REFORMA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. (México)
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REFORMA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. (México)
En los últimos meses hemos escuchado diversas opiniones y discusiones en torno a la famosa Iniciativa de Reforma al Poder Judicial que el actual gobierno de México pretende realizar previo a la terminación de su mandato. Por lo que, consideramos que es importante que nosotros como abogados litigantes conozcamos cuáles son los puntos más importantes y relevantes de esta Reforma:
Los principales objetivos que busca la iniciativa son[1]:
I. Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
II. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal.
III. Elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces.
IV. Nuevas reglas procesales.
I. ¿En qué consiste la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Actualmente la SCJN está conformada por 11 Ministros, la cual sesiona en dos modalidades: en Pleno y en Salas.
La iniciativa propone reducir el número de Ministros de 11 a 9 integrantes, y la eliminación de las Salas, por lo que únicamente se sesionara de manera pública en Pleno.
Por otro lado, también se propone reducir la duración de los ministros en su encargo a 12 años, en lugar de 15.
Respecto a las remuneraciones de los Ministros, deben ser ajustadas ya que en ningún caso pueden superar el salario establecido para el Presidente de la República Mexicana. Además, se elimina la pensión vitalicia para los actuales y futuros ministros.
II. ¿Quién va a sustituir al Consejo de la Judicatura Federal?
La iniciativa plantea la creación de dos órganos para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal, el primero el Tribunal de Disciplina Judicial y el segundo el Órgano de Administración Judicial.
El Tribunal de Disciplina Judicial se integraría por 5 magistrados electos a nivel nacional por un periodo de 6 años -un año más de duración de encargo que los Consejeros actuales- y serán propuestos por los Poderes de la Unión.
Sus funciones y facultades serán conocer, investigar, substanciar, y, en su caso, sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia, incluyendo aquellas vinculadas con hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimientos de presuntos delincuentes, o cuando sus determinaciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo, o excelencia, además de los asuntos que la ley determine.
Por otro lado, el Órgano de Administración Judicial se integraría por 5 personas que durarán en su encargo 6 años, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo; una por el Senado de la República y tres por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.
Dicho Órgano será el responsable de las funciones administrativas, carrera judicial y control interno, así de establecer el presupuesto del Poder Judicial de la Federación.
Por último, con la extinción del Consejo de la Judicatura Federal, se genera cierta incertidumbre de que va a pasar con el Instituto Federal de Especialistas De Concursos Mercantiles ya que en la iniciativa no se hace ninguna mención y actualmente dicho instituto funciona como Órgano Auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal.
III. Votaciones para Ministros, Magistrados y Jueces.
Quizá este punto es el que más discusión ha generado, ya que se prevé que en 2025 se realice una elección extraordinaria para renovar a todos los Ministros, Jueces y Magistrados del Poder Judicial, bajo el siguiente procedimiento:
a) Selección de candidaturas.
Las y los Ministros de la SCJN, Magistrados del Tribunal Electoral y Magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión.
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• El Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas;
• El Poder Legislativo propondrá hasta 5 candidaturas por cada Cámara (Diputados y Senadores).
• El Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte.
En el caso de los 1,633 Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo (2 por cada Poder de la Unión).
b) Proceso electoral y resultados de la elección
• El Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) organiza la elección.
• Las campañas durarán 60 días y no habrá etapa de precampañas.
• No se permitirá el financiamiento público o privado. Las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate.
• Los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas.
• El Tribunal Electoral del Poder Judicial será el encargo de resolver las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Actualmente, hay 910 personas magistradas y 737 jueces en México, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2023 del INEGI[2], por lo que de acuerdo a la iniciativa se renovarían 1,686 cargos del poder judicial federal, a partir de una selección de más de 10,000 candidaturas.[3]
Desde mi punto de vista, e independientemente si concuerdo o no con la elección popular de estos cargos, lo más importante es el cómo se va a ejecutar esta transición -situación que no ha sido planteada en el texto de la iniciativa y tampoco en los foros de discusión- es decir, ¿qué va a pasar con los procedimientos, juicios, amparos y/o recursos que se encuentren en trámite durante las campañas y elecciones?, ¿se deben suspender hasta que se elija al nuevo juez o magistrado?, ¿quedarán a cargo de los secretarios de acuerdos o demás integrantes del juzgado o tribunal correspondiente? En el caso de que se impugne la elección ¿Quién quedará a cargo del juzgado o tribunal? O bien ¿se nombrarán jueces y magistrados interinos durante el proceso de elección? ¿Quién tendrá la facultad de nombrar a estos jueces o magistrados interinos? Estas dudas toman relevancia derivado del rezago que existe actualmente en el Poder Judicial de la Federación.
Es del conocimiento del gremio de los abogados e incluso del Consejo de la Judicatura Federal que el Poder Judicial de la Federación tiene un importante rezago de asuntos que vienen arrastrando desde la pandemia por el virus COVID en el año 2019-2020. De las estadísticas publicadas en la página de dicho Consejo[4] se desprende que en el año 2023 se comenzó con una existencia inicial de 531,571 asuntos en los órganos jurisdiccionales del país, los cuales, sumados a 1,473,133 asuntos totales que ingresaron (los cuales incluyen ingresos por acuerdo), dan como resultado una carga de trabajo de 2,025,283 asuntos. A su vez, egresaron 1,413,724 asuntos (que incluyen egresos por acuerdo). La existencia final reportada por los órganos jurisdiccionales para el periodo es de 610,782 asuntos.
Ahora bien, si una de las nuevas reglas procesales de esta iniciativa es establecer un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales, y de 1 año para asuntos penales; considerando las estadísticas antes mencionadas pareciera una tarea casi imposible de cumplir, resultando en un sinfín de investigaciones y sanciones a los órganos jurisdiccionales por parte del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
V. Nuevas reglas procesales.
Respecto a las nuevas reglas procesales se prevé la prohibición de otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. También se prohíbe al Poder Judicial crear o mantener en operación fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley.
Por último, en cuanto a los Poderes Judiciales Locales, se les instruye para que establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.