Una salida al laberinto energético

La escalada de los precios de la luz continúa imparable. Superada la barrera de los 200 euros por megavatio/hora y ya acostumbrados a batir récords varias veces a la semana, la preocupación ciudadana es lógica. El problema viene, principalmente, de dos factores: el encarecimiento de los precios de las emisiones de CO2 y, sobre todo, el fuerte aumento del coste del gas. Y aunque la subida de la luz afecta a todos los países europeos nuestro diferencial lleva años siendo más alto.

¿Hasta qué punto se puede atajar esta subida? A la cuestión ha intentado responder el Gobierno con medidas improvisadas que ponen el foco en los impuestos o en los topes a los precios de las materias primas, pero de forma pasajera y escasamente articulada. El gas es un ejemplo: se fijan límites al precio y así se evita que la escalada se refleje en la factura, aunque sea durante unos meses. Dicho en otras palabras, el incremento se congela y su pago se pospone a 2022. Hasta tal punto son parches que dos semanas después de la primera propuesta, el Ejecutivo ha tenido que presentar un segundo paquete que acaba por destruir los últimos ápices de seguridad jurídica.

Las próximas semanas nos encontraremos con la necesidad de asegurar el suministro durante los meses más fríos; habrá que reflexionar sobre los planes de descarbonización en España y la importancia de la soberanía energética. Con el cierre acelerado de la mayoría de las centrales térmicas del país, culminado en 2020, somos más vulnerables a las fluctuaciones, como puede ser un mes de generación renovable escaso o el ya citado aumento del precio del gas, fruto de tensiones geopolíticas.

Con esto no quiero decir que quemar carbón sea la solución o que se debían haber mantenido estas plantas sin condiciones, ni mucho menos. La descarbonización es un paso más hacia la modernización económica y la salida de la urgente crisis climática, y muchos fondos europeos llegarán a España en los próximos años para apuntalar esta apuesta. Pero nuestra dependencia energética es un hecho, y las alternativas inmediatas para contar con un suministro propio y estable no existen. Si la generación renovable es el futuro, ¿nadie pensó en las alternativas para maniobrar a corto y medio plazo?

Países poco sospechosos de antieuropeísmo como Alemania y Francia se guardaron las espaldas para evitar esta dependencia: Berlín, alargando la vida útil del carbón, y París con un importante peso nuclear en su mix energético. Y repito: estas fórmulas no pueden ser la respuesta a largo plazo, pero los planes acelerados del Gobierno, por delante incluso de lo que pide Bruselas, nos han situado en zona vulnerable. La ausencia de estrategia y plan a largo plazo se están notando ahora más que nunca.

Es necesario abordar el debate con nuestros socios europeos para buscar soluciones comunes. Esta semana el precio de la factura se está debatiendo en el pleno del Parlamento europeo y ya asoman algunas propuestas, como la posibilidad de centralizar la demanda de gas para fortalecer la capacidad negociadora del bloque, como se hizo con las vacunas.

La comisaria Kadri Simson dio ayer varias claves en el Parlamento. Una de ellas fue alarmante: las reservas europeas de gas se sitúan en el 75%, un nivel más bajo que la media de los últimos diez años. Simson anunció que la próxima semana se pondrá a disposición de los gobiernos un paquete de medidas que contempla “pagos directos a los consumidores más vulnerables” y la “reducción de algunos tipos impositivos”.

En paralelo a este debate, la crisis entre Argelia y Marruecos pone en peligro la mitad del suministro de gas natural que importamos, mientras que, por el este, Rusia sigue utilizando el hidrocarburo como herramienta de chantaje. Y los pequeños consumidores no son los únicos que sufren: la industria electrointensiva, y bien lo sabe Asturias, es menos competitiva cada día sin unos costes energéticos estables y predecibles.

Reino Unido nos da ejemplos de lo que ocurre cuando se cierran fronteras y se levantan barreras. Los retos de los Veintisiete se deben abordar de forma común, pero España también tiene que hacer sus deberes para crear un marco energético racional ajustado a la realidad, que mire hacia el futuro verde sin olvidar los problemas estructurales que sufrimos en el presente.