¿Podrá Cabify enfrentarse a sus nuevos desafíos regulatorios?
Cabify está considerada como una de las ‘startup’ españolas con mejores perspectivas de futuro. Esta red de transportes, que se dedica a poner en contacto a clientes y conductores, ha sorprendido al mundo por su rápida expansión. En solo unos años se ha situado en el grupo de cabeza de las compañías que lideran la transformación digital de la economía española y ahora tiene ante sí un 2019 lleno de retos.
La capacidad de innovación de Cabify será puesta a prueba en los próximos meses por el constante desarrollo que requiere su actividad, pero también por la compleja situación legal que afronta el sector en el que opera.
Llega a ese reto con una llamativa trayectoria. Su propuesta innovadora y su atractiva oferta permitieron que en 2017 aumentara sus ingresos brutos en un 500%, mientras que el número de servicios realizados se multiplicó por seis con respecto al año anterior. Estos números han atraído a inversores de gran prestigio, como la firma Rakuten, que ha inyectado en Cabify una inversión de 100 millones de euros.
Así, la plataforma debería estar en condiciones de abordar su desarrollo tecnológico de una forma solvente y rápida, mostrando la vocación de innovación y liderazgo que han caracterizado a Cabify en los últimos años. Sin embargo, las condiciones legales parecen un obstáculo importante para llevar a cabo esos planes.
Nueva regulación de las VTC, ¿freno a la innovación?
El Gobierno aprobó recientemente un Real Decreto que regula las licencias denominadas VTC (vehículos de transporte con conductor). Esta nueva normativa concede a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la posibilidad de organizar la actividad de las empresas de VTC, lo que en la práctica significa que las licencias podrían ser revocadas.
En principio, el decreto plantea un periodo de transición de cuatro años en el que los operadores de VTC, como Cabify, podrán seguir actuando como hasta el momento en aquellas ciudades que no asuman estas competencias, como será el caso de Madrid. Sin embargo, cumplido el plazo, comunidades y ayuntamientos habrán tenido que aprobar sus normativas, estipulando qué sucederá con las VTC.
Hoy en día, las VTC tienen validez para que los coches que las portan circulen por todo el territorio nacional. Pero una vez que pasen esos cuatro años, los municipios podrán exigir nuevos permisos para circular dentro de sus límites, con lo que los operadores de VTC deberán solicitar nuevas licencias que serán otorgadas a discreción de los ayuntamientos o de las autonomías. Los criterios de concesión y el número de licencias quedarán al albedrío de cada una de estas administraciones.
Así, aunque en esas ciudades y regiones que quieran asumir la nueva potestad no se podrá pedir la nueva licencia hasta dentro de esos cuatro años, sí que se podrán imponer desde ahora nuevas condiciones para operar dentro de sus límites.
La protesta por parte del sector de las VTC no se ha hecho esperar y su patronal, UNAUTO, ha anunciado que planteará recursos ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y ante los órganos competentes de la Unión Europea. Consideran que se trata de una expropiación de sus derechos y que se limita la libre competencia rompiendo la unidad de mercado.
Por tanto, Cabify tiene ante sí un reto complejo y emocionante. Debe mantener su capacidad de crecimiento, de liderazgo tecnológico y de transformación digital, mientras hace frente a una inevitable y larga batalla jurídica junto al resto de compañías del sector VTC. De lo que suceda en este tiempo que viene dependerán, entre otras muchas cosas, el porvenir de Cabify y, con él, el de la misma movilidad futura y sostenible de nuestras ciudades. ¿Crees que logrará la startup superar estas adversidades? ¿Estará a la altura de su destacado historial?
c) Powered by Lowpost