“MÁS QUE UNA VIVIENDA”

En la década de los años ochenta, se dio un cambio en Costa Rica en el modelo económico imperante hasta esa fecha. El país pasó de un modelo basado en el Estado benefactor, a uno en donde los criterios basados en el mercado, en la apertura comercial, en la disminución del tamaño y la participación del Estado en aspectos, económicos y sociales, paso a un segundo orden.

Este proceso, implementado a partir de la firma del primer programa de ajuste estructural (PAE I) e impulsado como mecanismo para salir de la las crisis de la deuda, el agotamiento del modelo estatista, y la caída en los precios internacionales de los principales productos de exportación del país, condujo paralelamente a un deterioro de los indicadores sociales, pues dentro del nuevo modelo, elementos como el desempleo, la pobreza, y hasta la delincuencia, se consideraban únicamente como algo friccional o momentáneo, que el mercado debía solucionar, en el devenir de su “equilibrio casi permanente”.

La constante más bien, a partir del cambio de modelo, basado en la “teoría del goteo” y los postulados teóricos que le dan origen, es que los desequilibrios sociales se hicieron permanentes.

El agotamiento del modelo agrícola de subsistencia del campo, la diversificación de las fronteras agrícolas y el paso de una economía agrícola a una de servicios, empezó a generar una capa poblacional, excluida del nuevo modelo, por el fenómeno de la migración campo ciudad y porque para insertarse en el nuevo esquema económico se requerían nuevas habilidades y competencias que la mayoría de los desplazados del anterior modelo, no poseían.

Como resultado de esto  en el año 1991, se presentaron los niveles de pobreza más altos en las últimas cuatro décadas hasta esa fecha, un 21.1% de la población en estado de pobreza.

Para mitigar estos  efectos se empezó con un proceso de focalización del gasto, muy propio de modelos basados en el esquema de mercado. El propósito de estos gastos era mitigar los efectos sociales, controlar el deterioro de algunos indicadores y minimizar aspectos como las movilizaciones sociales, en búsqueda de más y mejores condiciones.

Paralelamente a los procesos de apertura comercial, la mayor orientación hacia una economía de servicios y el descuido del agro, por su poca preponderancia en el nuevo modelo, se empezaron a concentrar en sitios específicos aquellas poblaciones excluidas del modelo.

Muchas de estas poblaciones no podían regresar o insertarse en el agro pues no poseían tierras, ni se podía vivir dignamente de la agricultura, pero tampoco tenían las competencias para insertarse en la nueva economía, la cual exigía preparación académica, dominio de destrezas técnicas, tecnologías de la información y otros idiomas, aspectos que no era sencillo solventaras en el corto plazo.

Como resultado de todos estos aspectos lo niveles de pobreza para 2010, superaron en Costa Rica el 22% de la población, la diferencia es que ahora está alcanzaba casi cinco millones, mientras que en 1991, la población era cercana a 2.5 millones. Como característica adicional y parte de ese contexto social, la carencia de vivienda digna, se convirtió en un componente permanente en las personas en esa condición.

Colateralmente y producto de esa dinámica, pobreza-falta de vivienda, las poblaciones más vulnerables se fueron concentrando a partir de los 80´s en círculos alrededor de las grandes ciudades de la Gran Área Metropolitana, así surgen poblaciones como la Carpio, Los Sitios, Las Gradas, Triangulo de la Solidaridad, alrededor de San José; Los Diques en Cartago, Gran Guarari al sur de Heredia, o El Infiernillo al oeste de Alajuela. Las zonas rurales no son la excepción en esta dinámica ejemplo de esto son asentamientos como Lomas de Cocorí, en San Isidro de El General, o Limón 2000 y Cieneguita, en las cercanías de Limón Centro.

Todas estas zonas se caracterizan por la dinámica del desempleo, la pobreza, el limitado acceso a la salud y la educación, la búsqueda de vivienda digna, importantes índices de delincuencia, limitado acceso a la cultura la educación, y la recreación.

Producto del análisis de estas situaciones , por vivencias propias, profesionales o por el contacto con esta dinámicas, preocupado por el deterioro y profundización de las condiciones socioeconómicas en estas zonas vulnerables, he decidido estudiar, intercambiar criterios y de manera respetuosa hacer planteamientos y propuestas que permitan desde la política pública, el quehacer de las instituciones del ramo o desde las organizaciones sociales vinculadas, mitigar e impactar positivamente estas zonas a fin de lograr un desarrollo integral de sus habitantes, para así superar esta situación vergonzosa y apremiante que es responsabilidad desde la visión de todos los ciudadanos y no solo de las autoridades gubernamentales.

Para este efecto, se entenderá entonces como zonas de vulnerabilidad social (VS), aquellas habitadas por personas que presenten esta condición, como lo plantea (Cáceres, 1999):

“La vulnerabilidad social (VS) se refiere a la relativa desprotección de un grupo de personas cuando enfrentan daños potenciales a su salud, amenazas a la satisfacción de sus necesidades y violación a sus derechos humanos por no contar con recursos personales, sociales y legales”

En las zonas vulnerables  de Costa Rica, confluyen todas estas condiciones y en virtud de lo anterior se hará en este trabajo un planteamiento preliminar para el abordaje de esta problemática desde un enfoque de desarrollo integral.

El presente planteamiento no es de alcance definitivo, sino que pretende abrir el debate desde la instucionalidad pública en primera instancia y paralelamente desde las organizaciones sociales y privadas para definir, priorizar y establecer programas específicos para atender estas zonas, mediante un enfoque de desarrollo integral.

En ese sentido el desarrollo no se concibe bajo el modelo predominante en Costa Rica, a partir de los 80´s como crecimiento económico, sino que contempla aspectos integrales como acceso salud, educación, empleo digno, vivienda digna, acceso a oportunidades para el emprendimiento, mercados justos, recreación, cultura y deporte, todos ejes fundamentales para poder superar la situación de vulnerabilidad de estas poblaciones y el reconocimiento y la validación de sus derechos fundamentales.

El planteamiento se organiza a partir de los siguientes ejes, según su orden de tratamiento:                                      

I.       VIVIENDA Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL GRAN ÁREA METROPOLITANA

II.       CONSERVACIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

III.       ECONOMÍA SOCIAL RURAL

IV.       ECONÓMICA SOCIAL URBANA

V.       SEGUNDA OPORTUNIDAD

Propuesta

Propiciar la superación de la pobreza de las familias que habitan las zonas de riesgo, áreas comunales y/o de destinadas a la construcción de carreteras, en el Gran Área Metropolitana, por medio de la reubicación en proyectos habitacionales en los cuales existan condiciones para el desarrollo integral

Componentes del desarrollo económico y social

*Determinar las brechas sociales, en aquellas variables e indicadores que se deseen impactar.

*Identificación de las características sociales y económicas de las familias

*Desarrollo de asociativismo.

*Infraestructura del proyecto incluida en los términos de referencia constructivos para la atención de los menores, reciclaje e incubación de empresas.

*Atención y prevención de patologías sociales.

La situación de exclusión del nuevo modelo unida a la migración campo ciudad, provocó la aparición de zonas donde se desplazó y concentró la población excluida, alrededor de las grandes ciudades de la GAM y de las ciudades periféricas de Costa Rica.

La característica principal de zonas de vulnerabilidad social se dimensiona en dos ejes permanentes pobreza y carencia de vivienda digna.

De manera colateral a los dos ejes mencionados, persisten en las zonas de vulnerabilidad social, carencias en ámbitos como el acceso a la salud, educación, oportunidades de empleo, limitadas oportunidades para el fomento de la empresarialidad y limitado acceso a la cultura la recreación y el deporte.

El abordaje de la problemática de las zonas de vulnerabilidad social no ha sido suficiente y ha estado condicionado por políticas sociales cambiantes en algunos momentos, de una alta desarticulación institucional en otros.

Sugerencias

1. Las políticas para atender a las zonas socialmente vulnerables deben partir de un principio de integralidad, contemplando todas las necesidades y carencias de la población existente y no solo mediante la focalización del gasto en algunos temas específicos.

2. Es necesario hacer una articulación de todas las instituciones y programas existentes en el país orientado al combate de la pobreza, pues la dispersión de los programas ha provocado también la dispersión en la atención y ha limitado la mitigación de los problemas sociales existentes, de lo cual no han estado exentas las zonas de vulnerabilidad social.

3. El abordaje de la problemática de las zonas de vulnerabilidad social debe estar fundamentado en la atención específica e integral de los ejes de vivienda digna y pobreza, como condición necesaria para poder superar esta condición en las zonas objetivo de esta propuesta.

4. La conformación de redes de institucionales y de organizaciones sociales vinculadas, de manera articulada, para visibilizar la oferta de servicios de estas y para abordar integralmente las necesidades de las poblaciones vulnerables es una condición necesaria.

5. Es necesario que las autoridades encargadas en materia social, definan cuales son las zonas vulnerables prioritarias o los programas específicos para su atención, que se implementaran para poder generar un mayor impacto en el corto y mediano plazo.

6. Se requiere que una autoridad institucional asuma la dirección de los programas y las zonas priorizadas, no solo en lo formal sino también en los procesos de integración, participación, dirección, control y evaluación, de las diferentes entidades, organizaciones sociales y ciudadanía, que participen en la atención de las zonas socialmente vulnerables.

7. Conformar un sistema que permita la unificación y reducción de trámites para el desarrollo de proyectos de vivienda dirigidos a zonas socialmente vulnerables.