Publicación de Instituto de Actuarios Españoles

Comparto fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago - caso en el que me tocó trabajar con Andrés Eterovic Ortiz-, recientemente confirmado por la Corte Suprema, que acoge recurso de protección en favor nuestro representado, funcionario de Gendarmería de Chile, quien trágicamente quedó parapléjico por un disparo de arma de fuego de un superior jerárquico, mientras se encontraba cumpliendo funciones en un centro penitenciario.  Con ocasión de las lesiones sufridas, nuestro representado pasó a retiro por invalidez, por lo que le correspondía una pensión equivalente a la remuneración del grado de “Sargento 2°”, pero DIPRECA liquidó la pensión en base un grado inferior (Gendarme 2°). DIPRECA sostuvo que el art. 1 de la Ley Nro. 19.195, que adscribe al personal de Gendarmería de Chile al régimen previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), implica que la pensión de invalidez de los funcionarios de Gendarmería se encontraría limitada por los montos de pensión que reciben los funcionarios de Carabineros. Es más, agregó que la remuneración de un Gendarme 2° es superior incluso que la de Sargento 2° de Carabineros. El recurso de protección se funda en el acto arbitrario e ilegal de DIPRECA al establecer un límite a la pensión de nuestro representado, haciendo distinciones legales que el legislador -ni la Contraloría- ha hecho, privando a nuestro representado de una parte importante (40% aproximadamente) de la pensión que le corresponde por ley. Este fallo genera un precedente en materia de seguridad social para funcionarios de Gendarmería, ya que nuestros tribunales superiores reconocieron que, sin perjuicio que DIPRECA es el mismo órgano que liquida y paga las prestaciones tanto para Carabineros como Gendarmería, se debe respetar que existen diferencias, dado que son instituciones con funciones y remuneraciones distintas. Dentons Chile #litigios #contencioso-administrativo #pensiones

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OBRAS SOCIALES Y AUMENTOS DESMEDIDOS. Tras el dictado del DNU 70/23, cada vez son mas las acciones de amparo presentadas por adultos mayores que no pueden afrontar el pago de las cuotas de su obra social y/o medicina prepaga.- En el Departamento Judicial de Morón, la Justicia de Faltas acaba de frenar el aumento de la prepaga Osde en favor de un jubilado que se hubiera visto impedido de abonar. Los tribunales de San Martín están dictando medidas cautelares con recurrencia. Dictaron ya varias medidas cautelares a favor de particulares, como para tener presente MILLET, LUIS ALBERTO c/ GALENO ARGENTINA SA s /AMPARO COLECTIVO, en tramite por ante el Juzgado Federal en lo Civil Y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martin 2.- El caso más reciente es el de una mujer de 84 años que presentó un amparo contra Cobermed para que no se le apliquen los aumentos del 65% y 35% por su plan de salud en las cuotas de enero y febrero. La jueza Martina Forns remarcó que en el caso, la accionante, por ser una persona mayor de 60 años se encuentra amparada por la Ley N° 27360, que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM) Que reconoce como objeto "promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad". El contexto de estos fallos judiciales es que el DNU 70 cambió buena parte de la operatoria de la salud privada. Se derogaron los artículos de la ley de prepagas que le daban a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de regular el costo de los planes. Además de que los aportes de sus afiliados ya no tienen que pasar por las obras sociales sindicales, permitió que las entidades ajusten sus cuotas sin mediación oficial: cada una puede hoy imponer los porcentajes de aumento a su medida, para competir libremente por los clientes. En marzo hubo aumentos de hasta 23%. La única forma de frenarlos es con presentaciones ante la Justicia. A su vez, el Juez Federal Subrogante Dr. Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, en el citado fallo Millet, considero que, “Por todo lo expuesto, con el grado de provisionalidad que corresponde a toda medida cautelar, estimo procedente ordenar GALENO ARGENTINA SA la readecuación de las cuotas correspondientes a su plan asistencial, dejando sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU 70/23 del PEN, limitándose a efectuar los aumentos autorizados por la autoridad de Aplicación en los términos del art. 17 (no sustituido) de la ley 26.682 hasta tanto se dicte sentencia definitiva.-

La Corte Nacional de Justicia emite precedentes jurisprudenciales obligatorios fundamentado en los fallos de triple reiteración. La Resolución No. 02-2024, declara el siguiente punto de derecho: “La competencia para conocer y resolver los reclamos sobre fondos de reserva, depende de su forma de pago y la fecha en que se generó este derecho; esto es, si el trabajador los percibía de manera mensual conforme a la reforma del año 2009 del artículo 201 del Código del Trabajo, el reclamo será tramitado mediante juicio laboral en contra del mismo empleador. Por otra parte, si el trabajador acumulaba sus fondos de reserva, es decir, los administraba y capitalizaba el IESS, el reclamo será tramitado en sede administrativa ante el IESS, para que en ejercicio de su potestad coactiva recaude los valores adeudados por el empleador, tal como lo prevé el artículo 275 de la Ley de Seguridad Social”. Si tiene dudas contáctanos: alvaroperalt@gmail.com

FORMACIÓN PRÁCTICA: Regímenes y sistemas especiales de la seguridad En esta formación, teniendo en cuenta las últimas e importantes reformas legales, se abordan la normativa aplicable, el campo de aplicación, las características propias en materia de afiliación, alta, baja y cotización a la Seguridad Social, las prestaciones, y, en aquellas situaciones donde resultan aplicables, las peculiaridades de los contratos de trabajo o los distintos tipos de figuras existentes para los principales regímenes y sistemas especiales de la Seguridad Social. Para más información os dejo el siguiente enlace. https://lnkd.in/dPnMAuBE

[Importancia de la delimitar la #AdministraciónPública] Hace poco, me crucé con una curiosa resolución de la Corte Suprema donde se ratifica que la denegatoria, por parte de una #AFP, de un pedido de indemnización por afiliación indebida es un acto administrativo. El fundamento: la AFP es una Administración pública porque brinda un servicio público (en aplicación del artículo I.8 del Título preliminar de la #LPAG). Es decir, el criterio puede extenderse a colegios y universidades privadas, clínicas privadas, etc., en cada uno de los actos que realizan, independientemente de su naturaleza.  Asimismo, se indica que se trata de un acto administrativo porque produce efectos en la situación jurídica de los reclamantes... como si ello fuera exclusivo de los actos administrativos y no de los actos privados. Más allá de la -aún discutida- posibilidad de que los privados sean considerados Administraciones públicas, llama la atención el criterio empleado por el Poder Judicial, que termina por equiparar la función pública (de donde provienen los actos administrativos) y el servicio público (de contenido prestacional específico), pese a la clara distinción de las mismas hecha por el profesor Ariño (1999). En cualquier caso, y sin perjuicio de esa discusión, la denegatoria del pedido de indemnización no es consecuencia del servicio público que prestarían las AFP (que el TC ha delimitado a la administración y ejecución de pensiones - Exp. N.º 1776-2004-AA/TC), sino de la pretendida relación civil de responsabilidad extracontractual que plantean los solicitantes. De mantenerse el criterio, ¿se aplicaría a la AFP el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración pública? #Abogados #AFP #Perú

Inevitablemente esta realidad deberá ser asumida por las autoridades políticas, cada servidor público debe recibir una remuneración proporcional a su aporte social y al riesgo que su función significa, más aún cuando la irrupción del crimen organizado en nuestra sociedad es un hecho. La primera opción de la organizaciones criminales es la corrupcion y luego la violencia en caso de no lograr los objetivos con la primera acción. No toda retribución económica es la remuneración, prestaciones médicas, soluciones habitacionales, seguros complementarios, convenios educacionales para cargas, etc. Antofagasta: 1)Centro médico sin médicos 2)Deficit viviendas fiscales. 3)Escasos o nulos convenios con centros de salud. 4)Cero convenio educacional escolar.

El pasado 27 de junio se celebró la Asamblea General de Alter Mutua de los Abogados y Abogadas, abierta a la participación de todos los mutualistas de forma presencial, telemática o mediante la delegación de voto, en una jornada que contó con una participación histórica en los cerca de 184 años de la mutua, con casi 900 votos entre presentes y representados. La Asamblea General aprobó por una amplia mayoría todos los puntos del orden del día, incluidos el informe de gestión de la Junta Directiva, las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes a 2023 y la propuesta de distribución y aplicación de los resultados, así como el presupuesto para el año 2024 y las modificaciones estatutarias, reglamentarias y de baremos planteadas. José Félix Alonso-Cuevillas Sayrol abordó la incidencia que el llamado “movimiento J2” ha tenido en la gestión de la mutua durante el último año. Aunque los hechos que originaron las reivindicaciones de este colectivo no son aplicables a la gestión de la entidad, la mutua no se opone a su petición de una “pasarela” al RETA. Lo que la entidad considera inaceptable es la pérdida del derecho a escoger entre mutua y RETA del que disfrutan actualmente los abogados y abogadas ejercientes por cuenta propia si se aprueba el anuncio realizado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que sería efectivo a partir de 2027.

Alter Mutua de los Abogados y Abogadas celebró su Asamblea General el 27 de junio, registrando una participación récord en 184 años, con casi 900 votos. Se aprobaron todos los puntos del orden del día, incluyendo el informe de gestión, las cuentas de 2023, la distribución de resultados, y el presupuesto de 2024. El presidente, José Félix Alonso-Cuevillas Sayrol, destacó la gestión de más de 340,000 expedientes y una ratio de solvencia del 269%. Además, se logró un superávit neto de 1.9 millones de euros y una rentabilidad de inversiones del 3.25%, mejorando la cobertura de prestaciones médicas. También se abordó la incidencia que el llamado «movimiento J2» ha tenido en la gestión de la mutua durante el último año. Aunque los hechos que originaron las reivindicaciones de este colectivo no son aplicables a la gestión de la entidad, la mutua no se opone a su petición de una «pasarela» al RETA. El presidente sí quiso dejar claro que la entidad considera inaceptable la pérdida del derecho a escoger entre mutua y RETA del que disfrutan actualmente los abogados y abogadas ejercientes por cuenta propia si se aprueba el anuncio realizado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que sería efectivo a partir de 2027. https://lnkd.in/dbrvBePP

¿Sacrificar la cesantía?… Amaneciendo By Perfecto Martinez Buenos días. Todo régimen autodefinido como democrático tiene que esforzarse, asumir los sacrificios necesarios y suficientes, en aras de mantener la paz social. Se trata de un compromiso ineludible en el que cada quien tiene que aportar lo necesario para hacer posible la convivencia pacífica. Nunca dejando de entender que la paz social en democracia, tiene un costo que necesariamente deben cubrir los más beneficiados del sistema, los que en definitiva pueden más. De ahí que resulte un desatino el propósito de los hombres de empresas del país, en lo que tiene que ver con la eliminación de la cesantía laboral. De lo que se trata es de negar a los empleados el bien ganado derecho a recibir una cesantía, una remuneración, al terminar su contrato laboral, ya sea por despido o desahucio. La dirigencia sindical ha hecho la advertencia de que no se quedará de brazos cruzados ante las pretensiones del CONEP, a la vez, reclama del presidente Abinader honrar el compromiso de que esa prerrogativa jamás será tocada en la reforma a la que se aboca el Congreso Nacional del código de Trabajo. Las maniobras del CONEP hacen necesario que el propio Gobierno y la oposición política representada en el Congreso, definan con responsabilidad su postura y eviten semejantes pretensiones de quienes solo tienen ojos para ver lo que les conviene.