La autorregulación y certificación ambiental en México

Actualmente hay una importante tendencia a establecer políticas ambientales voluntarias dentro de las organizaciones empresariales, algunas de ellas con objetivos de carácter mercantil o que se insertan en lo que pareciera una moda a favor de la “sustentabilidad”; sin embargo, independientemente de constituirse como una buena intención de carácter vanguardista, la autorregulación formal, tiene sus bases firmes en la ley y en los reglamentos que de ella emanan. De esa forma, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales, establece las bases para la promoción de una autorregulación que conduzca al cumplimiento pleno de las obligaciones legales que en materia ambiental tienen las empresas.

En ese sentido, la autorregulación se puede formalizar aún más y conducir a que las empresas obtengan un reconocimiento oficial a través de la certificación, y esto se logra cuando la alta dirección, decide incorporar a su empresa al Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), que promueve y administra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), contando para ello, con instrumentos jurídicos y mecanismos técnico - administrativos oficiales.

El proceso inicia con la decisión de incorporar a una empresa al PNAA y someterla a una auditoría ambiental y a través de ella, demostrar el pleno cumplimiento a las disposiciones legales que le aplican y de no ser así, otorgarle un plazo máximo de dos años, para que mediante el desarrollo de un Plan de Acción, lograr dicho cumplimiento y con ello, obtener de acuerdo a su giro o actividad, un Certificado de Industria Limpia (para actividades industriales), de Calidad Ambiental Turística (para empresas del ramo turístico) o de Calidad Ambiental (para otras empresas sin proceso industrial).

Lograr una certificación como las mencionadas anteriormente, permite que las empresas obtengan múltiples ventajas competitivas, permitiéndoles el acceso a mercados más exclusivos en los que las exigencias de cumplimiento legal y de desempeño ambiental son más estrictas; además de promover una imagen comercial de compromiso con la protección al ambiente, en un esquema de mejora continua; lo que les permitirá de manera sostenida, demostrar la conformidad con la normatividad e incluso, incorporar nuevas propuestas para el mejoramiento del ambiente, además de acceder a beneficios económicos y a un esquema baja prioridad de inspección por parte de la PROFEPA.

En conclusión, la autorregulación y más aún la auditoría ambiental, son dos alternativas que hoy en día operan para incentivar el cumplimiento legal ambiental de las empresas, pero también deben ser vistas desde la perspectiva de que otorgan ventajas que favorecen la rentabilidad de una organización empresarial.

José de Jesús Amaya E.