"Convivencia escolar no hace nada: La tensión de abordar el conflicto sin perder el enfoque de derecho y formativo"

Los casos de convivencia escolar han cobrado relevancia en el contexto educativo, especialmente cuando las denuncias de apoderados llevan a la Superintendencia de Educación a intervenir en los colegios a través de mecanismos de revisión y, en algunos casos, sanciones. Sin embargo, la gestión de estos casos en las instituciones educativas resulta sumamente compleja. Este artículo explora los desafíos que enfrentan los colegios para gestionar adecuadamente los conflictos, en especial cuando estos tienen raíces históricas o familiares difíciles de resolver, y donde los roles de víctima y agresor no siempre están claramente definidos.

El Proceso de Gestión de Casos de Convivencia Escolar en los Colegios

En el manejo de casos de convivencia, los colegios deben abordar y gestionar situaciones de conflicto mediante protocolos establecidos, que involucran acciones de intervención, acompañamiento y, en última instancia, la protección de todos los estudiantes involucrados. Sin embargo, las circunstancias particulares de cada caso, así como el trasfondo histórico de ciertos conflictos, complican la resolución de estas situaciones. Muchas veces, las intervenciones deben ir más allá de una simple determinación de roles, requiriendo una exploración profunda para comprender los factores subyacentes que los generan.

Principios Rectores en la Gestión de Casos: Enfoque de Derechos y Enfoque Formativo

La gestión de casos en el ámbito de convivencia escolar está guiada por dos principios clave:

• Enfoque de derechos: Este principio tiene como objetivo proteger los derechos de todos los estudiantes y asegurar el respeto al debido proceso, evitando acciones que vulneren a cualquiera de las partes. De esta manera, los derechos tanto de la presunta víctima como del agresor deben resguardarse.
• Enfoque formativo: Además de los derechos, la gestión debe enfocarse en ayudar a los estudiantes a aprender y mejorar sus comportamientos, priorizando el desarrollo de habilidades para la convivencia. La sanción es vista como un recurso de último uso, dándo prioridad a intervenciones que permitan a los estudiantes trabajar y aprender de sus errores en un entorno seguro y formativo.

Estos enfoques, aunque necesarios, en ocasiones llevan a situaciones que la comunidad educativa puede percibir como injustas o difíciles de aceptar.

Situaciones Difíciles de Comprender y Aceptar en las Comunidades Educativas

En la práctica, la implementación de estos principios ha resultado en varias situaciones que son difíciles de aceptar para muchos miembros de la comunidad educativa, tales como:

• Permanencia del agresor en la misma comunidad: El estudiante identificado como agresor sigue siendo parte de la comunidad escolar, lo que para algunos representa una falta de consecuencia para quien ha cometido una falta.
• Compartir espacios con la víctima: En muchos casos, el agresor sigue en la misma sala de clases que la víctima, generando la sensación de que se obliga a la víctima a “perdonar y olvidar” el conflicto sin más.
• Reincidencia en nuevos conflictos: A pesar de las intervenciones y oportunidades otorgadas, algunos agresores siguen involucrándose en situaciones de conflicto. Esta continuidad de oportunidades para el agresor es observada por la comunidad educativa, creando una percepción de permisividad.
• Conducta disruptiva en el aula: En el aula, algunos estudiantes con conductas conflictivas no pueden ser retirados, lo que deja a los docentes en una situación complicada al tener que gestionar el comportamiento sin poder ejercer control completo sobre el espacio.

Percepciones de injusticia y desconfianza hacia el proceso de convivencia escolar

Estas situaciones generan percepciones de injusticia en la comunidad educativa, que se reflejan en dos sentimientos predominantes:

• “Convivencia escolar y la escuela no hace nada” : Surge la creencia de que, a pesar de la gravedad de los conflictos, el colegio no actúa de manera adecuada para proteger a las víctimas.
• “La escuela está atada de manos” : Hay una percepción de que las normas y principios de convivencia escolar limitan a la escuela para actuar con firmeza, lo cual se interpreta como una falta de acción efectiva.

Estas percepciones pueden afectar la confianza de la comunidad en el sistema de convivencia escolar, dificultando la colaboración y el entendimiento mutuo entre todos los involucrados.

Limitaciones en la Implementación de Protocolos y Acciones de Acompañamiento

En un esfuerzo por intervenir y acompañar al estudiante identificado como agresor, los colegios suelen derivarlo a servicios de salud mental. Sin embargo, esta medida enfrenta varias limitaciones:

• Escasez de especialistas en el sistema público : La falta de recursos adecuados en salud mental retrasa las intervenciones, lo que dificulta los avances a corto plazo.
• Complicaciones en el seguimiento y el contexto familiar : Algunos estudiantes no asisten a las sesiones programadas o abandonan el tratamiento. En otros casos, aquellos que han pasado por múltiples intervenciones pierden la confianza en el sistema.
• Progresos lentos y difícilmente observables : Aunque el estudiante recibe apoyo de la escuela y acompañamiento externo, los avances suelen ser paulatinos y poco perceptibles, lo cual genera frustración en la comunidad.

Consecuencias de la Lenta Resolución de los Casos en la Comunidad Educativa

La percepción de lentitud y falta de efectividad en el proceso crea una sensación de inseguridad entre las familias de las víctimas, quienes a menudo piensan que el colegio “permite la violencia” o que “a los estudiantes que se portan mal no les hacen nada” . Esta sensación de falta de control y justicia refuerza la idea de que la escuela no tiene el poder suficiente para manejar adecuadamente los conflictos.

Conclusión: La Necesidad de Mejorar la Comunicación y el Soporte en la Convivencia Escolar

Los desafíos y contradicciones en la gestión de casos de convivencia escolar destacan la necesidad de equilibrar el enfoque de derechos y el enfoque formativo para atender las expectativas de seguridad y justicia de la comunidad. Para fortalecer la confianza de las familias y de toda la comunidad educativa, es fundamental mejorar la comunicación sobre las medidas que se implementan y los tiempos necesarios para ver resultados. Además, resulta esencial contar con más recursos y apoyo en salud mental, lo que permitiría un proceso más efectivo y un abordaje más adecuado de los conflictos.