VIENEN TURBULENCIAS ECONOMICAS

LAS INSOLVENCIAS EMPRESARIALES SE DISPARAN MIENTRAS SE TRABAJA EN UNA NUEVA REFORMA CONCURSAL

Un concurso de acreedores es el procedimiento legal que tiene lugar cuando una persona física o jurídica cae en una situación de insolvencia sin poder hacer frente a todos los pagos que adeuda. En el Gabinete de Estudios Económicos  registramos mensualmente los que se declaran en el tejido empresarial español (los que aparecen publicados en Fuentes Oficiales). Hemos comprobado que la mayoría de estos procesos termina en el cierre de la empresa, lo que se traduce entre otras cosas en una pérdida de puestos de trabajo. Si se confirma una desaceleración profunda de la economía, es probable que veamos crecer las insolvencias empresariales y el cierre de empresas, algo de lo que ya fuimos testigos durante la última crisis económica.

Esa posibilidad coincide en el tiempo con una vuelta al debate público de la normativa concursal. En los últimos meses se está hablando de ella después de que el Consejo Europeo aprobara a principios de junio la directiva de insolvencia tras un largo proceso que arrancó en 2016. El plazo para trasponer el contenido de esa directiva al ordenamiento jurídico español es de dos años, aunque sería posible solicitar un año más en caso justificado. La directiva europea fomenta la refinanciación y reestructuración de deudas de las empresas, entre otras cosas, incrementando el plazo para llegar a acuerdos de refinanciación de cuatro a 12 meses. Busca mejorar la eficacia de los procedimientos de insolvencia y de las reestructuraciones empresariales. Un sistema de alertas debe servir para detectar coyunturas que puedan generar la insolvencia inmediata.

España ha tenido numerosas reformas de la normativa concursal en los últimos 15 años, la última de ellas en 2015. Este 2019 tendría que haberse aprobado un nuevo texto refundido, presentado en marzo por los Ministerios de Economía y Justicia con la intención de unificar la maraña legal existente. Es de suponer que el Ejecutivo español vuelva ahora a trabajar en él para incorporar los cambios que fija la directiva europea.

Las últimas cifras de concursos de acreedores de las que disponemos en el Gabinete de Estudios Económicos son, cuanto menos, llamativas. En agosto vimos cómo los concursos de acreedores se disparaban un 226,23% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Fueron en concreto 199 concursos, el número más alta para ese mes desde 2015 -el año pasado fueron 61-. No obstante, también hay que decir que esas 199 insolvencias empresariales suponen el nivel mensual más bajo de todo lo que llevamos de un año 2019 en el que marzo se sitúa a la cabeza con 478 concursos de acreedores.

La incapacidad de las empresas de hacer frente a todos los pagos que adeudan no es una buena noticia para ninguna economía. Y en los primeros ocho meses de este 2019, el número de las que han llegado a esa situación en España es ya de 3.007, un 11,87% más que los que se registraron entre enero y agosto del año pasado.

¿Cuál es el panorama por sectores? De los 20 en los que axesor divide la actividad económica española, diez de ellos vieron aumentar en agosto las insolvencias -siete por encima del 100%- frente al mismo mes del año pasado. El resto de los sectores se mantuvo sin cambios. De los aumentos, algunos fueron exponenciales: las actividades administrativas y servicios auxiliares encabezaron la lista con un 700% más. Siguió la industria manufacturera, donde crecieron un 416,67%.

De los algo más de tres millares de empresas que cayeron en la insolvencia entre enero y agosto, la mayor parte corresponde a sociedades mercantiles del sector del comercio (690, un 8,32% más que en el mismo periodo del año anterior) y del sector de la construcción (538, un 8,47% más). Juntos suman algo más del 37% de las insolvencias judiciales de lo que va de año.

El porcentaje de subidas lo encabezan, sin embargo, las actividades administrativas y servicios auxiliares con un aumento del 45,05% entre enero y agosto frente al mismo periodo de 2018.