Ley SAPIN II. Compliance y lucha contra la corrupción
Dentro de la implementación de cualquier programa de compliance debe tenerse presente el factor internacional derivado de la actividad de la persona jurídica. Uno de los principales riesgos dentro del catálogo de riesgos penales es el derivado de la corrupción.
En este sentido, coexisten diversas normativas internacionales en esta materia, y por ello hay que tener presente el alcance y contexto en el que se mueve internacionalmente la persona jurídica, y las diversas formas de desarrollo de su actividad internacional, bien sea a través de filiales, sucursales o cualquier socio de negocio. Dentro de este contexto, el pasado 1 de junio de 2017 entró en vigor en Francia la Ley sobre Transparencia, Lucha contra la Corrupción y Modernización de la Vida Económica, (Ley N° 2016-1691) aprobada en fecha 9 de diciembre de 2016 y popularizada bajo el nombre de Ley Sapin II, en honor al ministro de finanzas Michel Sapin, que ha sido su principal impulsor. La referida norma nace con el objetivo principal de igualar el régimen anticorrupción francés al nivel de los estándares internacionales (como por ejemplo la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) americana o la Bribery Act del Reino Unido) e incluye medidas y requisitos concretos que las empresas tendrán que poner en práctica en este ámbito. En términos generales, la Ley Sapin II impone a las empresas de más de 500 empleados y una facturación de 100 millones de euros con actividad en Francia la obligación de implantar programas de cumplimiento contra la corrupción. Una de las principales novedades de la norma es precisamente su alcance, por cuanto se aplica tanto a empresas francesas y a empresas extranjeras cuya actividad se desarrolle total o parcialmente en Francia.
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