Protección del Estado de Derecho

El Sistema de Información Legislativa (SIL), define así el concepto de Estado de Derecho:

Se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal.

Del concepto anterior, podemos advertir que la existencia de leyes, por sí misma, no configura el Estado de Derecho. Por ejemplo, los regímenes totalitarios y dictatoriales (algunos extintos y otros vigentes) que históricamente han contado con leyes que se cumplen a rajatabla pero que soslayaban la compatibilidad con las libertades más básicas. Concebir un Estado de Derecho funcional y de acuerdo a la definición del SIL, implica necesariamente, la existencia de leyes (derechos y obligaciones) que se deben cumplir, pero con respeto a la protección de las libertades inherentes a cualquier ser humano.

Para llegar a esa funcionalidad, la historia ha demostrado que es necesario contar con mecanismos e instituciones que generen pesos y contrapesos en el poder público y evitar el desamparo de los gobernados frente a dicho poder. Es por ello que la correcta identificación de un Estado de Derecho, se convierte en un tema que rebasa el interés de los abogados y se convierte en un tópico de importancia general, pues trasciende en la dignidad de las personas. Conviene recordar el principio de legalidad, que de manera sucinta, establece que mientras los particulares pueden hacer todo aquello que no esté prohibido, las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Y además, a ninguna autoridad se le permite hacer todo, y se distribuyen competencias para que cada una de ellas lleve a cabo determinada potestad; produciendo equilibrios que controlan la tendencia del poder a dominar absolutamente.

Es cierto que ningún sistema gubernamental (y por lo tanto, ningún Estado de Derecho) es perfecto. Pareciera que el Estado de Derecho se convierte en un ideal que debe ser perfeccionado todos los días, porque siempre habrá cierta separación entre el ideal y la realidad. El Estado de Derecho en México, lleva tiempo en construcción, de manera lenta, compleja y a veces insuficiente en su evolución; pero con tendencias positivas. Sin embargo, pareciera que últimamente dicho avance ha estado retrocediendo, promoviendo desde el poder la debilitación de las instituciones y en algunos casos la desaparición de las mismas.

Hemos tenido ejemplos recientes, donde se aprueban leyes "al vapor" turnadas por el poder ejecutivo, sin ninguna reflexión y mucho menos contrapeso del poder legislativo; se extinguen fideicomisos sin fundamentos o motivos acreditados de por medio, entre otras demostraciones que evidencian un problema de equilibrios en el poder. Se ha creado incluso, una modificación en el modelo educativo notoriamente orientado al adoctrinamiento y la adopción de ideologías políticas, cuando debería estar enfocado a la adquisición de conocimientos generales, de carácter científico y socio- histórico que permitan al estudiante la formación de un criterio propio, de manera libre.

Debemos tener presente que avalar o aceptar actos de autoridad sin cuestionar, pone en riesgo nuestros derechos humanos, nuestras libertades y en última instancia, nuestra integridad personal. La sociedad mexicana, debe seguir insistiendo en la consolidación de sus instituciones como lo ha hecho desde siempre, porque los problemas del Estado de Derecho no son nuevos; pero sí pareciera que tenemos una recesión en dicha construcción porque se ha insistido en convencernos que compartir la ideología política del gobierno actual, debe ser un cheque en blanco que avale cualquier acto aunque sea notoriamente arbitrario.

Que vayan y vengan partidos políticos que aseguren tener la solución a los problemas del país, también es parte de la democracia. Pero lo que debe permanecer siempre indemne son las instituciones que nos han permitido tener ese Estado de Derecho del cual emana la democracia y la protección de los derechos humanos de los gobernados. Defender ideologías políticas está bien, es parte de vivir en una democracia. Pero sobre todo, siempre debemos proteger nuestro Estado de Derecho.