Perú secuestrado por el crimen organizado

Hace unos días, la noticia del secuestro de una empresaria conmocionó al país. Los captores, en un acto de extrema violencia, enviaron imágenes de la víctima con un dedo amputado y, posteriormente, hicieron llegar el dedo a sus familiares. Este suceso no solo expone la brutalidad de los delincuentes, sino que también resalta una alarmante tendencia en el Perú: el creciente índice de secuestros.

Desde el año 2020, el Perú ha visto un aumento desmedido en los casos de secuestro. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el 2020 se reportaron 1.698 casos en medio de la pandemia de COVID-19. Esta cifra ascendió a 2.860 en 2021, luego a 3.398 en 2022 y finalmente a 4.060 en 2023. Estas cifras no solo son alarmantes, sino que muestran claramente un incremento sostenido.

La problemática del secuestro se ve agravada por la internacionalización de la criminalidad. Este fenómeno ha transformado el secuestro, la extorsión y el sicariato en actividades altamente rentables para los grupos criminales internacionales. Las redes de delincuencia organizada operan con una sofisticación que se impone ante las autoridades locales.

El secuestro no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y en las instituciones encargadas de protegerlos. La percepción de inseguridad y vulnerabilidad puede llevar a una sociedad a sentirse impotente y desamparada, afectando las posibilidades de desarrollo del país.

Ante la saturación de la violencia por parte de estos grupos, y la impotencia de verse sometida, la población peruana parece estar dispuesta a ceder libertades con tal de sentirse más segura.

Este es un fenómeno que no solo se está dando en el Perú, el gobierno de Nayib Bukele y el interés que muestran las sociedades de los países latinoamericanos por la “bukelización” de sus Estados, es una muestra de esa tendencia natural del ser humano de entregar libertad a cambio de seguridad: simple y llana supervivencia.

El caso Bukele resulta referente para el continente, principalmente porque todos enfrentamos problemas más o menos parecidos, claro que en distintas intensidades. Y en casi todos los países, la imposibilidad de controlar las cárceles es una constante; algo que Bukele resolvió a su manera.

Lamentablemente en los países latinoamericanos, la mayoría golpeados por la corrupción y permanentes crisis institucionales, el actual sistema punitivo no sirve.

Por lo menos en Perú, es bien sabido que las cárceles son manejadas, casi en su integridad, por los mismos prisioneros y que en muchas de ellas se planifican, dirigen y ejecutan delitos de toda índole.

Debido a esta realidad, en el plano legislativo y en la narrativa de autoridades electas, ya se viene buscando catalogar al crimen organizado como terrorismo urbano, a fin de poder aplicar mayor fuerza coercitiva en el marco legal.

Antes, el mayor problema de seguridad para los países fueron las guerras entre naciones, luego el problema fue el terrorismo, y ahora lo es el crimen organizado (de seguro pronto todos le llamaremos terrorismo urbano).

Por: Carlos de la Torre Paredes

Publicado en Diario Expreso el 24/05/2024 - Columna EL GATOPARDO