La estrategia de la inversión social como nuevo paradigma.

La necesidad de reestructuración de las políticas sociales, coartadas por la idea que trae aparejada la globalización de que obstruyen la competitividad, ha llevado a considerarlas desde la perspectiva de la inversión y no sólo como gasto, es decir, como factor positivo que puede ayudar al proyecto de acumulación imperante en la actualidad. En un contexto de constante adaptación, la estrategia de la inversión social, ya planteada años atrás por Giddens, reserva al Estado una labor proactiva, capacitadora y preventiva con el objetivo de que no tenga que actuar solamente de manera reparadora. Es necesario que consiga hacer frente a las tensiones actuales derivadas de la globalización y la propia sociedad postindustrial, subrayando el potencial productivo de la política social. Se pretende así ir un paso más allá del paradigma neoliberal. Esta comunicación repasará las principales y más recientes aportaciones hechas sobre la estrategia de la inversión social, así como las implicaciones de esta perspectiva para las políticas sociales en general, su punto de vista sobre la inclusión social y su postura ante un nuevo equilibrio entre las responsabilidades del Estado y del individuo.

La estrategia de la inversión social se enmarca en un contexto de necesidad de replantear los términos en los que se desarrolla el Estado de bienestar, para dar respuesta a la tendencia a la reducción de su extensión, así como de legitimarlo ante las nuevas circunstancias. Lejos de suponer un modelo de preeminencia parejo al keynesianismo, busca una alternativa más enfocada a la justicia social en el camino de la búsqueda de la competitividad. En cuanto a la direccionalidad de las políticas de inversión social, Midgley (2001) subraya la utilidad de esta estrategia para legitimar el Estado social y contener la reducción del Estado: integrando las necesidades sociales y económicas, la inversión social busca programas sociales que mejoren el desarrollo económico. Esto último enfocado para superar aquellas críticas que sugieren que el gasto social redistributivo tiene una influencia inhibidora en el desarrollo económico. Se trata de que la reforma pueda hacer frente a los nuevos riesgos de la sociedad contemporánea, para hacer sostenibles los sistemas de bienestar y hacerlos ‘productivos’ en el sentido de que deberían promover y apoyar el empleo y el crecimiento económico.

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