La reforma agraria: reparto de tierras. Perú - Bolivia.

Manuel Eduardo Cueto Fernandez

El presente comentario tiene como finalidad determinar que tendencias depositaron su mirada en la reforma agraria de Perú y Bolivia. En ambos países se venía planteando la necesidad de una trasformación profunda de la situación económica y social del campo. La Reforma Agraria produjo una profunda transformación de la realidad, que permitió eliminar muchos de los conflictos sociales, los mismos que se venían incubando desde la conquista y que generaron condiciones de latente vulneración de derechos que podían derivar en una explosión social. En ese sentido nos corresponde determinar que reflexiones, análisis, aproximaciones, énfasis se presentaron en los estudios sobre la reforma agraria. Estudio en los ámbitos económico, legal, político y la formación de la ciudadanía.

El presente cometario nos ofrece una mirada sobre las tendencias historiográficas a través de las cuales se estudia la reforma Agraria en el Perú y Bolivia, para tal propósito resulta importante determinar los hechos trascendentales que iniciaron estos procesos de trasformación del sistema agrario en ambos países. Debemos iniciar señalado que los problemas del indígena o campesino tiene raíces históricas, como bien lo expresa John D. Vargas Vega, en su trabajo titulado “50 años de reforma agraria en Bolivia. Balance y perspectivas”, señala que: “Es importante empezar señalando que el problema de la tierra y el territorio en América Latina se inicia con la conquista española que usurpó las tierras de propiedad de los pueblos indígenas. Han pasado 500 años y este problema todavía no se resuelve, pese a que en el siglo XX se aplicaron reformas agrarias en varios países, con el propósito de distribuir las tierras”(2003).

La reforma agraria en el Perú se inició en el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-1980), mediante la promulgación del Decreto Ley de Reforma Agraria Nº 17716, de fecha 24 junio del año 1969, siendo el resultado de una serie de antecedentes (decretos, leyes y proyectos), expedidos por los gobiernos que precedieron a la Junta Militar de Gobierno, que no consiguieron cambiar la crisis agraria en nuestro país. El doctor Alfonso Chirinos Almanza, Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Agraria, señala que la reforma agraria busco principalmente: “a) Incrementar el ingreso del sector campesino y asegurar, al mismo tiempo, estabilidad laboral en el sector. b) Garantizar justicia social en el sector menos favorecido del campesinado, regulando el derecho a la propiedad, señalando las limitaciones de la misma en base al interés social. c) Incrementar la producción y productividad del sector, asegurando además comercialización de los productos obtenidos. d) Uno de los principales objetivos del proceso de reforma agraria es la de favorecer la movilización campesina. f) Se garantiza con la ley de reforma agraria el derecho de las antiguas comunidades indígenas (llamadas a partir de la Ley, Comunidades Campesinas), el derecho de propiedad sobre sus tierras, dándoles además, cuando forman parte de una SAIS (Sociedades Agrícolas de Interés Social), la posibilidad de recibir excedentes de las unidades de producción eficientemente organizadas, las cuales habían conformado las antiguas haciendas en el orden tradicional, como se ha señalado anteriormente. g) Por último, como se señaló anteriormente, la ley claramente señala que se tiene la intención de consolidar la pequeña y mediana propiedad” (1975), En términos generales la reforma agraria en el Perú, incidió de forma sustancial e irreversible sobre la estructura agraria, lo cual puede verse reflejado en la redistribución de tierras, el incremento de ingresos de los campesinos, la capacitación y promoción de organizaciones campesinas.

El análisis que realiza el autor parte desde una perspectiva económica porque pone énfasis a los salarios, el comercio, la estabilidad laboral, la producción, la productividad, etcétera, dejando de lado aquellos aspectos sociales que motivaron la reforma. Juan Mariátegui Malarín, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional ( :127), analiza la reforma desde esa misma perspectiva, cuando nos manifiesta que: “La reforma agraria no representó un desplazamiento del poder político a una nueva clase, el campesinado”. Es decir, la reforma no otorgo espacios de participación de los campesinos en procesos de decisión de temas de interés público de forma directa, pero si permitió el mejoramiento económico de las familias campesinas, especialmente de aquellas que integraban las Cooperativas Agrarias de Producción (Azúcar), sector donde existió una mayor dinámica en la producción agrícola. Por otro lado, debemos indicar que antes de iniciada la reforma agraria, los medios de producción agrícola, se encontraban en constante proceso de descapitalización por responsabilidad de la oligarquía peruana que no se interesó en invertir capital en sus haciendas, que permitieran el desarrollo y bienestar del campesinado, situación que se agravo cuando iniciada la reforma, el propio Estado ejecutó escalonadamente la expropiación y adjudicación de tierras, brindado la oportunidad para que los dueños de la tierra, terminaran por vender su ganado y los instrumentos de labranza necesarios para que los campesinos continuarán trabajando la tierra; aunado al mal uso de los recursos por parte del propio campesino, quien también contribuyo a la lapidación del capital incipiente de los medios de producción agrícola.

El análisis que se realiza sobre el proceso de reforma agraria, siempre parte por comprender el fenómeno social, desde el enfoque económico, es decir la inversión industrial, la deuda agraria, la política crediticia, la condonación de la deuda, la capitalización, las exportaciones e importaciones, la especulación inmobiliaria, el régimen de propiedad privada, el pago de impuestos, el sector industrial y comercial, la comercialización de los productos agrícolas, la burguesía bancaria, mercantil y comercial, y el propio sistema capitalista; en ese sentido, debemos conocer aquellos otros enfoques que nos muestran una imagen integral de la reforma agraria en nuestros país.

Un proceso parecido acaeció en Bolivia, el 2 de agosto de 1953, durante el gobierno de Víctor Ángel Paz Estenssoro, fundador del Movimiento Nacionalista revolucionario (MNR), quien inició la revolución nacional boliviana, siendo una de las revoluciones sociales más importantes de América Latina en el siglo XX, con tres medidas fundamentales: la reforma agraria, el voto universal y la nacionalización de las principales empresas mineras. En palabras de Ángel Jemio-Ergueta, en su artículo “La reforma agraria en Bolivia”, señala que: “El control del poder total permitió al MNR cristalizar sus postulados revolucionarios, entre los que estaban la Nacionalización de las Minas de Estaño la Reforma Agraria, la Reforma Educativa, el sufragio universal y la diversificación económica, medidas capaces de tornar a Bolivia en un Estado Moderno” (1973). El mismo autor, considera que la reforma ha sido observada desde dos corrientes una conservadora y la otra revolucionaria. Sobre la primera, el autor señala que: “Si bien reconocida la necesidad de una reforma agraria, la sujetaba a la condición de que, con carácter previo se educara al indio, o sea que debía capacitárselo previamente para el goce de esa eventual conquista”. Sobre segunda postura, manifiesta que: “La segunda posición, que podríamos llamarla revolucionaria, planteaba la necesidad de ejecutar una inmediata y radical reforma agraria sin esperar que el indio sea “educado” previamente” (1973). Este planteamiento era compartido por la mayoría de los partidos políticos nuevos que sustentaban principios revolucionarios, entre ellos el Movimiento Nacionalista Revolucionario. La crítica desde la primera postura sobre la reforma se sustenta en la educación del indio; mientras que la segunda postura crítica la fragmentación de la tierra, que atenta contra la tradición comunitaria del sistema agrario. La reforma agraria boliviana instaurada formalmente mediante Decreto Supremo de Reforma Agraria Nº 3.464, bajo el lema “La tierra es de quien la trabaja”, persiguió como finalidad abolir el sistema de latifundio y las formas feudales de servidumbre (pongueaje). Es decir a diferencia de la peruana, se sienta sobre la base de un proceso revolucionario, que tiene como antecedentes acciones de demanda y protesta por parte de diversos sectores del campesinado, es por ello, que su estudio difiere de otros procesos pasivos, donde la intervención del indígena es casi nulo. En ese sentido, Carmen Soliz (2012:27-31), señala sobre la reforma agraria boliviana lo siguiente: “La reforma agraria del MNR debe ser vista como continuadora de una serie de medidas y políticas sobre las cuestiones agrícolas e indígenas diseñadas por los gobiernos anteriores”.

Una apreciación particular sobre la memoria colectiva durante el proceso de la reforma agraria, lo plantea, la historiadora Silvia Rivera Cusicanqui en su artículo “Oprimidos pero no vencidos: luchas del campesinado aymara y quechua”, donde nos enrostra que la lucha campesina de los hombres aymaras y quechuas pueden clasificarse desde su memoria larga: es decir desde sus reivindicaciones que tienen origen en la persona de Tupak Katari (siglo XVIII), y desde su memoria corta: corresponde a los acontecimientos suscitados durante la guerra del Chaco, donde los indígenas tuvieron una participación activa dentro de acontecimientos de connotación nacional, así como en la revolución y la propia reforma agraria, siendo sucesos que los campesinos evocarían para justificar sus acciones futuras de reivindicación social. La construcción de la historia a partir de la memoria colectiva, tiene ventajas y desventajas en la búsqueda de la verdad histórica sobre un determinado suceso, en ese sentido desde el caso peruano, la obra “Cuentos feos de la reforma agraria peruana” de Enrique Mayer, nos sirve como ejemplo, porque tiene como fuente principal a los actores sociales de la reforma agraria peruana, que mediante sus testimonios nos dan cuenta sobre lo acaecido en ese momento histórico, versiones orales que podemos encontrarlo en su tercer capítulo de su libro, denominado “Los terratenientes”. Parte de la crítica sobre el trabajo de investigación realizado por el autor, es la ausencia de imparcialidad en el proceso de la información y la subjetividad de las fuentes, toda vez, que la reforma al ser un hecho no tan lejano, los protagonistas mantienen ese sentimiento de animadversión sobre un acontecimiento que transformo la estructura social campesina y los privilegios de una determinada clase social; en ese sentido, investigadores como Héctor Béjar Rivera, en su artículo titulado “Comentarios a los cuentos feos de Enrique Mayer”, señala que “Mayer usa una la lupa parcial del antropólogo pero no el lente del sociólogo y menos el telescopio del historiador”. Asimismo, nos señala que la libertad de los siervos, pongos, yanaconas y comuneros, produjo migrantes desarraigados, pobres urbanos, pequeños empresarios, minifundistas libres o agricultores angustiados, siendo por tales motivos necesarios realizar una investigación multidisciplinaria de los acontecimientos. Un análisis particular también lo realizo el politólogo Alberto Vergara Paniagua investigador de la Universidad del Pacifico, cuando señala: “…cuentos feos de la Reforma Agraria de Enrique Mayer (IEP y Cepes 2009), donde de manera ágil e informada se reconstruye la reforma desde los testimonios de muchos de los actores que le dieron vida”. Ahora bien, consideramos importante resaltar que las fuentes orales tienen una importancia dentro de la construcción de la memoria y por consiguiente la construcción del Estado-Nación, pero debe completarse con el análisis de otras fuentes que permitan aproximarnos de mejor forma a lo acontecido en determinados estados de nuestra historia.

Desde otra perspectiva, ahora sustentada por los juristas, la reforma podría comprenderse como la confirmación de las expropiaciones violentas realizadas de facto por los campesinos. Es decir la ley, materializa y otorga legitimad a los procesos reformistas, por el contrario, otros sostienen que la norma constituye una creación y límite sobre aquellas medidas que se pretenden ejecutar para cambiar un sistema actual de las cosas. En el particular caso del Perú, Ingrid Hall, en su artículo “De la colectividad a la comunidad. Reflexiones acerca del derecho de propiedad en Llanchu. Perú” (2017), señala en resumen que la reforma agraria, significó el reconocimiento del derecho de propiedad de las comunidades rurales mediante los títulos de propiedad. Podemos observar que se realiza un estudio sobre el reconocimiento de derechos de acceso a la tierra sectorizada en un determinado lugar geográfico como Llanchu (Calca, Cusco).

Desde una perspectiva estrictamente política, la reforma significó para el sector de derecha crear las condiciones para un proceso de industrialización que permitiera sentar la base de una burguesía nacional. Desde la perspectiva del sector de izquierda la presencia de la burguesía y su consolidación representaba cumplir con el primer paso de una revolución por etapas, donde el sistema socialista sería la última etapa de este proyecto histórico. La postura marxista y nacionalista sobre la cuestión agraria entre la Guerra del Chaco y la Revolución Nacional de 1952, nos muestra una mirada distinta de los sucedió y la apreciación de sus actores representativos sobre temas fundamentales, que Carmen Soliz en su artículo “La modernidad esquiva: debates políticos e intelectuales sobre la reforma agraria en Bolivia (1935-1952), nos señala: “Las disputas sobre el qué hacer con los hacendados, los colonos, las comunidades indígenas; los debates sobre cómo articular estas múltiples demandas e intereses; y los imaginarios de desarrollo rural que sostuvieron esas propuestas políticas(…). La autora en el desarrollo de su trabajo nos presenta, personajes importantes y que desde sus ideas políticas comprendieron el problema del agro en Bolivia, en ese sentido debemos mencionar a los intelectuales de izquierdista Tristán Marof y Roberto Hinojosa, quienes se inspiraron en la idea de estatización de la tierra como un paso transitorio a su socialización. El primero de ellos acuño la proclama “Tierras al indio y minas al Estado”. Este autor en su libro “La tragedia del Altiplano”, expuso que la reforma agraria consistía en la liquidación del latifundio a través de la colectivización de la tierra, socialización de los medios de producción y la industrialización. En cambio Roberto Hinojosa sostenía que el Estado debía expropiar los latifundios y otorgarlos a los aymaras y quechuas, es decir su cesión a cambio de un canon anual. Asimismo, Alfredo Sanjinés, en su trabajo titulado “La reforma agraria en Bolivia”, sostiene que el país Boliviano debía seguir las últimas tendencias en legislación agraria en Europa y América Latina, donde la propiedad de la tierra estaba sujeta al cumplimiento de una función social (Sanjinés, 1932). En otro sentido Eduardo Del Granado, en su obra “Ataque comunista del PIR a la democracia y a la agricultura”, señalaba lo siguiente: “La experiencia nos demuestra que el indígena y aún salvaje, dentro de un ambiente superior, adquieren el modo de vivir del civilizado” (DEL Granado, 1949:77). La postura del autor citado se encuentra en las antípodas de los izquierdistas a quienes enrostra ser causantes de todos los problemas. En cambio Arturo Urquidi en su libro “La comunidad indígena, de 1941, nos dice: “Las comunidades deben desarrollarse a partir de organización en cooperativas, posición que reflejaba también las tendencias de los nacionalistas.

Desde una perspectiva regionalista, se determinó que la reforma agraria no formo parte de una política integral y que se implementó de diversa forma, atendiendo a los intereses de cada sector social. Un claro ejemplo lo representa la reforma en el occidente de Bolivia (región andina), donde se realizó la parcelación de tierras a en favor de los campesinos en propiedades individuales y comunales. El Estado, debido a diversos factores económicos y sociales no incluyo dentro del proceso de modernización a la zona andina, lo cual significo el atraso de este sector de la sociedad boliviana. Por el contrario en oriente boliviano, donde el número de indígenas es menor, el reparto de tierras fue casi nulo, por el contrario se incrementó la inversión en la infraestructura de las haciendas con la intención de reconvertirlas en empresas agro-capitalistas y una burguesía agroindustrial. En un sentido, distinto José Antonio Segrelles Serrano, investigador de la Universidad de Alicante, en su artículo “las reformas agrarias en América Latina…. y algo más”, considera por el contrario que en una reforma agraria democrática e integral, el reparto de tierras debe ir acompañado de políticas efectivas que garanticen los derechos de los campesinos, es decir el acceso a las semillas, al ganado, al agua, a unos créditos blandos, a los seguros para sus cosechas, al ingreso eficaz en los mercados, a la contribución de la seguridad alimentaria de la población local o al desarrollo de una agricultura ecológica, sostenible y respetuosa con el medio. Considera el autor que una reforma agraria basada en el mercado, no sería una solución adecuada para cambiar la relación de desigualdad en el campo. El modelo capitalista de corte agroindustrial/agroexportador neoliberal en la agricultura, no tendría desde sus perspectiva la solución a los problemas generados por instituciones de una economía feudal, por el contrario considera que la soberanía económica y la construcción de una reforma agraria observando los intereses de cada país, representa la auténtica solución de cambio. Esta postura difiere de aquellas que consideran que el acceso al mercado en nuevas condiciones, tendrá como resultado el progreso deseado, por el contrario podemos ver que prioriza el reconocimiento de los derechos fundamentales como la oportunidad de un cambio y la limitación de la desigualdad en diversos ámbitos de la sociedad.

Por otro lado, Carla Estefanía Cirelli, en su artículo “Antecedentes de un conflicto: la reforma agraria boliviana de 1953 y la profundización de las desigualdades entre oriente y occidente” (2014), señala que la reforma agraria profundizo la brecha entre estas dos regiones en el país Boliviano, generando atraso de la economía en una de ellas y en la otra progreso. En su trabajo, la autora considera que la reforma agraria se encontró orientada a insertar las relaciones de producción capitalista en el campo, para ello se requería incrementar la productividad, la inversión y el desarrollo técnico, teniendo como marco un mercado libre de trabajo. Un sector del Movimiento Nacionalista Revolucionario, consideraba que en la región oriental debía crearse empresas agrícolas modernas, inspiradas en los principios de competitividad y eficiencia propios de la ideología capitalista; mientras que en el ámbito occidental debía mantenerse un modelo económico basado en lo tradicional y la costumbre campesina. Según puede apreciarse el autor incide en determinar qué medidas se aplicaron en el marco del proceso de reforma agraria por parte del Estado y que resultados produjeron en estas dos regiones. Por supuesto, al término de su investigación podemos observar que la política del Estado en cada región fue singular y se sustentaba en una estrategia de desarrollo sostenible.

Desde otra postura Pedro Iacobelli, catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en su trabajo titulado Migración Japonesa y la reforma agraria del gobierno boliviano, plantea un análisis completamente distinto de lo hasta ahora abarcado por la mayoría de los investigadores sobre la reforma agraria en Bolivia, porque nos traslada hacia un escenario donde la participación de los Estados mediante estrategias políticas migratorias, inciden sobre la vida de sus ciudadanos y crean las condiciones necesarias, mediante un sistema de alianzas para su promoción, a fin de aliviar las crisis demográfica que perjudica su sistema económico. En este particular escenario, veremos cómo se asentó la colonia japonesa San Juan de Yapacaní en la región de Santa Cruz, Bolivia, a mediados de la década de 1950. Antes y después de la guerra del Chaco (1932-1935), la discusión sobre el problema campesino creció y se centró en la crítica hacia feudalismo y las desoladas tierras del oriente boliviano, situación que motivo que el gobierno de turno, incentivara mediante determinadas políticas el proceso de colonización, la incorporación de colonias extranjeras, como la japonesa. La reforma agraria, al cambiar la estructura social y económica de Bolivia, se convirtió en un atractivo para el proceso migratorio japonés, porque representó la liberación de las fuerzas productivas: los trabajadores agrícolas, la tierra y los demás medios de producción. Desde la perspectiva Japonesa, la investigación realizada por James L. Tigner por la Pacific Science Board del Consejo Nacional de Investigación en 1951, que en su conclusión estimó que la región de Santa Cruz es la más esperanzadora para la colonización en un futuro inmediato. Por supuesto, debemos también señalar que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedo destruido, desfinanciado y ocupado, aunado al incremento de la población (problema poblacional), que sufrían carencias materiales severas, lo cual preocupo a las autoridades japonesas quienes buscaban medidas para recuperar económicamente a su país y su reinserción al ámbito internacional. Instituciones como la Federación de Asociaciones de Ultramar y la Compañía Japonesa de Promoción de la Emigración, se encargaban de reclutar a los migrantes, gestionar su aceptación y financiar el pasaje de los migrantes hacia los países destinatarios como Bolivia, que necesitaban la presencia de mano de obra en aquellas zonas deshabitadas.

La reforma agraria también puede ser observada desde la perspectiva subalterna, refiriéndonos a aquellos sectores marginalizados y a las clases inferiores que fueron dejadas de lado durante su proceso. Ermelinda Fernández Bamba, fundadora y presidenta del Movimiento Sin Tierra del Gran Chaco-Tarija-Bolivia, en su trabajo titulado “La reforma Agraria en Bolivia y el MST, nos señala que: “En la parte del sur del país, al igual que en el oriente boliviano, la reforma agraria no beneficio a campesinos e indígenas. Solo sirvió para consolidar los latifundios a favor de los terratenientes y traficantes de tierra potenciando la concentración de grandes extensiones de tierras ociosas en manos de unas cuantas personas que acapararon las mejores tierras para tenerlas de engorde, la mayoría de ellas no son trabajadas” (2003). Los campesinos sin tierra son un conglomerado de bolivianos que provienes de distintas partes del país altiplánico y que se encuentran privados de su derecho a la vida, al acceso a la tierra y al desarrollo, es por ello, que pretenden realizar una reforma agraria desde abajo que cambie su situación en la actualidad.

 La reforma agraria peruana y boliviana durante su proceso de destrucción de la gran propiedad terrateniente y las instituciones feudales que se encontraban inmersas en cada una de sus estructuras, se llevaron a cabo desde miradas distintas. La terminación del antiguo régimen agrario significó para ambos países sacrificar un sistema económico que producía bajo el costo de mantener la servidumbre del indio.

 En la actualidad con el gobierno del MAS, leyes como la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, Nº 3545, se pretende transformar las estructuras de tenencia y acceso a la tierra, desmontando la herencia colonial aún presente en el Estado y teniendo como principio la función económico social en el sistema agrario.

 La reforma agraria en el Perú y Bolivia es un proceso que tiene múltiples caras y actores que se encuentran en cada sector de sus territorios y que responden a intereses contrapuestos que dan forma a la sociedad que actualmente tenemos y la condición del campesino.