Conectividad e inclusión digital: recomendaciones del B20
Por Sandra Rogenfisch, publicada originalmente en Magazine ASIET .
Directora de Asuntos Externos e Regulatorios de Vrio Corp, casa matriz de SKY Brasil y DIRECTV Latin America.
El sector de las telecomunicaciones se enfrenta en el ámbito mundial al impacto de la velocidad y amplitud sin precedentes del cambio tecnológico y es en este contexto en el que se están produciendo debates extremadamente relevantes y complejos, como la regulación de los mercados digitales y la inteligencia artificial, el fair share, el mantenimiento de la neutralidad de la red y las fake news.
Estas cuestiones están en ebullición y constantemente en la agenda de los reguladores, del poder ejecutivo, del legislativo e incluso en las páginas de los diarios, y no es raro que se propongan soluciones "de talla única"[1], balas de plata que pretenden resolver todas las preocupaciones y retos. Se tiende a reducir los debates sobre cuestiones complejas a una mera cuestión de acierto o error, de causa y efecto, de quién gana o pierde.
Sin embargo, vivimos en un mundo conectado y las tecnologías digitales están presentes en las rutinas de las personas que acceden diariamente a herramientas de educación digital, plataformas financieras y de telemedicina, fusionando el mundo físico y el digital, la vida real y la virtual. Y el futuro ya presenta retos aún más complejos relacionados con el uso de sistemas de inteligencia artificial asociados a las funcionalidades de plataformas, software y aplicaciones, en un escenario de intensa transformación digital.
El usuario percibe este ecosistema digital como una gran plataforma única: "internet", sin darse cuenta de si está accediendo, por ejemplo, a un servicio de televisión pago o al servicio de una plataforma de contenidos audiovisuales. Normalmente, los consumidores no entienden por qué no pueden acceder a su aplicación de vídeo, si es una cuestión del servicio de telecomunicaciones o de la funcionalidad de la propia plataforma de vídeo.
Convergencia extrema y ecosistema digital
El escenario anterior es descripto por Winograd & Orfeu como un entorno de convergencia extrema, en el que la competencia de "todos contra todos" en el ecosistema de las telecomunicaciones (ADSL vs. HCF, fibra vs. móvil), ha dado paso a la mercantilización de la conectividad[2] y todos compiten por la red de infraestructuras con nuevos entrantes globales (plataformas de vídeo) o de diferentes industrias (market places).
En este contexto, es necesario pensar en el ecosistema digital desde un punto de vista integrado y reconocer el valor intrínseco que cada actor aporta a la cadena de la economía digital para lograr un equilibrio saludable entre competencia e innovación. Este equilibrio proporciona bienestar a las personas, sobre todo teniendo en cuenta los miles de excluidos digitales que, según el informe de la UIT, ascienden a 2600 millones de personas en todo el mundo sin acceso a internet[3].
Retos para una conectividad universal y significativa
En Brasil, a pesar de que la cobertura de acceso alcanza al 84% de la población, un estudio reciente de Nic.Br muestra que sólo el 22% de los usuarios tiene niveles satisfactorios de conectividad significativa[4].
Según un estudio de las Naciones Unidas [5], existen tres barreras principales a la conectividad, conocidas como "brechas de uso" (usage gaps), que a menudo están interrelacionadas:
· Falta de acceso a infraestructuras esenciales de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y recursos digitales, como electricidad, internet e infraestructuras móviles y servicios electrónicos ("brecha de acceso");
· Falta de capacidad para costearse el acceso a internet, a los dispositivos digitales y los servicios electrónicos ("falta de asequibilidad");
· Falta de capacidad para utilizar y aprender sobre tecnología digital ("déficit de competencias").
Recomendaciones del B20
Dada la posibilidad de que estas brechas de uso agraven las disparidades existentes o promuevan el bienestar y un futuro más integrador para las personas, especialmente las marginadas, el Grupo de Trabajo sobre Transformación Digital del B20 (GTDF) ha elaborado una recomendación para los gobiernos del G20, centrada en el concepto User Centric[6], para lograr una conectividad significativa y accesible para todas las personas. Según el plan de acción del GTDF, los gobiernos deben adoptar una regulación moderna y asociaciones público-privadas que fomenten la inversión, la colaboración y la competencia. Algunos ejemplos son los modelos de subasta vinculados a compromisos de ampliación de infraestructuras y las políticas públicas de subvención de la demanda para cubrir la brecha de uso y garantizar una conectividad asequible a las comunidades marginadas.
Sin embargo, las inversiones necesarias para ampliar la infraestructura digital no se perciben como económicamente viables, teniendo en cuenta los riesgos políticos, regulatorios, judiciales, fiscales y los componentes macroeconómicos[7][8].
Regulación moderna
Teniendo en cuenta los diagnósticos previos, cabe preguntarse si el modelo de regulación ex ante (es decir, preventivo) es adecuado para el escenario de extrema convergencia e intensa transformación digital.
Varias jurisdicciones han adoptado prácticas regulatorias modernas, sustituyendo la intervención estatal ex ante, basada esencialmente en el modelo de comando y control y su naturaleza punitiva, por una regulación responsiva, a través de la cual la acción estatal se aplica preventivamente, promoviendo el cumplimiento regulatorio a través de incentivos, teniendo en cuenta la estructura del mercado y el equilibrio entre castigo y persuasión. Es bien sabido que un modelo regulatorio menos intervencionista y más flexible, agnóstico a la tecnología, crea incentivos para la innovación, la competencia y oportunidades para nuevos modelos de negocio y mejores condiciones para los usuarios.
Idealmente, la intervención regulatoria debería ser mínima, respondiendo a posibles abusos de poder de mercado en caso de restricciones en el acceso a insumos esenciales. Asimismo, desde el punto de vista de la competencia, convendría establecer una asimetría en cuanto a la cobranza por el uso de las infraestructuras para no impedir la aparición de posibles competidores para las plataformas digitales y los market places que operan a escala global y masiva.
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En el escenario de convergencia extrema descrito por Winograd & Orfeu, las asimetrías regulatorias deben corregirse para permitir la competencia en igualdad de condiciones. Este es el caso de los mercados de televisión de pago y over-the-top (OTT), que han convergido en un mismo mercado de oferta híbrida de contenidos audiovisuales[9] cuyas onerosas cargas regulatorias asimétricas siguen siendo aplicables a las operadoras de telecomunicaciones.
Subvención a la demanda
Considerando la transformación digital como un vector de desarrollo y crecimiento inclusivo, el GTDF del B20 señala la importancia de adoptar políticas de subvenciones que puedan integrarse en programas sociales de lucha contra la pobreza, para reducir la brecha de conectividad y garantizar un acceso equitativo a la tecnología y los contenidos digitales.
En función de las infraestructuras locales y de los aspectos económicos, geográficos, demográficos y técnicos, es prioritario que los gobiernos y las instituciones redoblen sus esfuerzos para achicar las brechas digitales, no sólo desde el punto de vista de la oferta, sino también de la demanda.
Según el informe del WGDF del B20, los países del G20 deben abordar la brecha de asequibilidad de los servicios y dispositivos mediante iniciativas de apoyo a la demanda, como la conectividad financiada por el gobierno para servicios esenciales, según el contexto de cada país.
Tributación
También es urgente dar un tratamiento fiscal correcto al sector de las telecomunicaciones, en línea con las políticas públicas de lucha contra la pobreza y de transformación digital [10].
A pesar de su carácter esencial, el sector de las telecomunicaciones no recibió este tratamiento en la reforma fiscal aprobada por el Congreso Nacional brasileño. Según un análisis de las organizaciones del sector, el reglamento de la reforma fiscal prevé un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) con un tipo medio del 26,5%, que en el caso de las telecomunicaciones debería incrementarse en cuatro puntos porcentuales relativos a los fondos del sector, como Fistel, Fust, Condecine, Funttel y CFRP, lo que elevaría la carga a más del 30%[11].
Una política pública orientada a la inclusión digital no puede dejar de tener en cuenta que la reducción de la presión fiscal, incluyendo las contribuciones del sector, tiene el potencial de generar efectos beneficiosos proporcionales para reducir la brecha de conectividad e inclusión digital.
Conclusión
En palabras de Darío Werthein, copresidente del GTDF del B20 y presidente de Vrio Corp, para promover una conectividad universal y significativa y cosechar los beneficios de la economía digital, es necesario y urgente garantizar una economía equilibrada y una regulación moderna, fomentando que las iniciativas privadas y públicas se centren en este esfuerzo[12].
La conectividad es la base de la ciudadanía digital y, para hacer frente a los retos que plantea la reducción de la brecha digital, es esencial adoptar políticas públicas alineadas que promuevan el acceso equitativo a la conectividad, especialmente para las poblaciones marginadas y las que viven en zonas remotas, proporcionándoles recursos, formación y oportunidades para ejercer plenamente su ciudadanía digital.
[3] Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Informe sobre la conectividad mundial 2022. 2022.
[4] La conectividad significativa, según el estudio, se da cuando se garantiza a los usuarios "unas condiciones mínimas de conectividad, como velocidad, disponibilidad de dispositivos, conexión fiable, regularidad de uso, competencias digitales, entre otros aspectos críticos". En: https://cetic.br/pt/publicacao/conectividade-significativa-propostas-para-medicao-e-o-retrato-da-populacao-no-brasil/
[5] Naciones Unidas. E-Government Survey: 2022, El futuro del gobierno digital. 2022.
[6] En su presidencia del G20, Brasil ha priorizado la lucha contra la pobreza, la mejora de la gobernanza global y la promoción del desarrollo sostenible, al tiempo que ha dado relevancia a la cuestión de la conectividad en el Grupo de Trabajo sobre Economía Digital del G20, así como en diversos Grupos de Trabajo del B20.
[8] En el mismo contexto, la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República de Brasil, Brunna Rosa, intervino en la presentación de la Iniciativa de Inversión en Infraestructura Digital propuesta por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, socio de conocimiento de la Presidencia brasileña en el Grupo de Trabajo sobre Economía Digital del G20:
El acceso a Internet no es magia, es tecnología. Es muy importante que el G20 hable de conectividad democrática, que garantice infraestructuras para todos los países, promoviendo el acceso a internet de calidad para todos.
[9]Tal y como reconoce el área técnica de Anatel en el Informe nº 75/2022/PRRE/SPR en el contexto del proceso de revisión del PGMC 2024, Proceso nº 53500.055615/2020-51.
[12] Recomendaciones del grupo de trabajo sobre transformación digital (Digital transformation Task Force), p. 4.
Director/Senior Executive/VP/Country Manager - Telecommunications, Media Tech & Real Estate.
4 mesesFelicitaciones, Sandra Rogenfisch!