DESOBEDIENCIA CIVIL

Mi columna de hoy en el diario SUR

Existe un clima de tensión considerable respecto a la inminente sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el proceso soberanista de Cataluña. Más allá de las implicaciones jurídicas para los acusados, el pronunciamiento judicial adquiere una trascendencia política que afecta no solo a Cataluña, sino a toda la Nación. La única manera razonable de abordar los futuros acontecimientos es apelando a la serenidad, la proporción y a la firmeza, templando gaitas y no incrementando la crispación con sobreactuación por parte de ciertos responsables políticos y de algún alto mando de la Benemérita. Desde el independentismo catalán (Òmnium Cultural, la ANC, ERC, JxCat y la CUP) se contribuye a enrarecer el ambiente haciendo un llamamiento “al conjunto de la ciudadanía a responder de manera masiva desde la lucha no-violenta y la desobediencia civil". Lo grave, a mi juicio, no es lo la de “lucha no violenta”, una forma más de llamar a las movilizaciones en la calle, algo perfectamente legítimo y amparado en nuestro ordenamiento siempre, claro está, que se haga de conformidad a los requisitos legales previstos en el mismo. Lo que me chirría es lo de la “desobediencia civil"; en una democracia, como ya he escrito otras veces, lo de cumplir las normas, no es una opción que se puede ejercer a gusto del consumidor: es una obligación. Lo que estos dirigentes irresponsables están haciendo es una apelación a un inexistente derecho a la objeción de conciencia “a granel”: ellos deciden, cuando las sentencias se acatan o no, y las leyes que pueden desobedecer cuando sus santas narices lo estimen conveniente. En fin, este disparate político y jurídico tiene poco recorrido, pero no hay que descartar que al final provoque nuevas querellas, procesos y sentencias, es decir, nuevos “mártires”, que es lo que parece que busca esta” tropa”, que no ha asumido que sus ideas de independencia de España son muy respetables (aunque muchos no las compartimos), pero que deben defenderla en el marco constitucional, y no pateándolo mediante la vulneración sistemática de las leyes.

Habrá que estar atento a lo que pasa y confiar en que al final todo quede en bravuconadas, ya que, si el gobierno y las instituciones de la Generalitat hacen suya y ejercen en la práctica esta “desobediencia civil”, la sombra de una nueva aplicación del art. 155 de la CE se cierne sobre la querida tierra de Cataluña. Además, con un problema añadido, tenemos Gobierno en funciones y el Senado disuelto. Sánchez mantiene que “El Gobierno en funciones puede aplicar el 155 sin problemas”. Sin embargo, en mi opinión, esto no está tan claro ya que el art. 155 de la CE exige “la aprobación de la mayoría absoluta del Senado”, y eso le corresponde al Pleno y no la Diputación Permanente. La CE contempla (art. 78.2) que las Diputaciones Permanentes tendrán como funciones la prevista en el art. 73 y las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, sin referencia al art. 155 y sin que quepa el mismo en la función de “velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas”. Ojalá todo esto quede en mera teoría, será mejor para todos.