Legislando desde el desconocimiento

La administración central ha lanzado el Índice de Precios de Alquiler en España. Este índice puede consultarse directamente en la página web del Ministerio de la Vivienda.

Este índice, elaborado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana persigue tres objetivos concretos:

1) Garantizar la transparencia y el conocimiento de la evolución del mercado del alquiler de viviendas.

2) Servir para la aplicación de políticas públicas que incrementen la oferta de vivienda asequible.

3) Facilitar el impulso de diferentes medidas de planificación en materia de vivienda y agenda urbana.

Más allá del trabajo realizado ya no sólo de captación, tratamiento de datos, implantación y publicidad con gran acierto visual, sorprenden la falta de consideraciones en la determinación de los valores, obviados por el legislador.

En esencia, se toman como referencia todos los alquileres segmentados y se calcula la mediana de los mismos. Esto es, se toman como referencia los dos valores en el medio de todos ellos, se suman estos dos valores y se dividen por dos. Ese dato, la Mediana, es el punto inicial de referencia a partir del cual empezar a realizar consideraciones.

Seguidamente, se toman en consideración el 25% de los alquileres por debajo y por encima de la Mediana calculada.

Así pues, sólo con esos tres factores se pretende dar respuesta a los tres puntos planteados.

Si lo que estamos buscando es Transparencia, lo que se ha realizado no es más que un cálculo estadístico que da un valor, pero no se aproxima a la realidad.

El mercado del alquiler, como tantos otros, no se materializa desde un punto de vista estadístico. Hay innumerables variables que condicionan el alquiler de una finca urbana y simplificarlo al cálculo planteado - para las finalidades expuestas - sólo puede ser considerado como torpeza legislativa.

Por esta regla de tres, la administración podría solicitar al Registro de la Propiedad los datos de transacciones efectuadas en los últimos años, sacar la Mediana y los percentiles y a partir de aquí, intentar aplicar los mismos tres puntos para el mercado de compraventa.

A la Administración no le interesa los pactos acordados libremente entre las partes que formalizan el contrato, ni el estado de conservación de los inmuebles, la singularidad de su emplazamiento, las estipulaciones contractuales, la duración de los contratos, etc.

Como dato estadístico puede ser considerado interesante, pero tomar decisiones con base al mismo debería preocuparnos a todo el mundo.

Veremos en qué se traduce este primer paso.