Transparencia y Democracia: Retos, Limitaciones y Reformas para una Sociedad Más Abierta

La implantación de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en diciembre de 2013 supuso un cambio fundamental en la concepción del acceso de los ciudadanos a la información pública y en su regulación. El progreso de España en materia de transparencia en estos diez años ha sido muy llamativo, habiéndose generado una importante sensibilidad acerca del derecho de acceso a la información pública.

Fedea publica hoy un trabajo de Alfonso Novales Cinca (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas e ICAE) en el que se pasa revista a algunas cuestiones relacionadas con la implementación y aplicación de la ley. En opinión del autor, resulta preocupante la escasa sensibilidad por la transparencia que aún perdura en parte de nuestra administración. La administración, y los ministerios, en particular, utilizan generosamente los criterios que permite la Ley y, en ocasiones, el silencio administrativo, para negar la información que se les solicita, lo que termina frecuentemente en litigio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La despreocupación por la transparencia tiene importantes consecuencias: imposibilita la evaluación de políticas públicas por parte de investigadores y analistas, a la vez que vacía de contenido real una posible rendición de cuentas, y dificulta la lucha contra la corrupción.

Las llamadas a una mayor transparencia en la gestión de recursos públicos han sido frecuentes tanto por agencias internas (AIReF), como externas (Parlamento Europeo), especialmente porque la información proporcionada acerca de la gestión de los fondos Next Generation está siendo un pésimo ejemplo de transparencia.

Lamentablemente, la esperada reforma de la ley de Transparencia no se ha producido y, lo que es peor, tampoco se incluyó en el plan anual normativo de 2024. Una posible reformulación debería prestar atención a cuatro aspectos: a) reducir drásticamente el tiempo de espera en el acceso de los ciudadanos a la información pública;  b) imponer obligaciones de transparencia más exigentes: la actual ley no obliga a proporcionar información sobre personal eventual, asesores adscritos a altos cargos y organismos, y publicidad institucional; c) crear “registros de lobbies” que permitan fiscalizar la presión que los grupos de interés puedan ejercer sobre los poderes públicos, haciendo así más transparente el proceso de elaboración de leyes; d) disponer de un régimen sancionador en caso de incumplimiento de la ley.

En todo caso, la transparencia debe ir más allá del cumplimiento de obligaciones informativas incluidas en una ley al efecto, pues los déficits de transparencia condicionan negativamente la vida de los ciudadanos, además de generar desconfianza acerca de la gestión pública. En este sentido: a) deben resolverse nuestras tradicionales carencias tanto en el acceso a la información pública, como en la calidad de las comunicaciones con la administración; b) nuestra calidad normativa es reducida: los textos legales tienen una redacción deficiente, lo que provoca frecuentes y tempranas modificaciones, que nunca debieran ir como anexos en otras leyes. Debe terminar el innecesario abuso de los decretos-ley y proposiciones de ley. El contenido de las Memorias de Análisis de Impacto Normativo debe adecuarse a lo especificado en la ley, y los procesos de consulta pública deben contar con plazos suficientes y anunciarse adecuadamente.

Debe mejorar la interlocución de políticos con los ciudadanos. Una transparencia real exige la comparecencia directa de un alto representante del Gobierno para informar de negociaciones y decisiones de gobierno con explicaciones claras y precisas, especialmente cuando aquellas se perciben como contrarias al programa electoral que se defendió en su momento. El seguimiento de la actividad parlamentaria también debiera ser sencillo. Algunas leyes que están pendientes de ser reformadas se dilatan en el tiempo de manera ilimitada, o son sometidas a innumerables ampliaciones de su plazo de enmiendas, entrando en una situación difícil de determinar. Por otra parte, la agenda legislativa de los gobiernos no siempre se cumple y ciertas medidas que se anuncian luego no se concretan: en 2023 solo se ejecutó un 52% del plan anual normativo

La transparencia es condición indispensable para otorgar legitimidad a la acción de la administración pública y generar confianza en la ciudadanía; hace posible la evaluación de las políticas públicas y la rendición de cuentas de los directivos públicos, aspectos básicos en la configuración de una administración al servicio de los ciudadanos. Una verdadera transparencia requiere una concepción acerca de la propiedad de la información pública de la que actualmente no disponemos.

Trabajo completo

Novales, A. (2024). «Transparencia y Democracia: Retos, Limitaciones y Reformas para una Sociedad Más Abierta.» Informes y papeles del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19. FEDEA, Colección Apuntes no. 2024-XX. Madrid.