Una lista en la que Uruguay no debería figurar

Gracias, Ministro Paganini, por trabajar inmediatamente para remover a Uruguay de la lista de naciones que no implementan el derecho a la nacionalidad. Uruguay no pertenece a una lista que incluye a Barbados, Bahamas, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela y Cuba. Uruguay es un líder en derechos humanos, no un país que necesita ser listado por fallos en proteger los derechos humanos.

Debo decir nuevamente que estamos agradecidos con el Ministro de Relaciones Exteriores Paganini y el Embajador Washington Abdala por su compromiso para sacar a Uruguay de la lista de naciones en las Américas que no implementan ni respetan plenamente el derecho a la nacionalidad. El Embajador Abdala, en su presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el viernes pasado, indicó que Uruguay estaba comprometido a asegurarse de no estar más en la lista de chequeo de naciones en las Américas que no cumplen con los estándares de la CIDH, ahora que el Estado de Uruguay y el mundo entienden completamente la negación de la nacionalidad en Uruguay como fue planteado por Somos Todos Uruguayos ante la CIDH.

Por estos compromisos para abordar las políticas actuales de nacionalidad de Uruguay, nosotros, y todos los uruguayos, estamos verdaderamente agradecidos. Estamos agradecidos porque la lista de naciones mencionadas en el seminario no es una lista elogiosa en la cual Uruguay desea estar incluido. Este daño a nuestra reputación por la política actual de nacionalidad de Uruguay nos impacta a todos y se refleja en todos nosotros.

El seminario de ayer fue realizado por el Centro de Estudios sobre Refugiados (RSC, por sus siglas en inglés), establecido en 1982 como parte del Departamento de Desarrollo Internacional de Oxford (Casa de la Reina Isabel). El seminario específico se refería a la Resolución 2/23 de la CIDH y el derecho a la nacionalidad.

Aquí está la lista de naciones mencionadas en el seminario de las cuales agradecemos a nuestros ministros y gobierno por buscar removernos. Uruguay fue el primer ejemplo de nación mencionado durante el seminario.

Uruguay: El panel resaltó el riesgo potencial de apatridia debido a la distinción legal entre la nacionalidad completa y la ciudadanía legal. Esta diferencia plantea un riesgo de apatridia en ciertos casos, especialmente para ciudadanos legales y aquellos determinados como apátridas, que no pueden acceder a la nacionalidad completa según las reglas constitucionales uruguayas.

Barbados y Bahamas: El panel señaló a estas naciones por leyes que discriminan entre hombres y mujeres en la adquisición de la nacionalidad, estableciendo prácticas discriminatorias en la transmisión de la nacionalidad a los hijos basadas en el género del progenitor.

Nicaragua: El estado nicaragüense fue citado por la privación arbitraria de la nacionalidad a través de decisiones judiciales o gubernamentales. En febrero de 2023, más de 222 prisioneros políticos fueron privados arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense y expulsados del país.

República Dominicana: La nación fue mencionada debido a un fallo judicial de hace más de diez años que resultó en la privación arbitraria de la nacionalidad dominicana de un número considerable de personas, dejando a muchas apátridas.

Venezuela: El panel discutió a Venezuela en relación con los desafíos de los venezolanos para acceder a documentos de identidad válidos debido a retrasos, corrupción y altos costos, lo que los expone a un estatus migratorio irregular en países anfitriones y arriesga la apatridia para sus hijos nacidos en el extranjero.

Cuba: Nacionales cubanos informaron a la Comisión Interamericana de no poder regresar a Cuba si la dejaban, colocándolos en una situación migratoria irregular y en riesgo de apatridia.

El panel del seminario incluyó a la Comisionada Andrea Pochak, Relatora sobre los Derechos de los Migrantes, CIDH; la Dra. Laura van Waas, cofundadora y codirectora del Instituto sobre Apatridia e Inclusión (ISI, por sus siglas en inglés); y al Dr. José Sieber, Oficial Superior de Protección cubriendo América del Sur en la Oficina Regional del ACNUR en Ciudad de Panamá.

En la sesión de preguntas y respuestas, la Comisionada Pochak abordó la negación de la nacionalidad a ciudadanos legales en Uruguay como un fallo significativo en la implementación de las normas de la CIDH y en el seguimiento de la Resolución 2/23, prometiendo monitorear de cerca el progreso de Uruguay.

La Dra. Laura van Waas discutió el derecho a la naturalización y la necesidad de que las naciones proporcionen un proceso para adquirir la nacionalidad. Dada la política actual de Uruguay de negar toda naturalización a todas las personas para convertirse en nacionales, esta pregunta se refería a Uruguay. La Dra. van Waas señaló que, mientras este derecho es reconocido e implementado en Europa y en el sistema Interamericano, aún no es un derecho global, faltando reconocimiento en regiones como África y Asia. Uruguay, como miembro del sistema Interamericano y a menudo mirando a los modelos europeos, tiene la oportunidad de armonizar sus leyes con la Resolución 2/23, demostrando su compromiso con valores sostenidos por los estados europeos.

El Dr. José Sieber de ACNUR abordó una consulta sobre la implementación por parte de Uruguay de procedimientos de determinación de la apatridia. La pregunta hacía referencia a la afirmación de Uruguay de que la Ley N.º 19.682 implementó la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de 1961 sobre la Reducción de la Apatridia. Sin embargo, la falta de un camino hacia la naturalización y la nacionalidad en Uruguay hace que la "determinación" de la apatridia sea efectivamente sin sentido sin un proceso para otorgar la nacionalidad a aquellos determinados como apátridas. El Dr. Sieber destacó la necesidad de que naciones firmantes como Uruguay faciliten un camino hacia la nacionalidad para individuos apátridas. Mencionó que esto es una obligación del tratado y Uruguay es signatario.

Gracias, Ministro Paganini, por atender el consejo de la CIDH para que Uruguay remedie de inmediato sus pasaportes no estándar emitidos a ciudadanos legales, otorgue la nacionalidad a los apátridas, proporcione la nacionalidad a los hijos de ciudadanos legales nacidos antes de la inmigración y de otra manera termine el daño causado a Uruguay por negar la nacionalidad a ciudadanos legales.