9 de diciembre Día Internacional Contra la Corrupción. Es Tiempo de Actuar.

Desde el debilitamiento de las instituciones democráticas hasta las injusticias y desigualdades, son los grandes desafíos que enfrentan diversos países a consecuencia de la Corrupción e impunidad, estamos en un punto de Actuar con todas las normas jurídicas que se han construido recientemente, son importantes todas los convenciones internacionales que han estudiado el fenómeno y que buscan soluciones para contrarrestar la corrupción. Pero ahora; ya es tiempo de que todo eso se ponga en práctica y se cambie la forma de ejercer el poder, indicando con el importante rol que juega la Justicia en todo el sistema anticorrupción, en virtud de que el Poder Judicial requiere de más recursos humanos y financieros para perseguir verdaderamente los casos de corrupción, lamentablemente como el caso de México y otros países se ha observado una discusión tendiente a señalar que se está capturando el Poder Judicial y el Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo o en el peor de los casos, por intereses privados o criminales, en ese sentido, la corrupción es el abuso de poder y el debilitamiento de la Justicia, lo que lleva a la concentración del abuso de poder en el Ejecutivo.

Robert Joseph Barro de la Universidad Harvard decía “…en los países desarrollados las leyes son flexibles, pero su aplicación es firme, mientras que en Latinoamérica, las leyes son firmes y la aplicación es flexible…”

Después de décadas de estudio sobre las variables más importantes que determinan el crecimiento económico; apunta que la más importante es el Estado de Derecho, el Rule of Law es una variable clave para detonar mayores tasas de crecimiento económico. Destacó que la diferencia entre las tasas de crecimiento de países desarrollados y Latinoamérica se explicaba en gran parte al arreglo institucional en torno al Estado de Derecho.

Verbigracia; si en México, al sumar todos los operadores del sistema de justicia penal del gobierno, es decir, los Ministerios Públicos, peritos, defensores públicos, jueces y asesores victímales, tenemos aproximadamente 47 operadores por cada 100 mil habitantes.

Si analizamos esto con el siguiente símil podremos darnos cuenta de la magnitud del problema del recurso humano: ¿Cuantos alumnos tiene la Universidad de Harvard? 22 mil aproximadamente y tiene 4,671 profesores más todo el personal administrativo que labora en la Universidad. Ahora imaginemos que en Harvard; todo ese trabajo académico y administrativo, lo hicieran solamente 15 personas, sería imposible. ¿Falta personal en el Sistema Penal Mexicano? Así de dramático es la falta de los recursos humanos en el sistema de justicia penal en México y a todo esto, sumemos esta nueva reforma judicial que ha generado mucha polémica por el tema de la idoneidad de los candidatos a puestos de elección en el Poder Judicial y las amplias críticas sobre el procedimiento de selección, al tiempo de recordar todos los señalamientos para que se aprobara la ley que reforma al Poder Judicial de México, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores.

Del total de los recursos que se destinan al sistema judicial penal, solo el 3% se utiliza en el rubro de prevención.

Para el año que iniciara en los próximos días; 2025, habrá una disminución del presupuesto para combatir la corrupción del 9.5% por lo que lo más factible, es que será un fracaso nuevamente la lucha contra la corrupción en México.

Es importantísimo invertir ahora en el Poder judicial y que este poder, realmente sea autónomo y pueda contar con personal y recursos para abatir la impunidad que es lo que al final de cuentas alimenta la corrupción.

La corrupción existe cuando líderes que están a cargo del poder, lo utilizan en su interés. Y es posible que persista por la impunidad. Cuando tenemos un Estado de derecho que funciona, también tenemos las infraestructuras jurídicas para contrarrestar ese abuso de poder.

Así en varios países; el rol de la cooperación internacional entre gobiernos y sistemas judiciales para derrotar la economía global de la corrupción, desde el pago de sobornos en distintos países, hasta los flujos financieros de dinero sucio hacia inversiones en Suiza, Francia, Estados Unidos o el Reino Unido son también un gran reto, solo unidos los países podrán lograr detener el circulante de dinero ilícito en los sistemas financieros de las diversas naciones.

En mayo de 2023, los jefes de Estado y de Gobierno de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa adoptaron la Declaración sobre los principios de Reikiavik para la democracia, comprometiéndose a proteger y fortalecer la democracia y la buena gobernanza a todos los niveles en Europa, en particular mediante una lucha incesante contra la corrupción, también a través de la prevención, y exigiendo responsabilidades a quienes ejercen el poder público.

El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) construido por Transparencia Internacional desde 1995 es quizás uno de los mecanismos de medición de corrupción más consultado en todo el mundo, lo convierte en la única encuesta mundial de opinión pública sobre la corrupción, en términos más generales, hay una vinculación entre la puntuación de un país en el Índice de Percepción de la Corrupción y la voluntad política de adoptar leyes y de ponerlas en práctica para combatirla.

El Índice es un promedio de varias fuentes; cuando los expertos de esas fuentes o la comunidad internacional perciben que un gobierno quiere hacer algo contra la corrupción, es mejor la puntuación del país.

Finalizando el primer mes del año se publican los resultados del año anterior; esperemos ver ahora, que resultados tendrá el año 2024, pero analizando el año 2023 sobre 180 países evaluados, vemos datos interesantes, la escala del Índice de Percepción de la Corrupción va de cero a 100, siendo 100 la mejor calificación posible.

Por cuarto año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el IPC, con 31 puntos, se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.

Acorde con la información presentada por la organización Transparencia Internacional, más de dos tercios de los 180 países analizados obtuvieron una puntuación inferior a 50, lo que indica que tienen graves problemas de corrupción.

El promedio mundial se estancó en 43 puntos, mientras que la gran mayoría de los países no lograron avances o disminuyeron su estatus en la última década.

De hecho, más de veinte países cayeron a sus puntuaciones más bajas desde que se emite el ranking.

Los puntajes más altos del IPC corresponden a Dinamarca (90/100), Finlandia (87/100) y Nueva Zelanda (85/100).

Pero los países peor calificados son Sudán del Sur (13/100), Siria (13/100), Venezuela (13/100) y Somalia (11/100).

En América Latina, México se ubica por encima de Bolivia (29/100), Paraguay (28/100), Guatemala (23/100), Honduras (23/100), Haití (17/100), Nicaragua (17/100) y Venezuela (13/100).

Uruguay se ubicó en el ranking (16/180) con 73/100 puntos en el ranking, junto a Bélgica y Japón, pero bajando un punto en referencia al año anterior, a pesar de haber bajado un punto, Uruguay tiene mejor puntuación incluso que Francia, Estados Unidos y Reino Unido.

Dentro de América Latina y el Caribe, Uruguay es el país con el mejor índice de Transparencia, por debajo se encuentran Chile y Costa Rica.

Desde 2008 Uruguay cuenta con la Ley N°18.381 de Acceso a la Información Pública. Así mismo cuenta con una política de datos abiertos y es miembro desde el 2011 de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por su sigla en inglés) que tiene entre sus objetivos promover la transparencia y rendición de cuentas.

Un país que llama la atención es Cuba que se ubicó en el lugar 76 con 42 puntos, a pesar de descender en el escalafón general respecto a 2022.

Al analizar el lugar de Colombia que se sitúa en el lugar 87 con 40 puntos, Argentina en el 98 con 37, Brasil en el 104 con 36, República Dominicana en el 108 con 35 y Ecuador en el 115 con 34, con base en este orden, resulta oportuno preguntar:

¿Los ránking reflejan la profundidad de la corrupción en Cuba?

¿Qué criterios tuvo en cuenta la organización Transparencia Internacional para valorar mejor a Cuba que a varias de las democracias latinoamericanas?

La corrupción "avanza" aceleradamente en Cuba, casi al mismo ritmo que la represión política y el hambre. Y cada pasito en dirección de la apertura económica, ahonda en la desigualdad de oportunidades: la casta comunista ensancha sus privilegios capitalistas, y utiliza para ello poderes y recursos públicos. Mientras, los auténticos emprendedores sudan la camiseta, fiscal y literalmente hablando.

Simplemente el vicefiscal general cubano Marcos Caraballo de la Rosa, indicó que durante el Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, se impusieron en Cuba más de 300 medidas cautelares, con un 83% de prisión provisional, enfocadas principalmente en delitos de corrupción y tráfico de drogas.

El operativo se realizó entre el 2 y el 7 de diciembre de 2024, con el objetivo, según el régimen, de frenar la corrupción, las indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos que afectan al país.

En menos de una semana se revisaron 1,900 expedientes en fase preparatoria, de los cuales 527 se llevaron a los tribunales para apertura de juicios orales.

El Gobierno califica la corrupción como una "amenaza a la seguridad nacional" e informó sobre procesos graves que involucran cadenas delictivas compuestas por funcionarios y directivos, de hecho, cuatro casos destacados ya fueron llevados a juicio.

El ejercicio también incluyó la detección de delitos contra el sistema eléctrico nacional, como la sustracción de aceite dieléctrico, calificados por la Fiscalía como actos de sabotaje.

En paralelo, se realizaron 303 acciones de control fiscal, que derivaron en multas por más de 2.1 millones de pesos, la detección de deudas tributarias superiores a 61 millones de CUP y la recuperación de más de 3.4 millones de pesos.

La Fiscalía presenta estas medidas del gobierno como una defensa de la "tranquilidad ciudadana", pero el ejercicio pone de relieve las profundas fisuras en la legalidad y la gestión estatal, reflejadas en los delitos recurrentes y la falta de controles efectivos.

La corrupción y la crisis energética siguen siendo síntomas de problemas estructurales en el país, que exigen más que operativos esporádicos para su solución.

Por otra parte es de todos conocido que en Cuba existe un poder discrecional del Estado y la propiedad privada en Cuba es una especie de favor, por así decirlo, toda vez que el Estado tiene la discreción de elegir qué negocios se aprueban, qué MIPYMES existen y cuáles no. Esto genera un incentivo, arbitrario e injusto, y se soborna a oficiales públicos para obtener permisos.

Es cierto que la liberalización de mercados supone riesgos de incremento en la corrupción, pero en Cuba es determinante, porque el Estado sigue teniendo el monopolio de la producción y de la importación de productos y servicios, por lo tanto, la corrupción está prácticamente en todas las instituciones. Aunque con mayor peso en el sector público y dondequiera que hay recursos o cuotas de poder, emanadas de prohibiciones y carencias crónicas, que permiten el tráfico de influencias, de dinero y el nepotismo.

Es posible que países como Colombia, Argentina, Brasil, República Dominicana y Ecuador que están por debajo de Cuba presenten serios problemas de corrupción que afectan al sector público en general y al Poder Judicial en particular, pero el Índice de Percepción de la Corrupción, no capta algunos aspectos de la realidad para que la autocracia más longeva de América Latina y el Caribe, tenga menos problemas de corrupción que Estados democráticos.

El análisis de la correspondencia entre algunos de los criterios expuestos por Transparencia Internacional en su página web oficial y la realidad cubana es un tema que deberá estudiarse a profundidad.

Tanto los líderes autoritarios como los democráticos socavan la justicia; esto repercute en la impunidad de quienes cometen actos de corrupción y los estimula al eliminar las consecuencias para los delincuentes. Actos corruptos como el soborno y el abuso de poder se han infiltrado en instituciones judiciales de todo el mundo; ello, provoca que las personas vulnerables tengan un acceso restringido a la justicia, mientras que las élites económicas y políticas se apoderan de sistemas de justicia completos, a expensas del bien común.

Una forma de observar cómo ha evolucionado el fenómeno de la corrupción a escala internacional, regional o local es a través de indicadores de medición. En los últimos años se han llevado a cabo diferentes intentos innovadores frente a la necesidad de adquirir un conocimiento más completo sobre el tema y su relación con la eficiencia y la efectividad de los programas gubernamentales y de sus instituciones.

Las herramientas de medición son medios que permiten establecer líneas o tendencias básicas en la evolución o el comportamiento de una situación, o en la percepción que se tiene sobre la misma; con ellas se han creado sistemas de monitoreo y de evaluación, y una consecuencia directa de los resultados que arrojan, ha sido la generación de incentivos para mejorar, por ejemplo, los esquemas de administración y para orientar amplios cambios institucionales.

Otra fuente importante y de gran valor es el periodismo de investigación que devela los lados más obscuros de corrupción en cada rincón del planeta, por ello, resulta indispensable seguir patrocinando a todos aquellos periodistas que buscan la verdad y la documentan con información privilegiada.

La corrupción está vinculada a la baja calidad de la justicia, y sin corrupción, habría mucho menos pobreza, es un círculo vicioso, porque las personas pobres tienen menos poder o menor capacidad para resistir a los corruptos y es la razón por la cual tenemos que tener organizaciones de la sociedad civil fuertes, y periodistas de investigación para denunciar esos hechos de corrupción.