DEUDA INTERNA E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ¿Factores limitantes de la inversión productiva y la política fiscal venezolana?
El comportamiento de las variables financieras constituye, en buena medida, un reflejo de la evolución económica de los países. Al igual que ocurre con el resto de los sectores, el sistema financiero venezolano, ha estado tradicionalmente impactado por el crecimiento de la economía en su conjunto, situación en la que es conocida, la marcada influencia que ejerce el gasto público derivado de la cuantía de los ingresos provenientes de la actividad petrolera hasta convertirse en un factor dinamizador por excelencia.
El sistema financiero ha sido siempre un receptor de cuantiosas cifras de depósitos provenientes del sector público, ya sea de manera directa, como resultado del manejo de las nóminas de diversas instituciones oficiales o, bien como consecuencia del efecto multiplicador que genera en la economía la inversión y el consumo público, en razón de las características estructurales de la economía venezolana, donde los fondos de origen petrolero constituyen la fuente fundamental que nutre las finanzas públicas nacionales, al tiempo que sirve de apoyo sustantivo al resto de los sectores. Obviamente, de otro lado, también representa en un sentido amplio un apoyo para las familias, las empresas y los gobiernos al momento de requerir recursos, pues tienen la opción de acudir a una instancia especializada, en la cual participan oferentes y demandantes de activos financieros, que facilitan el flujo de capitales.
La incidencia que tienen los fondos provenientes del sector público pareciera tan determinante, que resultan frecuentes los juicios coincidentes de diversos analistas y organizaciones dedicadas al quehacer económico nacional, cuando argumentan que, un importante número de instituciones financieras de capital tanto público como privado, concentran altos porcentajes de captación de depósitos provenientes de entes de oficiales, hasta el punto que en algunos casos, la dependencia de ellos termina siendo fundamental en su operatividad, de acuerdo a con lo señalado por el propio Instituto Emisor, el Banco Central de Venezuela.
A la par, habría que reseñar que, con el transcurrir de los años, la actividad financiera venezolana ha experimentado un proceso de crecimiento y diversificación, aunque es posible también identificar, períodos en los cuales su actuación en el contexto general de la evolución económica nacional, se ha visto disminuida y con tropiezos que ha conducido a su intervención por parte de los organismos de supervisión oficial, ante la incapacidad de honrar los compromisos con los depositantes.
Los bancos e instituciones financieras actúan por excelencia como intermediarios al captar los ahorros del público y colocarlos a partir del crédito. Así planteada, esta práctica sugiere la necesidad de contar con dinámicas que permitan conciliar, de forma armónica, las expectativas de los oferentes y demandantes de los fondos disponibles en la economía, capaces de conducir a la fluidez del mercado. Empero, la realidad rebasa en algunos casos el ideal, para dar paso a lo que se conoce como desintermediación financiera, que caracteriza la situación que se genera cuando los bancos u otros intermediarios captan recursos pero no los prestan en la misma cuantía o cuando los invierten en bonos y títulos públicos.
Las repercusiones que podría ejercer la Deuda Pública Interna sobre el sistema financiero y sobre la economía en su conjunto, pueden ser múltiples y de diversa naturaleza, toda vez que esta variable había venido siendo escasamente significativa en décadas pasadas, lo que contrasta con su evolución reciente, cuando ha ido cobrando magnitudes cada vez más destacadas cuando ha visto crecer más de diez veces su valor en el último decenio, y al registrar un crecimiento acelerado a partir del 2008 hasta marcar con extrema profundidad, una clara tendencia en los años subsiguientes, nunca antes experimentada.
Vale destacar que este volumen de deuda pública ha sido colocado mediante emisiones de títulos valores provenientes del gobierno central; fundamentalmente, Bonos de la Deuda Pública y Letras del Tesoro, con el objetivo de financiar el déficit fiscal. En efecto, durante los últimos años, los instrumentos de renta fija del mercado de capitales venezolano han estado dominados por las emisiones de deuda pública realizadas por el gobierno central -bonos de la Deuda Pública Nacional y Letras del Tesoro-.
Lo expresado encuentra su fundamento en Informaciones provenientes de diversas instituciones calificadas, así como de diversos analistas nacionales, cuando afirman que durante los últimos cinco (5) años aproximadamente, la banca comercial y universal venezolana ha venido experimentando una disminución sostenida de sus captaciones al tiempo que ha ido incrementando el monto de las inversiones en el mercado de capitales, tal como se desprenden los informes del Instituto emisor y de la superintendencia de bancos.
Lo anterior corre en paralelo, con la situación que experimentan las empresas venezolanas, las cuales han reducido sus inversiones, con la consecuente disminución en las emisiones de deuda a mediano y largo plazo, bien sea en bolívares o en moneda extranjera. Por otra parte, los elevados y fluctuantes niveles de tasas de interés reales han desestimulado aún más la inversión privada, todo ello en un marco recesivo y de expectativas contingentes que han tendido a alejar las inversiones nacionales e internacionales durante buena parte de la última década.
El hecho que la banca absorba, algunas veces conminada a hacerlo, al decir de algunos, las cada vez más frecuentes emisiones de deuda del gobierno central, podría situarla en una posición de riesgo con consecuencias agravadas para la economía en su conjunto; no obstante que la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, establece en su Artículo Nº 1, que la intermediación financiera consiste en la captación de recursos, incluidas las operaciones de mesa de dinero, con la finalidad de otorgar créditos o financiamientos, e inversiones en valores; y sólo podrá ser realizada por los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras reguladas por ese mismo instrumento legal.
Queda claro que el objetivo fundamental de la banca está referido al proceso de captación de fondos con el propósito de destinarlos ulteriormente al financiamiento de las actividades económicas, aunque efectivamente puedan realizar inversiones en valores. A lo que habría que agregar, la importancia que reviste para la salud del sistema, el hecho de que las instituciones deban agotar esfuerzos organizacionales por diversificar la inversión en forma apropiada, lo que contrasta con la decisión de mantener colocada porciones significativas de las captaciones en instrumentos públicos. Tal situación implicaría una seria debilidad en la gerencia del riesgo, en tanto pone en cuestión la rentabilidad de la cartera de inversión y, en definitiva limita muy especialmente, el proceso de intermediación financiera que la banca comercial y universal debe desempeñar en la economía en el propósito estimular el proceso de inversión productiva. Además, los actuales niveles de endeudamiento público sitúan la política fiscal venezolana en condiciones que podrían avanzar hasta la insostenibilidad en el mediando y largo plazo, hecho que afectaría las posibilidades crecimiento real y lógicamente acentuaría el deterioro de las variables sociales con las consecuencias que ello supone para el desarrollo pleno del país. Tiempos de reflexión para la construcción de políticas económicas orientadas al bienestar societal.