Criptomonedas en Bolivia: Un Nuevo Horizonte Legal en 2024

La reciente evolución de la normativa sobre criptomonedas en Bolivia ha generado un debate significativo en el ámbito legal y financiero. En 2024, el Banco Central de Bolivia (BCB) ha dado un paso relevante al levantar la prohibición sobre el uso de criptoactivos, permitiendo su compraventa a través de canales electrónicos. Este artículo examina la nueva normativa, sus implicaciones legales y los pros y contras que surgen en este contexto.

Marco Normativo Actual

El cambio más significativo se formalizó con la Resolución de Directorio No. 082/2024, emitida el 25 de junio de 2024, que deja sin efecto la anterior Resolución No. 144/2020 que prohibía las operaciones con criptoactivos. Esta modificación permite el uso de Instrumentos Electrónicos de Pago (IEP) para transacciones relacionadas con activos virtuales, aunque establece claramente que el único medio de curso legal en Bolivia sigue siendo el boliviano. Los usuarios asumen todos los riesgos asociados a las transacciones con criptomonedas, ya que estas no son consideradas moneda de curso legal.

Jurisprudencia Relevante

En este contexto, es importante considerar la Sentencia Constitucional Plurinacional 0187/2024, emitida el 22 de mayo de 2024, que aborda temas relacionados con los derechos fundamentales y el debido proceso. Esta sentencia resalta la importancia de garantizar el derecho a la defensa y a un proceso justo, elementos cruciales para cualquier actividad económica, incluida la compraventa de criptoactivos. La jurisprudencia establece que cualquier restricción o regulación debe ser proporcional y respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado.

Pros y Contras de la Nueva Normativa

Pros

1. Formalización del Mercado: La legalización del uso de criptoactivos permite que las transacciones se realicen dentro de un marco regulado, lo que puede contribuir a reducir el mercado negro y aumentar la transparencia en las operaciones.
2. Acceso a Nuevas Oportunidades: La posibilidad de operar con criptomonedas a través de entidades financieras abre nuevas oportunidades para los inversores bolivianos, quienes pueden diversificar sus portafolios.
3. Educación Financiera: El BCB ha anunciado planes para implementar programas educativos sobre el uso responsable de criptomonedas, lo que podría aumentar la comprensión pública sobre estos activos y sus riesgos asociados.

Contras

1. Riesgos Inherentes: A pesar de la regulación, las criptomonedas no son reconocidas como moneda legal en Bolivia, lo que implica que los usuarios asumen todos los riesgos asociados a su uso, incluyendo la volatilidad del mercado.
2. Falta de Regulación Específica: Aunque se ha levantado la prohibición, aún no existe una regulación detallada que establezca cómo deben operar las entidades financieras con criptoactivos, lo que podría generar incertidumbre tanto para los usuarios como para las instituciones.
3. Dependencia del Mercado Internacional: El valor de las criptomonedas está sujeto a fluctuaciones en mercados globales, lo que puede afectar negativamente a los usuarios bolivianos si no están debidamente informados sobre estas dinámicas.

Consideraciones Finales

La apertura hacia las criptomonedas en Bolivia representa una oportunidad significativa para modernizar el sistema financiero del país y ofrecer alternativas económicas en un contexto marcado por desafíos económicos. Sin embargo, es fundamental que tanto el gobierno como los usuarios adopten un enfoque cauteloso y bien informado al navegar este nuevo paisaje regulatorio. La implementación efectiva de esta normativa dependerá también del desarrollo de regulaciones adicionales por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), quienes deberán establecer mecanismos claros para supervisar las transacciones con criptoactivos y proteger a los consumidores. En este sentido, el futuro del uso de criptomonedas en Bolivia estará determinado por un equilibrio entre innovación financiera y protección del usuario.

Dra. Arlette Pantoja