No, Si Queremos Cuidado del Medio Ambiente, Necesitamos la Ausencia del Estado en su Gestión
El medio ambiente es algo que es afín a todos los ciudadanos del planeta, sin embargo, históricamente, cada vez más se ha permitido la intervención estatal en esa esfera. Particularmente en el caso de Guatemala, las labores del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN– desde su creación en 2001, y anteriormente la Comisión Nacional de Medio Ambiente –CONAMA– creada con la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 68-86), han sido a lo sumo, someras.
Hoy por hoy la operación de esa entidad gubernamental sigue un principio fundamental: trámite de permisos para ejecutar proyectos. Esto es así, pues en la creación del Decreto 68-86, se dicta que todas las empresas, obras, industrias y actividades deben poseer un instrumento ambiental elaborado por consultores ambientales especializados en la materia y autorizados por (aquel entonces) CONAMA, hoy en día, MARN. Esto dista mucho de la realidad con la que se promueve el cuidado del medio ambiente. Aquí mi argumentación:
El Error en el Enfoque Vigente del Estado Guatemalteco
Cuando se DEBE pedir al gobierno permiso para realizar cualquier actividad, se parte desde un muy mal criterio. Esto presupone que las actividades de las personas son en detrimento de su propiedad, lo cual no solo es falaz, es falto de conexión con la realidad. La existencia de esa disposición legal implica que para actividades que por sí mismas constituyen un servicio ambiental, se deba ingresar un instrumento ambiental para pedir permiso gubernamental. Esto es opuesto a la lógica. Si el Estado desea que existan más servicios ambientales, el poseer un trámite para registrarles como tal dará como resultado un desincentivo a realizar la actividad. Esto es especialmente cierto cuando consideramos que de acuerdo a la legislación ambiental vigente, existen costos asociados al trámite: 1) “impuesto” de ingreso del expediente para análisis, 2) honorarios del consultor, 3) honorarios del notario que da validez a la documentación legal cuando así se requieran (paliativo a través de la ley de simplificación de trámites), 4) costos materiales, 5) “impuesto” por la emisión de la licencia ambiental, 6) multas (cuando aplican); esto sin tomar en cuenta en los casos de las áreas protegidas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
Implicaciones como estas pueden representar gastos desde Q. 700.00 hasta varios miles, o inclusive, cientos de miles de quetzales para permitir el emprender una actividad. El pago de la licencia ambiental se convierte en impuestos desde Q.50.00 hasta Q.30,000.00 hoy en día. Dinero que termina en las arcas comunes, y que luego no necesariamente se ve reinvertido en el cuidado del ambiente. Esto es así, porque las personas que están más interesadas en su cuidado no son responsables de ello porque actualmente existe un marco legal sin respeto a los tres derechos fundamentales: 1) RESPETO A LA VIDA, 2) RESPETO A LA PROPIEDAD, 3) RESPETO A LA LIBERTAD. La legislación ambiental vigente y los hechos “ambientales” que vivimos hoy por hoy en la sociedad guatemalteca son un claro reflejo de esto.
La ausencia del respeto del estado de los tres derechos se ve manifestada en los siguientes ejemplos relativos al medio ambiente:
1. La ausencia del respeto a la vida: En los casos donde genuinamente se realiza alguna actividad que causa una externalidad, y daño físico a las personas, medio ambiente, y propiedad de las personas, el Estado actualmente invierte muy poco en un sistema de justicia, policía y seguridad que vele por el cuidado, primordialmente, de las personas. Hoy por hoy, si alguna actividad generara una externalidad donde se dañe la integridad física de una persona, probablemente no exista un mecanismo en las cortes que lleven a su esclarecimiento y determinación de responsabilidades, sino que además no se pueda resarcir los daños causados ni castigar a los responsables.
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2. La ausencia del respeto a la propiedad: El Estado, a través de sus dependencias, en ausencia del respeto a la vida, genera una ausencia del respeto a la propiedad. El estado hoy no garantiza el respeto a la propiedad, pues olvidan muchos funcionarios que garantizarla es menester para la atracción de inversión. Además de esto, la garantía de la propiedad permite al ser humano su desarrollo como sociedad. Se interpreta muy mal hoy por hoy, que todos los recursos naturales, son también, recursos económicos. Como tal, están sujetos a las leyes económicas, y, por lo tanto, a la escasez. Sin garantías estatales para la propiedad, los dueños de los recursos económicos de origen natural no son capaces de asignarles el valor de mercado que merecen, y en consecuencia, se distorsionan las actividades económicas al rededor de los recursos, dando lugar a la falta de cuidado de los mismos, daños a la propiedad de terceros y peor aún, el robo de los mismos. Se deja de alinear la acción humana con las necesidades del medio ambiente y las demás personas.
3. La ausencia del respeto a la libertad: La ausencia de respeto a la vida y propiedad, por lo tanto, deriva en la ausencia del respeto a la libertad. Conforme el estado no permite la garantía de las instituciones (como figuras en las que el ser humano busca seguridad ante las eventualidades de la vida), el estado cada vez más pasa a tomar parte supliendo estas carencias. Así, cada vez más se presta la sociedad a que el estado juegue un papel más importante, y así también, dar lugar a más requerimientos del gobierno en forma de impuestos. Esto, no solo es inmoral, da lugar a focos de generación de corrupción, pues conforme el estado crece, tantas más oportunidades tienen para “justificar” impuestos que realmente no fueran necesarios si el estado se dedicara a sus funciones básicas.
Devolver el cuidado del ambiente al legítimo dueño, al usuario, es entonces la única solución. Solo las personas a nivel individual pueden y deben velar por el cuidado del ambiente. Esto es así, porque es en su legítimo interés propio y bienestar. Solo en presencia de los tres derechos fundamentales garantizados, puede darse un genuino cuidado de los recursos naturales.
En presencia de derechos a la vida, propiedad y libertad garantizados, se promueve el desarrollo económico. La mejor forma para crear condiciones de sostenibilidad en la sociedad a lo largo de la historia ha sido a través del crecimiento económico (creación de riqueza) y mejores condiciones de vida para las personas que se ven en situación de vulnerabilidad. Esto es así, porque los recursos económicos de origen natural, en condiciones de respeto a los tres derechos, las personas pueden tomar decisiones en condiciones de mercado adecuadas, que les permitirán decidir si un recurso es necesario preservarlo tal cual, cederlo a un tercero para su cuidado, o comercializarlo. La creencia popular que solo un estado robusto puede preservar el ambiente, no es congruente con la realidad, no solo desde el punto de vista legal y moral, sino también desde el económico. Esto es porque las personas, como agentes individuales de toma de decisión, pueden más adecuadamente asignar sus actividades en el marco de sus posibilidades y en mejores condiciones posibles.
El Estado hoy por hoy en Guatemala, es dueña del subsuelo. El estado a través de “buenas intenciones” hasta la fecha, lo que ha causado es precisamente lo opuesto al cuidado de esos recursos. Los recursos naturales están en mejores manos cuando las personas pueden hacer con ellos lo que ellos necesitan. Esto es cierto porque en condiciones iguales para todos, es posible dar un precio adecuado en el mercado, de forma que estos recursos sean asignados más eficientemente. De la misma forma, en ausencia de privilegios estatales, se les da más legitimidad a las labores de las personas. En presencia de los tres derechos, es posible, además de moral, el resarcir a terceros y resolver en las cortes, con la certeza del caso, los daños causados o recibidos por otros. Esto representará a su vez que las personas tiendan a cuidar más sus actividades y se responsabilizarán más adecuadamente por sus acciones, derivando, de nuevo, en mejores condiciones ambientales para todos.
Por ejemplo, en condiciones donde no existe esa burocracia estatal para determinar la viabilidad ambiental de un proyecto, son las mismas personas (empresas) quienes buscarán asesorarse para evaluar las mejores prácticas en sus condiciones como proyecto. Como tal, es tanto más probable que se determine la forma en la cual no habrá daños a terceros, pues habría más condiciones de justicia y, por lo tanto, castigos adecuados para los casos de mala práctica. Como tal, es fundamental que devolvamos a las personas, sus derechos, libertades y responsabilidades a través de una nueva política ambiental.