Reforma al Poder Judicial de la Federación: de la Incertidumbre y las Preocupaciones, al Futuro del Estado de Derecho en México.

La reciente propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) en México ha despertado una serie de preocupaciones que van más allá de la esfera jurídica, tocando el núcleo mismo de la democracia y del Estado de Derecho en el país. Aunque presentada (y disfrazada) como una iniciativa destinada a mejorar la eficiencia y transparencia del sistema judicial, esta reforma plantea interrogantes fundamentales sobre la independencia judicial, la posible politización de la justicia, y la amenaza de concentrar poder en detrimento de los derechos y libertades de los ciudadanos.

La Independencia Judicial: Un Pilar en Riesgo

El principio de la independencia judicial es un cimiento esencial de cualquier democracia sólida. En México, este principio ha sido históricamente frágil, con frecuentes denuncias de injerencias políticas en las decisiones judiciales. La propuesta de reforma al PJF ha exacerbado estos temores, dado que algunos de sus elementos podrían, intencional o no, debilitar aún más esta independencia.

Uno de los aspectos más polémicos de esta reforma, es la reestructuración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encargado de la vigilancia y administración del Poder Judicial de la Federación en nuestro país. Si bien se argumenta que la reforma busca mejorar la eficiencia del CJF, honestamente considero que estos cambios propuestos podrían llevar a una concentración del poder en pocas manos, facilitando la manipulación política de decisiones clave. Este riesgo es especialmente grave en un contexto donde la justicia debe actuar como un contrapeso efectivo frente a otros poderes del Estado.

La autonomía judicial no es solo una garantía para los jueces, sino un derecho para los ciudadanos, quienes deben confiar en que las decisiones judiciales se toman sin presiones externas. Cualquier debilitamiento de esta autonomía no solo compromete la integridad del sistema judicial, sino que erosiona (aún más de lo que ya está) la confianza pública en la justicia como institución imparcial y justa.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Dobles Filo de la Reforma

La transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales en una democracia. Sin embargo, su implementación en el ámbito judicial debe manejarse con sumo cuidado para evitar efectos adversos. La reforma propone la publicación obligatoria de sentencias y resoluciones, lo cual, en teoría, promueve la transparencia, pero ¿y la privacidad de las personas involucradas? ¿y la privacidad de las víctimas? ¿y la seguridad de los jueces? No obstante, esta medida ha generado preocupación debido a su potencial para ser utilizada de manera selectiva o incluso manipulativa.

Existe el temor de que la obligación de hacer públicas todas las decisiones judiciales pueda abrir la puerta a presiones indebidas sobre jueces y magistrados. En un país con una larga historia de polarización política y social, el uso de estas publicaciones podría ser explotado por actores con agendas específicas para desacreditar o coaccionar a miembros del Poder Judicial. La transparencia, sin las salvaguardas adecuadas, podría convertirse en una herramienta de intimidación, en lugar de ser un mecanismo para fortalecer la confianza pública.

La Politización de la Justicia: Un Riesgo Sistémico

Uno de los riesgos más graves que plantea la supuesta reforma es la posible politización de la justicia. La independencia judicial no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar que la justicia sea imparcial y esté libre de influencias indebidas. Si la reforma facilita una mayor intervención del Poder Ejecutivo en la administración de la justicia, se corre el peligro de que los procesos judiciales se conviertan en herramientas de persecución política o de protección de intereses específicos.

La politización del sistema judicial no solo compromete casos individuales, sino que socava todo el sistema de justicia. En un escenario donde los jueces sienten que sus decisiones pueden ser revertidas o castigadas por motivos políticos, la integridad del proceso judicial se ve irremediablemente comprometida. Esto puede llevar a un círculo vicioso donde la desconfianza en la justicia fomenta la impunidad, y esta, a su vez, erosiona la credibilidad del Estado de Derecho.

Impacto en el Acceso a la Justicia y la Igualdad

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, y cualquier reforma al sistema judicial debe priorizar su protección y expansión. Sin embargo, la reforma propuesta ha suscitado preocupaciones sobre su impacto en la equidad y la accesibilidad del sistema judicial, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad.

La digitalización de los procesos judiciales y la implementación de tribunales electrónicos son aspectos clave de la reforma que, si bien pueden aumentar la eficiencia, también corren el riesgo de excluir a quienes no tienen acceso a la tecnología o no cuentan con las habilidades necesarias para navegar en un entorno digital, generando una brecha, que de por si ya es grande, con esto sería abismal. En un país con profundas desigualdades económicas y sociales, esta exclusión puede exacerbar aún más la brecha en el acceso a la justicia, perpetuando un sistema en el que solo los más privilegiados o los amigos, familiares y compadres del poder pueden ejercer plenamente sus derechos.

Además, la concentración de poder en el CJF podría resultar en una aplicación desigual de la justicia, donde ciertas regiones o grupos poblacionales reciben un trato preferencial en detrimento de otros. La reforma, por tanto, debe ser evaluada no solo por su impacto en la eficiencia, sino también por su capacidad para garantizar un acceso equitativo a la justicia para todos los ciudadanos, independientemente de su posición socioeconómica.

¿Estamos en una Encrucijada para el Futuro del Estado de Derecho en México?

La reforma al Poder Judicial de la Federación en México se presenta en un momento crucial para el país. Si bien sus objetivos declarados Y DISFRAZADOS son la eficiencia y la transparencia, pero los riesgos que conlleva son igualmente significativos. La independencia judicial, la posibilidad de politización de la justicia, y el acceso equitativo a la justicia son elementos que deben ser cuidadosamente protegidos.

El debate en torno a esta reforma debe ser profundo, inclusivo y transparente. No puede ser simplemente un ejercicio técnico, sino un diálogo democrático que involucre a todos los sectores de la sociedad. La reforma al PJF tiene el potencial de redefinir el futuro de la justicia en México; pero si no se manejan adecuadamente los riesgos, podría también marcar el inicio de un retroceso en los derechos y libertades fundamentales que son la base de cualquier sociedad democrática.

En este sentido, es imperativo que las autoridades, legisladores y ciudadanos se mantengan vigilantes y comprometidos con la protección del Estado de Derecho, asegurando que cualquier cambio en el sistema judicial fortalezca, en lugar de debilitar, la democracia en México.

Desde mi perspectiva, las reformas deben realizarse a las Fiscalías y a los Juzgados Locales o de primera instancia, con la finalidad de que sus actuaciones siempre sean apegadas a la legalidad y así, después no echen culpas al Poder Judicial de la Federación.

¿Estamos en la antesala de un Poder Judicial a modo?

Mauricio Guerrero R.

contacto@guerrerorabogados.com.mx