados, sino un servicio por el que todos pagamos, con ningún otro objetivo que el de lograr la paz social, la estabilidad, y la posibilidad de ver nuestras expectativas individuales concretadas en el futuro.

Tarea titánica, esta última, para la que sería imprescindible contar con el apoyo de los ciudadanos, en el lugar que cada uno ocupe, con las herramientas y habilidades de las que cada uno disponga. Esta opinión intenta ser el hecho que sigue a esas palabras.

(*) En parte gracias a la idiosincrática costumbre de algunos/as de agarrar el micrófono y convertirse en comentarista de circunstancias personales, en lugar de utilizarlo en el rol original de preguntante.

Badeni, G. Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, La Ley, 2007.

Banco Mundial, Subsidios y otras transferencias (% del gasto) - Argentina.

Cabrera, M., Los pactos de La Moncloa. Acuerdos políticos frente a la crisis. Historia Política: ideas, procesos y movimientos sociales, N°26, 2011, pp. 81-110.

Nogués, J. J., Políticas proteccionistas de la Argentina desde 2003 : del auge a la decadencia económica Ensayos de Política Económica Año VIII, Vol. II, Nº 2, 2014.

Solanet, M., El Intervencionismo en la Argentina,Comunicación del académico de número Manuel A. Solanet, en sesión privada de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, el 10 de septiembre de 2014.