La Agencia Valenciana de Protección del Territorio

Una de las novedades de la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP), consiste en la creación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.

Es la nueva Disposición adicional decimotercera de la LOTUP la que «crea la Agencia Valenciana de Protección del Territorio como entidad de derecho público de naturaleza consorcial, con personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, para el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de disciplina urbanística». En la Disposición se añade que «los municipios podrán atribuir sus competencias propias en materia de disciplina urbanística sobre suelo no urbanizable a la Agencia, mediante su adhesión al convenio marco que se redacte al efecto».

De este modo, el legislador valenciano sigue la senda marcada por las Comunidades autónomas de Canarias y de Galicia, donde funcionan la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística Gallega.

La creación de una Agencia Valenciana de Disciplina Urbanística era desde hace tiempo la aspiración de muchos profesionales. Desde al menos el año 2003 existieron borradores normativos que hubieran permitido la creación de la Agencia. Se tardó más de 10 años en conseguir que en el 2014 se introdujera en el texto de la LOTUP una Disposición adicional tercera en la que simplemente se decía que «se podrá crear una Agencia de Protección del Territorio». Ha habido que esperar hasta el 2019 para que la Agencia sea una realidad.

Las Agencias autonómicas de disciplina urbanística se conciben como organismos administrativos con personalidad jurídica propia, descentralizados y de carácter predominantemente técnico, de naturaleza consorcial, que ejercitan las competencias autonómicas en materia de disciplina urbanística, así como también las de los municipios que voluntariamente se consorcian. La idea de la Agencia parte de la reflexión de que la actuación administrativa en materia de disciplina urbanística implica la mera verificación y aplicación reglada, sin discrecionalidad ni opciones posibles, de una normativa, por lo que el ejercicio de esa competencia debe reservarse a una Administración independiente de la instancia política (instancia fundamental y determinante en el momento de la planificación y de la gestión urbanística, pero no en la fase de la disciplina urbanística). La fórmula consorcial permite conseguir estos objetivos con pleno respeto a las competencias municipales en materia de disciplina urbanística derivadas de la autonomía local constitucionalmente garantizada.

La creación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio efectuada mediante la Ley 1/2019, de 5 de febrero, se acompaña en el texto legal de todo tipo de cautelas para garantizar su efectiva puesta en marcha. En este sentido, cabe apuntar lo siguiente:

a.- Para que no sea necesario esperar a la aprobación de un Reglamento que establezca la estructura y funcionamiento de la Agencia, estas cuestiones se regulan con todo detalle en la propia Disposición adicional de la Ley, cuyo contenido es similar al de los Decretos de organización y funcionamiento de las Agencias canarias y gallega. No hace falta, pues, esperar a un desarrollo reglamentario.

b.- Es el mismo legislador el que señala la fecha tope de puesta en funcionamiento de la Agencia. La nueva Disposición transitoria decomocuarta de la LOTUP indica en su punto primero que «la Agencia Valenciana de Protección del Territorio deberá estar en pleno funcionamiento en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta disposición». Como la Ley 1/2019 entró en vigor el 8 de febrero de 2019, esto supone que la Agencia ha de estar en pleno funcionamiento el 8 de febrero de 2020. Se trata de un mandato del legislador que la Administración está obligada a cumplir.

c.- Pero, sin duda, la medida coercitiva más eficaz prevista por el legislador para asegurar que la Agencia se ponga en funcionamiento es la previsión contenida en el punto segundo de la nueva Disposición transitoria decimocuarta, que establece lo siguiente:

«A partir de la entrada en vigor de la presente disposición transitoria no se podrá aprobar ningún procedimiento de minimización de impactos ambientales en suelo no urbanizable, de los regulados en los artículos 210 y siguientes de esta ley, hasta el comienzo del funcionamiento efectivo de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio».

La Ley 1/2019 establece un detallado mecanismo de minimización de impactos territoriales que puede acabar con la legalización de la mayoría de las numerosas construcciones ilegales existentes en suelo no urbanizable. Pues bien, esta Disposición transitoria vincula la posibilidad de que se puedan aplicar las medidas legalizadoras de estas edificaciones a que antes comience a funcionar de modo efectivo la Agencia. Seguramente el legislador ha pensado que, de este modo, la presión social que va a existir para que se apliquen esas medidas legalizadoras va a obligar a la Administración a poner en marcha la Agencia.

En definitiva, por fin parece que la Agencia Valenciana de Protección del Territorio va en serio.