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Antecedentes y Cobertura Legal

Como punto de partida debemos hacer referencia la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que establecía que la Administración General del Estado debía contar con un sistema de varios canales para garantizar a los ciudadanos la prestación de servicios electrónicos.

Concretamente, el artículo 8.2.b) de la Ley 11/2007, establecía expresamente que, entre los medios para la prestación de los servicios electrónicos se encontraban los puntos de acceso electrónico consistentes en sedes electrónicas creadas y gestionadas por los departamentos y organismos públicos y disponibles para los ciudadanos a través de redes de comunicación.

Este artículo contenía el mandato de crear «un Punto de Acceso General a través del cual los ciudadanos puedan, en sus relaciones con la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, acceder a toda la información y a los servicios disponibles».

Este Punto de Acceso General (PAG) debía contener la relación de servicios a disposición de los ciudadanos y el acceso a los mismos, debiendo mantenerse coordinado, al menos, con los restantes puntos de acceso electrónico de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

El Punto de Acceso General buscaba facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios de la AGE, en este sentido, resulta interesante la publicación del Ministerio de Economía y Hacienda del año 2009 sobre «La Administración Electrónica y el servicio a los ciudadanos» que remarcaba la finalidad del PAG:

«También crea la Ley, al menos en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), un punto de acceso electrónico general a través del cual los ciudadanos puedan acceder a toda la información y servicios disponibles de la AGE. Este Punto de Acceso General libera al ciudadano de tener que conocer la estructura interna ministerial y obliga a una colaboración intensa entre ministerios para garantizar la exactitud, veracidad y actualización de la información proporcionada por este punto de acceso. De esta manera se rompe la tendencia al excesivo aislacionismo que en ocasiones se observa en el funcionamiento de algunos departamentos y se fomenta la apertura y la integración de servicios interdepartamentales.»

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos fue desarrollada por el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, que definía las características básicas que debía tener el PAG y señalaba que, además, habría de contener la sede electrónica que facilita el acceso a los servicios, procedimientos e informaciones accesibles de la Administración General del Estado.

El preámbulo de esta norma definía el PAG como «un punto de acceso común a toda la Administración, puerta de entrada general del ciudadano a la Administración, en la que éste podrá presentar sus comunicaciones electrónicas generales o encontrar la información necesaria para acudir a las sedes electrónicas en las que iniciar o participar en los procedimientos que por ser tramitados en soporte electrónico, requieren el acceso a aplicaciones o formularios concretos.»

También debemos hacer referencia a la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que se creó por Acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de octubre de 2012 para mejorar la eficiencia y eficacia de la actividad pública.

Como resultado de los trabajos, la CORA elaboró un informe con un conjunto de medidas dirigidas a la mejora y simplificación del funcionamiento de las administraciones públicas. Entre las medidas propuestas se encontraba la de «Establecer un Punto de Acceso General como portal de entrada del ciudadano a las AA.PP. y a toda la información de carácter horizontal sobre las actividades, la organización y funcionamiento de las Administraciones y la realización de trámites y servicios más relevantes.»

Hasta ese momento, el portal www.060.es hacía las funciones de PAG, pero la Comisión insistió en la necesidad de rediseñar y poner en marcha un nuevo portal que cumpliera, al menos, los requisitos señalados en la normativa que lo regulaba.

«La implantación del punto de entrada único del ciudadano permitirá a éste acceder, desde un mismo lugar, a la información de las distintas AA.PP., orientarle en sus relaciones con la Administración, iniciar actuaciones administrativas y conocer el estado de tramitación de éstas en cualquier momento, así como acceder a los servicios que la Administración pone a su disposición a través de una ordenación por materias o por «hechos vitales».

[...]

También se habilitarán áreas restringidas o privadas para los usuarios a las que se accederá con autenticación avanzada. Incluso cabe la posibilidad de utilizar estos espacios para establecer la «carpeta del ciudadano», archivo virtual al que podrán incorporarse todos los trámites que haya realizado un ciudadano con la Administración y sus correspondientes hipervínculos.»

El Punto de Acceso General

Finalmente, se aprobó la Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado y se crea su sede electrónica.

La Orden establece que el PAG, con los dominios www.administracion.es y www.administracion.gob.es:

• Ofrece a los ciudadanos y empresas información sobre los procedimientos y servicios de los Departamentos ministeriales y de los Organismos públicos vinculados o dependientes.
• Reúne la información de la actividad y la organización de las Administraciones Públicas.
• Contiene el acceso a la sede electrónica de la totalidad de los Departamentos ministeriales y de los Organismos públicos vinculados o dependientes.
• Proporciona información sobre los procedimientos y servicios correspondientes a otras Administraciones Públicas, mediante la formalización de los correspondientes instrumentos de colaboración.

El Punto de Acceso General en la Ley 39/2015

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAD), el Punto de Acceso General cobra mucha más importancia.

Una de las finalidades de la LPACAD es la de suponer la efectiva implantación de la Administración Electrónica en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públicas. Para ello, y entre otras medidas, la Ley establece una serie de derechos para el ciudadano que implican a su vez obligaciones para la Administración.

Una de las novedades importantes de la LPACAD, es que el artículo 13.a) otorga a los ciudadanos el derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

Asimismo, el artículo 53.1.a) contempla el derecho del ciudadano a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

Para facilitar la consulta, el mismo artículo indica que quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar esta información en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso.

Además, el artículo 43 LPACAD regula el régimen de notificación electrónica y en su punto 4 establece que los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. De esta manera, se posibilita que el interesado acceda desde un único punto a todas las notificaciones que le hubieran remitido cualesquiera Administraciones públicas.

Todos estos derechos conllevan la correspondiente obligación para la Administración de posibilitar el acceso a través de un Punto de Acceso General. Para facilitar el cumplimiento de esta obligación (entre otras), la Disposición Adicional segunda LPACAD posibilita que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales se adhieran voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado, entre ellas el PAG, debiendo justificar su no adhesión en términos de eficiencia.

Hay que tener en cuenta que, en caso de optar por crear su propio punto de acceso, además de justificar la prestación más eficiente del servicio, será necesario garantizar que el punto de acceso cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, garantizando la compatibilidad informática, la interconexión, y la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones.

A la vista de las múltiples dificultades que, para las Entidades Locales, entraña cumplir con las exigencias legales a la hora de crear un punto de acceso propio (justificar la eficiencia del servicio y cumplir con todos los requisitos técnicos), parece que lo más recomendable y menos costoso será que éstas se adhieran al Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.

La Disposición final séptima pospone la entrada en vigor de las previsiones relativas al Punto de Acceso General al 2 de octubre de 2018. Una vez entren en vigor, el Punto de Acceso General se configurará como la puerta de entrada a la administración electrónica, donde el ciudadano podrá acceder desde un mismo lugar a la información y a los servicios que pongan a su disposición las distintas Administraciones públicas.